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Salvador Guerrero Chiprés.
¿Quién va a definir las nuevas fronteras del narcotráfico y el terrorismo? 
Ésa es una pregunta central y que deberá ser respondida con eficiencia conceptual tanto como con asertividad política, respetuosa de la inteligencia del prójimo, es decir de nosotros, ciudadanos atentos a entender la polarización del debate pero renuentes a ser vencidos por la pasión que concita.
Si quien define si el “narcotráfico” debe ser considerado “terrorismo”, por ejemplo, en el caso de nuestra referencia, es el presidente Donald Trump, sabremos que se tratará de algún tipo de construcción político-electoral y propagandista dirigida a fortalecer su posicionamiento en el mercado —que no en “la esfera” de la que hablaba Habermas— de lo público.
Si quienes definen que no es terrorismo son aquellos que pretenden plantear fundamentalmente un tema de soberanía y reivindican, con razón en parte, que se trata de vigilar con todo cuidado político, así como toda la cautela jurídica, las estrategias de “los imperialistas” y “los conservadores”, sabemos que quizá reivindiquen razonablemente un tipo de estrategia presentada como razón ética del Estado nacional.
Pueden estos últimos estar defendiendo, mediante su resistencia a mayor influencia de Estados Unidos, la renuencia a reconocer que el tema de la violencia en el continente está arraigadamente relacionada con el narcotráfico, la enorme impunidad y la falta de definiciones operativas estratégicas claras.
Además de saber que, básicamente, el narcotráfico es una forma de acumulación original brutal, generadora de violencia extrema y de concentración de riqueza y de empleos que no pueden generar los actores convencionales ni los gobiernos y que los Estados Unidos son los principales promotores y beneficiarios, sin que sean los únicos, en la medida en que todos los cárteles de la droga participan de esa violencia y de esa bonanza sangrienta.
Existen aun los ecos de una lejana discusión en Europa detonada por las violencias política y económica relacionada con el establecimiento de los límites fronterizos territoriales de los Estados árabes e Israel desde fines de los años 40: el “terrorista” de unos es el “luchador por la libertad” de otros; eso alcanza hasta a la mitología de los organismos subversivos de las guerras de liberación de África y del que fue llamado en los años 70 el Tercer Mundo.
La frontera se reorganizó y redifinió con la caída del Muro de Berlín, el colapso de la URSS y el atentado al inicio del milenio con las Torres Gemelas, así como con la idea de invulnerabilidad territorial de los Estados Unidos. 
“Terrorista” y “narcotraficante” son realidades jurídicas, esto es, conceptos, relativos, política e ideológicamente construidos y sujetos a la interpretación de quien los defiende.
Terminar la impunidad contra los asesinatos organizados por organismos delictivos debe prevalecer. Aprovechemos la ocasión para potenciar las capacidades nacionales de resolver el problema, también desde las fronteras teóricas y operativas

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Del fascismo supremacista de Trump al Estado fascista de Biden y Pelosi

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Carlos Ramírez*

El aparato de propaganda del establishment mediático anti Trump ha enfocado con eficacia todas sus baterías contra el presidente por la irrupción de vándalos al Capitolio y ha tratado de construir una narrativa ideológica para alertar sobre un fascismo doméstico de masas supremacistas. Sin embargo, poco ha dicho ese sector discursivo sobre el fascismo de Estado que el gobierno de la Casa Blanca construyó en la guerra fría contra el comunismo y después del 9/11 contra el terrorismo.

Las leyes patrióticas del presidente George Bush Jr. permitieron el espionaje masivo dentro de los EE. UU., la consignación de sospechosos sin procedimientos de defensa legal, la prisión de Guantánamo, los hoyos negros de la CIA como lugares para interrogar detenidos, el uso legal de la tortura para obtener información sobre el terrorismo árabe radical y las aprobaciones de secretarios de Justicia y de Defensa de técnicas violentas de interrogatorio.

Detrás de estos datos que mostraron al Estado estadunidense usando medidas radicales de investigación que violaron todos los derechos humanos se localizaba, como justificación, el miedo al terrorismo y la capacidad de respuesta institucional de la Cas Blanca. El dato mayor se encuentra en el repudio y el no reconocimiento de la Casa Blanca al Tribunal de Justicia de la Haya porque ahí se encuentran radicadas denuncias contra funcionarios y expresidentes estadunidenses por delitos de lesa Humanidad.

Pero la categoría que define este tipo de medidas inhumanas contra disidentes se resume en el concepto de Estado fascista: es decir, el abuso de autoridad para sostener un Estado que a su vez es el representante del gran capital. Las guerras extranjeras de los EE. UU. –Vietnam y el medio oriente, como tipologías– fueron por mantener el control ideológico de una zona del planeta fuera de los EE. UU. y para garantizar el control del petróleo.

La crisis poselectoral que tuvo su momento cumbre en la invasión del Capitolio por grupos radicales de ultraderecha, supremacistas y organizaciones racistas ha sido utilizada por el establishment de los lobbies de poder fáctico para construir una operación político-legislativa de largo alcance: la aprobación de leyes represivas contra lo que se denomina “terrorismo doméstico” que lo mismo incluye a radicales que usan la violencia criminal con argumentos políticos, que a grupos sociales organizados bajo discursos antirracistas, de derechos humanos y de libertades civiles.

En el sitio theintercept.com se han estado publicando análisis de fondo para documentar lo que se mueve detrás del escenario de indignación del grupo de poder de la reina demócrata Nancy Pelosi. El periodista James Risen fue perseguido de manera judicial-penal por los presidente Bush Jr. y –¡sorpresa!– por el presidente Barack Obama por publicar la denuncia del espionaje social de la Agencia de Seguridad Nacional y padeció amenazas judiciales de encarcelarlo, no sólo para que denunciara a su fuente de información sino como forma de intimidación a él y al The New York Times para retrasar un año la publicación de sus indagaciones.

El Estado fascista es el aparato de poder autoritario al servicio de una clase plutocracia y sus aliados –el complejo de lobbies de poder que tienen bajo control a la Casa Blanca y al que repudió Trump caracterizándolo como Estado profundo— con medidas de autoridad que reprimen las libertades de protesta, pensamiento y constitucionales. El juicio contra Trump es un choque del Estado fascista de Biden y Pelosi contra la base fascista de las masas de Trump.

Después del juicio contra Trump vendrán otras decisiones autoritarias: más espionaje social y político, leyes más represivas contra las libertades civiles y la construcción del discurso ideológico del terrorismo interno contra grupos radicales de derecha y ultraderecha y defensores de libertades civiles que aprovechan las leyes para minaral Estado autoritario.

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Fracaso de la DEA. Si se revisan bien los argumentos de la Fiscalía sobre el general Salvador Cienfuegos Zepeda se encontrarán ahí elementos que revelan, primero, la violación de leyes mexicanas en el expediente de la DEA y, después, la fragilidad de las bases probatorias de la acusación. Y como tercer dato hay que agregar el hecho de que el gobierno de los EE. UU. desautorizó la investigación de la DEA al liberar al secretario mexicano de Defensa Nacional en 2012-2018 sin ningún cargo. Ahora va a venir la venganza de la DEA contra México, sobre todo porque sus agentes deben estar registrados y sus operaciones compartidas.

Política para dummies: La política debe comenzar por poner en duda el discurso del establishment.

 

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Nacional

Brújula Pública- Exceso de funciones

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Rodolfo Aceves Jiménez*

El presidente López Obrador ha señalado la posibilidad de suprimir los organismos constitucionales autónomos, para que sean absorbidos por las Secretarías de Estado de su administración.

Como ejemplo, las funciones inherentes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que es el organismo garante del acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, así como la promoción de la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, pasarían a la estructura de la Secretaría de la Función Pública. Así con los demás organismos autónomos constitucionales.

El argumento para sustentarlo se basa en la austeridad; es decir, el costo que representa en contraste al beneficio recibido, sin embargo se abusa de este argumento.

En esta administración las Fuerzas Armadas han recibido funciones que constitucional o legalmente se alejan de las misiones que tienen encomendadas, o bien, que no están contenidas en la función de Estado de Defensa Nacional, en tierra, o del Poder Naval en el mar.

En esta administración se les otorgaron funciones para reforzar la seguridad pública, pero también recibieron de su Comandante Supremo, la orden de construir un nuevo aeropuerto, la remodelación de hospitales, construcción de sucursales bancarias y administrar puertos.

Además de las funciones de Estado que les asigna la Constitución y sus Leyes Orgánicas, las Fuerzas Armadas Mexicanas ahora deben coadyuvar en funciones cuyos resultados son ajenos a la función militar y deberían ser ejecutados por las dependencias civiles de la administración pública.

Antes de la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue un acérrimo crítico de las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas, prometió que regresaría a las tropas a sus cuarteles, y por el contrario, los tiene más que nunca en las calles.

Al otorgarles nuevas atribuciones que se alejan de las funciones de naturaleza militar, el presupuesto para ejecutar las obras o servicios encomendados por su Comandante Supremo pasa a las Fuerzas Armadas para que sea aplicado.

Por este motivo es que el presupuesto de las Fuerzas Armadas Mexicanas supera el presupuesto de varias Secretarías de Estado, pero no como una exigencia de los militares, sino como la asignación de nuevas funciones, que seguramente ni los propios militares están de acuerdo en realizarlas.

Ahora con la reasignación en las funciones y presupuestales que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas hace a su Ejército, Fuerza Aérea o Armada, el presidente de la República está obligado a garantizar que los ciudadanos que deseen conocer la forma en que fueron gastados los recursos públicos, lo conozcan por medio de las instituciones de las que alguna vez hizo un uso político con su información.

Suprimir los órganos constitucionales autónomos para que el Ejecutivo asuma sus funciones es un acto de regresión histórica y democrática, del que la izquierda mexicana conoce y sabe lo que costó crear y desarrollar el sistema para ejercer el derecho a la información.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Asalto al Capitolio no fue golpe de Estado ni insurrección revolucionaria

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Carlos Ramírez*

Entre el silencio del expresidente Barack Obama como líder de la tibia ala progresista de los demócratas y la desaparición del presidente electo Joseph Biden sin control dominante sobre el Partido Demócrata, la reinaNancy Pelosi se ha erigido como la presidenta en funciones de los EE. UU. en los últimos quince días del periodo constitucional del presidente Donald Trump y con sus acciones ha definido el margen de maniobra estrecho de la próxima administración.

Lo de menos es que la reina Pelosi logre destituir al presidente constitucional; la parte más delicada del problema estadunidense se localiza en los grupos radicales y en el 47% del electorado que voto por Trump a pesar de la campaña en su contra y en el fermento de la guerra civil entre facciones existentes desde la fundación del imperio. Trump se ha fortalecido como líder de una fuerte y grande facción rebelde en los EE. UU. que seguirá en activo.

Lo grave del asunto era el cálculo político estratégico: ¿encabezaba Trump un golpe de Estado para quedarse en la Casa Blanca sin atender el proceso institucional electoral?

Los sucesos del miércoles 6 no llegaron a configurar indicios de un golpe de Estado porque ninguna institución civil o militar participó en ella ni tampoco mostraron el inicio de alguna revolución porque faltaban masas en las calles.

La candidatura de Trump en 2016 y 2020 se coló por los resquicios del sistema político-electoral, porque en ambos casos ganó la candidatura vía elecciones primarias, es decir, por el voto popular. Con ello, Trump asumió una representatividad de una parte de la sociedad –no sólo del electorado– estadunidense que funciona dentro del Estado y ausente en las votaciones: la parte social anti Estado capitalista.

La propia configuración de clases dentro de los EE. UU. ha permitido la existencia y funcionamiento de grupos radicales, todos ellos protegidos por la Segunda Enmienda constitucional que permite no sólo la compra libre de armas, sino la organización de milicias armadas al margen de controles del Estado. A lo largo de su existencia, el Estado estadunidense había sabido lidiar con esos grupos.

Un análisis frío de los sucesos del miércoles 6 en el Capitolio podrían llevar a escenarios diferentes a la narrativa de la reina Pelosi. Por principio de cuentas, no fue una insurrección; es decir, no se trató de un levantamiento popular para derrocar al gobierno y al sistema político; los grupos radicales convertidos en turbamulta irrumpieron en la sede del poder legislativo, hicieron destrozos, se tomaron fotos, deambularon por los pasillos, no secuestraron a los representantes y fueron atajados en algunas zonas del edificio por policías disparando. Horas después, los invasores abandonaron el Capitolio con tranquilidad.

Luego de la irrupción, ningún líder político se apropió de los grupos invasores, no hubo ninguna proclama directa de combatir por las armas, hasta ahora no existe ningún llamamiento a impedir el proceso constitucional de calificar elecciones, designar presidente electo y jurarlo el 20 de enero. Para el 20 se prevén choques de violencia, pero nada que tenga que ver con golpe de Estado para apropiarse del gobierno y del Estado.

La insurrección es el acto revolucionario, de derecha o izquierda, para organizar la destrucción de un sistema/régimen/Estado/constitución con el propósito de instaurar otro grupo y otro régimen en el poder. Trump sólo azuzó las pasiones de sus seguidores y el mismo careció de una propuesta de ruptura del orden constitucional para quedarse otros cuatro años o más en el poder. El acto de legitimación del presidente electo el miércoles 6 siguió su curso bajo la responsabilidad política del vicepresidente Mike Pence, a pesar de las insidias de Trump de que Pence debía de cumplir su tarea política de evitar ese proceso. No fue así. Todavía con el pánico a la violencia de horas antes, los representantes votaron el mismo día el ungimiento de Biden como presidente electo oficial y días después la moción de impeachment del presidente constitucional en funciones.

Lo que viene es el costo político de los resentimientos de la reina Pelosi. No se sabe hoy si se bloqueará, por proceso judicial, que Trump sea candidato a senador o a presidente, pero la crisis en realidad no se localiza en Trump sino en las masas sociales radicales de derecha a ultraderecha –el 47% del electorado– que ya probaron la fuerza de sus violencias y entendieron que el régimen actual estadunidense no les deja espacios para la lucha institucional.

El problema, por tanto, no es Trump, sino el régimen de un establishment que controla el gobierno de los EE. UU.

 

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Política para dummies: La política está en los dobleces.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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