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Por Carlos Ramírez
Muy poco tardaron las autoridades en entender que la seguridad pública no es un asunto de fuerza o de leyes, sino de una estrategia social y política del Estado. ‪El 27 de mayo‬ de este año, al calor del funcionamiento acotado de la Guardia Nacional, se promulgó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en materia de seguridad. Pero en los hechos no se ha aplicado y personas vinculadas a la delincuencia organizada han agredido a las fuerzas de seguridad.
El problema de la delincuencia no se encuentra en las calles ni con los grupos sociales vinculados al crimen organizado que se burlan de la autoridad. Aplicar la ley de uso de la fuerza a habitantes enfurecidos sería, en efecto, contraproducente, no resolvería el problema y obligaría a la fuerza en grado de represión.
Por lo tanto, las autoridades de seguridad debieran de modificar su estrategia: no recuperar las calles y las vialidades a golpe de toletazos u órdenes de aprehensión, sino dirigir la fuerza legal del Estado contra las organizaciones de seguridad que mueven los hilos de personas para agredir a las policías, realizar labores de inteligencia para identificarlos y fincarles órdenes de aprehensión.
El otro camino ya lo tienen claro a nivel federal, pero no ha habido la suficiente energía para aplicarlo a rango municipal: limpiar las policías estatales y municipales y profesionalizarlas parta que realicen labores de identificación de grupos delictivos.
Hasta ahora, fuerzas de seguridad patrullan zonas calientes de inseguridad, pero no están preparadas para saber qué grupos operan y cómo organizan sus escudos humanos y menos aún han tenido entrenamiento para aplicar los mecanismos disuasorios de las leyes y reglamentos para uso de la fuerza. Además de la fuerza de sus uniformes y armas, las fuerzas de seguridad debieran tener el instrumento policiaco más importante: las órdenes de aprehensión. No debieran patrullar zonas sin órdenes de aprehensión a ejercer.
Las fuerzas de seguridad caminan por el filo de la navaja de una sociedad hipersensible al uso de la fuerza. Indigna, ciertamente, ver a abusivos ciudadanos burlándose de los guardias y empujándolos sin motivo, pero el problema es de la propia autoridad que que llega a zonas dominadas por los delincuentes sin tener instrumentos legales para desarticular a las bandas delictivas.
Lo que se requiere es un aparato de seguridad, no sólo brigadas de la Guardia Nacional enfrentando la ira de ciudadanos aliados al crimen organizado. Un buen paquete de órdenes de aprehensión ayudaría por adelantado a distensionar el ambiente de seguridad.

Ley de la Omertá.
En las investigaciones para los diferentes temas de su libro Política y delito, el ensayista alemán H. S. Enzensberger llegó a los detalles minuciosos. Entre otros temas, el caso de Al Capone lo llevó a una indagatoria social, política y gubernamental, no sólo policiaca. ¿Qué permitió la existencia de Capone? La respuesta es la que toda indagatoria de seguridad debe tener como un punto central: no hay delincuencia sin dos complicidades, la de las autoridades que se benefician vía corrupción y la de la ciudad que obtiene ingresos derivados de las actividades criminales.
“Dos tercios del total de agentes policiales (en Chipaco de los años veinte) participaban en el negocia del alcohol”, señala Enzensberger. Y por corrupción, las bandas del contrabando de alcohol pagaban 30 mil dólares semanales a los policías para que los dejaran traficar.
Otra conclusión de Enzensberger debería ser revisada a la luz de la crisis actual de seguridad: “Capone debe su éxito no a un ataque contra el orden social del país, sino a una incondicional adhesión a sus premisas”. Ello lleva a la argumentación de que el crimen organizado, antes y ahora, se debe a una articulación al orden social de la corrupción y la delincuencia de la que viven los mafiosos, las autoridades y loa sociedad. Se trataría, puede aventurarse esta hipótesis, de la existenci de un social criminalk que domina o esta por encima de una sociedad institucional. Porqué a ese orden se agregaban en datos del investigador, un 80% de jueces que estaban al servicio de los mafiosos.
El modelo analítico de Capone se puede aplicar, por ejemplo, a Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel del Pacífico: no se trata de jefes o líderes, sino de estructuras. Capone fue arrestado por evasión de impuestos, encarcelado y liberado por enfermedad destructiva y su modelo delictivo quedó vigente. El Chapo, a su vez, está condenado a prisión perpetua, pero la estructura de los cárteles el propio y otros no fue raspado por la fuerza de la autoridad. En los EE. UU. siguen llegando cargamentos de droga procedentes del cártel del Pacífico, a pesar de su jefe encerrado.
El análisis de Capone llevó a Enzensberger a asumirlo como un paradigma o la definición de un modelo criminal. “Los años veinte de Chicago”, señala el ensayista, proporcionaron un modelo a las sociedades terroristas del presente siglo”.

Carpetas
·      Al estilo mafia. El gobierno de CDMX no acierta a detener inseguridad. Ahora están dándose ajusticiamientos tipo sicarios con asesinos que ingresen a restaurantes en zonas de clase media a liquidar adversarios a balazos.
·      Crecen dptos. de que migrantes de origen centroamericanos están organizados en bandas delictivas. Y como entraron sin pasar por los filtros de registro migratorio, el gobierno mexicano no sabe quiénes son.
·      Luego de la masacre en la cantina “El Caballo Loco” de Coatzacoalcos, ninguna autoridad ha abierto indagatorias para identificar propietarios y vigilar funcionamientos. Ahora hubo una balacera el 15 de septiembre en una cantina en Tabasco. La investigación debe extenderse a funcionarios de licencias y a policías municipales.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Seguridad anti cárteles de México estará normada en Washington

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Indicador Político:

A partir del criterio de que no había posibilidad aún remota de que la estrategia mexicana contra los cárteles transnacionales pudiera moverse en espacios mínimos de autonomía, la visita del fiscal estadunidense William Barr fijó los tres puntos de dominación estadunidense: la fuerza, el consumo de droga y los intereses hegemónicos.
En este contexto, las negociaciones de la semana pasada no se llevaron a niveles de secretarios de Seguridad de ambos países, ni siquiera se exploraron las relaciones institucionales y dinámicas entre los jefes militares de cada nación, ni menos aún se bajaron al nivel deseado de jefes de inteligencia. La agenda bilateral que le interesa a Trump quedó en manos del canciller mexicano.
Los entendimientos formales-pero-no-escritos entre los EE. UU. y México volvieron a pasar por el arco de la seguridad estratégica anti narcóticos de Washington: migración, comercio y seguridad nacional. La condescendencia del presidente Donald Trump hacia México al perdonarle el tema de los cárteles mexicanos como terroristas sólo probó que el control de la iniciativa bilateral está en la Casa Blanca.
Como el tema anterior de los aranceles, la amenaza de declarar terroristas a los cárteles mexicanos era un farol –o bluff en inglés– que hubiera enredado a Trump dentro de los EE. UU. y hubiera permitido a México escalar nuevas formas de negociación sobre agendas maduras y reales.
Y esa declaratoria hubiera obligado al gobierno de Trump a organizar primero una ofensiva sin precedentes dentro del territorio estadunidense para combatir a los nueve cárteles que según la DEA están controlando la venta de drogas al menudeo en ciudades estadunidenses. Hasta ahora, esas representaciones de los cárteles mexicanos parecen tener el beneplácito de las leyes laxas, de las autoridades policiacas y sobre todo de las instancias financieras que lavan los narcodólares de ventas domésticas.
La cacería de las sucursales de los cárteles mexicanos en los EE. UU. hubiera estallado la violencia en las calles, hubiera reducido la disponibilidad de droga a los consumidores pobres no wasp y hubiera elevado los robos, la violencia y los crímenes en la disputa por la poca droga disponible para el consumo cotidiano de las masas.
Pero en política y sobre todo en los temas de seguridad estratégica interior-nacional no existen los hubiera. México pareció haber negociado el tema de la cooperación en la lucha contra el narco en términos anteriores –aunque sin un Plan formal– y sólo con la condición de que la nueva fase de persecución de capos se hiciera con una lista muy precisa y sin causar estragos de violencia como en Culiacán.
El acuerdo no escrito sobre seguridad y cárteles allanó buena parte de los pendientes del Tratado de Comercio Libre 2.0 y acercó las cosas a su aprobación en el Congreso estadunidense, aunque con costos adicionales en concesiones de rubros de producción. Sin embargo, al final de cuentas el más interesado en la firma de la segunda etapa del Tratado era México.
Los objetivos estadunidenses en materia de cárteles se reducen no tanto a capos, sino a estructuras que tienen que ver con el control de drogas químicas dañinas –el fentanilo, sobre todo, que opera nada menos que Ovidio Guzmán Lopez, el hijo de El Chapo que no pudo ser deportado el pasado 17 de octubre–, los narcodólares en el sistema bancario y sobre todo las actividades de narcos en materia de contrabando de migrantes en una frontera marcada por la corrupción del lado estadunidense.
México perdió la oportunidad de redefinir los términos de la relación de seguridad en el rubro del narcotráfico al ceder antes por la amenaza de decretar terroristas a los narcos. El gobierno y el pueblo de los EE. UU. no son enemigos ideológicos o religiosos de los cárteles mexicanos, sino que asumen la condición sencilla de consumidores o clientes. Una jugada audaz debió ser cualquier negociación con la Casa Blanca, pero después de que Trump decretara terroristas a los narcos. Pero con habilidad, Trump primero amenazó y después envió a su fiscal a negociar lo que nunca iba a decretar.

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Mensajes políticos. A partir del inicio del segundo año de gobierno presidencial, las tendencias en las encuestas se mueven en otros significados, dejan señales para el reacomodo legislativo en el 2021 y sobre todo fijan atenciones del 2024. De ahí el dato mayor de que el gobernador priísta sinaloense Quirino Ordaz Coppel sigue en punta de gobernadores mejor calificados de todos los partidos, con un primer sitio y 61% de aprobación. La encuesta de Arias Consultores se realizó después del culiacanazo de octubre que afectó más al gobierno federal que al estatal.
Política para dummies: La política es lo que no parece ser.

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Columna A decir verdad: Elena Poniatowska admite ser fifí

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Por Rubén Iñiguez.
Las declaraciones de la condecorada y premiada amiga del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la escritora Elena Poniatowska, deben hacerlo reflexionar sobre el error de polarizar a la nación mexicana diviéndonos en chairos y fifís.
Esa artificial división, fomentada en el discurso presidencial ha sido cuestionada por la escritora que, pese a su intachable historial al servicio de las causas de la izquierda, ha censurado el estilo de su “amigo” el presidente.
Elena Poniatowska, sin duda ha sido por muchos años burguesa y fifí, y quien además ha encontrado hasta ascendencia real en la corona de Polonia de donde viene su apellido. Su opinión ha sido incómoda para AMLO, esto podría representar dejar de ser su aliada, porque el presidente no acepta ninguna crítica adversa, pues sus palabras han sido muy sensatas diciendo que lo único que se ha logrado en su año de gobierno, es dividir a los mexicanos.
Previamente la rebelión de la escritora consistió en decir que Evo Morales era un dictador, al considerar que 14 años sucesivos de gobierno no le bastaron para ejercer el poder. La escritora dijo también que la ambición desmedida de estar tantos años en el gobierno logra enfermar a las personas. Señaló que el caso del expresidente boliviano era un ejemplo claro de ello. Ahora desde México intenta regresar a la escena política de su país, fomentando la desestabilización, contra la resistencia ciudadana que lo depuso.
A los pocos días de dicha crítica, López Obrador realizó el rescate de su asilado político en una solidaridad que muchos se explican por la existencia del Pacto de Sao Paulo, entre las izquierdas socialistas latinoamericanas en su versión del siglo XXI.
Elena Poniatowska se suma al escenario de conflictos del presidente, a la escalada de críticas por la descarada imposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, violando las normas y pautas de la sociedad para escoger a su dirigente. “Comienza una era de Piedra”.
Adicionalmente, vuelve el huachicol con un incremento de más del 318% a cuestionar las ideas de tolerancia y filantropía de AMLO que liberará a 3000 o más delincuentes de poca monta, sin cerciorarse si se han readaptado a la sociedad.
El hecho que la compañera de viaje, que admitió en la FIL que le consiguió votos acompañándolo en sus giras, la prestigiada Elena Poniatowska arriesgó el quedar fuera del nicho de veneración del populismo, por decirle verdades al mesías tropical. Ahora, volverá a sentir el peso de los ataques en las redes sociales, de los bots y de los chairos, incapaces de comprender, el realismo de la postura de la escritora.

Elena Poniatowska, a decir verdad, arriesgó el incienso que recibía en las alturas del poder de AMLO en Palacio Nacional, al agregar que es tan desgastante aparecer día tras día en las conferencias de prensa mañaneras, y sugerirle al líder un máximo de dos por semana.
Elena acaba de pasar a la lista de autores prohibidos y perseguidos, e insistió al presentar su obra “El amante polaco” la más reciente y no dudo por disentir mostrando aún potencia e integridad mental y ética, de una figura consagrada por las letras y por ser parte del primer círculo político del país, durante más de 30 años.
Definitivo rompimiento porque el presidente será el primero en no comprender el significado del mensaje de la Poniatowska que debe devolver el amor que le ofreció la sociedad mexicana, sin dividirla.

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Carlos Ramírez

El PRI de Alito y Murat, con el dictador y represor Daniel Ortega

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A la memoria de los muy queridos
Concha y Juan Ortiz Martínez
Navegando sin rumbo desde la aplastante derrota del 1 de julio de 2018, el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas Alito apareció nada menos que en Nicaragua, al lado del impresentable dictador local Daniel Ortega por cuya cabeza penden acusaciones de secuestros, asesinatos políticos, represiones al pueblo y cárceles llenas de presos políticos y sobre cuyo gobierno se ha acuñado el concepto de neosomocismo.
Lo paradójico que ilustra al nuevo PRI del poslopezobradorismo radica en el hecho de que el presidente López Portillo en 1979 desobedeció a los EE. UU. y apoyó la revolución de los sandinistas para derrocar por la vía de una guerrilla armada al dictador Somoza y creó la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) para proteger movimientos revolucionarios sociales.
A lo largo del periodo 1994-2019, Ortega será presidente de la república por 25 años porque su tercer periodo directo –dos fueron como jefe de junta de gobierno– terminará en 2022. Y los datos indican que Ortega buscará otros cinco años de presidente para sumar 30 y luego heredará el cargo a su esposa Rosario Murillo. En datos duros, Ortega podría gobernar Nicaragua de manera directa 30 años, 62% del tiempo de la Nicaragua liberada en 1979, más de los diez que tuvo el dictador Anastasio Somoza Debayle y más de los 23 de su padre Somoza García.
Lo malo para Ortega y el membrete Frente Sandinista de Liberación Nacional radica en el hecho de que cuenta con el apoyo de otros dictadores latinoamericanos, sobre todo de Venezuela y Cuba y ahora de los cuatro miembros mexicanos de la COPPPAL: PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En este escenario el priísta Alito tomó posesión de la presidencia de COPPPAL, un esqueleto sin credibilidad y ahora apoyando dictadores como Ortega, cuya represión del año pasado arrojó golpes a ancianos, mujeres, estudiantes, arrestos políticos, desapariciones de personas por razones políticas, cárceles llenas de disidentes y acusaciones probadas por organismos defensores de derechos humanos. El saldo aún por precisar fue de 500 personas muertas en las protestas y casi mil 500 disidentes desaparecidos. Y por decisión gubernamental cerraron periódicos, exiliaron periodistas y reprimieron críticos.
Más que un modelo sandinista de gobierno tipo López Portillo, el sandinista Daniel Ortega ha hecho un gobierno modelo priísta en modo Gustavo Díaz Ordaz.
La presidencia de la COPPPAL fue juramentada por Alito, con la presencia de su operador principal José Murat Casab, en Managua, en medio de grandes medidas de seguridad y del aislamiento de los partidos revolucionarios presentes por la intención de grupos sociales, políticos e internacionales de acercarse a la ceremonia para denunciar la represión tipo somocista de Ortega. En este sentido, el PRI de Alito y Murat está apoyando y apuntalando una de las dictaduras sangrientas de América Latina.
La COPPPAL ha querido ser un cártel político de partidos progresistas incrustados en las estructuras de poder de sus naciones para desarrollar alianzas en las élites gobernantes o partidistas, no para definir un modelo revolucionario ni menos para proteger al pueblo de represiones dictatoriales. Por ello fue muy significativo que el PRI de Alito tomara posesión de la COPPPAL en el feudo de Daniel Ortega hoy arrinconado por denuncias de represiones sociales inclusive peores que en los tiempos de Somoza.
Por lo demás, la presidencia del PRI estará compartida por el PRD en proceso de extinción, el PT como pariente pobre del membrete de la coalición lopezobradorista y el gelatinoso Movimiento Ciudadano que se acomoda a las circunstancias. La COPPPAL fue creada a instancias de López Portillo y diseñada por Gustavo Carbajal Moreno como presidente del PRI en 1979 y a lo ‪largo de sus 37‬ años de existencia su funcionamiento ha sido inexistente. Por ello le tocó ahora al PRI tomar las riendas.

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Protección Civil. Encabezada por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ‪las cinco‬ coordinaciones de protección civil se reunieron para evaluar resultados en el primer año de gobierno. En la reunión, el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, destacó el interés de la SSPC y del propio presidente de la republica, como nunca había existido. Dos datos destacaron de las reuniones: el control de los recursos porque en sexenios pasados por ahí se fugaban miles de millones de pesos y la estructura de mando bajó la presencia directa de la SSPC y ya no de Gobernación. La reorganización de la protección civil ha sido responsabilidad de León Romero.
Política para dummies: La política consiste en esconder lo malo de las actuaciones publicas, no enorgullecerse de ello.

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