Salvador Guerrero Chiprés
¿España es un ejemplo del beneficio social de la privatización de la energía eléctrica? ¿Lo es Europa? Hay un debate no resuelto del todo y hay evidencia que pudiera ser ejemplar en respaldo del señalamiento implícito en las preguntas: cuando el Estado se ausenta del ejercicio soberano sobre sus recursos naturales y aquellos que se generan en su territorio, se producen fenómenos como el aumento del costo del servicio eléctrico o suspensiones generalizadas de servicios de las cuales no se hablaba al inicio.
Hace 25 años, España optó por la liberalización; una reforma a la Ley del Sector Eléctrico estipuló que el suministro no requería de la intervención estatal y abandonó la noción de servicio público.
En 2014, la escalada de precios de la luz equivalía a 70%, que directamente impactó en los consumidores. Alrededor de 1.4 millones de hogares españoles, de los 18.2 millones censados entonces, habían sufrido cortes en el suministro debido a falta de pago.
La tarifa del servicio eléctrico estaba mediada, en una parte, por el Ministerio de Industria y, en otra, por la subasta en la que pujan las compañías eléctricas, que despertó sospechas de manipulación y tras una investigación fue probada en 2015 con sanción de 25 millones de euros contra Iberdrola Generación por el amaño.
En 2019, el costo de la luz para los consumidores españoles fue de 23.9 céntimos el kilovatio/hora, mientras la media de la Unión Europea era de 21.6 céntimos. Hoy, la cotización todavía está expuesta a los vaivenes del mercado.
El costo —que impacta directamente en los consumidores— de la cancelada reforma eléctrica en nuestro país lo veremos seguramente en algunos años, como ocurrió en otros países con modelos económicos que, en su momento, fueron bien vistos por la opinión pública.
Hay, además, un costo social y político. No solamente se lastima los bolsillos de los más desfavorecidos, sino que, aunque haya euforia adversarial pasajera por impedir el avance de una reivindicación nacionalista, la imagen de los legisladores que aprobaron un daño a futuro y una contradicción con el avance nacional previo no será olvidada.
Ahora se conoce la dimensión, alcance y límite de los actores amalgamados para generar la idea de un Presidente debilitado lo cual, les pareció a ellos, era más importante que los compromisos programáticos históricos de cierta izquierda sobreviviente y de cierto priismo que alguna vez respaldó esa noción de nacionalismo que ahora encontraron denostable.
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, no se quedó a medias con su reprobación a quienes llamó traidores a la patria. Para los españoles, la privatización fue traición a su economía o electoralmente a una generación o dos de votantes.
El distanciamiento de las clases más necesitadas, las directamente afectadas con los costos de la luz, terminará por pasar la factura a quienes hoy apostaron por hacer creer en una derrota de su rival.
@guerrerochipres
