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Gabriel Torres Espinoza

El primer debate del que se tenga registro en el Orbe, entre candidatos de elección popular, sucedió en 1858, entre el republicano Abraham Lincoln y el demócrata Stephen Douglas, cuando competían por un escaño de representación del estado de Illinois, para el Senado de EE. UU. En Europa, el primero aconteció en Suecia, en 1948, aunque no fue televisado. Afortunadamente, son 95 los países -de entre los 194 reconocidos por la ONU- que ya realizan debates televisados en todo el Mundo (Debates International: 2021). No obstante, apenas 13 países (México incluido), de los 95 señalados, actualmente realizan debates televisados entre cargos de elección popular de carácter local o subnacional.

Sin embargo, los debates televisados son un fenómeno relativamente reciente de las democracias modernas. El primer debate televisado ocurrió en EE. UU., en 1960, entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon. En Alemania, el primer debate televisado, ocurrió en 2002; y en Reino Unido fue hasta el año 2010. Por ejemplo, hasta en 2015 aconteció el primer debate presidencial en Argentina.

Ahora bien, en Jalisco y México, por el formato que han distinguido a los últimos debates, en razón de lo austeros que resultan [no permiten la interacción y el debate genuino], pareciera que están diseñados para favorecer el statu quo de las tendencias electorales; para así pasar inadvertidos entre la ciudadanía, y terminar por favorecer la banal exposición de un monólogo entre los candidatos -que generalmente son inexpertos para improvisar y argumentar- y contrarrestar al máximo las oportunidades o los tiempos para la contraposición de ideas, plataformas electorales y programas de gobierno.

Y es que la palabra ‘debate’ significa realmente eso. De acuerdo con la RAE, la voz ‘debate’ es definida como “controversia” -en su primera acepción- y, en su segunda acepción, como “contienda, lucha, combate”. De forma que le distingue una significación de confrontación, contenciosa. Desde luego, un debate electoral, si ha de resultar atractivo para el electorado, exige de, al menos, tres factores: primero, capacidad y habilidad entre los debatientes; segundo, un formato de debate que auspicie la polémica y el contraste; y tercero, un moderador adecuado y asertivo.

Hasta ahora, los estudios e investigaciones sobre los debates electorales señalan, que un debate influye “relativamente poco” en la tendencia electoral -lo que pudiera ser, incluso, efecto directo del ‘voto útil’ por parte del electorado-. No obstante, es un hecho que los debates pueden lograr una amplia repercusión sobre los ‘indecisos’ que, de acuerdo con las encuestas más recientes, ascienden hasta un 35% del ‘mercado’ electoral en México. Más aún, en contextos de alta competitividad electoral, esto es, cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar de la contienda se encuentra comprendida en el margen de error propio de las encuestas, o es apenas significativa, éstos adquieren mayor impacto y relevancia.

De forma que los debates pueden ser un fino instrumento de disección y discernimiento de la vida democrática, que enriquezca el derecho a saber, así como la transparencia de lo que es público y debiera ser sabido por la ciudadanía para ejercer el voto.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El enemigo público de la ciudad

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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA), antes conocido como el TAE, ‘volvió a las andadas’. Y es que el martes pasado, la Sexta Sala Unitaria del TJA, ordenó al Ayuntamiento de Zapopan, abstenerse de emitir futuros actos de clausura o suspensión de las obras para la construcción de un fraccionamiento,SIN LICENCIA, en un terreno colindante con el Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil.

El despacho de este asunto recayó en una de las dos ‘suertudotas’ Salas -MURAL dixit- de este Tribunal: la Sexta Sala Unitaria, presidida por el magistrado Alberto Barba Gómez. Por azares inexpugnables del destino, cuando no ocurre lo anterior, los otros casos que nulifican el derecho a la ciudad, pasan por la acomodaticia Cuarta Sala Unitaria del TJA, que preside otro experto enargucias, Armando García Estrada. Son ellos dos, precisamente, los que se ufanan de resolver sentenciasinjustas, eso sí muy “apegadas a derecho.

Bien podría decirse que, el TJA, constituye el punto culmen del gran pacto pluripartidista de impunidad enJalisco. Lo más inverosímil, e irónico del caso, es que este Tribunal forme parte del Sistema Estatal Anticorrupcióny además sea el órgano facultado para sancionar ‘las faltas administrativas graves’ de los servidores públicos (corruptos) y particulares (corruptores) vinculados con cualquier daño o perjuicio a la hacienda y el patrimonio público. Además de ser francamente grotesca esta disposición, es también un elocuente ejemplo de la trágica equidistancia entre norma y normalidad. Vamos, ni el diseño institucional del TJA, como órgano constitucionalmente autónomo -por no pertenecer o estar adscrito al Poder Judicial-, ha auspiciado en él mejoresprácticas. Son tan sólo autónomos e independientes, para corromper y atentar contra los intereses públicos de la ciudad.

De manera flagrante trasgreden lo dispuesto en el 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente, ni el Gobernador. Losmagistrados y los  presidentes de Sala, actualmente ganan 154 mil 603 pesos mensuales, muy por encima del sueldo del presidente de la República, que establece un tope de 111 mil 990 pesos al mes. Pero ese ingreso es tan sólo la ‘punta del iceberg’ de una excesiva remuneración que perciben. En diciembre de 2019, MURAL publicó que los magistrados del TJA se rayaron con un aguinaldazo -autoasignado, desde luego- de 435 mil pesos. ¡Ni Obama!

La reforma al Poder Judicial de Jalisco, promovida por la Refundación, también ‘les hizo lo que el viento a Juárez’. De forma que los mecanismos de rendición de cuentas, previstos para los impartidores de justicia del estado de Jalisco, no aplicarán para el TJA, toda vez que cinco de sus seis magistrados se han amparado en contra de ella a efectos de evadir las evaluaciones de control de confianza, que dispone la Constitución Estatal.

Todos los juicios políticos solicitados en su contra no han prosperado en la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, aunque si bien les congeló las cuentas bancarias a Barba Gómez y García Estrada, por indicios de un patrimonio¡inexplicable!, la sanción les duró tan sólo unos días porque obtuvieron otro amparo.

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Gabriel Torres Espinoza

4 claves para el proceso electoral

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Uno de los grandes temas del proceso electoral es el relativo al movimiento feminista y la agenda paritarista. La importancia que radica en un nuevo e interesantísimo debate -aunque poco discutido y explorado-: el relacionado con la paridad política, un movimiento que ha sido asumido en Jalisco por ‘Las Paritaristas’, y que podría convertirse en la nueva consigna feminista del presente y futuro inmediato, por tratarse de un asunto de la mayor importancia, que se expresa con amplitud y creatividad durante estas campañas.

Segundo. La gestión de la pandemia. Precisamente en un momento en que vamos ya rumbo a la tercera ola de contagios por Covid-19. La gestión del gobierno federal y estatal, ¿cobrará algún tipo de factura? Está por verse cuánto. Pero si consideramos como referencia a Estados Unidos, el número de muertos y familias afectadas en México, puede ser un motivo que se exprese en las urnas durante la siguiente jornada electoral. Hace poco más de un año -el 14 de marzo de 2020- se dieron a conocer los primeros dos casos de SARS-CoV-2 en Jalisco. El 12 de marzo, Jalisco decidió las primeras medidas de aislamiento social, adelantándose 11 días a la primera respuesta del Gobierno Federal. En este primer año, el Gobierno de Jalisco ‘apretó’ en tres ocasiones el Botón de Emergencia: el 30 de octubre y 25 de diciembre de 2020; y el 16 de enero de este año. El pasado 13 de febrero, entró en vigor el Plan Integral Jalisco Covid-19 contemplado, prácticamente, para el segundo año de la pandemia. Vamos por una tercera ola, pero aparentemente sin mucha contención de las autoridades. ¿Cómo repercutirá eso en el proceso electoral? ¿Pasará factura? ¿A quién y cómo?

El Agua. El desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara se agudiza en la misma medida que avanzan las campañas. La falta del vital líquido alimenta un malestar que terminará por incidir en el ánimo de los votantes. La complicación en la gestión del agua para la metrópoli no es un problema que se pueda resolver antes de la elección, pero sí será uno de los temas coyunturales más sentidos. El gobierno ha señalado que el desabasto de agua que padece actualmente la metrópoli es, antes que un problema de escasez, un problema de distribución. Parece que la única medida que se propone es una presa, que no demuestra resolver de forma alguna un complejo problema arrastrado desde varios sexenios, en que se alentaron proyectos deliberadamente fallidos e inconclusos, que derivaron en la construcción de un sinfín ‘elefantes blancos’, como testimonio de la ineficiencia y la corrupción.

Finalmente, el mega fraude en Iconia (que ya defiende abiertamente Pablo Lemus), el robo paulatino de terreno en el bosque de Los Colomos; los incendios alentados en el bosque de La Primavera, para ganar terreno y construir en él; el desfalco en Chalacatepec con dinero de las pensiones y jubilaciones de trabajadores al servicio del Estado; y la destrucción del Bajío, con las Villas Panamericanas, entre otros negocios ‘al estilo Jalisco’, son testimonio irrefutable de la agresión permanente de las autoridades y desarrolladores al medio ambiente en Jalisco.

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Gabriel Torres Espinoza

El agua, bajo secuestro

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Gabriel Torres Espinoza

Bien podría decirse que son tres los principales problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli: seguridad, transporte y agua. Todas estas materias, además de estar directamente vinculadas al ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales, representan ‘facultades originarias’ de los municipios, mismas que han sido cedidas a entes metropolitanos [SIAPA y policía metropolitana -esta última parcialmente-] o al Gobierno del Estado [transporte público], bajo la premisa de otorgar una “más eficaz prestación de los servicios públicos”, de acuerdo con el 115 constitucional. Sin embargo, paradójicamente, son las que generan mayores estragos a la población.

Aunado a lo anterior, en los últimos 30 años, autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto por incompetencia como por corrupción, no han podido consolidar un solo proyecto para el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Casi 35 mil millones de pesos han sido dilapidados con proyectos de ‘papel de China’, megafraudes y/o ‘elefantes blancos’ como El Zapotillo, Arcediano, El Purgatorio, La Zurda Calderón y el programa ‘Todos con Agua’. Todos ellos han sido emblemáticos y dignos exponentes de los ‘negocios al puro estilo Jalisco’, esos en donde pierde deliberadamente la sociedad jalisciense, para que sean los vivales [corruptos (funcionarios) y corruptores (empresarios coyotes)] quienes terminen por amasar grandes fortunas en detrimento de la Ciudad.

En ese sentido, en estas últimas décadas, pareciera ser que el único beneficiado de este insano despilfarro, ha sido el ya bien conocido ‘Cártel del Agua’, que sigue enturbiando el derecho de acceso a este derecho humano, a pesar de registrarse, tanto en el gobierno estatal como en los municipios metropolitanos, una alternancia político-partidaria de tercera generación: PAN-PRI-MC. En buena medida, es el ‘Cartel del Agua’, en complicidad con autoridades, el que mantiene prácticamente inconclusa la obra de El Zapotillo, por su corrupta voracidad y aberración de querer crecer la cortina de la presa en 105 metros, a pesar de ya estar construida sobre los 80 metros inicialmente proyectados.

Una decisión que solo se justifica desde el enfoque del lucro, el dinero y la corrupción. Racionalmente, resulta a todas luces insostenible crecer su cortina a 105 metros, toda vez que, de acuerdo con Conagua, el almacenamiento promedio de las 10 presas más grandes de México, en términos de la altura de su cortina [las cuales van de los 136 a los 261 metros], es de apenas -OJO- del 70.3%. Entonces, ¿por qué de crecer su cortina a 105 metros? Vamos, La Presa Calderón, es un elocuente ejemplo de una presa sin el agua suficiente.

El problema es, sin lugar a dudas, multifactorial. Desde el hecho de que las arcaicas y deterioradas redes de suministro propician que el 40% del recurso hídrico se pierda en fugas. Por otro lado, la cultura del ahorro no solo debe centrarse o circunscribirse en la que es de ‘consumo doméstico’, que por cierto supera el volumen per cápita sugerido por la OMS, sino que también debe enfocarse en el ahorro del agua que se destina a actividades agrícolas e industriales, que logran captar el 75% y 10% del consumo de agua en México respectivamente (CONAGUA, 2019).

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