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Análisis

Durante cinco días ardieron toneladas de desechos en el relleno sanitario ‘Los Laureles’, de Tonalá. Se generó humo tóxico para toda la población, que afectó la salud de muchos ciudadanos. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, la recolección y disposición final de la basura es una atribución que compete a los municipios. Los ayuntamientos deberían asumir sus atribuciones constitucionales, en vez de ejercer otras tantas que no les competen. Jalisco cuenta con un total de 12 basureros o sitios de destino final. Entre 2019 y 2021 todos llegarán a su límite vigente de operación. El tiradero de ‘Los Laureles’, que se localiza por la avenida de Laureles 1000, llegará al fin de su vigencia el 22 de mayo de 2019. Entonces tendrá que someterse a una revisión para verificar si tiene capacidad para mantener operaciones, puesto que funciona en el límite de sus capacidades. Esta decisión implica muchos millones para la empresa concesionaria. 

Los residuos sólidos [la ‘basura’] no se debería enterrar [llevar a los vertederos o depósitos de basura]. Se debiera reducir, recuperar y, por último, reciclar; para finalmente llegar a los rellenos sanitarios. En Jalisco, todos los residuos sólidos recolectados van a parar a los rellenos sanitarios y tiraderos de basura [los ‘rellenos sanitarios’ se diferencian de los ‘tiraderos a cielo abierto’ por contar con métodos y obras de ingeniería para la disposición de estos residuos, para controlarlos a través de la compactación e infraestructura adicional]. 

Se debe advertir que solamente la quinta parte de esa basura tendría que depositarse en los sitios de disposición final. Es decir, el resto es aprovechable y tiene un mercado creciente. No obstante, las concesiones signadas por los municipios del área metropolitana premian el volumen recolectado. Paradójicamente se paga por la cantidad que efectivamente llega al relleno sanitario, lo cual genera desinterés en que se modifiquen los sistemas tradicionales, pero aún vigentes en la ZMG. De ahí que casualmente ocurran incendios, precisamente cuando las capacidades están por llegar a su límite.

Seguir el modelo actual, es sostener uno donde gana una empresa a partir de sobornos a las autoridades municipales en turno. El problema es que los concesionarios responsables de la basura [Caabsa, es la empresa responsable de Los Laureles], vierten toda ella en un mismo automotor, aunque el ciudadano la separe. De cada kilogramo de basura que se produce, 41% puede ser aprovechada, no obstante, los rellenos sanitarios más eficaces apenas reciclan menos del 10% de la basura depositada en sus vertederos, y el restante es ‘enterrada’ en ellos, ¿o quemada?. El incendio, a unas semanas de vencer el plazo vigente, ¿guarda relación con la revisión sobre la capacidad de operación del relleno sanitario ‘Los Laureles?…

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Evo, ¿dictador o salvador?

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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
La discusión sobre la renuncia (golpe de Estado, dicen) de Evo Morales, es un buen ejemplo de eso que se llama la‘posverdad’; donde “los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales”. Las opiniones versan hoy sobre lo que se desea que hubiese ocurrido en Bolivia -en razón de las filias y fobias-, no sobre lo que ocurrió. Se pretende explicar lo acontecido, bajo la dosis personal de simpatía o animadversión. Los ‘análisis’ -con algunas excepciones-, son basados en determinismos: de blancos y negros; del dictador, al salvador. Una discusión ideológica (bienvenida), con escasa indagación. Es la realidad de una América polarizada, desde Estados Unidos hasta Argentina.
Por la vía constitucional, existen tres mecanismos para destituir al titular del Poder Ejecutivo en un sistema presidencial: 1) el juicio político; 2) el desafuero; y 3) la declaratoria de incapacidad [física y/o mental]. Todos iniciados y consumados en el Poder Legislativo. Ahora bien, las Constituciones prevén la ‘renuncia’ por parte del Ejecutivo. Es una ‘salida constitucional’ para habilitar lavacante imprevista del Jefe de Estado. La última de todas ellas, es la sustitución o suplencia del Presidente de la República ante la falta absoluta de éste [magnicidio o fallecimiento]. El Golpe de Estado [que deviene del francés ‘coup d’État’, acuñado en 1639] es la única forma anticonstitucional e inconstitucional no sólo para deponer, sino más importante aún, para sustituir a un mandatario de manera inmediata -de hecho, no de derecho-, lo que suponeel quiebre del orden constitucional. El Golpe de Estadosiempre se origina en las altas esferas gubernativas, con el empleo de la violencia física y la participación militar y/o policíaca. La renuncia de Evo Morales no encuadra en un Golpe de Estado. Las circunstancias de conflicto, provocadas en su mayoría por sus propias decisiones, lo llevan a dejar el poder, renunciando él mismo al cargo.
Pero si insistimos, estaríamos hablando de un ‘Golpe de Estado’ sui géneris. La larga data del concepto y la complejidad de las relaciones fenomenológicas del poder en democracias constitucionales, acuñó otros términos para referirse a la renuncia o deposición del Presidente provocadapor factores reales de poder. 1) El ‘Golpe de Estado Suave o Blando’, que tiene como principal característica la ausencia de violencia y se origina desde ‘abajo’ (grupos organizados de la población), aunque promovido por intereses desde ‘arriba’ (los factores de poder). 2) El ‘Golpe de Estado Constitucional’, a través de mecanismos democráticos se anulan los frenos y contrapesos que deben existir entre órganos y poderes (hacerse de holgadas mayorías y altísimosniveles de popularidad), para ser cooptados por el Ejecutivo.3) Los ‘Golpes de Mercado’: desestabilización producida por el capital y derrumbe del capital financiero en un país, que provoca dimisión.
Resulta equívoco sostener que Evo es demócrata o dictador. En todo caso, un peculiar líder de contrastes y claroscuros. Con indicadores económicos encomiables en el gobierno, de gran arraigo popular y muy escasa convicción democrática.

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Gabriel Torres Espinoza

Jalisco en los tiempos del dengue

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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
Desde julio de 2019, el canal endémico del dengue de la Dirección General Epidemiológica, reportó que Jalisco se encontraba en ‘zona de epidemia’ respecto a ‘casos probables’. Pero en su momento se negó la emisión de una Alerta Epidemiológica. Las consecuencias de la decisión están a la vista. Jalisco sostiene hoy el liderazgo a nivel nacional en: 1) El mayor número de ‘casos confirmados’ de dengue, con 8 mil 270. 2) La mayor tasa de incidencia en ‘casos confirmados’, con 99.86 casos por cada 100 mil habitantes. 3) La suma más alta de ‘casos probables’ de dengue, con 66 mil 812. y 4) La mayor cantidad de ‘casos estimados’ de dengue, con 44 mil 146, colocándose dentro del ‘top 10’ de entidades federativas con mayor número de casos de dengue en la República Mexicana, al 2 de noviembre de 2019. 5) El estado con el mayor número de ‘defunciones confirmadas por dengue’, con 24 muertes registradas ‘oficialmente’; mientras que Veracruz le sigue con 23. 6) La mayor cifra de ‘defunciones en estudio’, hasta la Semana Epidemiológica 44, con 94 casos; es decir, 10 más con relación a los que se observaron hasta la Semana Epidemiológica 43 [con corte al 26 de octubre], donde el número ascendía a 84. 7) El mayor número de casos de ‘defunciones en estudio’ por dengue, con una total de 10; mientras que Veracruz tres defunciones (durante la Semana Epidemiológica 44).
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, el 70% de los casos confirmados de dengue en el país se concentran en cinco estados: Jalisco [con 8 mil 270]; Veracruz [con 8 mil 190]; Chiapas [con 2 mil 96]; Oaxaca [con mil 471] y Puebla [con mil 422]. No obstante, ¡Jalisco tiene la incidencia más alta de ‘casos estimados’ de dengue a nivel nacional, con 533.05 casos por cada 100 mil habitantes!. Además, somos el estado líder con mayor número de ‘casos confirmados de dengue con signos de alarma’ [DCSA], con mil 522.El estado líder con mayor número de ‘casos confirmados de dengue grave’ [DG] con 955. También la segunda entidad con el mayor número de ‘casos confirmados de dengue no grave’ [DNG], con 5 mil 793.
El ‘aviso epidemiológico’ emitido en Jalisco (un vil inventopara no asumir la Alerta Epidemiológica), se circunscribió alÁrea Metropolitana de Guadalajara. Pero los cuatro municipios jaliscienses con mayor número de casos confirmados de dengue no grave por cada 100 mil habitantes, se encuentran ¡fuera de la jurisdicción de este ‘aviso epidemiológico’!, y acusan hoy una tasa mayor a la que tienen países como Belice [tasa de 387 casos por cada 100 mil habitantes] y El Salvador [258 casos por cada 100 mil habitantes], que se posicionan en el 4to y 5to lugar en el continente. Más aún, el municipio de Teocuitatlán de Corona registra una tasa mayor que la de Honduras, que se sitúa en el tercer sitio de la Región, con un total de 778 casos por cada 100 mil habitantes; y que, la de Brasil, que se ubica en un segundo sitio en el continente con una tasa de 939 casos de dengue por cada 100 mil habitantes. Las autoridades de Jalisco, en los tiempos del dengue, advertirán que las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos, en el devenir de la historia.

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Gabriel Torres Espinoza

La autoreforma del Poder Judicial

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Gabriel Torres Espinoza.
En septiembre pasado, durante sesión extraordinaria, diputados aprobaron con 27 votos a favor y 8 en contra (del PRI y MORENA), en lo general las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco; en lo particular, se revisaron diversos cambios propuestos al dictamen en donde se aprobó eliminar el haber de retiro a magistrados [(un bono millonario que tradicionalmente recibían los magistrados para su jubilación], y aplicar exámenes de confianza. Se estableció como causa de retiro forzoso no aprobar las evaluaciones de control de confianza.
Como parte de las pruebas de confianza que serán aplicadas a magistrados y jueces de Jalisco, se confirmó que incluirán una evaluación al patrimonio de esos funcionarios judiciales, así como un examen poligráfico, justo como se hace con los policías e integrantes de las Fiscalías. Dichos exámenes serán llevados a cabo por el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial, el cual se concibe como un órgano de evaluación, con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión, encargado de realizar las evaluaciones de evolución patrimonial y control de confianza de los jueces de primera instancia y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
La reforma aprobada por el Legislativo establece que las valoraciones de control y confianza que se realizarán a los jueces y magistrados habrán de aplicarse cada cuatro años, señala el Artículo 61, mismas que deberán ser incluidas en su expediente laboral, que será de carácter reservado, a excepción de la evaluación patrimonial. Los jueces de primera instancia, menores y de paz, será electos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos previa acreditación de las evaluaciones de control de confianza, y en dichas selecciones prevalecerá el principio de paridad de género.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside Luis Raúl González Pérez, interpuso controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que solicita se declare inválida la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado de Jalisco. La CNDH, al igual que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República son los entes que pudieran interponer la controversia y que en esta ocasión lo hizo el organismo de Derechos Humanos.La lista de juzgadores que presentaron amparos para que no se les aplique la reforma al Poder Judicial sigue ampliándose.
La reforma aprobada, se dice, es un intento de alterar la autonomía del Poder Judicial. Pero más importante, ocasión para que el Ejecutivo pueda incidir con una mayor cuota en la dirección del Poder Judicial. La reforma tiene muchos puntos débiles que ya denotan los amparos y suspensiones concedidas por órganos jurisdiccionales. Pero parte de la realidad de un poder que acusa hoy múltiples abusos, y que ha sido incapaz de realizar un auto diagnóstico, una crítica de sus propias fallas, y de ahí, plantear con autonomía su necesaria reforma, sin presiones de un ente externo, pero sin olvidar el contexto social. La reforma al Poder Judicial es indispensable, como también, su autonomía.

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