Es obligación de los gobiernos representativos cuidar la vida y bienes de las personas, es obligación atender sus reclamos de protección, es obligación acatar la ley, es obligación acatar fallos judiciales pero al gobernador Enrique Alfaro la ley, las obligaciones le valen un cacahuate, y su crueldad hace decir a la Fiscalía General del Estado que no acata orden de juez de pagar una indemnización ¡porque el dinero se lo gastaron en Covid!
A propósito, en la atención del Covid hay negligencia criminal, Son ya 63,256 contagios. 63,256. Ni todos los médicos del mundo juntos, resolverían esta crisis, que es más derivada de errores políticos que médicos. Los Petersen, los Chertorivsky y Narro, no pueden ser negligentes.
La nota de este feminicidio viene en Mural: “Margarita era violentada por su pareja y pidió ayuda a la Fiscalía del Estado (FE) no en una ocasión, sino cuatro veces. De nada le sirvió: la asesinaron. Por omisa, la dependencia debe pagar 6 millones de pesos a los deudos, pero ahora asegura que no tiene dinero.
“La historia de la mujer y Sabino estaba llena de separaciones y reconciliaciones, dado el ciclo de violencia que tenía la pareja. Ella fue agredida desde el 15 de julio de 2014. En la primera denuncia, Margarita relató que Sabino le picó el cuello con un desarmador hasta que ella logró escapar.
“A pesar de que dijo que antes ya la había querido ahorcar, la Ministerio Público (MP) que tomó su caso no revisó el contexto de violencia y no giró los oficios correspondientes para protegerla.
“La víctima volvió a la Fiscalía otras tres ocasiones; cada vez la atendió un agente del MP diferente y no le dieron seguimiento desde la primera denuncia.
El 23 de agosto de 2017 el hombre asesinó a Margarita en la Colonia Santa Isabel, en Tonalá, y fue detenido. Todavía no recibe sentencia.
“Ante la omisión de la Fiscalía, los papás, hijos y la hermana de Margarita ganaron un juicio de responsabilidad patrimonial tras demostrar que los servidores públicos no protegieron a la joven de 24 años, de acuerdo con el expediente 70/2018 de la Sala Superior de Justicia Administrativa.
“En la resolución se establece el pago a los deudos por 6 millones de pesos y René Salazar Montes, director general jurídico de la FE, firmó un convenio de dos pagos con la familia, que no ha cumplido.
“Nos dicen que no hay dinero, que supuestamente el dinero que se tenía destinado para este pago se usó para las vacunas del Covid”, lamentó Christian Adrián Frías Lomelí, abogado de la familia”.
Ese es el problema. Fácil de entender. El Gobierno de Jalisco, no atiende a la población: ni le gusta protegerla, no sabe prevenir, no quiere hacerlo, y le disgusta pagar. Mucho le disgusta. Qué infelices.
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