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Análisis

Gabriel Torres Espinoza
Existen cinco delitos que aumentaron. Primero, el secuestro. En el primer semestre de 2018 se registraron seis secuestros. En 2019, en el mismo periodo, ocho. Un incremento del 33%. Segundo, el homicidio doloso. En el primer semestre de 2018 se registraron mil 38 homicidios dolosos. En 2019, en el mismo período, mil 252.
Un aumento del 20.6%. Tercero, extorsión. En el primer semestre de 2018 se registraron 536 extorsiones. En 2019, durante el mismo periodo, 479. Crecimiento del 12%. Cuarto, fraude. En el primer semestre de 2018 se registraron 4 mil 439 fraudes. En 2019, durante el mismo periodo, 4 mil 613. Un incremento del 6%. Quinto, robo de auto partes. En el primer semestre de 2018 se registraron mil 445 robos de autopartes. En 2019, durante el mismo periodo, mil 484. Un aumento del 3% con relación al semestre anterior.
Es cierto que aumentaron los delitos de alto impacto [homicidio doloso, secuestro y extorsión], como también es cierto que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el territorio nacional se registra un repunte sostenido de los delitos de alto impacto. No se justifica… pero se explica: El aumento de los delitos de alto impacto no es particularidad de una entidad federativa, sino generalizados en el país, debido a un problema nacional con las organizaciones criminales regionales o nacionales. Es así, debido a que el narcotráfico muestra un arsenal y adiestramiento paramilitar, al que sólo puede hacer frente hoy las Fuerzas Armadas (y a veces ni ellos, como ocurrió con el helicóptero derribado a la Marina en el Sur de Jalisco). Justo por ello, la creación de la Guardia Nacional –y su argumentación para aprobarla- es el ejemplo más elocuente de ello. También debe considerarse el alcance transterritorial del narcotráfico y los cárteles de la droga, que no se circunscriben a la divisiones político-administrativas de una entidad y sus respectivas jurisdicciones.
No obstante, los gobiernos estatales sí pueden y deben reducir un delito que afecta a la sociedad, según reporta la ENVIPE 2018 de INEGI: el robo en todas sus modalidades, que se sitúa hoy como el ‘rey de los delitos’. Pues bien, aquí Jalisco presenta mejores resultados. Veamos. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, si comparamos el primer semestre de 2019, correspondiente a la gestión de Enrique Alfaro, en oposición al primer semestre de 2018, correspondiente al gobierno de Aristóteles Sandoval, efectivamente existe una reducción en el robo a transportista (68% menos); en el robo a institución bancaria, (30% menos); en el robo a casa habitación (12%menos); en el robo a negocio (7% menos); en el robo a vehículo automotor (reducción del 6%); y en el robo a transeúnte (reducción del 5%). Dato importante, el feminicidio, en los períodos comparados, se redujo también un 9%. Así las cosas, estos delitos, que son responsabilidad exclusiva del gobierno de Jalisco, sí han disminuido. Pero el alto impacto de los delitos [homicidio doloso, secuestro y extorsión] producen hoy un oprobio y percepción, de la que con justa razón, se queja la sociedad.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Moralmente derrotados

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Análisis

Refundar no puede ser únicamente ‘reformar’. De forma que, en efecto, no puede existir una ‘refundación’ de Jalisco,sin una nueva Constitución. La Constitución de Jalisco, que data de 1917, acumula ya más de un centenar de modificaciones. En total, 101 decretos de reforma [la Constitución Federal registra 239 tantos]. De aprobarse una nueva Constitución, Jalisco se convertiría en una de las nueveentidades que han promulgado dos constituciones desde 1917: 22 sólo han promulgado una; y Campeche es el único estado con tres textos constitucionales en su historia.El procedimiento de reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, indica que al menos 64 municipios deben aprobar el dictamen de la conformación del Constituyente. Hasta el domingo(15/09/19), sólo siete de los 125 municipios lo habían aprobado.

Debe advertirse que una nueva Constitución para Jalisco, per se, no resolverá necesariamente los problemas que más lastiman a la sociedad (la inseguridad y la corrupción). Aún no se conocen cuáles son los grandes cambios que animan una nueva Constitución. Es decir, qué transformaciones del orden social y de gobierno son las que justifican un cambio de Constitución. Sin embargo, sí es condición necesaria, más no suficiente, una nueva Constitución para instrumentarcambios profundos. Lo que no se ha definido (o no se conoce aún) es la agenda de esos cambios profundos que dan pie a un Constituyente. Incluso (muy preocupante), los diputados que votaron el Constituyente, no atinan a definir lo que será éste. No deja de ser una fundada intranquilidad la redacción de una nueva Constitución a cargo de personas sin un claro entendimiento del alcance del mismo: sin constituyentes con idea de lo que debe redactarse como ‘la ley de leyes’ para los jaliscienses.

Se prevé que este proceso dure año y medio. Además debe observarse el escenario político-electoral, puesto que, asumiendo que el Constituyente será electo en 2020 y apruebe la nueva Constitución en 2021 [dado que cuenta con un año para este fin], las elecciones intermedias para diputados ocurrirán ese mismo año. ¿Se regirán con la Constitución vigente o con las reglas del nuevo pacto social?¿Afectará la cercanía de las elecciones con el debate y aprobación de una nueva Constitución? ¿Un año electoral es un buen momento para aprobar una nueva Constitución?

La aprobación del constituyente es el logro más significativo del gobierno encabezado por Enrique Alfaro, debido a la alta complejidad que significó construir a una amplia mayoría calificada en el Congreso. Es, también, evidencia de la fortaleza política del Gobernador para sacar adelante un compromiso de campaña, de cara a un dirigente nacional que lo rechazó (PAN) y al partido del presidente (Morena) que terminó dividido en apoyo uno de los principales íconos discursivos del gobierno de MC en Jalisco. También es un termómetro que indica la flaqueza de la oposición en Jalisco, misma que no fue capaz de conseguir disciplina parlamentaria para fijar una postura coherente. No supieron explicar por qué no al Constituyente, como tampoco (increíble), por qué sí. La oposición acusa estar en Jalisco,‘moralmente derrotada’…

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Gabriel Torres Espinoza

8.8 millones de facturas apócrifas

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Según datos oficiales, la defraudación fiscal en México equivale al 2.8% del PIB. Del 2014 a la fecha se emitieron8.8 millones de facturas apócrifas en México, mismas que alcanzan una cifra estimada en ¡dos billones de pesos!. Esta cantidad significa para México un quebranto financiero y pérdidas de hasta 510 mil millones de pesos al año, tan sólo en recaudación fiscal. Parte de la reforma fiscal de Méxicoimplica regular y sancionar cuentas en paraísos fiscales que redunden en evasión fiscal, como ya se hace en diversos países de América Latina, especialmente durante los últimos años a causa del escándalo que dejó la enrome evasión fiscal, con polémico caso ‘Panama Papers’. Según cifras de la CEPAL, en América Latina se evade el 6.3% del PIB regional en paraísos fiscales.
En este contexto, en México se discute el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales (Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal) para elevar a rango de delincuencia organizada la defraudación fiscal en nuestro país. Un delito que ameritará prisión preventiva oficiosa. El dictamen prevé imponer sanción de cinco a ocho años de prisión a quien -por sí mismo o a través de otra persona- compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. La misma sanción se impondrá al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se prevé además que, cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, sólo por ese hecho, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada –lo que derivaría en prisión preventiva oficiosa–, siempre y cuando, el monto de la defraudación sume más de 7 millones 804 mil 230 pesos, es decir, “supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación’’.Adicionalmente, cuando el delito de evasión sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión pública, además de la privación de la libertad.
Por otro lado, el gobierno federal debe ampliar la base de contribuyentes, toda vez que el 54% de la población económicamente activa hoy no paga impuestos. Cada año se pierden otros 500 mil millones de pesos debido a esto, justolo mismo que las arcas públicas dejan de recibir por defraudación fiscal [algo que realizan con peculiarfrecuencia y eficiencia las personas de mayores ingresos y acaudaladas del país]. Al respecto, conviene destacar que México ocupa el último lugar de la OCDE en recaudación de impuestos: mientras la ingreso tributario promedió fue del 13.6 por ciento del PIB en México durante el periodo 2013-2017, entre los países miembros de la OCDE, el porcentaje fue de 33.4 por ciento. Tan necesario es ampliar la base de contribuyentes (que más mexicanos paguen impuestos), como perseguir la evasión fiscal.

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Gabriel Torres Espinoza

Inundados… por el poder

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De acuerdo con datos del INEGI, de 2013 a 2018, la Zona Metropolitana de Guadalajara pasó de registrar 147 puntos de riesgos de inundación [entre recurrencias históricas y recientes] a 380 puntos de riesgo. La lluvia ocurrida el pasado del domingo en San Agustín, Tlajomulco, provocó un corriente de agua de al menos tres metros en el Arroyo conocido como “La Culebra”. Esto cobró ya varias vidas y personas desaparecidas. El Arroyo “La Culebra” atraviesa el Bosque La Primavera y fue ‘acondicionado’ como camino (empedrado) ¡por el municipio! En los últimos 15 años se han construido más de 100 fraccionamientos en lo alto y en las faldas de los cerros que dan inicio al Bosque La Primavera. Como lo consignó ayer Mural, ‘Edifican casas en zonas de riesgo’. También se levantó vivienda de alta densidad en zonas que acreditan ser lugar de filtración y absorción de agua, esa que se consume en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, y que hasta ahora no representa mayor costo que su extracción. El 31% del agua que abastece a Guadalajara se obtiene de más de mil 200 pozos y norias (180 pozos profundos). Pues bien, el complejo Villas Panamericanas, se erige sobre dos causes de arroyos, como lo señaló la doctora Ofelia Pérez Peña, académica del Departamento de Ciencias Ambientales de La U de G. Además, según lo expuso el Dr. Miguel Magaña Virgen, Jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA, ‘actualmente se extrae más agua de la que se infiltra al acuífero Atemajac: 139Mm3-159Mm3 igual a 20 Mm3’ (CEA 2015): ‘Cada año los niveles del acuífero Atemajac bajan varios metros (hasta 15)’. Ocurre, por que ‘la urbanización ilegal avanza de manera especulativa y anárquica e impide la recarga del acuífero Atemajac’. Incluso, ‘la cimentación profunda afecta el flujo subterráneo de agua’ (Gómez R. J. A. Estudio de aguas subterráneas). Naturalmente, ‘el escurrimiento se aumenta por sobre la infiltración, a causa de la impermeabilización urbana’, originada por la corrupción de autoridades que lucran con el territorio, para terminar violentando los decretados usos de suelo, y se las arreglan para pasar por alto Planes Parciales de Desarrollo, leyes ambientales y zonas de fragilidad ambiental. Si alguna zona escapara a ello, está como recurso para ‘coyotes desarrolladores’ y funcionarios ‘aceitados’, el Tribunal de Justicia Administrativa (antes TAE) que autoriza (con la complicidad de autoridades, mediante la afirmativa ficta) lo que específicamente prohíbe la norma. No obstante, para el titular de la SEMADET, Sergio Graf Montero, “La infraestructura está [las Villas Panamericanas] y no es que esté dañando al ambiente” (…) “Yo no tengo ninguna prueba de que el hecho de demolerlas mejore la condición, que pueda ser una mejora en la cuestión ambiental”. De modo que para Graf Montero (SEMADET), que se habiten 900 departamentos en El Bajío, al destinar las Villas para vivienda, no es prueba de que se esté “dañando al ambiente”. Incluso, cuando la zona no tiene drenaje y cuenta con un uso de suelo H1, para vivienda de muy baja densidad. El buen juicio de Sergio Graf, de larga trayectoria, se observa hoy también inundado… por el poder.

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