Por Laura Gutiérrez Franco
La muerte de recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Durango, ocurridas entre el 15 y el 19 de septiembre de 2026, no es un evento aislado ni un accidente menor. Es la manifestación más cruda y dolorosa de un sistema de salud pública colapsado por la negligencia, la falta de insumos y el descuido institucional.
Mientras el discurso oficial insistió durante años en que México alcanzaría o superaría los estándares de atención de Dinamarca, la realidad en los hospitales del país contesta con tragedias cotidianas y el reclamo desesperado de padres que exigen respuestas ante el hermetismo y la falta de protocolos elementales.
Las familias afectadas rompieron el silencio para señalar de manera categórica que los directivos del hospital ocultaron información durante días sobre el verdadero estado de salud de sus hijos y sobre la presencia de bacterias en la zona de cuidados intensivos.
Los padres exigen una investigación penal inmediata y transparente que no quede en meras revisiones administrativas ni en el cierre temporal del área, sino que se castigue con cárcel a los responsables por homicidio culposo o negligencia médica. “Nos entregaron a nuestros bebés en ataúdes sin darnos una explicación clara; exigimos justicia porque no fue un virus de paso, fue una falta absoluta de higiene y atención en el lugar donde debían salvarles la vida”, denunciaron los familiares en las instalaciones del nosocomio.
La crisis del sector salud no se limita a las fallas de higiene o infraestructura en las áreas operativas. La escasez de medicamentos sigue siendo una constante que afecta no solo los tratamientos especializados para pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas, sino el suministro básico en clínicas de primer contacto. La narrativa gubernamental que afirma un abasto casi total choca de frente con las admisiones de las propias autoridades locales, como ocurre en Veracruz, donde la propia gobernadora Rocío Nahle admitió abiertamente que en diversas regiones el abasto real apenas alcanza un preocupante 60 por ciento.
Puntos centrales del deterioro en la atención médica pública:
Tragedias en áreas críticas
Los brotes infecciosos por bacterias en áreas como la UCIN del Hospital General No. 1 de Durango evidencian deficiencias graves en los controles de calidad, mantenimiento y supervisión dentro del IMSS, cobrando la vida de cinco bebés recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre.
Clamor de las familias y exigencia de justicia
Los padres de las víctimas señalan la opacidad de los directivos del IMSS y exigen la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar responsabilidades penales contra las autoridades del hospital, rechazando que el caso quede impune bajo excusas burocráticas.
Brecha entre el discurso y el abasto real
A pesar de las promesas de regularización en la distribución de fármacos, la escasez de medicinas e insumos básicos persiste en las farmacias del sector público. El testimonio de funcionarios en estados como Veracruz confirma que el desabasto es real y alcanza hasta un 40 por ciento en varias zonas, obligando a las familias a costear sus propios tratamientos o interrumpir sus terapias.
Opacidad frente a los familiares
La constante respuesta de las autoridades del IMSS ante las crisis hospitalarias en Durango ha sido la contención informativa, el cierre de áreas y el aislamiento de los afectados, en lugar de una rendición de cuentas inmediata, humana y transparente hacia las familias golpeadas por estas omisiones.
Incumplimiento de las metas de atención
La comparación constante con sistemas de salud de primer mundo contrasta de forma grotesca con la incapacidad operativa para garantizar condiciones mínimas de higiene, insumos, medicamentos y personal suficiente en las clínicas del país.
La salud pública de una nación exige presupuesto real, gestión eficiente y empatía hacia los usuarios. Seguir justificando la precariedad hospitalaria con promesas incumplidas mientras las farmacias están desabastecidas y las familias enfrentan pérdidas irreparables refleja una administración insensible que ha fallado en la responsabilidad más elemental del Estado: proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos.
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