Por Laura Gutiérrez Franco
Mientras en los discursos oficiales se presume el respaldo a los programas sociales y supuestos acuerdos para proteger la economía familiar, en los surcos de Jalisco la paciencia se agotó. La voz de Elizabeth Martínez Hernández, productora de maíz blanco de temporal, resume sin rodeos la desesperación de miles de familias agrícolas: el campo mexicano atraviesa un estado de abandono institucional que ha empujado a los productores a tomar las carreteras este martes 17 de noviembre.
La raíz del conflicto está en el propio escritorio de las autoridades federales. Desde el pasado 31 de julio de 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó las reglas del llamado esquema Precio Justo, fijando una base cercana a los 5 mil 200 pesos por tonelada que apenas alcanza para rasguñar los costos mínimos de producción. Aunque los agricultores cumplieron puntualmente con el registro de sus predios y superficies, la venta de sus cosechas sigue sin garantía: la industria harinera apenas absorbe una fracción mínima y el sector pecuario prefiere importar grano extranjero antes que comprar el maíz nacional.
La desigualdad en las políticas públicas resulta difícil de justificar. Mientras a los industriales de la harina y la tortilla se les garantiza un precio tope de seis pesos por kilo hasta el año 2030 bajo el argumento de sus altos costos operativos, a los productores primarios se les exige absorber solos el golpe de la inflación. Combustibles, refacciones, fertilizantes e insumos cotizados en dólares siguen encareciéndose, sumados a un aumento anual de 500 pesos por costal de semilla. Pretenden que el eslabón más vulnerable de la cadena subsidie la canasta básica a costa de su propia ruina.
Al ahogo económico se suma la burla política. El pasado 22 de octubre, los campesinos dieron un voto de confianza al Gobierno Federal y suspendieron el megabloqueo previsto para el 27 de ese mes tras sentarse a dialogar con la Sader. Sin embargo, los compromisos quedaron en papel mojado y la dependencia canceló de última hora la mesa pactada para el 6 de noviembre, dejando a los representantes con boletos comprados y sin interlocución.
Ante el abandono de la federación, la Confederación Agropecuaria de México, junto con agrupaciones locales como Amigos por el Campo y Productores Unidos de la Ciénega, confirmó este domingo una jornada nacional de protestas con 25 puntos de bloqueo carretero en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Campeche. En territorio jalisciense, los cierres estrangularán cinco arterias estratégicas: la carretera Guadalajara-Nogales a la altura de La Venta del Astillero, la Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, la Guadalajara-México en la caseta de Ocotlán, la vía La Barca-Atotonilco frente al Hotel Krystal y la carretera 80 en la caseta de Tepatitlán.
Los agricultores no piden dádivas asistenciales, sino condiciones parejas para trabajar. Su pliego de ocho exigencias es puntual: asegurar un esquema de incentivos de 800 pesos federales y 400 pesos estatales para alcanzar un precio garante de entre 6 mil 400 y 6 mil 500 pesos por tonelada, liquidar los adeudos pendientes del trigo 2024-2025 y del maíz 2026, aplicar de inmediato el seguro agrícola en zonas siniestradas, incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano y eliminar los candados burocráticos de Conagua, Sader y CFE en las tarifas eléctricas del campo. Este martes, los tractores vuelven a las carreteras para recordarles a los gobiernos que sin agricultura rentable, la mesa de todos los mexicanos corre el riesgo de quedarse vacía.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que A Fondo Jalisco no se hace responsable de los mismos.








