A Fondo Jalisco
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Gabriel Torres Espinoza La Aldea

El legado de Suro

Gabriel Torres Espinoza*

Durante 2020, la integración del Poder Judicial fue motivo de muchas críticas, y por primera vez, de basta atención. Se registró un constante forcejeo entre las inercias por sostener un modelo basado en la incondicionalidad partidista de los relevos -al que los legisladores locales creen que tienen derecho-, sobre la legítima aspiración social por un Poder Judicial con mayor autonomía y profesionalismo entre quienes lo integran. Aunque cierto, se aprecian algunos avances -el más importante el debate sobre la forma para su integración-, con algunos pequeños cambios, los fundamental persiste: un sistema de cuotas partidistas rígido, para designar a incondicionales, en su mayoría de dudosa capacidad profesional (cuates). En este contexto terminó la gestión del titular del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, que fue elegido para ‘limpiar la imagen institucional y marcar la diferencia’ tras el escándalo de su predecesor, destituido al hacerse públicos sus antecedentes penales, entre otras irregularidades. No obstante, a pesar de ser un hombre ‘de buenas voluntades’, Suro dejó importantes saldos negativos en su gestión como titular del Poder Judicial de Jalisco. Entre ellos destacan los señalamientos de irregularidades en magistrados del STJ, sobre todo vinculados a nepotismo; un juez asesinado; sólo un juez en proceso de ser separado de entre más de 2 mil 500 denuncias acumuladas desde 2016; el flagrante incumplimiento del 127 constitucional; uno de los peores indicadores en la implementación de la ‘justicia digital’, de la que un buen número de estados acreditan ya importantes resultados; una Ciudad Judicial que sigue inacabada, con un tercer piso en obra negra, e importantes desperfectos; y el peor índice de percepción de corrupción entre la ciudadanía, de acuerdo con INEGI, formarán parte del ‘expediente’ o ‘saldo’ que dejó la gestión de Suro. El periodo de Suro Esteves dejó episodios sonados y controvertidos, como revertir la controversia constitucional contra la nueva legislación para aplicar controles de confianza a jueces y magistrados, aunque hay más de 90 amparos para evitarlos y tampoco ha iniciado la operación del Centro de Evaluación y se criticó su postura por doblegarse al Ejecutivo. También, por primera vez, se hizo una rotación de 64 titulares de juzgados como medida para romper con malas prácticas, pero no se pudieron eliminar las listas de reserva de jueces que bloquearán la auténtica carrera judicial. La pregunta es, ¿cuál debe ser el paradigma derivado de la relación de poderes y el control o incidencia política del Gobernador sobre el Judicial? Se debe auspiciar, sí, una independencia y autonomía del Poder Judicial frente a los otros dos poderes, mediante un genuino compromiso de control constitucional, meritocrático y de fiscalización de corrupción, al interior del Poder Judicial, alentado desde los poderes electos por voto popular: elegir a los mejores perfiles, destituir a magistrados corruptos mediante juicio político, iniciar investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de jueces corruptos y que violentan el 127 constitucional (remuneraciones inconstitucionales), inhabilitación de jueces y magistrados involucrados en casos de nepotismo, entre otras acciones.

gabtorre@hotmail.com

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