Por Amaury Sánchez G.
El poder comienza por el lenguaje. No por las balas, no por los drones, no por los barcos de guerra. Primero por la palabra. Y cuando un presidente de Estados Unidos decide llamar arma de destrucción masiva a una droga, no está describiendo una sustancia: está delimitando un campo de batalla.
Donald Trump no improvisa. Podrá exagerar, teatralizar, provocar; pero cuando nombra, lo hace con intención estratégica. Declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva no es una ocurrencia semántica ni un arranque retórico de campaña. Es una llave. Una llave que abre puertas legales, presupuestales, militares y diplomáticas que, hasta ahora, estaban cerradas o apenas entreabiertas.
Porque en el vocabulario del poder estadounidense, las armas de destrucción masiva no se combaten con fiscales: se neutralizan con fuerza.
El fentanilo, químicamente hablando, no arrasa ciudades ni derriba edificios. No deja cráteres ni columnas de humo. Pero mata en silencio, de manera constante, persistente, estadística. Decenas de miles de muertes al año. Familias rotas, comunidades devastadas, sistemas de salud colapsados. Trump y los republicanos han entendido algo elemental: en política, la letalidad sostenida puede ser más útil que la espectacularidad.
La pregunta no es si el fentanilo es un arma de destrucción masiva. La pregunta es si conviene tratarlo como tal.
Durante la administración de Joe Biden, el Departamento de Estado rechazó esa categoría. No por razones morales, sino prácticas: catalogarlo así no otorgaba nuevas competencias reales. Pero Trump no busca solo competencias administrativas. Busca un nuevo marco de guerra. Uno donde el narcotráfico deje de ser un problema criminal y pase a ser una amenaza existencial.
Ahí entran los cárteles.
Llamarlos “enemigos de Estados Unidos” no es un desliz verbal. Es un acto de definición estratégica. Enemigo no es sinónimo de delincuente. Al enemigo se le combate; al delincuente se le procesa. Y esa distinción, aparentemente técnica, tiene consecuencias profundas.
Designar a los cárteles como organizaciones terroristas permitiría a Washington hacer lo que hoy solo puede sugerir: operaciones militares directas, extraterritoriales, sin necesidad de cooperación plena del país donde actúan. No sería la primera vez. Estados Unidos ha perfeccionado ese modelo desde Medio Oriente hasta África, siempre bajo la premisa de que la amenaza no reconoce fronteras.
¿Son los cárteles terroristas? Jurídicamente, el asunto es más complejo de lo que el discurso admite. El terrorismo clásico persigue fines políticos, ideológicos o religiosos. Los cárteles persiguen dinero. No buscan derrocar gobiernos, sino convivir con ellos. No proclaman manifiestos, pero controlan territorios. No emiten comunicados, pero imponen miedo. No declaran guerras formales, pero administran violencia cotidiana.
No encajan del todo en la definición, pero tampoco quedan fuera de ella. Y esa ambigüedad es funcional.
Trump lo sabe. Por eso no se detiene en tecnicismos. Avanza. Anuncia ataques marítimos, presume reducciones del tráfico, promete operaciones terrestres “más fáciles”. Cuando dice que la frontera hoy es la más segura del mundo, no describe un hecho: construye una narrativa de éxito que justifica la siguiente fase.
La frontera, en este relato, deja de ser una línea geográfica y se convierte en un frente de guerra. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional”, repite su secretario de Guerra. Traducido: cualquier amenaza asociada a la frontera habilita respuestas excepcionales.
México aparece entonces como escenario inevitable. No como socio incómodo, sino como territorio donde opera el enemigo. Trump incluso se permite una cortesía calculada: asegura que una eventual intervención no buscaría socavar al gobierno de Claudia Sheinbaum. No hace falta. La soberanía se erosiona no cuando cae el gobierno, sino cuando otro Estado se reserva el derecho de actuar dentro de tus límites.
Colombia escucha lo mismo. Venezuela ya lo vivió.
El fentanilo, convertido en arma; los cárteles, en terroristas; la frontera, en frente de batalla. Todo encaja. Todo avanza.
Detrás del discurso hay dolor real: miles de estadounidenses muertos por sobredosis. Ese dolor es auténtico. Pero también es rentable políticamente. Trump lo capitaliza con eficacia quirúrgica: endurece penas, acelera procesos, amplía facultades. La fiscal general recibe instrucciones claras. No se trata solo de castigar más, sino de castigar distinto.
La gran incógnita no es si Estados Unidos puede hacerlo. Puede. Siempre ha podido. La incógnita es hasta dónde está dispuesto a llegar cuando decide que una amenaza interna justifica acciones externas.
Porque cuando el poder redefine al enemigo, redefine también las reglas. Y cuando las reglas cambian desde Washington, el resto del mundo no vota: se adapta.
El fentanilo puede no ser un arma de destrucción masiva en los manuales. Pero en la geopolítica contemporánea, lo que destruye no siempre explota. A veces se infiltra. A veces se nombra. Y a veces, simplemente, sirve de pretexto.
El problema no es la palabra. Es lo que viene después.
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