Por: Laura Gutiérrez Franco
Ante la inminente presentación del Paquete Económico para el próximo ejercicio fiscal, el clamor del sector empresarial formal ha vuelto a encender los focos rojos. La dirigencia de Coparmex Jalisco, encabezada por Luis Beas, ha puesto sobre la mesa una exigencia tan elemental como urgente: que la Federación le devuelva a la entidad una partida presupuestal justa, en estricta proporción con el volumen de riqueza que la sociedad jalisciense le aporta a las arcas nacionales.
La petición tiene un sustento técnico irrefutable. Jalisco es uno de los principales motores económicos del país, pero sus vías de comunicación, su infraestructura hídrica, sus proyectos de movilidad y su soberanía energética llevan años trabajando al límite del colapso. Negarle recursos estratégicos a un estado productivo no es solo un castigo regional; es una torpeza macroeconómica que frena el desarrollo de todo el país.
Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras y los discursos corporativos, existe una trama política que explica este estrangulamiento. Aunque el gremio patronal prefiera guardar la cortesía institucional en sus comunicados, la realidad en los pasillos del Congreso de la Unión es otra muy distinta. La parálisis presupuestal hacia la entidad tiene nombre, apellido y rentabilidad electoral.
Durante el último año, la conducción de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, encabezada por la legisladora Mery Pozos, ha servido más a los intereses de la grilla partidista que a las necesidades de las familias jaliscienses. La estrategia del oficialismo ha sido transparente y despiadada: regatearle cada peso al estado, frenar las transferencias para infraestructura clave y asfixiar las finanzas locales con el único propósito de deslucir la gestión del gobierno estatal, minar el proyecto de Movimiento Ciudadano y pavimentar el camino para sus propias ambiciones en las urnas. En esa disputa por el poder, a la cúpula legislativa poco le ha importado que la factura la paguen las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el empleo en la región.
A esta pinza de castigo presupuestal se le suma una política fiscal federal insostenible. La postura de las empresas de rechazar categóricamente cualquier intento de crear o elevar impuestos no es un capricho, es una medida de supervivencia. El contribuyente formal en Jalisco ya no aguanta más. La fiscalización del SAT se ha vuelto implacable, cazando con lupa y rigor a los mismos de siempre, mientras la economía informal crece a pasos agigantados al amparo de la omisión oficial.
Es profundamente injusto que el erario federal pretenda sostener sus crecientes déficits ajustando la tuerca al empresario que cumple, paga nómina y tramita licencias, mientras deja intocada a una vasta franja de la población que opera al margen de la ley.
Jalisco merece respeto presupuestal. Exigir un reparto equitativo no es pedir un favor ni mendigar recursos: es exigir lo que por derecho y esfuerzo productivo le corresponde a la entidad. Si la política sigue sobreponiéndose al bienestar económico y el presupuesto continúa utilizándose como garrote electoral para cobrarse facturas partidistas, el costo no lo pagará un gobernador o un partido, lo pagaremos todos.
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