Por Violeta Moreno Haro
Las irregularidades administrativas vuelven a poner bajo la lupa la gestión de Paula Ramírez Höhne al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).
Una investigación publicada este lunes por UDGTV Canal 44 reveló que la expresidenta recibió 245 mil 504 pesos por vacaciones, como parte de un finiquito de 420 mil 649 pesos brutos, pese a que el organismo reconoció no haber localizado la documentación solicitada para justificar dichos pagos.
El escándalo crece al recordar que el exsecretario ejecutivo Christian Flores Garza también recibió un cuestionado finiquito. Entre ambos exfuncionarios se llevaron más de medio millón de pesos del presupuesto público.
¿Cómo puede una institución encargada de vigilar la legalidad electoral ser incapaz de documentar sus propios pagos?
La falta de documentación no demuestra por sí misma una ilegalidad, pero exige una investigación y explicaciones inmediatas.
Es una vergüenza que mientras se exige transparencia a partidos y ciudadanos, dentro del propio árbitro electoral existan pagos millonarios en conjunto y cuentas sin aclarar.
El IEPC debe transparentar quién autorizó esos recursos, justificar su procedencia y, si se acreditan irregularidades, fincar responsabilidades.
¡El dinero de los jaliscienses no es un premio de despedida para los funcionarios electorales!
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