Staff A Fondo.- Las acusaciones de corrupción que persiguen al Ayuntamiento de Guadalajara encabezado por Verónica Delgadillo volvieron a estallar, ahora con señalamientos directos desde el Congreso local. La diputada Mariana Fernández denunció lo que calificó como un esquema sistemático de desvío de recursos públicos hacia empresas vinculadas políticamente con Movimiento Ciudadano en Nuevo León.
En sus redes sociales, la legisladora morenista lanzó un señalamiento contundente:
“El Gobierno de Guadalajara ha entregado 5 millones de pesos en 3 meses a empresas de Nuevo León, donde algunos de sus socios son políticos de MC en ese estado. Vamos a solicitar que se deje de gastar el dinero de las y los tapatíos para contratar a esas empresas”.

Contratos dirigidos y vínculos políticos
Uno de los contratos señalados corresponde a la empresa CONSULTORÍA EN SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, MARKETING DIGITAL Y CONTACTACIÓN MASIVA S.A. DE C.V, ubicada en Libra 110, Colonia Country, Monterrey, que recibió un contrato por $3,445,200.00.
La segunda empresa mencionada es Project & Operations Manager Compliance & Public Affairs Consultoría Jurídica Concurrente, S.C., también asociada a círculos empresariales y académicos de la Universidad de Monterrey, igualmente vinculados con intereses políticos de MC en Nuevo León.
Un patrón repetido en el gobierno tapatío
Lo que podría parecer un caso aislado refleja un comportamiento recurrente:
• OPACIDAD en los contratos
• PREFERENCIA hacia proveedores externos vinculados políticamente
• DESPRECIO por empresas locales
• Y una DEFENSA automática por parte del Ayuntamiento: “Todo está dentro de la ley”.
La frase “está dentro de la ley” parece haberse convertido en el blindaje favorito de la administración de Verónica Delgadillo, mientras que el argumento ético el cuidado del dinero público, la transparencia, la rendición de cuentas y la congruencia con el discurso anticorrupción queda completamente abandonado.
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