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Indicador Político:

Enfriados los ánimos sobre lo ocurrido en Culiacán el 17 y 18 de octubre, cuando menos hay tres puntos a analizar:
1.- No falló el Estado, sino que se trató de un operativo fallido que debe responder a cuando menos tres preguntas: quién lo ordenó y con ello rompió con la estrategia de paz y de no persecución de capos del presidente López Obrador; qué beneficios esperaban con el arresto del hijo de El Chapo; y si la estrategia regresó al modelo de Calderón y Peña Nieto.
2.- El gabinete de seguridad demostró ser un organismo inoperativo en tanto que funciona sin reglas administrativas ni de responsabilidad y con tres funcionarios a nivel de pares con áreas muy delimitadas de actividad y funcionamiento. A ese gabinete le falta un consejo de seguridad interior que procese las decisiones colegiadas y que sirva de control de operativos. Se trataría de una junta de estados mayores que en la actualidad funciona, pero sin reglas de funcionalidad.
3.- Al Estado le corresponderá cambiar el enfoque de la narrativa de que “los narcos mandan”. La respuesta violenta del Cártel de El Chapo mostró movilidad, pero no pudo cambiar la percepción de que el Estado sigue con una capacidad superior de fuerza y de combate. Las fuerzas armadas han diezmado a los cárteles y la autoridad del Estado logró entregar a El Chapo a los EE. UU. donde fue condenado a cadena perpetua. Al día siguiente de la crisis, la ciudad regresó a la estabilidad: el gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel aumentó sus actividades, se reunió con sectores productivos ‪y el domingo‬ participó en una rodada de bicicleta, mientras los narcos regresaron a sus cuevas clandestinas a vivir a salto de mata.
Lo que debe venir de inmediato es una reorganización del funcionamiento del gabinete de seguridad y la necesidad de que el presidente de la república cuente con un estado mayor militar para emergencias. En la presidencia no existe una logística de seguridad nacional-interior-pública para casos de emergencia. Si López Obrador no quiere revivir la flota aérea presidencial, tiene a la mano aviones de la Fuerza Aérea que lo pueden no sólo desplazar, sino que están equipados con infraestructura para un jefe de Estado en un sistema presidencialista aún más centralizado.
Hasta ahora, la estrategia de seguridad descansa en las definiciones de políticas realizadas por el presidente de la república y el gabinete de seguridad cómo instancia de evaluación de ambientes de inseguridad y proposición de decisiones. Pero todo aparato de seguridad debe contar con un mecanismo institucional de seguimiento de operativos conjuntos
La centralización de la seguridad en la figura presidencial ayudó cuando menos a tranquilizar a la sociedad: una persona se hacía responsable de pensar todos los días en el principal problema social del país. Pero no es lo mismo una responsabilidad política centralizada, que una estructura de seguimiento y evaluación de operativos.
Los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana son los responsables operativos de las decisiones tomadas por el presidente de la republica; en el caso del hijo de El Chapo, el presidente apoyó la decisión de liberarlo para disminuir la violencia creciente contra familias de soldados.
Pero punto central de la crisis del 17 y 18 de octubre radicó en la decisión de ejercer una orden de aprehensión con fines de extradición en una fase importante de la estrategia de pacificación y de la orden presidencial de no perseguir capos porque esa persecución era la responsable del numero de muertos. No se conocen las razones para regresar a la estrategia de Calderón y Peña Nieto, cuando menos en el caso del hijo de El Chapo. Y se ignora si seguirán Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Oseguera El Mencho, entre otros de la lista negra de jefes del crimen organizado.
El replanteamiento de la estrategia de seguridad –aún si sigue siendo la misma– es urgente para dejar en claro si el gobierno va a reactivar la persecución de capos con todos los efectos negativos de esa decisión ya conocidos. Los ciudadanos y los analistas desconocen las razones que existieron para dar un golpe de timón a la estrategia de paz y para un operativo fallido que envió un mensaje a los cárteles y a los capos en el sentido de que se estaría terminando esa especie de pacto de no agresión.
La fuerza hegemónica del Estado no se demuestra con el ejercicio de la represión a criminales, sino en la articulación de estrategias para combatir organizaciones criminales sin poner en peligro a la ciudadanía.

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Operativos fallidos. El saldo negativo del operativo contra el hijo de El Chapo forma parte de decisiones de gobierno tomadas con apresuramiento y con afanes de lucimiento. Casi todos los expedientes contra la corrupción de funcionarios del gobierno de Peña Nieto son mediáticos y no procesales. Los arrestados son charalitos y existe la posibilidad de que Rosario Robles salga de la cárcel porque su acusación fue inflada. Lo grave de todo es que si hubo una corrupción sin precedentes en el sexenio anterior, pero sin poder probarse en tribunales.
Política para dummies: La política es el arte de las equivocaciones… y de las justificaciones.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- TCL en EE UU, entre el neoliberalismo Trump y el posneoliberalismo AMLO

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Carlos Ramírez* 

A pesar de que el apoyo mexicano al Tratado de Comercio Libre 2.0 fue el motivo central del viaje del presidente López Obrador, en realidad el acuerdo comercial no tiene cabida en los planes posneoliberales y de austeridad de la 4-T.

Basta un botón de muestra: en el viaje presidencial se firmaron proyectos de inversión extrajera directa que traerán nuevas formas tecnológicas, pero en México el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y la economía están regresando a la edad del lápiz y papel y abandonando el desafío de las computadoras.

Y la paradoja resulta más profunda con lo que ocurre en la Secretaría de Economía, cuya titular fue –además de la obligada del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– la única presente en la comitiva oficial, como dando el mensaje de que México estaba priorizando los efectos del Tratado.

En el “Epílogo. Visión hacia el futuro”, del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2020-2024, publicado apenas el pasado 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia anunció que en el 2024 “la mayoría de los trámites del gobierno federal se harán por la vía digital”; sin embargo, esa misma dependencia acaba de suspender el uso del 75% de sus computadoras y todos los empleados han regresado a la edad de piedra de las oficinas: los archivos de papel, carpetas y archiveros. Y eso que la Secretaría señaló que las labores de personal directo con los empresarios generaba espacios de corrupción y que por la vía digital eso iba a disminuir.

Lo anterior indica que la función del gobierno federal sólo fue la de firmar el mismo Tratado con reformas exigidas por los EE UU de Donald Trump para que hubiera desde ahora mayores beneficios para los estadunidenses. Por la austeridad posneoliberal, otro compromiso del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía tampoco se va a cumplir: la creación de “suficientes Centros de Innovación” para “asegurar que las empresas tengan acceso a la innovación y el desarrollo tecnológico”.

Sin recursos, en un proceso de achicamiento imparable y sin planes subsectoriales, el nuevo Tratado exaltado en Washington carecerá de recursos, planes educativos y apoyos a los empresarios. El programa de la SE reitera la incumplible meta de 4% de PIB promedio anual 2019-2024 por el hoyo recesivo de -10% a -12% de 2020, pero lo más grave fue el compromiso de incrementar el contenido nacional en los sectores estratégicos, que bajó de 58% en 1993 a 27% sin petróleo por falta de apoyos a las cadenas productivas mexicanas.

En la cena con empresarios entre los dos presidentes, los mexicanos representaban a sectores aliados al presidente López Obrador y no a los sectores dinámicos del comercio exterior. Estuvieron en la Casa Blanca los dueños de las principales armadoras de vehículos que Trump está obligándolas a salir de México y regresar a los EE UU, pero nadie de las empresas de cadenas productivas mexicanas del sector automotriz. Eso sí, en primera fila, los dueños de las dos cadenas de televisión ajenos a los sectores del Tratado, el mismo Carlos Slim salinista y ahora lopezobradorista y figuras empresariales del sector de emprendedores, cualquier cosa que ello signifique.

Con un enclenque apoyo gubernamental en los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, el Tratado apenas pudo lograr un crecimiento anual promedio de PIB de 2% de 1993 a 2018. Y para significar esa carenciade apoyo, del 2001 al 2018 cerraron sus actividades casi 2,500 empresas exportadoras y las partes mexicanas en los productos de exportación en el mismo periodo bajaron de 45% a 37%.

La reforma en 2018-2020 al Tratado de 1993 se hizo para ampliar los beneficios estadunidenses del intercambio empresarial, sin que México metiera las manos para proteger a la planta nacional. La ratificación mexicana del Tratado 2.0 en Washington, por si fuera poco, se dio desde el enfoque posneoliberal de la 4-T, sin un programa de desarrollo industrial, sin una estrategia dinámica de apoyo al sector exportador mexicano y sin un modelo de competitividad que es el eje del comercio exterior en los mercados internacionales supercompetitivos.

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Política para dummies: La política pone la direccional para dar vuelta a la izquierda, pero para dar vuelta a la derecha.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El País rediezcubre México; se deslinda de Peña-PRI y va contra AMLO

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Carlos Ramírez

En un salto estratégico del trapecio mediático sin red protectora, el periódico español El País regresa a México después de su fracaso con un socio del grupo político de Enrique Peña Nieto. Y ahora lo hace para confrontar al presidente López Obrador, quien lo ha exhibido en sus conferencias matutinas como un diario con intereses de grupos de poder económico-empresarial.

La nueva etapa de El País en México es más modesta porque se trata sólo de una sección digital en su página web general, junto a la que dedica a América, EE UU y Brasil. No se trata, tampoco, de una novedad: para irrumpir en el debate ha contratado a articulistas mexicanos críticos que ya cuentan con su propio espacio, por lo que no abre ningún nuevo canal y suele ser repetitivo.

En su época anterior, El País tuvo como socio a Roberto Alcántara, uno de los hombres ricos de México y empresario del autotransporte, vinculado al grupo de Peña Nieto en el Estado de México y otros socios menores que recibían contratos del gobierno de Peña sólo por su relación con el presidente de la república. En esos años, El País fue complaciente con el sistema priísta.

El sitio El Español ha revelado los intentos de la Moncloa de tomar el control del periódico en Madrid, aunque en los análisis mexicanos siempre han visto a El País como un vocero de los gobiernos socialistas. El actual presidente de El País es socio de Santander, de Ana Botín, un banco que tiene enormes intereses en México; la propia Botín ya se reunió con López Obrador, pero no pasa semana sin que el presidente mexicano lance algunos dardos envenenados a El País por textos y articulistas. En este sentido, En Palacio Nacional de México se cree que El País está defendiendo intereses de inversionistas españoles hoy repudiados por López Obrador.

El espacio de El País a México no tiene que ver con la comunidad mexicana en España, calculada en casi 50 mil personas entre residentes y descendientes. Por tanto, la política editorial de El País quiere influir en el rumbo político de México, aunque su edición impresa ya cerrada se regalaba en restaurantes y hoteles porque no se vendía y ahora sólo circulan en redes los artículos más críticos.

Ante el deterioro de la prensa mexicana hasta finales del reinado priísta en el 2000, los medios extranjeros comenzaron a descubrir México. Hoy en día hay ediciones en español para México en The New York Times y The Washington Post, pero en el mismo estilo que El País: una redacción con pocos reportes interesantes y sólo contratación de críticos que ya tienen sus espacios locales. Es decir, ya no existe valor agregado. Vía redes y sin respetar derechos de autor, en México circulan las ediciones íntegras de The Economist, The Financial Times, Le Monde, El País y El Mundo, entre otros.

La prensa mexicana Salió del espacio de dominación del PRI después de la crisis política por el movimiento estudiantil del 68 y tuvo cuando menos veinte años de conquista de libertad de crítica. El ciclo neoliberal iniciado en 1982 desdeñó a la prensa. Sin embargo, la prensa mexicana tiene el gravísimo problema del financiamiento de sus ediciones: el principal anunciante es el gobierno y la empresa privada está sometida a los dominios autoritarios del presidencialismo; en 1972 los empresarios boicotearon al periódico Excelsior en su mejor época. Hasta la fecha, los empresarios privados nacionales y extranjeros están sometidos a los hilos autoritarios del Estado y del presidencialismo.

Hasta hoy tres periódicos españoles replican en la prensa mexicana: El País con sus propios espacios, El Mundocon ocho páginas diarias asociado al periódico Milenio de empresarios regiomontanos y una edición impresa de La Razón vinculada a la versión autónoma de Las Razón de México. En redes, sólo los textos críticos de El Paístienen circulación, aunque sin reflejar en realidad algún factor de presión real.

El problema radica en que la sociedad mexicana no es muy dada a asumir el papel político de la prensa como un factor de equilibrio. Los medios extranjeros que incursionan en México tienen la expectativa equivocada de que pueden meterse en el debate por la crítica, pero resulta que en México no existe en realidad debate político en la sociedad. La oposición, precaria en su dimensión y en su impacto político, desdeña a la prensa y se queda en sus espacios reducidos del rumor y la insidia.

Con una sociedad desarticulada, sin partidos de oposición fuertes y con una prensa debatiendo sólo con el poder, el escenario mediático mexicano ha perdido sus referentes. Se requiere de una prensa que eduque, que concientice y que le dé al lector herramientas para interpretar su entorno y sus expectativas. Pero todos quieren criticar y debatir de manera directa con el presidente de la república, sin entender que sus destinatarios deben ser los grupos sociales oscurecidos por las redes, el escándalo y la polarización.

Sigue vigente el criterio del Decreto para la Libertad de Imprenta del 10 de noviembre de 1810 emitido por las Cortes de Cádiz con un planteamiento original: “la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de Ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.

La transición mexicana a la democracia no tuvo su transición de prensa. Y no la tendrá mientras no haya una sociedad que busque ideas, ni una oposición inteligente, ni un empresariado que financie la crítica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-Trump: no computadoras en Secretaria de Economía, metáfora TCL

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Carlos Ramírez*

Firmado y ratificado por los congresos legislativos de los dos países, el Tratado de Comercio Libre 2.0, con una lista muy estricta de exigencias estadunidenses y sin un nuevo modelo de desarrollo mexicano, el presidente López Obrador se reunirá con el presidente Donald Trump para agradecerle su apoyo en la revalidación del acuerdo comercial.

Sin embargo, la diplomacia no logrará ocultar el trasfondo de los efectos sociales y políticos del Tratado en el sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional mexicano. Las reformas comerciales impulsadas por Trump van a obligar al Estado mexicano a salirse del control y la conducción de las relaciones sociales, van a darle a los empresarios mayores libertades productivas que lo alejarán del autoritarismo del Estado y acotarán las funciones reforzadas el presidencialismo mexicano.

Dentro del TCL 2.0 no deben caer las recientes decisiones mexicanas de desplazar a inversionistas extranjeros para recuperar la participación del Estado en la economía productiva, sobre todo en el sector energético. Tampoco el nuevo TCL considera seguir arrastrando el viejo modelo sindical de control político de los trabajadores y los objetivos de los líderes sindicales de tener sus cuotas legislativas de poder. Y la parte más compleja deberá ser la desregulación de la economía para disminuir las restricciones del Estado, lo que tendría que llevar a una mayor autonomía relativa económica, productiva y sobre todo política de los empresarios.

Los gobiernos de Bush Sr., Clinton, Bush Jr. y Obama fueron muy tolerantes con la participación de México en el Tratado en función de su sistema/régimen/Estado de tipo priísta, es decir, de control presidencial de la economía estatizada. El primer aviso de Trump llegó por la vía del embajador estadunidense Christopher Landau y su quejade que no se pueden cambiar las reglas económicas vigentes. El embajador no lo dijo, pero en sus palabras quedó el mensaje cifrado: el Estado mexicano no puede regresar a la economía productiva,

El problema del modelo lopezobradorista de regreso del Estado al protagonismo económico no es el estatismo en sí o el discurso ideológico antineoliberal, sino que lo malo se localiza en el hecho de que el Estado mexicano carece del dinamismo, de capacidad tecnológica y de dinero para desplazar a grupos privados. Lo que vio el embajador Landau es que el Estado es parte de la producción y juez de las regulaciones.

Si el Estado mexicano quiere regresar a su papel dominante en la economía productiva, tendría que jugar sin ventajas. Sobre todo, necesitaría enormes cantidades de dinero para desarrollar tecnologías, capacitaciones e investigación científica para la competencia en innovaciones con las empresas privadas. Las empresas publicas se hundieron en la escasa competitividad porque su ineficacia fue tapada con subsidios y, al final, ni dieron fondos al Estado y si succionaron presupuesto.

El Tratado salinista desarticuló las alianzas sociales del Estado y la liberación de fuerzas llevó a la derrota del PRI en el 2000. Peña recuperó la presidencia para el PRI con un programa de modernización sectorial que perdió el rumbo y no quiso deshacerse de lo viejo. Ahora el modelo posneoliberal lopezobradorista quiere reconsolidaral Estado regresándolo a algunas áreas productivas que requieren de más fondos de los que tiene todo el presupuesto federal. Ahí naufragará el modelo posneoliberal: carece de financiamiento para el regreso del Estado a la economía productiva, de fuerza competitiva en tecnología y ciencia y sus viejas clases sociales –campesinos, obreros, clases profesionales, grupos populares– no saben a dónde dirigirse.

El mensaje contradictorio sobre el desafío del TCL 2.0 y la incapacidad del Estado para competir con el sector privado en la producción ocurrió en la Secretaría de Economía, la dependencia encargada del modelo de desarrollo, de la planta industrial y de la competitividad: por decisión de austeridad se le quitaron computadoras al 75% de los empleados y ahora tendrán que trabajar con lápiz y papel, mientras las empresas privadas han invertido capital en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico.

La imagen de Economía será la del Tratado 2.0: el regreso a la edad de piedra de la economía con lápiz y papel.

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 Política para dummies: La política hoy es cibernética.

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