Por Amaury Sánchez G.
La política mexicana no es un teatro con telón: es un entierro diario con aplausos disimulados. Hoy el féretro no llevaba todavía la etiqueta del duelo; llevaba una carta. Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República y el Senado la aprobó con 74 votos a favor y 22 en contra. Fue un trámite que, por su rapidez y por la manera en que circuló la versión oficial , «aceptó una propuesta para ser embajador en un país amigo», huele más a mudanza de figurinista que a salida por honor.
Que Gertz dejara el cargo tres años antes de vencer su periodo y su encargo iba hasta enero de 2028, no es un detalle burocrático: es la confesión tácita de que algo se rompió entre la figura del fiscal y la órbita política que lo sostenía. Fue el primer fiscal resultado de la reforma de 2014, aquel intento de blindar la procuración de justicia en una oficina autónoma; llegó como símbolo y se va como objeto de discusión: ¿renuncia legítima, desalojo negociado o salvavidas diplomático?
No es lo mismo salir por desgaste que salir para ser colocado en una embajada. La propuesta, según la carta que presentó, sería para ser embajador en «un país amigo»; medios apuntan específicamente a Alemania en las versiones difundidas esta tarde. La práctica de convertir salidas incómodas en destinos diplomáticos no es nueva: históricamente se ha usado para retirar figuras sin generar enfrentamientos frontales, para transformar un problema interno en un asunto de protocolo exterior. Pero cuando el traslado llega envuelto en sospechas y acusaciones pasadas, filtraciones, tensiones con el ejecutivo, deja la impresión de que la embajada funciona como transición para evitar cuentas pendientes.
¿De qué cuentas pendientes hablamos? El expediente público de Gertz contiene episodios que ya son señas de identidad: confrontaciones con académicos, pleitos familiares que trascendieron el ámbito privado, denuncias por persecución selectiva y una gestión marcada por momentos de eficiencia y otros de estancamiento mediático en casos emblemáticos. No es aquí el lugar para enumerar cada capítulo, los lectores pueden consultar, si lo desean, los sumarios periodísticos, pero sí para subrayar que una fiscalía cuya autonomía fue celebrada en 2019 no puede terminar su ciclo deslizándose hacia una representación diplomática sin que la ciudadanía pregunte: ¿quién tiene la última palabra en la justicia mexicana?
La aprobación en el Senado ocurrió en lo que varios medios calificaron como “fast track”. Esa rapidez, ese «ya está hecho» plantea dos lecturas opuestas: la de quienes celebran una salida ordenada y la de quienes ven la instrumentación de una maniobra para evitar debates profundos y rendición de cuentas. En el terreno jurídico-institucional, la consecuencia es inmediata: se activa el proceso para nombrar a un nuevo fiscal y la presidenta de la República debe presentar una terna. En el terreno político, lo que queda es la sospecha de que la renovación será, más que un intento de fortalecer la procuración de justicia, un ajuste de piezas entre quienes mandan.
¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Imaginemos que la Fiscalía es un gran edificio donde se guardan las llaves de la confianza pública. Si las puertas se cambian de cerradura de prisa y se le da la llave al que manda en el momento, la sensación es de control, no de independencia. La justicia se percibe entonces como un servicio sujeto a cambios de gobierno y no como una institución que protege igual a todos. Eso erosiona la confianza: en seguridad, en investigación de delitos, en que los poderosos no queden impunes. Y confianza es la moneda con la que se paga la estabilidad social.
Los defensores del movimiento dirán que Gertz cumplió una etapa, que su renuncia fue voluntaria y que la designación de un embajador es práctica diplomática legítima. Los críticos dirán que se trató de una salida pactada para evitar fricciones y, quizás, investigaciones incómodas. Entre ambas posturas se abre un vacío que el nuevo fiscal —sea quien sea tendrá que enfrentar: demostrar que la FGR no es anexo político sino ente autónomo con capacidad técnica y valentía institucional. Esa tarea no admite prisa; exige transparencia, reglas claras para la selección y, sobre todo, voluntad política real para permitir la independencia.
Si lo que hoy celebra una parte del poder es la mudanza de una figura polémica a una legación europea, el riesgo es evidente: que la embajada sea un mecanismo para cerrar historias, no para explicarlas. Y si la oposición denuncia simulación y el oficialismo habla de causa grave, la ciudadanía tiene derecho a una explicación más contundente que la del trámite parlamentario. Porque la política, como los buenos relatos, no admite finales apresurados: exige sentido, consecuencias y, sobre todo, verdad.
Conclusión: la renuncia de Gertz Manero no es sólo la salida de un hombre de 86 años con historia y demonios; es un espejo donde la República se mira y pregunta si sus instituciones se renuevan o se reacomodan. Si la respuesta no es clara, la sospecha, esa vieja sombra de nuestro sistema político, seguirá creyendo que los cargos se intercambian como piezas en un tablero en el que la justicia rara vez mueve ficha por su cuenta.
Y mientras eso siga siendo cierto, la ciudadanía seguirá pagando la factura de la desconfianza.
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