Por Laura Gutiérrez Franco
Resulta preocupante observar el declive en la calidad y el prestigio que alguna vez caracterizaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo que antes era un tribunal de alta formación técnica y jurídica, hoy parece haberse transformado en un escenario de improvisaciones y decisiones que rayan en lo absurdo.
Un ejemplo alarmante de esta falta de preparación es el desconocimiento técnico mostrado por la ministra María Estela Ríos en temas tan sensibles como la fecundación in vitro, evidenciando una desconexión crítica con la realidad científica y jurídica contemporánea. A este panorama de incapacidad se suman escándalos que lesionan la ética institucional, como la polémica compra de camionetas de lujo, un gesto que ignora por completo la austeridad y la responsabilidad que el cargo exige.
Aunado a esto, la polarización interna ha convertido al Pleno en un tablero de ajedrez político, donde las sentencias parecen responder más a lealtades ideológicas que a la interpretación estricta de la Ley Fundamental. Esta erosión institucional no es un tema menor; cuando los criterios jurídicos se vuelven volubles y dependen del humor político del momento, se fractura la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo del país.
La justicia no puede ser un botín de facciones ni un espacio para el aprendizaje sobre la marcha.
La opacidad en ciertos procesos de deliberación y la resistencia a una verdadera rendición de cuentas han profundizado la brecha entre el tribunal y la sociedad. No basta con lucir la toga; se requiere una estatura moral y profesional que hoy parece escasa en algunos de los perfiles que integran la máxima tribuna. El costo de esta degradación lo pagamos todos, pues una Corte debilitada es el preludio de un Estado de derecho en cuidados intensivos, vulnerable a los excesos de otros poderes.
Finalmente, es urgente que la SCJN recupere su mística de servicio y su excelencia académica. México no puede permitirse una “Corte de ocurrencias” que ignore la ciencia, la técnica y la ética elemental. La reconstrucción del prestigio judicial debe comenzar con una autocrítica profunda y el compromiso real de poner la Constitución por encima de cualquier interés personal o de grupo. Solo así se podrá devolver a la nación la certeza de que la justicia sigue siendo el pilar inamovible de nuestra democracia.
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