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Por Carlos Ramírez

El Inegi realiza encuestas anuales con cierto retraso, pero por razones de acopio de información solvente. En septiembre de este año sacó su evaluación de percepción y delitos de 2018. Los datos revelan una radiografía del delito con validez en 2019 porque poco ha variado para mejor y un poco más para peor.

Los datos más importantes son los siguientes:

·      Un tercio de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima del delito.

·       A nivel nacional se estiman 24.7 millones de víctimas de 18 años o más.

·      Cuando menos nueve entidades de la república tuvieron más de 30 mil víctimas de delitos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

·      Los más altos con más de 40 mil delitos fueron Ciudad de México y Estado de México.

·      Por tipo delito se trata de fuero común o al menudeo: 28.5% robo en calle o transporte público, 17.3% por extorsiones, 14.3% por fraude, 11.5% de robos de vehículos y sólo 6.9% de robos a casas.

·      Las principales áreas metropolitanas con mayores delitos son: Valle de México, Puebla, Villahermosa, León y Toluca.

·      Los afectados por la inseguridad tuvieron que hacer gastos en seguridad por 286 mil millones de pesos, a una media de 6 mil 468 pesos por persona.

·      La cifra negra o delitos no denunciados es alta: en 2018 apenas se denunció el 10.6% de lo delitos. Y de ellos, sólo el 63.9% condujo a carpeta de investigación no averiguación previa.

·      La tasa de continuidad en las investigaciones es baja: sólo el 48.9% de los casos logró indagatorias consistentes; en el 51.1% no pasó nada o no se continuó la investigación.

·      El 63.2% de razones para no denunciar se atribuyen a las autoridades, con argumentos que van desde la pérdida de tiempo por indagatorias que no conducen a resultados (31.7%), desconfianza en la autoridad (17.4%), trámites largos y difíciles (8.9%), actitud hostil de la autoridad (4.3%) y miedo a la extorsión de la autoridad (0.8%).

·      Debido al tipo de delito y de la voluntad de la autoridad, el 44.3% de las víctimas dedicó hasta dos horas en realizar denuncia y el 33.3% invirtió más de 4 horas. Los tiempos indican el grado de burocracia judicial, falta de capacitación y escaso personal.

·      Dos terceras partes de los encuestados señaló que la inseguridad es el problema número uno, dejando el desempleo en un tercio. Sólo Chiapas uso la pobreza como prioridad uno.

·      Y finalmente, el Ejército y la Marina mantienen el nivel de confianza en promedio de 90%, en tanto que el policía de tránsito, el de las mordidascomo corrupción, está su confianza en el sótano con 43%. A nivel de percepción de corrupción, Ejército y Marina están en promedio en 20% de sospechas, en tanto que policía federal, fiscalías, policías ministeriales, ministerios públicos, policías locales y jueces tienen un promedio de sospecha de corrupción de 60% y los policías de tránsito son los más corruptos con 75% de índice.

 

Ley de la Omertá

Ahora que han aumentado los ajusticiamientos populares de delincuentes hay que recordar algunos casos. El escritor Edmundo Valadés publicó en 1955 el cuento La muerte tiene permiso, basado en un caso real. La historia se resume así: en una reunión con funcionarios agrarios en un pueblo, un grupo de campesinos sorprendieron con la solicitud de permiso para matar a un cacique que los estaba explotando con abusos de fuerza y que se ostentaba como presidente municipal de su pueblo.

El debate en la sala de sesiones fue intenso, los enviados de la capital de la república no podían salir de su asombro. Con precisión, las autoridades municipales contaron todos los delitos y en cada uno reiteraban su solicitud para ponerle fin a sus problemas con la muerte del cacique. Finalmente, sin tener salidas, los funcionaros fedérales tuvieron que otorgar el permiso.

Con parsimonia, el portavoz del pueblo agradeció la decisión de los enviados del centro y dijo que el cacique “desde ayer era difunto”.

La historia, después, fue documentada por la propia revista El Cuentoque había fundado y dirigido Valadés y que había ocurrido en algún municipio abandonado de Oaxaca. Muchos alcaldes en los años sesenta hicieron caso a aquella sentencia del presidente López Mateos de que los caciques existen hasta que los pueblos quieren.

Los casos de alcaldes o caciques y ahora delincuentes linchados hablan de la decisión de los pueblos de hacer justicia por propia mano, toda vez que en el interior de la república no existen funcionarios de justicia que sirvan a los pueblos, sino que están a las órdenes de los caciques y ricos. Los linchamientos no suelen respetar los procesos judiciales y ha habido casos en que se matan a inocentes.

A finales de noviembre del 2004 en la delegación Tláhuac fueron linchados tres policías que estaban investigando el narcomenudeo. Una de las mujeres señaladas como vendedora de droga azuzo a la población, dijeron que los policías eran secuestradores y los quemaron vivos.

En el cuento de Valadés se juntó la realidad con la ficción.

 

Zona Zero

·      Nueve meses después de haberse declarado culpable de traficar droga cuando era fiscal de Nayarit, Edgar Veytiafue sentenciado a 20 años de prisión en una Corte californiana. Veytiafue arrestado en San Diego cuando era funcionario de justicia en su estado y persona de confianza del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. El gobierno mexicano se hizo a un lado en el caso.

·      Preocupación en sectores sociales por la relación entre crisis económica y aumento de la inseguridad. El PIB de 2019 sigue cayendo y ahora las expectativas son de 0.4%, con el escenario de que podría terminar en 0.0%, con dificultades para levantarse a 2% para 2020. Y a menos PIB menos empleo y más delincuencia.

·      Sonora, Guanajuato y Michoacán en alerta roja por la inseguridad. Los cártelesestañan luchando por controles de esas plazas.

 

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Derechos humanos: en una comisión o en las calles y medios, como antes

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Indicador Político:

A partir del hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se burocratizó y perdió su esencia social, su existencia no ha tenido que ver con concesiones a una burocracia dorada que se apoltronó en la comodidad de informes y recomendaciones sin cumplir.
En los hechos, la CNDH nació por dos motivaciones: la necesidad de crear instancias de equilibrios democráticos que exigía la globalización económica y la urgencia de dar salida a las denuncias de represión del viejo régimen policiaco priísta. Las revelaciones del autoritarismo criminal del Estado estaban en las calles con las protestas paradójicamente de Rosario Ibarra de Piedra y en los medios donde se publicaban denuncias de violaciones de derechos.
La nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra no garantiza el funcionamiento de la CNDH porque se trata de un organismo con la función primordial de denunciar los abusos del Estado. La designada presidenta de la Comisión viene de Morena y por tanto no denunciará abusos de gobernantes morenistas. En todo caso, a Piedra Ibarra le quedaría más bien una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes políticos del pasado priísta.
El perfil de Piedra Ibarra ayuda para simbolizar un deslindamiento del gobierno morenista con el pasado priísta, aunque ahora muchos priístas de ese pasado represivo estén en posiciones privilegiadas en la estructura de poder lopezobradorista. Un caso basta; Manuel Bartlett Díaz viene de tareas en el área político-policiaca de Gobernación desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, pasó por el de Echeverría y López Portillo con los años de la guerra sucia para liquidar de manera criminal a guerrilleros y disidentes y fue aliado del neoliberalismo salinista que asesinó a cuando menos 500 perredistas.
Y Bartlett tiene otro caso pendiente: la CNDH debe reabrir la investigación del asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, el 30 de mayo de 1984, año en que Bartlett era nada menos que secretario de Gobernación, jefe directo del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, que fue sentenciado como autor intelectual de ese crimen. Buendía fue acribillado cuando se disponía a publicar datos de la protección de Gobernación y la DFS a los primeros cárteles de marihuaneros. Y la DEA le abrió a Bartlett un juicio pendiente en Los Angeles por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La CNDH de 1992 se dedicó sólo a atender quejas de la coyuntura; la fiscalía especial que creó Fox para indagar la represión priísta del pasado encontró en la CNDH de Jorge Carpizo MacGregor una puerta sellada a piedra y lodo y nunca pudo indiciar a los responsables de una era de represión.
Por lo tanto, la tarea de la CNDH en el nuevo gobierno lopezobradorista tendrá dos opciones: seguir el mismo camino de no meterse con la investigación de los crímenes de la represión priísta o abrir los expedientes de la represión priísta y llamar a cuentas a funcionarios priístas involucrados en esas tareas y hoy dentro de Morena.
Piedra Ibarra encarna el padecimiento de la represión priísta; en caso de ser ratificada a pesar del fraude instrumentado para darle los votos en el Senado, su tarea será darle a la CNDH una autonomía absoluta para convertirse en el principal dique a la violación de derechos humanos del Estado lopezobradorista.
Los primeros expedientes de la CNDH están a la vista: ausencia en la violencia de las bandas criminales, pasividad del Estado para defender los derechos humanos de la sociedad, las quejas no procesadas que equiparan los recortes presupuestales a estancias infantiles y a enfermos terminales con violación de derechos humanos por parte del Estado por reorganización presupuestal, entre los más importantes. En esos temas se calará al próximo encargado de la CNDH, sea Piedra Ibarra u otro.
Si la nueva CNDH no responde a estas quejas, las protestas saldrán a la calle e inundarán las páginas de los medios.

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Bolivia. La caída del presidente boliviano Evo Morales debe analizarse en función de un error estratégico: el fraude electoral. Auto asumido como un líder moral sin contrapesos, buscó eternizarse en el poder. El desplome de Morales fue producto de la conclusión de una comisión de la OEA. Cuando dio la orden a sus cuerpos de seguridad de reprimir al pueblo se encontró que no habría masacres y esas fuerzas de seguridad lo emplazaron a renunciar. La caída de Morales cambia el escenario populista en América Latina, a pesar de la liberación de Luis Ignazio da Silva. México no quiere esas alianzas, Cuba y Venezuela están en el desprestigio total y a Argentina no le alcanza.
Política para dummies: La política se tasa por el rendimiento final, no por sus costes.

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Columna Tiempo Nuevo: Asilo y riesgos, reinventando a México

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Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres

Nuestro país muestra su convergencia de historia y de propósitos progresistas con futuro cuando aporta lo mejor de su voluntad a enviar mensajes basados en la acción, en la solidaridad y en la ley.

Al mismo tiempo, México tiende a ser una nación con rasgos altamente conservadores cuando se niega a la inclusión posible… hasta los límites de la creatividad política.

Vivimos en un territorio en que las adversidades parecen concentrarse en nubarrones y caen como tormenta o se disipan ante la emergencia del nuevo tema de la agenda nacional que parece opacar al precedente.

Ocurre con el cambio de poder en Bolivia y con los espacios de debate e inclusión de nuestra agenda polarizada y a veces irresueltamente contradictoria.

De un lado, tenemos el asilo político al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, atendiendo una dimisión de apariencia voluntaria y personal. Morales entendió el fin de su ciclo ante los amagos del ejército boliviano, el deterioro de su base social y en consecuencia de su legitimidad, por lo que solicitó verbalmente este beneficio.

Dirán algunos que no necesariamente se registró un golpe de Estado en el sentido convencional que es la deposición: la salida forzada de un gobernante mediante la herramienta de la movilización político-militar de un segmento del gobierno, contra quien lo encabeza desde el Ejecutivo.

Del otro lado, en otro ámbito de todo el interés nacional cotidiano: el de la seguridad, en contraste con aquello que es imaginativo, incluyente, progresista y reivindicador de lo mejor de nuestra historia diplomática, las prácticas delictivas que un día se benefician de las decisiones debatibles de un juez federal, al día siguiente nos indican las vulnerabilidades cibernéticas de una empresa tan estratégica como Pemex.

La delincuencia hace vulnerables a todos.

Ante la constante amenaza de los negocios delictivos o de prácticas que merecen urgente y eficiente atención es indispensable una ciudadanía muy activa en que se respalde la acción del Estado, más precisamente, del gobierno.

Ante este contexto el Institute for Canadian Citizenship y la Fundación Reinventando a México, encabezada esta última por Javier López Casarin, han comenzado a aportar luz para dar sentido a las potencialidades de una ciudadanía que busca el diálogo y la promoción del desarrollo democrático, para comprender el valor de la inclusión y su potencial ante un complejo escenario internacional y de frente a una aguda percepción de crisis de seguridad en el país.

Este lunes, estas organizaciones reunieron, en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, a empresarios, académicos, políticos, periodistas y activistas, en la primera emisión del proyecto 6 Degrees Ciudad de México, donde se abrió un diálogo para realizar propuestas de apetito innovador, orientadas a hacer un llamado a reconocer la diversidad y fomentar la inclusión en México y el mundo.

En tiempos de disturbios y enfrentamientos como los que se llevan a cabo en Bolivia y en medio de las vulnerabilidades de empresas y de la sociedad ante la delincuencia tenemos que fortalecer los esfuerzos de trabajo coordinado para generar conversaciones y acciones en favor de todas y todos.

Eso. Necesitamos, respuestas creativas y asertivas; inmediatas y de largo plazo en nuestro país, al mismo tiempo solidario y asediado.

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Carlos Ramírez

No es Trump sino la comunidad militar y de seguridad nacional

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Indicador Político:

El sentimiento mexicano anti Trump podría estar obnubilando el enfoque estratégico que requiere la llamada del presidente Donald Trump al presidente López Obrador para ofrecerle apoyo en la guerra contra las organizaciones criminales transnacionales.
Un imperio no puede tener su enorme puerta fronteriza del sur abierta no sólo a la migración ilegal –hoy un problema grave–, sino a una variedad compleja de grupos criminales especializados.
Con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, México sigue siendo el problema número uno de seguridad nacional de los EE. UU. Quien no entienda este principio estará cometiendo errores geopolíticos muy costosos. El gobierno de López Obrador debió haber entendido esta lógica de la dominación geopolítica cuando Trump amenazó con castigos arancelarios si México no controlaba la migración ilegal.
Trump ha exacerbado el viejo temor instalado en esa comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estado clandestino instalada por Ronald Reagan y la CIA: la tesis del analista de la CIA, Constantine Menges de que la inestabilidad política de México a mediados de los ochenta estaba generando un Irán “next door” o como vecino, apanicada la Casa Blanca por la revolución del Ayatola Jomeini en Irán. Este argumento se instaló desde entonces en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y se usa cada que ven riesgos de inestabilidad en México que pudiera provocar un aumento del flujo ilegal de migrantes.
Existen cuando menos siete documentos formales que establecen la existencia de los EE. UU. como un Estado de Seguridad Nacional, imperial y erigido sobre la explotación y dominación de los demás. Y México está siendo procesado dentro de estos enfoques de seguridad nacional militarizada:
1.- Estrategia para el combate de las organizaciones criminales trasnacionales de 2011. Obama estableció ahí un criterio imperial: “proteger a los estadunidenses y a nuestros socios”, del daño, la violencia de las redes criminales. Asimismo, “ayudar a sus socios” a “cortar alianzas de los criminales con el Estado”. El enfoque es intervencionista:
2.- Estrategia nacional de lucha contra los narcos en el suroeste de la frontera, de mayo de 2016. El objetivo incluye la presión a México y Centroamérica a aceptar la ayuda estadunidense en la modernización de sus instituciones de justicia y gobierno. A través de este acuerdo, los EE. UU. asumen la dirección de las oficinas mexicanas y centroamericanas de seguridad.
3.- Estrategia de seguridad nacional, de diciembre de 2017. Esta directriz le da continuidad al modelo de vincular la política exterior con la política militar de defensa nacional y dominación imperial. Sus cuatro principios van más allá de sus fronteras: protección de la patria, promoción de la prosperidad en otros países, la paz a través de la fuerza y el avance de la influencia estadunidense en el mundo.
4.- La estrategia de defensa nacional de 2018. El principio rector de la defensa nacional de los EE. UU. es muy claro: defender la patria con la preeminencia del poder militar en el mundo, para asegurar que los equilibrios de poder permanezcan a favor de los EE. UU y promover un orden internacional que sea más propicio a la seguridad y la prosperidad de los EE. UU. Esta doctrina impone la seguridad nacional de los EE, UU. como un paraguas sobre otras naciones. Y anuncia una base de innovación de seguridad nacional sin igual en el siglo XXI.
5.- Estrategia nacional contraterrorista, de octubre de 2018. Los EE. UU. se hacen cargo de combatir el terrorismo fuera de sus fronteras y en países aliados.
6.- Estrategia nacional para control de drogas, de enero de 2019. Este documento atiende a atención a dicciones, pero deja claro que los EE. UU. lucharán contra el flujo de drogas en los países productores y de trasiego, entre ellos México.
7.- El Memorándum Ejecutivo de agosto de 2019 para nombrar a los países que no controlan las drogas que se consumen en los EE. UU., en cuya lista fue incluido México.
Así que no es Trump, sino el Estado de Seguridad Nacional.

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Sinaloa normalizada. Como para mandar el mensaje de que la crisis en Culiacán del 17 de octubre fue un suceso aislado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aumento su actividad política e inauguró el “Paseo de la Alegría” en el Parque Las Riberas de la capital estatal, en un evento que congregó a 10 mil personas, entre ellas familias enteras. El evento debe interpretarse como un evento de normalización de la vida cotidiana, luego del colapso anterior. La inauguración fue después de una marcha social para asentar los deseos de paz de los ciudadanos. Sinaloa quiere borrar la imagen de narcoestado que ha dejado El Chapo. Y que el Cártel de Sinaloa se asuma como lo que es: el Cártel de El Chapo.
Política para dummies: La política es un juego de dominación.

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