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Gabriel Torres Espinoza.

En días pasados, la Organización No Gubernamental (ONG), Impunidad Cero, presentó un revelador estudio: ‘Facturas Falsas: La Epidemia en el Sector Salud’. Los hechos ahí expuestos, ilustran cómo es que el derecho humano a la salud pasó a convertirse en un muy lucrativo y jugoso negocio en el que se encuentran coludidos autoridades yparticulares en nuestro país, a través de un eficaz sistema que permite un toda una variedad de actos de corrupción en instituciones federales y estatales de saludque engloba a aquellos servidores públicos que convocan una licitación, realizan el procedimiento de compra o de adjudicación de contratos. A los responsables de recibir bienes (incluidos personal de almacén), encargados de áreas contables, e incluso a personal de los órganos internos de control que son omisos en detectar estos desfalcosEste sistema se entrelazacon un afinado modelo que asegura su segura impunidadque deriva de la resistencia de autoridades para implementar controles que permitan la trazabilidad de los recursos, esto es, el identificar su origen, las etapas en las que se transfieren y ejercen, y la efectiva recepción por parte del sector salud

En la publicación se advierte cómo es que las ‘empresas fantasma’ a través de la expedición de 22 mil 933 facturas falsas se han instrumentado para perpetrar desvíos que ascienden a miles de millones de pesos en instituciones públicas de salud: poco más de 4 mil 179 millones de pesos en el periodo comprendido de 2014 a inicios de 2019El estudio identifica un pernicioso sistema que se simula la venta de bienes o la prestación de servicios a las instituciones que deben garantizar el derecho humano a la saludcon recursos que no derivan únicamente del Estado,sino también de las cuotas que aportan patrones y trabajadores, como sucede en el caso del IMSS [institución federal que más recursos erogó a ‘empresas fantasma’, según este estudio]Se concluye que son seis estados –en el que se incluye Jalisco– los que reúnen el 80% del total de facturas falsas encontradas en las entidades federativas.

Para paliar este nocivo problema de la vida pública, elenfoque conceptual de la corrupción debe dar un viraje: tan cierto es que “lo que no se mide no se puede mejorar”; como el hecho de que ‘lo que no se nombra, no existeEl IMCO y CIDE, en su estudio ‘México: Anatomía de la Corrupción’ (2015), señalan acertadamente que “cuando se habla de corrupción en una sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones entre particulares”. En efecto, el fenómeno de la corrupción implica al ‘corrupto’ [autoridad(es)] y al ‘corruptor’ [particular(es)]. Resulta injustificado que la investigación y sanción de la corrupción recaiga únicamente en servidores públicos, y no en particulares –conditio sine qua non del ilícito–. 

Ahora bien, como señala Transparencia Internacional (TI), “un desafío clave [para las democracias modernas] es que la corrupción es considerada ampliamente como un delito sin víctimasEs innegable que la monumental corrupción en salud, por ejemplo, deja a poblaciones enteras de víctimas que se les negó este derecho humano, mismo que juega un papel sustantivo en el principal bien jurídico que debe tutelar el Estado: la vida. En ese sentido, TI empieza a identificar un cambio de paradigma de la mayor importancia en el debate y la legislación que se suscita ya en diversas latitudes, para apuntalar un concepto emergente que empieza a tomar fuerza en el concierto internacional: el de ‘daño social’En efecto, el concepto de ‘reparación del daño’ tiene una asociación unívoca a los derechos humanos (DDHH)Lo anterior, tiene la “intención de identificar, cuantificar y reparar el daño y las consecuencias de la corrupción”. Desde luego, en no pocas ocasiones, la corrupción vulnera y violenta DDHH: medio ambiente sano, vivienda, agua, salud, etc. De esta manera, de acuerdo a TI, la reparación del ‘daño social’, derivado de la corrupción, debe incluir al menos cinco aspectos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, relacionada con los DDHH que se ven afectados o anulados por los actos de corrupción.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

De cara a ¿la segunda ola?

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Gabriel Torres Espinoza*

Europa registra desde hace unas semanas una ‘segunda ola’ de contagios de Covid-19. 37 de los 50 estados de la Unión Americana registran un rebrote de la enfermedad. Vamos, en Irán, ya se habla de una ‘tercera ola’. Autoridades de todo el mundo discuten la amenaza que representará la pandemia en próximos meses toda vez que el clima frío y seco aumentará la gravedad de los pacientes de Covid-19. No obstante, en nuestro país aún no puede hablarse de una ‘segunda ola’, derivado del hecho de que aún no se registra una caída en la curva de contagios. En todo caso, frente a los climas fríos de los próximos meses, lo que se puede pronosticar es un recrudecimiento de la tasa de contagios y hospitalizaciones.

El domingo pasado, el Gobernador de Jalisco alertó sobre el aumento en uno de los dos indicadores que determinan la activación del ‘Botón de Emergencia’ en la entidad. La tasa de casos estimados por millón. En una semana, se pasó de 348 a 364 por millón de habitantes, es decir, estamos a solo 36 casos para que el límite de 400 casos por millón sea alcanzado. De forma que la pregunta obligada o pertinente ya no es si será activado o no dicho botón, sino i) ¿cuándo?; y ii) ¿qué medidas de contención conllevaría?

Lo que parece ser un hecho es que la respuesta de la autoridad serán los cierres «sectorizados» y «parciales», y no el cierre total y generalizado de la actividad productiva. El director de la OMS en Europa, Hans Kluge, se ha pronunciado por una “escalada gradual de medidas proporcionadas, específicas y de duración limitada (…) para minimizar los daños colaterales a nuestra salud, nuestra economía y nuestra sociedad”. De forma que, destacan las siguientes prácticas realizadas en otras latitudes frente al rebrote de la pandemia.

La República Checa ha propuesto el cierre de escuelas y la prohibición de reuniones de más de seis personas en espacios exteriores e interiores. En Bruselas, Bélgica, bares y cafés deben cerrar a las 23 horas. No obstante, en Holanda, bares, restaurantes y cafeterías han sido cerradas y sólo permiten pedidos para llevar, además de que la venta de alcohol está prohibida después de las 20 horas. Asimismo, todas las tiendas (plazas comerciales) excepto los supermercados, deben cerrar a las 20 hrs. En Francia, se ha decretado un toque de queda nocturno, que duraría al menos cuatro semanas, tanto en París como en ocho ciudades más.

Asimismo, bodas, fiestas y otras reuniones organizadas en lugares alquilados quedan estrictamente prohibidas en estas urbes. En ciudades de Reino Unido, consideradas de ‘alto riesgo’, quedó prohibida la reunión social de personas en otros hogares, y se fomenta el teletrabajo donde resulte posible. En Irlanda se cerraron escuelas. En Madrid, hoteles y restaurantes están limitados a operar el 50% de su capacidad y deben cerrar antes de las 22 horas. Además, en lugares de culto se restringió su aforo a tan sólo 30% de su capacidad. En Alemania, las pruebas o testeos de covid-19 en aeropuertos son ya obligatorios para viajeros de países de ‘alto riesgo’, además de que estos tienen que aislarse durante 14 días obligatoriamente. ¿Qué medidas tomará Jalisco cuando se active el ‘Botón de Emergencia’? En ello justamente estriba la eficacia de la gestión de la autoridad.

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Gabriel Torres Espinoza

De parte ¿de quién?

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Gabriel Torres Espinoza*
La detención en EE.UU. del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado por delitos de narcotráfico y de lavado de dinero, representa un durísimo golpe a la credibilidad y confianza que han depositado los mexicanos en las Fuerzas Armadas.

Son muchas las implicaciones de este duro golpe. Quedó ‘moralmente derrotado’ el argumento de la no cooptación o infiltración del crimen organizado en las fuerzas federales, en contraposición a la podredumbre que caracteriza a las fuerzas del orden municipal y estatal. Lo anterior, porque tanto el titular de las fuerzas civiles federales, García Luna, en el sexenio de Calderón; como el titular de las fuerzas militares, Cienfuegos, en el sexenio de Peña Nieto, hoy enfrentan cargos en el país vecino del norte que los involucran con el narcotráfico. La intervención política de EE.UU. en nuestro país siempre ha existido. No obstante, en los últimos años se han hecho investigaciones, imputaciones, detenciones y extradiciones en contra de mandos de alto nivel en la política mexicana, por lavado de dinero y/o vínculos con el narcotráfico. La primera de esta magnitud ocurrió en 2010, con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva; le siguió Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas; y, por último, Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, quien tiene cuentas congeladas en la Unión Americana, en razón de los mismos delitos. Ante los insultantes niveles de impunidad en nuestro país, queda claro que cuando se trata de intocables ‘peces gordos’, la justicia ahora se procura y se imparte ¡en EE.UU!.

Si para EE.UU. el país de Venezuela representa un factor geopolítico de especial relevancia en el Cono Sur; México, que es su principal socio comercial, no sólo juega un rol geopolítico, sino que representa ya un asunto de seguridad nacional por la vecindad entre ambos países. Lo cierto es que, en los últimos 15 años, el narcotráfico pasó de convertirse en un problema de seguridad pública para ser uno de seguridad nacional, no sólo por el combate de las Fuerzas Armadas al crimen organizado, sino por sus robustos vínculos del más alto nivel en las instituciones civiles como militares. Ya Donald Trump amenazó tanto a Peña Nieto como a López Obrador con intervenir militarmente en nuestro país para hacerse cargo de los “bad hombres”.

La enorme interrogante es, ¿el Gobierno de la República tuvo que ver con la detención de Cienfuegos? Resulta difícil pensar que el presidente de México, que es el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, fraguara u orquestara un golpe de tal magnitud en contra de ellas. Tan sólo su seguridad personal depende absolutamente la milicia. La estabilidad política de su gobierno, también. Los Golpes de Estado siempre entrañan de un desacuerdo irreconciliable entre el Titular del Ejecutivo y las fuerzas castrenses. En última instancia, en cualquier país del Mundo, lo que sostiene al poder político es siempre el poder militar. Si Maduro hoy sigue siendo presidente de Venezuela, es en razón del respaldo, reconocimiento y apoyo de las Fuerzas Armadas [caso contrario de lo ocurrido con Evo Morales en Bolivia]. No obstante, es un hecho que este golpe beneficia y fortalece el discurso de Trump (hacia México) y de Obrador, con relación a la corrupción.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué significa el inicio del proceso electoral?

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Gabriel Torres Espinoza*

Este jueves arranca formalmente el proceso electoral en Jalisco, que habrá de desarrollarse de cara a la pandemia por Covid-19. Respecto de ello, vale la pena reflexionar lo siguiente:

¿Numeraria? La jornada electoral que tendrá lugar el 6 de junio de 2021, contará con poco más de 11 mil casillas para votar. De acuerdo con el INE, actualmente, el listado nominal residente en Jalisco asciende a seis millones 58 mil 758 ciudadanos. De forma que quienes estarían en condiciones de votar el año próximo se prevé no superen los 6.3 millones electores. De esta manera, en nuestra entidad se votará por los 125 presidencias municipales, mil 464 regidurías y 38 diputaciones locales (20 de MR y 18 de RP). Además, se renovarán los 20 distritos federales en la entidad.  

¿Costos? Venturosamente, los partidos políticos en Jalisco tendrán una bolsa de financiamiento público menor a la presupuestada en la pasada elección intermedia de 2015. El proyecto de presupuesto avalado por el IEPC considera que los partidos dispongan de 250 millones 664 mil pesos. Hace seis años, la erogación fue de 331 millones de pesos (mdp). Lo anterior, deriva de la reforma constitucional de 2017 #SinVotoNoHayDinero que modificó la fórmula para determinar los presupuestos de los partidos que ahora, en años electorales, se calcula con base en el número total de votos válidos obtenidos en la elección anterior de diputados locales multiplicado por el 65% del valor diario del Unidad de Medida y Actualización. No obstante, lamentablemente, el año próximo, de acuerdo con este presupuesto, las candidaturas independientes tendrán una bolsa de apenas 1.8 mdp.

¿Novedades? Es importante mencionar que esta será la primera ocasión en que los diputados federales podrán reelegirse. Por otro lado, es importantísimo tener en cuenta un asunto de la mayor importancia que ha sido prácticamente ignorado. La SCJN, en la sesión del pasado 28 de septiembre, invalidó por unanimidad la cláusula de gobernabilidad en Jalisco que establecía que “partido político que tenga el porcentaje más alto de la votación efectiva, se le asignarán diputaciones por el principio de representación proporcional hasta alcanzar el número total de diputaciones que resulte equivalente al porcentaje de su votación obtenida, adicionándole cinco puntos porcentuales”, por contrariar el sistema de integración de las legislaturas estatales que establece la Constitución Federal, basado únicamente en los principios de sobrerrepresentación y subrrepresentación. Finalmente, el INE aprobó para los comicios intermedios de 2021, y por vez primera, el ‘Voto por Internet’, mediante el cual, en el caso de los jaliscienses que viven en el exterior, podrán sufragar por una diputación de representación proporcional.

Lo que queda igual. La reforma electoral en Jalisco, de junio pasado, que establecía que las campañas en nuestra entidad tendrían una duración de 30 días, y que fue aprobada por los legisladores locales en razón de ‘la crisis sanitaria’ que actualmente azota a todo el Orbe, fue recientemente invalidada por la SCJN, que determinó la vigencia o validez del criterio anterior a la reforma, para que estas tuvieran una duración de 60 días (del 4 de abril al 2 de junio).

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