Por Laura Gutiérrez Franco
En el fascinante universo de los boletines oficiales y los discursos de palacio, la economía mexicana goza de una salud envidiable, no padece de contratiempos y navega con rumbo firme en aguas serenas. Lástima que los datos duros de la realidad insistan de manera permanente en arruinar la fiesta. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el brazo de análisis e investigación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acaba de encender los focos rojos más intensos al advertir que la economía nacional se encuentra sumida en un estado de debilidad estructural profunda y mostrando signos innegables de un estancamiento prolongado.
De acuerdo con el desglose del CEESP, esta parálisis no es producto de la casualidad ni de un shock externo impredecible, sino de la acumulación de factores internos que sofocan directamente el apetito de inversión de la iniciativa privada. Entre las principales causales destacan una persistente y lacerante incertidumbre jurídica y regulatoria impulsada por reformas apresuradas, la falta de garantías en materia de seguridad que encarece la logística y el cobro de piso a lo largo del territorio nacional, el continuo deterioro en la calidad de la infraestructura básica (energía, agua y vías de comunicación) y un incremento desmedido en los costos operativos para la micro, pequeña y mediana empresa.
Frente a las proyecciones del Paquete Económico oficial, que insisten en plantear crecimientos deslumbrantes como por arte de magia, los indicadores del sector privado apuntan a una cruda realidad: la economía mexicana difícilmente superará un modesto 1.2% o 1.5% de crecimiento anual. Este raquítico desempeño resulta del todo insuficiente para absorber a los cientos de miles de jóvenes que año con año se integran al bono demográfico, condenando al país a la informalidad y a la pérdida sistemática de competitividad en un entorno global que no perdona la inmovilidad.
Paquete Económico: La cobija corta, el pozo sin fondo de Pemex y la deuda récord
A unas semanas de que se presente el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación, los “enterados” de la Secretaría de Hacienda ya no hallan cómo hacer cuadrar las cuentas. La cobija presupuestal quedó extremadamente corta frente a dos compromisos financieros inamovibles que amenazan con sofocar las finanzas públicas: la carga desproporcionada de los programas sociales de entrega directa y el rescate permanente de Petróleos Mexicanos (Pemex), que opera como un barril sin fondo alimentado por subsidios y transferencias del erario.
Para sostener este nivel de gasto corriente sin una reforma fiscal de fondo, la estrategia ha sido el endeudamiento acelerado. Los saldos de la Deuda Pública (el Saldo Neto de los Requerimientos Financieros del Sector Público) rozan ya la cifra histórica de los 20 billones de pesos, equivalentes a cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).
El contraste histórico es brutal: hace apenas diez años, en 2016 durante la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda pública se ubicaba en torno a los 9 billones de pesos, representando aproximadamente el 43% del PIB de aquel entonces. En una década, el endeudamiento casi se ha duplicado en términos nominales, comprometiendo el margen de maniobra de las futuras generaciones para financiar gasto corriente y rescatar paraestatales ineficientes.
El “gran despojo” de las AFOREs inactivas y la presión de las pensiones
El tercer gran dolor de cabeza macroeconómico es la bomba de tiempo de las pensiones, un rubro que año con año exige una tajada más grande del Presupuesto de Egresos. Para financiar el déficit y nutrir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, desde mayo de 2024 se autorizó la transferencia automática de los recursos de cuentas individuales de AFORE no reclamadas hacia el fideicomiso público.
Bajo la narrativa oficial de que “el dinero no se pierde”, esta medida representa en los hechos un agravio directo para quienes trabajaron durante décadas. Los fondos en riesgo de ser transferidos automáticamente pertenecen a:
Trabajadores de 70 años o más (en el IMSS) o 75 años o más (en el ISSSTE) que se encuentran en estatus de inactividad laboral.
Personas que desconocen que tienen un saldo acumulado en una administradora.
La aclaración indispensable: Es crucial recordar a la ciudadanía que la ley reconoce la imprescriptibilidad de estos recursos. Si el titular falleció, los familiares y beneficiarios legales (esposa, esposo, hijos o concubinos) mantienen intacto el derecho de reclamar y retirar el 100% de ese dinero, incluso si el saldo ya fue transferido al fondo público. No regalarle el esfuerzo de toda una vida a la burocracia requiere tramitar la localización de la cuenta y exigir la restitución antes de que el trámite administrativo se convierta en una odisea insuperable.
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