El pasado 31 de mayo, un grupo de 480 ciudadanos publicó un desplegado titulado “Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad”, en el que se vierten acusaciones sin ningún fundamento en contra del actual gobierno y en el que se llama a “vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo”, a optar “por las candidaturas más competitivas, de tal manera que no se diluya la votación opositora” y a “cerrar filas con quien tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición a Morena”.
Es pertinente aclarar, por principio de cuentas, que la coalición “Juntos Hacemos Historia” no está compuesta por “Morena y sus partidos satélites”, sino por un gran movimiento social que se expresa en distintas organizaciones partidarias entre las cuales hay respeto mutuo, no subordinación, y coincidencias y afinidades programáticas puntuales.
Por lo demás, el posicionamiento del desplegado de referencia exhibe la orfandad de propuestas hacia la ciudadanía por parte de organismos políticos opositores, que, a pesar de sus pretendidas diferencias ideológicas y políticas, han conformado un bloque sin principios y con un solo propósito: obstaculizar hasta donde les sea posible el cumplimiento del mandato sexenal que el pueblo otorgó al actual gobierno federal en los comicios de 2018, y que implica la puesta en práctica de un programa de transformaciones de gran calado que se ha venido realizando desde entonces.
Debe recordarse que nuestra propuesta fue erradicar la corrupción, la frivolidad, los privilegios y el dispendio; procurar de manera prioritaria el bienestar de las mayorías; reactivar el campo y lograr la autosuficiencia alimentaria; dar atención a jóvenes, indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables; reconstruir el sector energético nacional que el régimen neoliberal dejó en ruinas; pacificar el país mediante un cambio de paradigma en la lucha contra las causas profundas de la delincuencia; impulsar el desarrollo sustentable en las zonas más empobrecidas del país y recuperar la soberanía nacional y el papel de México como referente de legalidad y principios en la comunidad internacional.
El documento apunta, en suma, a interrumpir y cancelar este programa de gobierno y a provocar una crisis institucional y una parálisis contraponiendo al Legislativo en contra del Ejecutivo. Tal designio obliga a recordar los golpes de Estado blandos –o nada blandos, como en el caso de Bolivia– impulsados por los intereses oligárquicos en otras naciones de Latinoamérica, golpes en los que se ha utilizado a congresos, poderes judiciales y otras instituciones para deponer a gobiernos progresistas, democráticos y soberanistas. Adicionalmente, la intención se articula con discursos generados desde los ámbitos opositores en los que se pretende minar la legitimidad de las actuales mayorías legislativas con alegatos tan falaces como la pretendida “falta de contrapesos”.
Habría que recordar, a este respecto, que los partidos a los que el “Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad” pretende encauzar el sufragio opositor, fraguaron en 2012 el Pacto por México, a fin de construir una mayoría parlamentaria que aprobara las devastadoras reformas antinacionales y antipopulares del sexenio anterior. Como se ha ido descubriendo en el actual, ese pacto se construyó mediante sobornos millonarios a legisladores de varios partidos con dinero procedente de Odebrecht y otras fuentes impresentables. En contraste, Morena y los otros integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia” buscan mantener y ampliar el respaldo legislativo al gobierno de la Cuarta Transformación sin comprar conciencias de legisladores o de votantes, sino llamando al sufragio ciudadano libre y democrático por un proyecto con programa y contenidos por el bien de México.
