Gabriel Torres Espinoza
La policía vial brilla por su ausencia en Jalisco. Reconocido por diversos actores (alcaldes y diputados) emanados de MC. Aunque la ciudadanía también así lo percibe, pues los tiempos en los traslados son cada vez más demorados y tortuosos para sus habitantes, en razón de las innumerables, constantes y crecientes intersecciones viales de ‘congestión vehicular’ que existen en la metrópoli en prácticamente todas las horas del día, debido a que no son debidamente atendidos por la policía vial a efectos de acelerar su circulación y, con ello, amainar los interminables ‘embotellamientos’ viales, lo que perturba la calidad de vida e impacta al menos en lo siguiente: i) las pérdidas económicas que generan [IMCO, en 2019, calculó “el costo anual derivado de la congestión vehicular” en el AMG, esto es, el “costo monetario que representa ese tiempo perdido” en razón de los ‘atorones’ viales evitables en la ciudad, en 8,068 millones de pesos]; y ii) la contaminación ambiental [Indicadores MIDE Jalisco destacan que, en 2018, se registraron 105 días con calidad de aire ‘aceptable’ según puntos IMECA; mientras que, en 2019, apenas se contabilizaron 75 días con esta deseable condición del aire en el AMG]. No se toma en consideración los años 2020 y 2021 por la drástica disminución de tráfico vehicular en razón del confinamiento derivado de la pandemia [la app Waze llegó a medir que durante este tiempo, en el AMG, la movilidad urbana vehicular se redujo, en algunos meses, hasta en un 77%].
De esta manera, lo cierto es que la policía vial se ha centrado en realizar: i) funciones de seguridad pública —por su polémica y cuestionada adscripción a la Secretaría de Seguridad del Estado [en ‘volantas’ —a pesar de que, en marzo de 2018, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad de éstas—]; y ii) operativos viales específicos en donde la política recaudatoria y sancionatoria son la clara distinción de sus ‘políticas públicas’ en materia vial [Salvando Vidas, Verificación Vehicular, ‘Portaplacas’, etc.].
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), de INEGI, registra que los jaliscienses perciben que el servidor público más corrupto, en la entidad, es el “policía de tránsito”, referido por el 71.3% de los ciudadanos. De acuerdo con EL INFORMADOR (23/03/2022), la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha iniciado 109 carpetas de investigación que involucran a 120 policías viales, de 2018 a 2022, por presuntos actos de abuso de autoridad y cohecho —principalmente—, aunque, al estilo de esa Fiscalía, apenas dos casos se han vinculado a proceso.
La policía vial, ahora cuenta con 1,781 agentes, un 4.7% menos que los 1,868 uniformados registrados en 2018. Este número, aún así, resulta muy distante de los 2,004 agentes viales que se contabilizaron en 2011. De forma que, una década después, el parque vehicular es muchísimo mayor en la metrópoli; no obstante, la corporación, en 2021, decidió ‘comisionar’ a 19 agentes a otras dependencias. Así las cosas, actualmente, apenas existe un policía vial por cada 2,725 automotores en circulación, y con funciones que no inciden, en absoluto, en mejorar la movilidad motorizada de la metrópoli, es cada vez peor.
