Pluma Invitada
Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos –la “Carta Magna de la Humanidad”–, la comunidad humana decidió crear un código moral, ético y jurídico que ampara lo que desde la revolución francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre.
Motivados por los desastres durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de ubicar a la persona y a los pueblos como sujetos de derechos y poner en el centro de concepción la dignidad humana. Sin duda alguna, esto constituye el mayor logro de la humanidad.
A casi 70 años de este parteaguas mundial, las personas, los gobiernos, las empresas, las iglesias, el Estado mismo, tenemos la obligación a mantenernos en la búsqueda de que el respeto de los derechos humanos sea una realidad.
Luchar por construir mecanismos que aseguren las condiciones de dignidad para todo ser humano, pasa por reflexiones, experiencias, errores, teorías y metodologías de trabajo.
Durante el siglo XX, con la forja de las democracias y Estados liberales, se crearon entornos institucionales capaces de representar e intermediar los intereses de las personas frente a los gobiernos.
En nuestro país, a finales de la década de los ochentaemergieron cientos de instituciones denominadas organismos no gubernamentales (ONG) con la agenda puntual de los derechos humanos, como contrapeso a los Estados-Nación en los regímenes autoritarios y han logrado enmarcar su trabajo en una agenda permanente en seguridad, género, medio-ambiente, salud y temas relacionados directamente con los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
Sin duda, deben superarse obstáculos para hacer realidad los derechos humanos para todas las personas. Podríamos decir que es casi una tarea “imposible”, pero debemos estar convencidos de que, trabajando en forma conjunta gobierno y ciudadanos, se puede lograr. Tengamos claro que el camino del desarrollo está en absoluta consonancia con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos.
Sin embargo, no es suficiente un sujeto de derecho consciente de la realización de su dignidad. Es necesario que las personas sean actores políticos, agentes de cambio tanto a escala individual como colectiva; es decir, que seamos ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos y tolerantes.
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