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Salvador Guerrero Chiprés.
¿Quién va a definir las nuevas fronteras del narcotráfico y el terrorismo? 
Ésa es una pregunta central y que deberá ser respondida con eficiencia conceptual tanto como con asertividad política, respetuosa de la inteligencia del prójimo, es decir de nosotros, ciudadanos atentos a entender la polarización del debate pero renuentes a ser vencidos por la pasión que concita.
Si quien define si el “narcotráfico” debe ser considerado “terrorismo”, por ejemplo, en el caso de nuestra referencia, es el presidente Donald Trump, sabremos que se tratará de algún tipo de construcción político-electoral y propagandista dirigida a fortalecer su posicionamiento en el mercado —que no en “la esfera” de la que hablaba Habermas— de lo público.
Si quienes definen que no es terrorismo son aquellos que pretenden plantear fundamentalmente un tema de soberanía y reivindican, con razón en parte, que se trata de vigilar con todo cuidado político, así como toda la cautela jurídica, las estrategias de “los imperialistas” y “los conservadores”, sabemos que quizá reivindiquen razonablemente un tipo de estrategia presentada como razón ética del Estado nacional.
Pueden estos últimos estar defendiendo, mediante su resistencia a mayor influencia de Estados Unidos, la renuencia a reconocer que el tema de la violencia en el continente está arraigadamente relacionada con el narcotráfico, la enorme impunidad y la falta de definiciones operativas estratégicas claras.
Además de saber que, básicamente, el narcotráfico es una forma de acumulación original brutal, generadora de violencia extrema y de concentración de riqueza y de empleos que no pueden generar los actores convencionales ni los gobiernos y que los Estados Unidos son los principales promotores y beneficiarios, sin que sean los únicos, en la medida en que todos los cárteles de la droga participan de esa violencia y de esa bonanza sangrienta.
Existen aun los ecos de una lejana discusión en Europa detonada por las violencias política y económica relacionada con el establecimiento de los límites fronterizos territoriales de los Estados árabes e Israel desde fines de los años 40: el “terrorista” de unos es el “luchador por la libertad” de otros; eso alcanza hasta a la mitología de los organismos subversivos de las guerras de liberación de África y del que fue llamado en los años 70 el Tercer Mundo.
La frontera se reorganizó y redifinió con la caída del Muro de Berlín, el colapso de la URSS y el atentado al inicio del milenio con las Torres Gemelas, así como con la idea de invulnerabilidad territorial de los Estados Unidos. 
“Terrorista” y “narcotraficante” son realidades jurídicas, esto es, conceptos, relativos, política e ideológicamente construidos y sujetos a la interpretación de quien los defiende.
Terminar la impunidad contra los asesinatos organizados por organismos delictivos debe prevalecer. Aprovechemos la ocasión para potenciar las capacidades nacionales de resolver el problema, también desde las fronteras teóricas y operativas

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sacar al INE del conflicto electoral para evitar el conflicto poselectoral

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Carlos Ramírez

Como no había ocurrido desde su fundación en 1990 como IFE, el Instituto Nacional Electoral fue metido por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón en el centro del conflicto poselectoral. La razón se localiza en el repudio de ambos al populismo. En este sentido, el INE está sentando las bases para el conflicto poselectoral después del 6 de junio.

El INE fue creado sólo para organizar elecciones y contar votos. De modo arbitrario, el organismo ha querido convertirse en el cancerbero de la democracia. Pero una cosa es que las elecciones sean una parte del proceso democrático y otra que definan la democracia en sí misma. En este sentido, el INE debería ser alejado del conflicto electoral a través de varias decisiones estratégicas o las elecciones del 6 de junio serán conflictivas y tendrán en el INE parte de la responsabilidad.

1.- Sacar a Córdova y Murayama del litigio argumentativo en medios de comunicación. Como funcionarios nodeberían aparecer en medios ni menos aún debatiendo contra el presidente de la república o con Morena.

2.- Como al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en EE. UU., aquí deben cerrarse de manera temporal las cuentas twitter a Córdova y a Murayama para evitar mensajes revulsivos. En procesos de alta tensión política, el medio del INE para comunicarse debería ser el boletín de prensa fuera de las redes sociales.

3.- Retirar de manera inmediata de circulación los libros Yo, el pueblo.  Cómo el populismo transforma la democracia, pagado por el INE y que se lee como un documento anti Morena y anti López Obrador. Y el libro La democracia no se construyó en un día, de Córdova, porque fue escrito en su tiempo de funcionario y con recursos del Instituto contrató a un colaborador-amanuense. En ambos casos se debe abrir un expediente por presunto peculado.

4.- Regresar el dinamismo electoral a la mesa del consejo general, pero con restricciones participativas del consejero presidente. Córdova ha mostrado en medios que se adueña del micrófono e inunda las bocinas de demagogia agobiante, sin dejar participar a los demás. La neurosis del micrófono de Córdova debiera acreditarse como política, no administración.

5.- Sacar al INE de la alianza PAN-PRI-PRD-Coparmex porque en los hechos el Instituto aparece como el virtual onceavopartido y su enfoque ideológico es el antipopulismo. Córdoba y Murayama tienen derecho a tener ideas y exponerlas, pero no como funcionarios que tienen en sus manos el delicado equilibrio de la estabilidad electoral. El presidente de la república ha demostrado la parcialidad del INE.

Nunca antes el IFE-INE había sido tan parcial en contra de alguna fuerza electoral como lo es con Morena. Y si bien hay razones suficientes para hacerlo, la dirección institucional del INE no debiera convertirse en dirección política. El cuestionamiento a Morena y al presidente de la república por el presunto populismo debiera ser objetivo de los partidos, no de la autoridad electoral.

La democracia electoral que tiene el INE como función es limitada y carece de contenido ideológico. Las elecciones son un mecanismo procedimental de la democracia como ideología. La verdaderademocracia debe ser capaz de permitir la contienda equilibrada y abierta de todas las fuerzas ideológicas o comenzar a excluir a fuerzas políticas por tener ideas no aceptadas por la autoridad electoral. Hasta ahora no se tienen datos de que el populismo sea una ideología proscritacomo algunas que conocemos. Y al propio sistema democrático le corresponderá, como ocurre ahora, aplicar los controlesnecesarios para evitar que la democracia sea usada por alguna fuerza ideológica para terminar con la democracia. El PRI usó la democracia para cerrar los caminos democráticos. Y el IFE nació como una forma limitada para abrir en México el verdadero juego plural de la democracia.

El INE es el organismo administrador de las elecciones, no el comité central de una democracia excluyente y autoritaria basada en la reglamentitis. Córdova y Murayama no pierden oportunidad para actuar como un politburó al viejo estilo comunista para determinar ellos qué es la democracia y qué no es.

O el INE regresa a organizar elecciones o su papel como comisario de una democracia tipo priísta será un factor de conflicto poselectoral.

 

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Política para dummies: La mejor defensa de la democracia es la democracia misma.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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Nacional

Brújula Pública- Pobre Jalisco

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Rodolfo Aceves Jiménez*

Uno de los objetivos de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros.

Se basa en los objetivos nacionales permanentes que se desprenden de los anhelos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los objetivos nacionales coyunturales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y el Presupuesto de Egresos de la Federación. De estos tres elementos se produce la gran política nacional y el mismo contexto se inserta en cada entidad de la República.

De tiempo atrás la presente administración del Gobierno de Jalisco ha presentado crisis en el mantenimiento de su orden constitucional que debilitan las instituciones democráticas de gobierno y que impactan el desarrollo social y político de sus habitantes.

En el campo de la salud una enfermedad producida por un mosquito puso en crisis al sistema de salud de Jalisco y la corrupción producida en la pasada administración fue tolerada.

En el campo social la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es un asunto añejo que no tuvo la voluntad política de solucionarse en tiempo y forma y que las torpezas de la presente administración mantienen a su población con cortes al suministro de agua.

La joya de la corona lo constituye, la crisis de inseguridad en que una gran cantidad de factores confluyen para su materialización.

Por principio de cuentas el gobernador no está enterado o sus asesores no le dicen, que la planeación de seguridad es obsoleta y ya dio de sí. Su administración no tuvo el valor suficiente para procesar a los mandos responsables en seguridad de la pasada administración y que todavía carga con algunos de ellos. Desaparecidos, desplazados y violencia en el estado es lo que se vive en Jalisco.

Tampoco le informan que hoy lleva a cuestas la losa con la carga moral y política del asesinato de su antecesor, sin que ninguno de los titulares actuales o extitulares del malogrado gobernador se haya molestado en voltear a ver al entonces gabinete de seguridad.

Por lo menos desde hace un año con motivo del asesinato de Giovanni López, el Ejecutivo del estado ya se dio cuenta porque afirmó que su Fiscalía está infiltrada por la delincuencia, pero no hay muestras de voluntad para erradicarla; como tampoco da muestras de voluntad para solucionar la crisis de los cuerpos que arrastra desde la pasada administración y que un día sí y otro también le brotan protestas hasta su residencia oficial por los 12 mil desaparecidos.

Quizás lo más importante es, que carga con toda la responsabilidad política por la ignorancia, impericia, torpeza y probable complicidad de los titulares de su gabinete de seguridad. Los acuerdos con los grupos políticos por los que llegaron y sostienen a los titulares de su gabinete de seguridad han sido rebasados y sus grupos impulsores no responden por sus actos. ¿o era parte del acuerdo la acción u omisión en perjuicio de la función de seguridad pública?

El Poder Judicial de Jalisco se aleja de la idealizada autonomía. Parece que responde a las necesidades políticas del partido en el poder y muy posiblemente persisten vicios y nichos de corrupción que impiden la impartición de justicia o que ésta sea con un sesgo de interés.

Es cierto que la Federación debe hacer lo suyo en cada materia de concurrencia con las entidades, pero también es cierto que Jalisco es una entidad libre y soberana, con un marco jurídico propio, un presupuesto y recursos propios.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- WOLA, un think tank clave en el juego estratégico de Casa Blanca

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Carlos Ramírez

En términos estratégicos, el poder central en EEUU se conoce con el concepto –no referencia de nombre institucional– de Casa Blanca. A pesar de lo que piensen o digan los funcionarios, Casa Blanca decide lo que es mejor para la seguridad nacional de EEUU para privilegiar, como dice la Doctrina respectiva del gobierno de Biden, y defender el american way of life o modo de vida estadunidense.

Aunque tiene sus propias oficinas y organizaciones ad hoc que son controladas por el Congreso, el aparato de poder estadunidense –la comunidad de los servicios de inteligencia y seguridad nacional– utiliza a agrupaciones con cobertura académica o sólo analítica que son conocidas como think tanks, en cuyo seno son asimilados exfuncionarios de la seguridad civil y militar ya en fase de empresas de movilidad en la seguridad privada al servicio de la seguridad oficial.

En esa comunidad asesora se localiza el grupo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El enfoque de seguridad nacional de esta organización coincide con el oficial estadunidense. Su último reporte sobre México y su crítica a la militarización sólo encontró contexto en tres escenarios construidos por la Casa Blanca:

1.- La presentación formal de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada Senior de la agenda México dentro del nuevo aparato de gobierno.

2.- El aumento de las presiones de la DEA para realizar operaciones en México sin cumplir con las nuevas reglas de registro establecidas por la Ley mexicana de Seguridad Nacional.

3.- La búsqueda del debilitamiento de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en labores de seguridad nacional estratégica y de seguridad interior para que México regrese al corral de una nueva Iniciativa Mérida.

La intención de la Casa Blanca es evitar la autonomía relativa del gobierno del presidente López Obrador en tareas de seguridad mexicanas en temas que tienen efecto en EEUU. La iniciativa Mérida firmada por el presidente Calderón con el presidente Bush sometió la estrategia de seguridad mexicana a la aprobación y sobre todo supervisión estadunidense, es decir, en relación a los intereses de EEUU.

El presidente López Obrador anuló esa Iniciativa y definió su propio paradigma de seguridad en función de los intereses mexicanos de abandonar los escenarios de la guerra y crear condiciones de paz, incluyendo un entendimiento informal con los cárteles para evitarles la tentación de ser gobierno, no perseguirlos para eludir la respuesta criminal a balazos y generar condiciones de bienestar en las zonas controladas por el crimen organizado.

El último reporte de WOLA deja ver los intereses estratégicos de la Casa Blanca de Biden: sacar a los militares de las tareas de seguridad y evitar su utilización –que tiene fundamentos y garantías constitucionales– en tareas civiles de obras sociales que permiten las leyes y reglamentos mexicanos.

La clave está en la estrategia de seguridad. El reporte de WOLA, en la lógica de Casa Blanca, pone la atención en los militares, pero con el segundo pensamiento de que la estructura civil mexicana no tiene las condiciones ni fuerza para contener a los narcos y entonces el gobierno de Mexico debiera permitir la entrada de especialistas estadunidenses militares en materia de seguridad para suplir a los mexicanos, sin colaborar ni compartir tecnologías e inteligencia.

La lectura del reporte de WOLA sobre la militarización en México deja ver esas intenciones estratégicas ocultas. Y por si fuera poco, ese reporte circuló en México la víspera de la reunión institucional México-EEUU en materia de seguridad, con la presencia en México de expertos estadunidenses de alto nivel. El objetivo de WOLA quedó claro: que organismos y personal del gobierno de EEUU tenga más beligerancia en México sin pasar por las normas regulatorias de registro de agentes y operaciones y revolver los territorios de los cárteles para aniquilarlos o llevárselos extraditados.

En este sentido, el modelo de seguridad binacional que ha dejado ver el gobierno de EEUU tiene, en realidad, un enfoque sólo estadunidense. Hasta ahora, en esas reuniones sólo ha habido una forma de resistencia en la cancillería mexicana de Marcelo Ebrard Casaubón en función de la directriz presidencial de que no debe permitirse la restauración legal o de facto de una nueva Iniciativa Mérida.

 

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Política para dummies: La política es la forma de eludir las presiones de los adversarios.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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