Gabriel Torres Espinoza
A casi quince años de su construcción, la Villa Panamericana no sólo representa un despropósito ambiental y urbanístico, sino también un agravio económico mayúsculo para los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco, quienes aún esperan la recuperación de los recursos que el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) invirtió en este fallido desarrollo inmobiliario.
Desde su planeación, este proyecto estuvo marcado por la controversia. No se trató únicamente de una pésima elección de ubicación en una zona ambientalmente sensible, lindante con el bosque La Primavera, sino de una operación financiera turbia, opaca y profundamente negativa para los organismos públicos involucrados, particularmente paraPensiones del Estado de Jalisco.
La historia es ya por todos conocida. Una inversión conjunta de 1,271 millones de pesos que terminó en un litigio de más de una década, sin mayore resultado. Y aunque el Gobierno del Estado logró vender en 2021 la Villa Panamericana por 1,500 millones de pesos a la empresa Green Life Capital, la realidad es que hoy, abril de 2025, la mayor parte de ese dinero sigue sin ser saldado.
Hasta octubre del año pasado, apenas se habían recuperado 154 millones de pesos, equivalentes a cerca del 10% del monto pactado. El resto —1,314 millones de pesos— sigue en el limbo. Green Life Capital incumplió los términos del acuerdo. Ni vendieron los departamentos, ni pagaron lo convenido al Ipejal, con lo cual los perdedores son los trabajadores al servicio del Estado. Y para disfrazar el fracaso, se firmó un nuevo convenio que transformó el negocio en un “modelo resort”, que también terminó colapsando.
La respuesta ante el incumplimiento fue pactar la devolución de 275 departamentos con un valor estimado de 1,272 millones de pesos. Pero incluso ese monto sigue sin reflejarse en las arcas del Ipejal, que hoy se encuentra en riesgo de inviabilidad financiera para el año 2036, según elestudio actuarial reciente. Es decir, el dinero sigue sin aparecer, pero los trabajadores ya están pagando las consecuencias de una mala inversión, ilegal y ventajosa, de la que no hay responsables.
Lo más grave no es sólo el incumplimiento contractual, sino la evidente complicidad de las autoridades pasadas para proteger intereses privados en detrimento del patrimonio público. El Ipejal e Ijalvi comenzaron con el 75% de los derechos accionarios de la Villa Panamericana, pero terminaron recibiendo apenas el 33% de los departamentos. Las empresas —que sólo tenían el 25% de participación— se apropiaron de más del 66% de los bienes inmuebles, sin contar estacionamientos, locales comerciales y otras áreas de valor.
Es un desfalco en cámara lenta, con rostro legal, avalado por notarios, fideicomisos y convenios diseñados para diluir responsabilidades y garantizar ganancias a los menos afectados: las empresas inmobiliarias. La participación de Green Life Capital fue particularmente lesiva. Se quedó con dos edificios completos, vendió departamentos sin entregar el dinero correspondiente y ahora promete pagar la “plusvalía” futura de los inmuebles como si el tiempo, mágicamente, corrigiera la estafa.
Mientras tanto, los trabajadores al servicio del Estado —quienes aportan puntualmente al fondo de pensiones— enfrentan una realidad sombría. Pensiones que no aumentan, desabasto de medicamentos de hasta el 40% y una reforma a la Ley de Pensiones declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Para colmo, los llamados “pensionados dorados”, con ingresos superiores a los 100 mil pesos, siguen engrosando la nómina del Ipejal.
Este modelo no sólo es insostenible, es obsceno. Se exige a los trabajadores aportar más, incluso hasta el 50% de su salario, mientras el instituto continúa siendo saqueado por quienes prometieron gestionarlo con responsabilidad. ¿Dónde están los 1,500 millones de pesos de la Villa Panamericana? ¿Dónde está el dinero de las inversiones fallidas y los responsables?
Los perpetradores de esta debacle siguen sin responder ante la justicia, y los afectados —como siempre— son los mismos: miles de trabajadores que confiaron en una institución que hoy parece más comprometida con los negocios con dinero público, que con sus verdaderos derechohabientes.
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