Por Iván García Medina
La denuncia ya no es contra “un mal fedatario”. Empieza en la cúspide del gremio, el presidente del Colegio, José Luis Leal Campos, Notario 67 de Guadalajara, y su hermana, la notaria Verónica Leal Campos, titular de la 19 de Tlaquepaque, imputada en la carpeta D-1/54317/2025 de Delitos Patrimoniales y Financieros y se extiende a decenas más de notarios con carpetas penales, quejas administrativas y revocaciones publicadas. Cinco de ellos, solo en un corte de Fiscalía, acumularon 67 denuncias penales y más de 28 millones en fraudes. El resto está en Transparencia, en el Periódico Oficial y en las casas que hoy disputan un poder que una adulta mayor dice que nunca firmó.
En el protocolo de José Luis Leal Campos apareció un poder supuestamente otorgado por una adulta mayor. Ella sostiene que no lo otorgó ni lo firmó. Con ese papel pretenden quitarle la casa que su familia ha tenido por generaciones. No es un “error de forma”. Es el mecanismo del despojo con sello: un folio, una firma que la víctima no reconoce, y después el Registro Público como si nada. Si el protocolo del presidente del Colegio sirve para eso, el gremio ya no puede hablar de honorabilidad. Habló el papel.
La hermana y la carpeta.
Verónica Leal Campos recibió el fiat en 2022. Es hija del notario y ex secretario general de Gobierno José Luis Leal Sanabria. El 14 de octubre de 2025 la Fiscalía recibió la NUC D-1/54317/2025: ella figura como imputada y como notario, hechos del 1 de octubre, delito “del que resulte”, cero detenidos. No es sentencia. Es denuncia penal contra una notaria en funciones, hermana de quien hoy representa a todo el Colegio.
Esta información no sale de un anónimo en redes. La dan funcionarios del Colegio de Notarios hartos del cochinero que ven por dentro: denuncias contra el presidente, denuncias contra su hermana, y la dimensión de una crisis que el discurso institucional sigue llamando “casos aislados”. Quedaron en entregar el inventario. Esta columna no va a guardar ese recado.
Decenas más: lo que sí está publicado.
En Jalisco hay cerca de 280 a 300 notarios. El Estado ya no puede fingir que no hay patrón.
• Javier Manuel Gutiérrez Dávila, Notaría 140 de Guadalajara: revocación e inhabilitación definitiva el 14 de mayo de 2026; el cateo de la Notaría 64 sacó documentación de la 140 y la investigación de tráfico de folios.
• Samuel Fernández Ávila, Notaría 15 de Tlaquepaque: revocación e inhabilitación el 4 de diciembre de 2024.
• José Luis Organista Macías, Notaría 2 de Tlajomulco: revocación e inhabilitación el 4 de junio de 2024.
• Álvaro Guzmán Merino, Notaría 126 de Guadalajara: revocación el 8 de febrero de 2024; Ipejal lo denunció por escrituras de créditos pagadas por afiliados y no concluidas ante el Registro.
• Eleno Vega Guerrero, Notaría 1 de Tala: vinculado a proceso por fraude específico, sellos e instalaciones para simular una escrituración y otra orden por suplantar a una empresa en Tlajomulco; el 20 de agosto de 2026 le revocaron el fiat.
• Javier Herrera Anaya, Notaría 29 de Guadalajara: vinculado por falsificación de documentos públicos; la Consejería lo tuvo suspendido “por causa penal”.
• Sergio Alejandro López Rivera, Notaría 64: reaprendido por fraude específico; en su oficina hallaron material para fabricar documentos.
En el sexenio de Alfaro, la Consejería Jurídica reportó 37 notarios sancionados y 11 inhabilitaciones definitivas. De 2019 a 2023 el propio Colegio admitió 8 revocaciones y 30 sanciones a 13 fedatarios. Hay quienes se sostienen en el cargo con amparo. Los notarios se volvieron carga para el Estado: cada poder que la víctima no reconoce le sale a Jalisco en Fiscalía, en juzgados y en familias despojadas. Miles de tapatíos ya pagaron esa cuenta.
Cinco peticiones, sin eufemismo.
Ciudadanos se organizan para exigir que el Estado retome una facultad que nunca debió soltar. La ruta es el Congreso y la Secretaría General de Gobierno. Se pide, en 30 días y por escrito:
1 Corte de caja: cuántas denuncias penales, cuántas quejas administrativas y cuántas demandas civiles hay hoy contra notarios de Jalisco; etapa de cada una; cuántas prescribieron; cuántas se “conciliaron”.
2 Daño cuantificado: inmuebles, poderes, testamentos y créditos impugnados; perjuicio a particulares y al erario, Ipejal incluido.
3 Sin escudo gremial: que el Colegio por boca de quienes ya no aguantan el cochinero interno, entregue el inventario de denuncias contra su presidente y su hermana, y que el consejo se excuse de opinar en expedientes de sus dirigentes. Quien revoca el fiat es el Ejecutivo.
4 Reparación primero: cautelares reales sobre protocolos, sellos y folios cuando haya carpeta de patrimoniales. Empezar por el protocolo donde apareció el poder que la adulta mayor niega.
5 Reset del notariado: revisión de la Ley del Notariado, de los exámenes de oposición y del linaje que convirtió la fe pública en patrimonio familiar. Empezar de nuevo con quien respete la ley.
Esta columna se declara lista para escuchar denuncias y hacerlas públicas: número de notaría, escritura, fecha, NUC si existe. Los funcionarios del Colegio que ya vieron suficiente tienen el mismo recado: los números de la crisis, por escrito. El Congreso y Gobernación tienen la obligación de pedirlos. La Fiscalía, de no dejarlas morir en “del que resulte”.
Esto apenas comienza.
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