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Gabriel Torres Espinoza

De acuerdo con la ley respectiva, el SIAPA es el organismo operador de los servicios de “agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales en el Área Metropolitana de Guadalajara”. No obstante, en cada una de las responsabilidades a su cargo, acusa omisiones que hacen engañoso el acceso al derecho humano del agua [en lo que va de 2021, el SIAPA se ostenta como el 4to ente público con más quejas presentadas ante la CEDHJ]. Veamos:

Además de las 155 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que se ajustarán al sistema de restricción del vital líquido cada 48 horas, según lo dispuesto por el SIAPA, existen otras 55 colonias en la metrópoli que, de manera recurrente, registran ‘tandeos’ inciertos e interminables -de hasta tres semanas- por “falta de infraestructura” en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, de acuerdo con el director del organismo intermunicipal.

Por otro lado, si bien es cierto, la gestión del recurso hídrico en la metrópoli, en principio, no representa una atribución legal del SIAPA, resulta igualmente cierta la responsabilidad directa que tiene con su escasez, toda vez que aproximadamente el 40% del agua se pierde en fugas en las redes de suministro (UNAM e IMCO). Asimismo, la potabilización del agua es, en estricto sentido, una quimera en el AMG, toda vez que el agua potable es, por definición (RAE: 2021), la “que se puede beber”, como sí acontece, por ejemplo, en EE.UU. Por esta razón, Jalisco es la segunda entidad federativa que acredita mayor consumo de agua embotellada, en el país que lidera este indicador a nivel mundial (BBC). De forma que, realmente, todos sus usuarios terminan por pagar cuantiosas cantidades en agua ‘purificada’ (así llamada para diferenciarla sinsentido de la potable), cuando esto tendría que ser innecesario. Siendo esto así, seguramente, tendríamos unas de las tarifas de agua por metro cúbico más caras del Mundo.

La calidad del agua que suministra el SIAPA, además de no ser potable, es incluso insalubre. El año pasado, fue emblemático el aspecto ‘chocolatoso’ y fétido del agua suministrada, justo en tiempos de pandemia. Según una investigación realizada por académicos de la Universidad de Guadalajara, y asociaciones de colonos, el agua “potable” contenía, grosso modo, exceso de cloro, sustancias contaminantes y metales pesados, fuera de toda norma en la materia. Lo anterior, porque, en 2020, tan sólo el 45% del agua residual extraída por el SIAPA, desde el río Santiago, fue debidamente tratada. Conviene recordar que, de acuerdo con la ONU, el río Santiago es el afluente con los niveles de toxicidad más altos en el país.

¿Y en materia de alcantarillado, cómo vamos? Igual de mal. Actualmente, se registran 350 puntos de inundación en la urbe, lo que representa un crecimiento de 130 zonas más, respecto de lo registrado en 2010. Vamos, ni para cobrar son buenos… Actualmente, la cartera vencida del SIAPA asciende a poco más de 11 mil 670 millones de pesos, 2.5 veces más que el presupuesto que tiene proyectado para 2021. Si queremos atender la crisis del agua en Guadalajara, comencemos por revisar las terribles ineficiencias de Siapa.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

El enemigo público de la ciudad

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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA), antes conocido como el TAE, ‘volvió a las andadas’. Y es que el martes pasado, la Sexta Sala Unitaria del TJA, ordenó al Ayuntamiento de Zapopan, abstenerse de emitir futuros actos de clausura o suspensión de las obras para la construcción de un fraccionamiento,SIN LICENCIA, en un terreno colindante con el Área Natural Protegida del Bosque El Nixticuil.

El despacho de este asunto recayó en una de las dos ‘suertudotas’ Salas -MURAL dixit- de este Tribunal: la Sexta Sala Unitaria, presidida por el magistrado Alberto Barba Gómez. Por azares inexpugnables del destino, cuando no ocurre lo anterior, los otros casos que nulifican el derecho a la ciudad, pasan por la acomodaticia Cuarta Sala Unitaria del TJA, que preside otro experto enargucias, Armando García Estrada. Son ellos dos, precisamente, los que se ufanan de resolver sentenciasinjustas, eso sí muy “apegadas a derecho.

Bien podría decirse que, el TJA, constituye el punto culmen del gran pacto pluripartidista de impunidad enJalisco. Lo más inverosímil, e irónico del caso, es que este Tribunal forme parte del Sistema Estatal Anticorrupcióny además sea el órgano facultado para sancionar ‘las faltas administrativas graves’ de los servidores públicos (corruptos) y particulares (corruptores) vinculados con cualquier daño o perjuicio a la hacienda y el patrimonio público. Además de ser francamente grotesca esta disposición, es también un elocuente ejemplo de la trágica equidistancia entre norma y normalidad. Vamos, ni el diseño institucional del TJA, como órgano constitucionalmente autónomo -por no pertenecer o estar adscrito al Poder Judicial-, ha auspiciado en él mejoresprácticas. Son tan sólo autónomos e independientes, para corromper y atentar contra los intereses públicos de la ciudad.

De manera flagrante trasgreden lo dispuesto en el 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente, ni el Gobernador. Losmagistrados y los  presidentes de Sala, actualmente ganan 154 mil 603 pesos mensuales, muy por encima del sueldo del presidente de la República, que establece un tope de 111 mil 990 pesos al mes. Pero ese ingreso es tan sólo la ‘punta del iceberg’ de una excesiva remuneración que perciben. En diciembre de 2019, MURAL publicó que los magistrados del TJA se rayaron con un aguinaldazo -autoasignado, desde luego- de 435 mil pesos. ¡Ni Obama!

La reforma al Poder Judicial de Jalisco, promovida por la Refundación, también ‘les hizo lo que el viento a Juárez’. De forma que los mecanismos de rendición de cuentas, previstos para los impartidores de justicia del estado de Jalisco, no aplicarán para el TJA, toda vez que cinco de sus seis magistrados se han amparado en contra de ella a efectos de evadir las evaluaciones de control de confianza, que dispone la Constitución Estatal.

Todos los juicios políticos solicitados en su contra no han prosperado en la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, aunque si bien les congeló las cuentas bancarias a Barba Gómez y García Estrada, por indicios de un patrimonio¡inexplicable!, la sanción les duró tan sólo unos días porque obtuvieron otro amparo.

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Gabriel Torres Espinoza

4 claves para el proceso electoral

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Uno de los grandes temas del proceso electoral es el relativo al movimiento feminista y la agenda paritarista. La importancia que radica en un nuevo e interesantísimo debate -aunque poco discutido y explorado-: el relacionado con la paridad política, un movimiento que ha sido asumido en Jalisco por ‘Las Paritaristas’, y que podría convertirse en la nueva consigna feminista del presente y futuro inmediato, por tratarse de un asunto de la mayor importancia, que se expresa con amplitud y creatividad durante estas campañas.

Segundo. La gestión de la pandemia. Precisamente en un momento en que vamos ya rumbo a la tercera ola de contagios por Covid-19. La gestión del gobierno federal y estatal, ¿cobrará algún tipo de factura? Está por verse cuánto. Pero si consideramos como referencia a Estados Unidos, el número de muertos y familias afectadas en México, puede ser un motivo que se exprese en las urnas durante la siguiente jornada electoral. Hace poco más de un año -el 14 de marzo de 2020- se dieron a conocer los primeros dos casos de SARS-CoV-2 en Jalisco. El 12 de marzo, Jalisco decidió las primeras medidas de aislamiento social, adelantándose 11 días a la primera respuesta del Gobierno Federal. En este primer año, el Gobierno de Jalisco ‘apretó’ en tres ocasiones el Botón de Emergencia: el 30 de octubre y 25 de diciembre de 2020; y el 16 de enero de este año. El pasado 13 de febrero, entró en vigor el Plan Integral Jalisco Covid-19 contemplado, prácticamente, para el segundo año de la pandemia. Vamos por una tercera ola, pero aparentemente sin mucha contención de las autoridades. ¿Cómo repercutirá eso en el proceso electoral? ¿Pasará factura? ¿A quién y cómo?

El Agua. El desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara se agudiza en la misma medida que avanzan las campañas. La falta del vital líquido alimenta un malestar que terminará por incidir en el ánimo de los votantes. La complicación en la gestión del agua para la metrópoli no es un problema que se pueda resolver antes de la elección, pero sí será uno de los temas coyunturales más sentidos. El gobierno ha señalado que el desabasto de agua que padece actualmente la metrópoli es, antes que un problema de escasez, un problema de distribución. Parece que la única medida que se propone es una presa, que no demuestra resolver de forma alguna un complejo problema arrastrado desde varios sexenios, en que se alentaron proyectos deliberadamente fallidos e inconclusos, que derivaron en la construcción de un sinfín ‘elefantes blancos’, como testimonio de la ineficiencia y la corrupción.

Finalmente, el mega fraude en Iconia (que ya defiende abiertamente Pablo Lemus), el robo paulatino de terreno en el bosque de Los Colomos; los incendios alentados en el bosque de La Primavera, para ganar terreno y construir en él; el desfalco en Chalacatepec con dinero de las pensiones y jubilaciones de trabajadores al servicio del Estado; y la destrucción del Bajío, con las Villas Panamericanas, entre otros negocios ‘al estilo Jalisco’, son testimonio irrefutable de la agresión permanente de las autoridades y desarrolladores al medio ambiente en Jalisco.

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Gabriel Torres Espinoza

El agua, bajo secuestro

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Gabriel Torres Espinoza

Bien podría decirse que son tres los principales problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli: seguridad, transporte y agua. Todas estas materias, además de estar directamente vinculadas al ejercicio pleno de derechos humanos fundamentales, representan ‘facultades originarias’ de los municipios, mismas que han sido cedidas a entes metropolitanos [SIAPA y policía metropolitana -esta última parcialmente-] o al Gobierno del Estado [transporte público], bajo la premisa de otorgar una “más eficaz prestación de los servicios públicos”, de acuerdo con el 115 constitucional. Sin embargo, paradójicamente, son las que generan mayores estragos a la población.

Aunado a lo anterior, en los últimos 30 años, autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto por incompetencia como por corrupción, no han podido consolidar un solo proyecto para el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Casi 35 mil millones de pesos han sido dilapidados con proyectos de ‘papel de China’, megafraudes y/o ‘elefantes blancos’ como El Zapotillo, Arcediano, El Purgatorio, La Zurda Calderón y el programa ‘Todos con Agua’. Todos ellos han sido emblemáticos y dignos exponentes de los ‘negocios al puro estilo Jalisco’, esos en donde pierde deliberadamente la sociedad jalisciense, para que sean los vivales [corruptos (funcionarios) y corruptores (empresarios coyotes)] quienes terminen por amasar grandes fortunas en detrimento de la Ciudad.

En ese sentido, en estas últimas décadas, pareciera ser que el único beneficiado de este insano despilfarro, ha sido el ya bien conocido ‘Cártel del Agua’, que sigue enturbiando el derecho de acceso a este derecho humano, a pesar de registrarse, tanto en el gobierno estatal como en los municipios metropolitanos, una alternancia político-partidaria de tercera generación: PAN-PRI-MC. En buena medida, es el ‘Cartel del Agua’, en complicidad con autoridades, el que mantiene prácticamente inconclusa la obra de El Zapotillo, por su corrupta voracidad y aberración de querer crecer la cortina de la presa en 105 metros, a pesar de ya estar construida sobre los 80 metros inicialmente proyectados.

Una decisión que solo se justifica desde el enfoque del lucro, el dinero y la corrupción. Racionalmente, resulta a todas luces insostenible crecer su cortina a 105 metros, toda vez que, de acuerdo con Conagua, el almacenamiento promedio de las 10 presas más grandes de México, en términos de la altura de su cortina [las cuales van de los 136 a los 261 metros], es de apenas -OJO- del 70.3%. Entonces, ¿por qué de crecer su cortina a 105 metros? Vamos, La Presa Calderón, es un elocuente ejemplo de una presa sin el agua suficiente.

El problema es, sin lugar a dudas, multifactorial. Desde el hecho de que las arcaicas y deterioradas redes de suministro propician que el 40% del recurso hídrico se pierda en fugas. Por otro lado, la cultura del ahorro no solo debe centrarse o circunscribirse en la que es de ‘consumo doméstico’, que por cierto supera el volumen per cápita sugerido por la OMS, sino que también debe enfocarse en el ahorro del agua que se destina a actividades agrícolas e industriales, que logran captar el 75% y 10% del consumo de agua en México respectivamente (CONAGUA, 2019).

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