
Por Laura Gutiérrez Franco
La contaminación visual en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha pasado de ser una queja estética a una crisis de protección civil. Lo que antes eran postales del “Cielo de Jalisco”, hoy son imágenes fracturadas por telarañas de cables negros, muchos de ellos “muertos” u obsoletos. La ciudad está amarrada, y aunque la ley existe, las empresas han encontrado en los amparos su mejor tijera para cortar la justicia.
Entre 2022 y 2023, el Congreso de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara impulsaron reformas históricas al Código Urbano y a los Reglamentos de Imagen Urbana. Estas normas no son sugerencias: *obligan* a las empresas a retirar el cableado en desuso y a contar con una póliza de seguro contra daños a terceros.
Las sanciones no son menores. En Guadalajara, las empresas que ignoren el retiro de cables obsoletos o no migren al sistema subterráneo en zonas habilitadas pueden enfrentar multas de casi 500 mil pesos Sin embargo, la aplicación ha sido lenta y selectiva, centrada más en operativos voluntarios que en sanciones contundentes.
Durante mucho tiempo, gigantes como Telmex o la CFE, junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se escudaron en la “jurisdicción federal” para ignorar a los municipios. Argumentaban que un ayuntamiento no tenía facultades para regularlos.
Pero hay un precedente clave: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya desechó controversias constitucionales al respecto, validando que los municipios sí tienen la facultad de regular su imagen urbana y exigir el ordenamiento del cableado. Ya no hay vacío legal; lo que hay es falta de ejecución.
A cuentagotas
Aunque en municipios como Tlaquepaque y Tonalá el problema parece invisible para la autoridad, en Guadalajara se han implementado los llamados “Martes Comunitarios”. Bajo la actual administración de Vero Delgadillo, se reporta el retiro de más de 51 mil metros de cable en desuso en lo que va del año. Es un avance, pero comparado con los kilómetros de telarañas que cubren toda la metrópoli, parece apenas una gota en el océano.
Reforma federal
Es urgente que los legisladores, tanto locales como federales, dejen de tratar este tema como un “ejercicio de corresponsabilidad” voluntario. Mientras las empresas sigan viendo las multas como un costo de operación menor o sigan dilatando los plazos hasta el 2028 (como se ha intentado en otras mesas legislativas), los ciudadanos seguirán viviendo en una ciudad enmarañada.
No se trata solo de que los enamorados no puedan fotografiar la luna; se trata de evitar muertes por cables sueltos —como ya ha ocurrido con motociclistas y ciclistas en la ciudad— y de recuperar el derecho a un paisaje urbano digno. Es hora de que las leyes se apliquen con la misma fuerza con la que los cables ahorcan nuestras calles,
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