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Indicador Político:

A partir del hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se burocratizó y perdió su esencia social, su existencia no ha tenido que ver con concesiones a una burocracia dorada que se apoltronó en la comodidad de informes y recomendaciones sin cumplir.
En los hechos, la CNDH nació por dos motivaciones: la necesidad de crear instancias de equilibrios democráticos que exigía la globalización económica y la urgencia de dar salida a las denuncias de represión del viejo régimen policiaco priísta. Las revelaciones del autoritarismo criminal del Estado estaban en las calles con las protestas paradójicamente de Rosario Ibarra de Piedra y en los medios donde se publicaban denuncias de violaciones de derechos.
La nominación de la activista María del Rosario Piedra Ibarra no garantiza el funcionamiento de la CNDH porque se trata de un organismo con la función primordial de denunciar los abusos del Estado. La designada presidenta de la Comisión viene de Morena y por tanto no denunciará abusos de gobernantes morenistas. En todo caso, a Piedra Ibarra le quedaría más bien una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes políticos del pasado priísta.
El perfil de Piedra Ibarra ayuda para simbolizar un deslindamiento del gobierno morenista con el pasado priísta, aunque ahora muchos priístas de ese pasado represivo estén en posiciones privilegiadas en la estructura de poder lopezobradorista. Un caso basta; Manuel Bartlett Díaz viene de tareas en el área político-policiaca de Gobernación desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, pasó por el de Echeverría y López Portillo con los años de la guerra sucia para liquidar de manera criminal a guerrilleros y disidentes y fue aliado del neoliberalismo salinista que asesinó a cuando menos 500 perredistas.
Y Bartlett tiene otro caso pendiente: la CNDH debe reabrir la investigación del asesinato del columnista Manuel Buendía, de Excélsior, el 30 de mayo de 1984, año en que Bartlett era nada menos que secretario de Gobernación, jefe directo del director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, que fue sentenciado como autor intelectual de ese crimen. Buendía fue acribillado cuando se disponía a publicar datos de la protección de Gobernación y la DFS a los primeros cárteles de marihuaneros. Y la DEA le abrió a Bartlett un juicio pendiente en Los Angeles por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
La CNDH de 1992 se dedicó sólo a atender quejas de la coyuntura; la fiscalía especial que creó Fox para indagar la represión priísta del pasado encontró en la CNDH de Jorge Carpizo MacGregor una puerta sellada a piedra y lodo y nunca pudo indiciar a los responsables de una era de represión.
Por lo tanto, la tarea de la CNDH en el nuevo gobierno lopezobradorista tendrá dos opciones: seguir el mismo camino de no meterse con la investigación de los crímenes de la represión priísta o abrir los expedientes de la represión priísta y llamar a cuentas a funcionarios priístas involucrados en esas tareas y hoy dentro de Morena.
Piedra Ibarra encarna el padecimiento de la represión priísta; en caso de ser ratificada a pesar del fraude instrumentado para darle los votos en el Senado, su tarea será darle a la CNDH una autonomía absoluta para convertirse en el principal dique a la violación de derechos humanos del Estado lopezobradorista.
Los primeros expedientes de la CNDH están a la vista: ausencia en la violencia de las bandas criminales, pasividad del Estado para defender los derechos humanos de la sociedad, las quejas no procesadas que equiparan los recortes presupuestales a estancias infantiles y a enfermos terminales con violación de derechos humanos por parte del Estado por reorganización presupuestal, entre los más importantes. En esos temas se calará al próximo encargado de la CNDH, sea Piedra Ibarra u otro.
Si la nueva CNDH no responde a estas quejas, las protestas saldrán a la calle e inundarán las páginas de los medios.

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Bolivia. La caída del presidente boliviano Evo Morales debe analizarse en función de un error estratégico: el fraude electoral. Auto asumido como un líder moral sin contrapesos, buscó eternizarse en el poder. El desplome de Morales fue producto de la conclusión de una comisión de la OEA. Cuando dio la orden a sus cuerpos de seguridad de reprimir al pueblo se encontró que no habría masacres y esas fuerzas de seguridad lo emplazaron a renunciar. La caída de Morales cambia el escenario populista en América Latina, a pesar de la liberación de Luis Ignazio da Silva. México no quiere esas alianzas, Cuba y Venezuela están en el desprestigio total y a Argentina no le alcanza.
Política para dummies: La política se tasa por el rendimiento final, no por sus costes.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- TCL en EE UU, entre el neoliberalismo Trump y el posneoliberalismo AMLO

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Carlos Ramírez* 

A pesar de que el apoyo mexicano al Tratado de Comercio Libre 2.0 fue el motivo central del viaje del presidente López Obrador, en realidad el acuerdo comercial no tiene cabida en los planes posneoliberales y de austeridad de la 4-T.

Basta un botón de muestra: en el viaje presidencial se firmaron proyectos de inversión extrajera directa que traerán nuevas formas tecnológicas, pero en México el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y la economía están regresando a la edad del lápiz y papel y abandonando el desafío de las computadoras.

Y la paradoja resulta más profunda con lo que ocurre en la Secretaría de Economía, cuya titular fue –además de la obligada del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– la única presente en la comitiva oficial, como dando el mensaje de que México estaba priorizando los efectos del Tratado.

En el “Epílogo. Visión hacia el futuro”, del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2020-2024, publicado apenas el pasado 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia anunció que en el 2024 “la mayoría de los trámites del gobierno federal se harán por la vía digital”; sin embargo, esa misma dependencia acaba de suspender el uso del 75% de sus computadoras y todos los empleados han regresado a la edad de piedra de las oficinas: los archivos de papel, carpetas y archiveros. Y eso que la Secretaría señaló que las labores de personal directo con los empresarios generaba espacios de corrupción y que por la vía digital eso iba a disminuir.

Lo anterior indica que la función del gobierno federal sólo fue la de firmar el mismo Tratado con reformas exigidas por los EE UU de Donald Trump para que hubiera desde ahora mayores beneficios para los estadunidenses. Por la austeridad posneoliberal, otro compromiso del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía tampoco se va a cumplir: la creación de “suficientes Centros de Innovación” para “asegurar que las empresas tengan acceso a la innovación y el desarrollo tecnológico”.

Sin recursos, en un proceso de achicamiento imparable y sin planes subsectoriales, el nuevo Tratado exaltado en Washington carecerá de recursos, planes educativos y apoyos a los empresarios. El programa de la SE reitera la incumplible meta de 4% de PIB promedio anual 2019-2024 por el hoyo recesivo de -10% a -12% de 2020, pero lo más grave fue el compromiso de incrementar el contenido nacional en los sectores estratégicos, que bajó de 58% en 1993 a 27% sin petróleo por falta de apoyos a las cadenas productivas mexicanas.

En la cena con empresarios entre los dos presidentes, los mexicanos representaban a sectores aliados al presidente López Obrador y no a los sectores dinámicos del comercio exterior. Estuvieron en la Casa Blanca los dueños de las principales armadoras de vehículos que Trump está obligándolas a salir de México y regresar a los EE UU, pero nadie de las empresas de cadenas productivas mexicanas del sector automotriz. Eso sí, en primera fila, los dueños de las dos cadenas de televisión ajenos a los sectores del Tratado, el mismo Carlos Slim salinista y ahora lopezobradorista y figuras empresariales del sector de emprendedores, cualquier cosa que ello signifique.

Con un enclenque apoyo gubernamental en los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, el Tratado apenas pudo lograr un crecimiento anual promedio de PIB de 2% de 1993 a 2018. Y para significar esa carenciade apoyo, del 2001 al 2018 cerraron sus actividades casi 2,500 empresas exportadoras y las partes mexicanas en los productos de exportación en el mismo periodo bajaron de 45% a 37%.

La reforma en 2018-2020 al Tratado de 1993 se hizo para ampliar los beneficios estadunidenses del intercambio empresarial, sin que México metiera las manos para proteger a la planta nacional. La ratificación mexicana del Tratado 2.0 en Washington, por si fuera poco, se dio desde el enfoque posneoliberal de la 4-T, sin un programa de desarrollo industrial, sin una estrategia dinámica de apoyo al sector exportador mexicano y sin un modelo de competitividad que es el eje del comercio exterior en los mercados internacionales supercompetitivos.

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Política para dummies: La política pone la direccional para dar vuelta a la izquierda, pero para dar vuelta a la derecha.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El País rediezcubre México; se deslinda de Peña-PRI y va contra AMLO

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Carlos Ramírez

En un salto estratégico del trapecio mediático sin red protectora, el periódico español El País regresa a México después de su fracaso con un socio del grupo político de Enrique Peña Nieto. Y ahora lo hace para confrontar al presidente López Obrador, quien lo ha exhibido en sus conferencias matutinas como un diario con intereses de grupos de poder económico-empresarial.

La nueva etapa de El País en México es más modesta porque se trata sólo de una sección digital en su página web general, junto a la que dedica a América, EE UU y Brasil. No se trata, tampoco, de una novedad: para irrumpir en el debate ha contratado a articulistas mexicanos críticos que ya cuentan con su propio espacio, por lo que no abre ningún nuevo canal y suele ser repetitivo.

En su época anterior, El País tuvo como socio a Roberto Alcántara, uno de los hombres ricos de México y empresario del autotransporte, vinculado al grupo de Peña Nieto en el Estado de México y otros socios menores que recibían contratos del gobierno de Peña sólo por su relación con el presidente de la república. En esos años, El País fue complaciente con el sistema priísta.

El sitio El Español ha revelado los intentos de la Moncloa de tomar el control del periódico en Madrid, aunque en los análisis mexicanos siempre han visto a El País como un vocero de los gobiernos socialistas. El actual presidente de El País es socio de Santander, de Ana Botín, un banco que tiene enormes intereses en México; la propia Botín ya se reunió con López Obrador, pero no pasa semana sin que el presidente mexicano lance algunos dardos envenenados a El País por textos y articulistas. En este sentido, En Palacio Nacional de México se cree que El País está defendiendo intereses de inversionistas españoles hoy repudiados por López Obrador.

El espacio de El País a México no tiene que ver con la comunidad mexicana en España, calculada en casi 50 mil personas entre residentes y descendientes. Por tanto, la política editorial de El País quiere influir en el rumbo político de México, aunque su edición impresa ya cerrada se regalaba en restaurantes y hoteles porque no se vendía y ahora sólo circulan en redes los artículos más críticos.

Ante el deterioro de la prensa mexicana hasta finales del reinado priísta en el 2000, los medios extranjeros comenzaron a descubrir México. Hoy en día hay ediciones en español para México en The New York Times y The Washington Post, pero en el mismo estilo que El País: una redacción con pocos reportes interesantes y sólo contratación de críticos que ya tienen sus espacios locales. Es decir, ya no existe valor agregado. Vía redes y sin respetar derechos de autor, en México circulan las ediciones íntegras de The Economist, The Financial Times, Le Monde, El País y El Mundo, entre otros.

La prensa mexicana Salió del espacio de dominación del PRI después de la crisis política por el movimiento estudiantil del 68 y tuvo cuando menos veinte años de conquista de libertad de crítica. El ciclo neoliberal iniciado en 1982 desdeñó a la prensa. Sin embargo, la prensa mexicana tiene el gravísimo problema del financiamiento de sus ediciones: el principal anunciante es el gobierno y la empresa privada está sometida a los dominios autoritarios del presidencialismo; en 1972 los empresarios boicotearon al periódico Excelsior en su mejor época. Hasta la fecha, los empresarios privados nacionales y extranjeros están sometidos a los hilos autoritarios del Estado y del presidencialismo.

Hasta hoy tres periódicos españoles replican en la prensa mexicana: El País con sus propios espacios, El Mundocon ocho páginas diarias asociado al periódico Milenio de empresarios regiomontanos y una edición impresa de La Razón vinculada a la versión autónoma de Las Razón de México. En redes, sólo los textos críticos de El Paístienen circulación, aunque sin reflejar en realidad algún factor de presión real.

El problema radica en que la sociedad mexicana no es muy dada a asumir el papel político de la prensa como un factor de equilibrio. Los medios extranjeros que incursionan en México tienen la expectativa equivocada de que pueden meterse en el debate por la crítica, pero resulta que en México no existe en realidad debate político en la sociedad. La oposición, precaria en su dimensión y en su impacto político, desdeña a la prensa y se queda en sus espacios reducidos del rumor y la insidia.

Con una sociedad desarticulada, sin partidos de oposición fuertes y con una prensa debatiendo sólo con el poder, el escenario mediático mexicano ha perdido sus referentes. Se requiere de una prensa que eduque, que concientice y que le dé al lector herramientas para interpretar su entorno y sus expectativas. Pero todos quieren criticar y debatir de manera directa con el presidente de la república, sin entender que sus destinatarios deben ser los grupos sociales oscurecidos por las redes, el escándalo y la polarización.

Sigue vigente el criterio del Decreto para la Libertad de Imprenta del 10 de noviembre de 1810 emitido por las Cortes de Cádiz con un planteamiento original: “la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de Ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.

La transición mexicana a la democracia no tuvo su transición de prensa. Y no la tendrá mientras no haya una sociedad que busque ideas, ni una oposición inteligente, ni un empresariado que financie la crítica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-Trump: no computadoras en Secretaria de Economía, metáfora TCL

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Carlos Ramírez*

Firmado y ratificado por los congresos legislativos de los dos países, el Tratado de Comercio Libre 2.0, con una lista muy estricta de exigencias estadunidenses y sin un nuevo modelo de desarrollo mexicano, el presidente López Obrador se reunirá con el presidente Donald Trump para agradecerle su apoyo en la revalidación del acuerdo comercial.

Sin embargo, la diplomacia no logrará ocultar el trasfondo de los efectos sociales y políticos del Tratado en el sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional mexicano. Las reformas comerciales impulsadas por Trump van a obligar al Estado mexicano a salirse del control y la conducción de las relaciones sociales, van a darle a los empresarios mayores libertades productivas que lo alejarán del autoritarismo del Estado y acotarán las funciones reforzadas el presidencialismo mexicano.

Dentro del TCL 2.0 no deben caer las recientes decisiones mexicanas de desplazar a inversionistas extranjeros para recuperar la participación del Estado en la economía productiva, sobre todo en el sector energético. Tampoco el nuevo TCL considera seguir arrastrando el viejo modelo sindical de control político de los trabajadores y los objetivos de los líderes sindicales de tener sus cuotas legislativas de poder. Y la parte más compleja deberá ser la desregulación de la economía para disminuir las restricciones del Estado, lo que tendría que llevar a una mayor autonomía relativa económica, productiva y sobre todo política de los empresarios.

Los gobiernos de Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama fueron muy tolerantes con la participación de México en el Tratado en función de su sistema/régimen/Estado de tipo priísta, es decir, de control presidencial de la economía estatizada. El primer aviso de Trump llegó por la vía del embajador estadunidense Christopher Landau y su quejade que no se pueden cambiar las reglas económicas vigentes. El embajador no lo dijo, pero en sus palabras quedó el mensaje cifrado: el Estado mexicano no puede regresar a la economía productiva,

El problema del modelo lopezobradorista de regreso del Estado al protagonismo económico no es el estatismo en sí o el discurso ideológico antineoliberal, sino que lo malo se localiza en el hecho de que el Estado mexicano carece del dinamismo, de capacidad tecnológica y de dinero para desplazar a grupos privados. Lo que vio el embajador Landau es que el Estado es parte de la producción y juez de las regulaciones.

Si el Estado mexicano quiere regresar a su papel dominante en la economía productiva, tendría que jugar sin ventajas. Sobre todo, necesitaría enormes cantidades de dinero para desarrollar tecnologías, capacitaciones e investigación científica para la competencia en innovaciones con las empresas privadas. Las empresas publicas se hundieron en la escasa competitividad porque su ineficacia fue tapada con subsidios y, al final, ni dieron fondos al Estado y si succionaron presupuesto.

El Tratado salinista desarticuló las alianzas sociales del Estado y la liberación de fuerzas llevó a la derrota del PRI en el 2000. Peña recuperó la presidencia para el PRI con un programa de modernización sectorial que perdió el rumbo y no quiso deshacerse de lo viejo. Ahora el modelo posneoliberal lopezobradorista quiere reconsolidaral Estado regresándolo a algunas áreas productivas que requieren de más fondos de los que tiene todo el presupuesto federal. Ahí naufragará el modelo posneoliberal: carece de financiamiento para el regreso del Estado a la economía productiva, de fuerza competitiva en tecnología y ciencia y sus viejas clases sociales –campesinos, obreros, clases profesionales, grupos populares– no saben a dónde dirigirse.

El mensaje contradictorio sobre el desafío del TCL 2.0 y la incapacidad del Estado para competir con el sector privado en la producción ocurrió en la Secretaría de Economía, la dependencia encargada del modelo de desarrollo, de la planta industrial y de la competitividad: por decisión de austeridad se le quitaron computadoras al 75% de los empleados y ahora tendrán que trabajar con lápiz y papel, mientras las empresas privadas han invertido capital en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La imagen de Economía será la del Tratado 2.0: el regreso a la edad de piedra de la economía con lápiz y papel.

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 Política para dummies: La política hoy es cibernética.

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