Por Jaime García Medina*
Muchos se preguntan qué ocurre ahora que los gobernadores no se la piensan para desafiar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Es cierto que eso no se lo hubieran hecho a Carlos Salinas de Gortari o a Felipe Calderón, pero los gobernadores de la Alianza Federalista asumen que en la 4T no habrá golpes burdos del centro hacia los estados, por más desafíos que ellos realicen.
Nada más que hacen mal. Ninguna persona con poder está exenta de usar fuerza legal e ilegal contra sus adversarios. Menos Andrés Manuel, quien ya demostró que tiene memoria y como una prueba de ello más, está la “boda maldita” como ha sido conocida la fiesta de la hija de Collado. De esa reunión festiva, muchos de los invitados están procesados penalmente, unos más abandonaron sus cargos y otros están perseguidos. Todos eran parte de lo que Obrador ha llamado la mafia del poder.
Ayer el presidente dijo que de plano no atenderá a los gobernadores contestatarios, porque no permitirá que manipulen, dijo la investidura presidencial.
Sin embargo, este pleito está más que evaluado desde Palacio Nacional. De hecho en el primer aniversario de su ejercicio de gobierno, el primero de diciembre de 2019, el mandatario pidió un año más, y nada más, a sus adversarios los gobernadores, para concluir su tarea legislativa para amarrar los cambios que promovió.
Se ha llegado esa fecha y ahora sí, López Obrador desafía a gobernadores. Ya los amenazó con dar informes de lo que ocurre en sus estados; la DEA ya investiga a unos mandatarios; a otros los supervisa la UIF, y a unos más los va checando el Ejército.
De que se las va a cobrar, lo va a hacer. Lo que no sabemos es el orden en el que los atacará, Pero poco a poco, con presupuestos menores, sin incluirlos en el programa de las grandes obras, los va acabando.
Enrique Alfaro deberá entregar todo si quiere paz. Solo así evitará el combate.
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