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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

AMLO, contagiado

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Gabriel Torres Espinoza

El día de ayer, el presidente de México anunció en su cuenta oficial de Twitter: “Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico.”

No es el primer mandatario que enferma de coronavirus. Son ya 17 los Jefes de Estado y/o de Gobierno que se han contagiado. El primero de todos fue el Premier Ministro británico, Boris Johnson, quien, en marzo del año pasado, llegó incluso, a necesitar de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otros mandatarios que se han contagiado de SARS-CoV-2, han sido el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Donald Trump, presidente de los EE. UU.; y Emmanuel Macron, el presidente galo. De los 17 casos registrados a nivel global, únicamente el primer ministro de Suazilandia, Ambrose Dlamini, falleció a causa del coronavirus.

Mensajes de aliento deseando una pronta recuperación al Jefe de Estado devinieron tanto de actores políticos y líderes de oposición, como de aquellos afines a la 4T. No obstante, el característico discurso hostil, de odio, que encarna el mal humor social entre los mexicanos, se hizo presente también entre alguna parte de la sociedad. Pudo advertirse cómo un buen número de cuentas en Twitter celebraban esta terrible noticia, llegando a desear consecuencias funestas e irreparables para el mandatario mexicano. Todo esto motivó a que este medio social, a través de su cuenta ‘Twitter Seguro’, hiciera una publicación sobre el “comportamiento abusivo” en el que, grosso modo, señalaba “no toleramos contenido que promueva, incite o exprese el deseo o esperanza de que una persona o grupo de personas se mueran, sufran daños físicos graves o se vean afectados por enfermedades severas.”

De forma que la censura o suspensión de cuentas parece será la medida de control a la que estarán sujetos una infinidad de cuentas. Twitter lo hizo, de manera atinada, con el presidente del país más poderoso del Mundo, Donald Trump, cuando incitaba al ‘discurso de odio’, profería un sinfín de fake news e incitaba a la insurrección. En esta ocasión no debe ser la excepción.

El Institut de Drets Humans de Catalunya, sobre el ‘discurso de odio’, observa que “No existe una única definición aceptada; y es que expresiones y manifestaciones que incitan al odio y la intolerancia pueden ser difíciles de identificar (…) El discurso del odio a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta y está limitada cuando colisiona con otros derechos”. Lo que parece ser un hecho es que, la teorización referente a este concepto, ubica al mensaje de odio que es azuzado desde el poder, y que regularmente se basa en algún tipo de supremacismo, frente a minorías específicas de una sociedad. No obstante, todo esto motiva a reflexionar en la necesidad de crear y sancionar un discurso equiparable que surge desde el seno de la sociedad. Ambos son igualmente peligrosos para una democracia.

A las 21 horas ya se colocó un hashtag a nivel nacional: #NoLeCreo que negaba el contagio del presidente. De forma que otro fenómeno de la era digital se hizo presente: la posverdad: “toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”.

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Gabriel Torres Espinoza

Biden: la derrota de la estridencia

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Gabriel Torres Espinoza*

Con independencia de lo inusual que fue la Ceremonia de Investidura del Presidente 46º de EE.UU., Joe Biden, destaca que su discurso inaugural y primeras acciones fueron cargadas de simbolismos y significados que resultan tanto alentadores como orientadores.

Biden hizo especial énfasis en la “unidad” de los norteamericanos, y señaló: “Tenemos que terminar con esta guerra civil que contrapone a republicanos y demócratas, a conservadores contra liberales”. Frente a los sectarismos políticos azuzados desde el poder; la respuesta es la conciliación entre la divergencia. Para el clima de polarización y crispación social; palabras que llaman a la unidad, sin dejar de reconocer la pluralidad en ella. Se trata de un importantísimo mensaje de mesura, desde el epicentro de la democracia norteamericana, ante los extremismos políticos-ideológicos, que ganaron adeptos en todo el Mundo, por la insurgencia de liderazgos que llegaron por medios democráticos al poder, pero que a la postre se convirtieron en los principales disidentes de ella.

En cuanto a la pandemia, fueron evidentes los contrastes. La constante de Trump fue la minimización del virus, para darle la ‘espalda’ al consejo de los científicos; el desprecio por la evidencia científica, se retrataba ‘de cuerpo entero’ en su desdén por el uso del cubrebocas; sin contar la trágica frivolidad, que fue indemne ante la tragedia que evidenciaban los indicadores que situaban a EE. UU. como el país con el mayor número de víctimas en el planeta -tanto de infectados como de muertos-.

Por el contrario, en su mensaje inaugural, Biden, con palabras de solidaridad ofreció un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Recientemente anunció un Plan de Rescate a la economía estadounidense, reconociendo una doble crisis derivada de la pandemia: la sanitaria y la económica. Ante “el fracaso estrepitoso” en el programa de vacunación de Trump, se ha planteado un reto titánico, pero viable con voluntad política: vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Por otro lado, él y su equipo usan siempre el cubrebocas, y exhorta reiteradamente a la población utilizarlo. Además, EU se reincorporará a la OMS. De forma que se restablece el diálogo con los científicos y la autoridad de la ciencia.

El Presidente, ‘mato dos pájaros con un solo tiro’, en estas decisiones cargadas de significados 1) revalidó la importancia en la integración y la cooperación internacional, y 2) refrendó su compromiso de combate al calentamiento climático, con el regreso al Acuerdo de París.

La ‘respuesta’ de Biden ante el ‘supremacismo’ racial y la misoginia, fue la alineación del gabinete más plural -en términos étnicos y de género- en la historia de EE. UU. y su decisión de incluir, a Kamala Harris, como su compañera de fórmula. La xenofobia, fomentada por su predecesor, ha sido puesta en ‘jaque mate’ con el anuncio de una reforma migratoria “radical” que otorgará la ciudadanía a migrantes indocumentados y crecerá el número de refugiados. Finalmente, en su primer mensaje, destacó el llamado a la defensa de la verdad en la vida pública, de cara a las “mentiras que se dicen para conseguir poder”. Otro duro revés para las fake news, y nuevos bríos para la libertad de prensa.

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Gabriel Torres Espinoza

¿A dónde irá el voto de castigo?

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Gabriel Torres Espinoza

El voto es un acto cargado de significados culturales, que refleja en su distribución costumbres, hábitos, preferencias, filias y (aquí lo importante) ¡fobias políticas!. Al sufragar se pueden expresar las lealtades político-electorales, clientelares, deseos e incluso expectativas. También se mezclan miedos y, en no pocas ocasiones, el mal humor social, mediante carga negativa. El sufragio es la expresión jurídica de la voluntad popular, mediante la cual el elector acude a buscar solución a sus problemas, a sus urgencias y da salida a sus emociones mediante filias o fobias.

En las elecciones cada vez está más presente el denominado ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’. Se constituye por esos ciudadanos que acuden a la cita con la urna, bajo la premisa de expresar rechazo, oposición, censura o malestar. Ocurre generalmente contra el partido que se encuentra en el gobierno, como consecuencia del desgaste por largos periodos de tiempo en el poder, o por el cúmulo de errores cometidos. Se trata de ese voto que lo mueve el hartazgo, el descontento, la inconformidad, el malestar e incluso la irritación social. Es parecido a un voto duro, pero a la inversa. Se trata de un porcentaje de electores que tienen muy claro por quién NO desean votar, debido a la percepción que, fundado o infundado, los votantes advierten del gobierno y sus resultados. Es ese sentimiento negativo, muy asociado a acciones y decisiones de gobierno. Se trata del voto derivado de la antipatía. Es, básicamente, un voto “en contra”.

De forma que resulta importante considerar que, la elección intermedia de 2021, será una ‘elección plebiscitaria’, tanto para el gobierno de López Obrador como para el de Alfaro. Parte del sufragio de esta siguiente elección será motivado por un ‘efecto arrastre’ de ambos gobiernos, toda vez que la aprobación de estos dos mandatarios supera el 40%. De acuerdo con Mitofsky, en diciembre de 2020, Alfaro marcaba una aprobación del 49.7%; mientras que en diciembre de 2020, según Mitofsky, López Obrador registra una aprobación en Jalisco del 43.2%. Considerando lo anterior, conviene destacar que el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’ -indisociable en una elección intermedia- resulta ineludible o inevitable para aquellos que son gobierno: federal (Morena) y estatal (MC).

René Delgado señala que “los comicios electorales no sólo son oportunidades para elegir políticas, sino oportunidad, también, para castigar agravios” (René Delgado: ¿Democracia sin demócratas?).

De forma que la pregunta del millón es, ¿quién conseguirá el ‘voto de castigo’ o ‘voto opositor’?. De acuerdo con Reforma (diciembre de 2020), el segundo partido con mayor rechazo a nivel nacional, para la elección de diputados federales, es MORENA (16%), después del PRI (40%). En Jalisco este porcentaje podría ser mucho mayor para MC, que ha acumulado su propia carga negativa. Así que habrá un porcentaje -nada desdeñable- de electores inconformes que votarán en protesta, a favor de otro partido contendiente, que sea capaz de atender esa inconformidad. ¿Morena será capaz de captar el voto anti MC en Jalisco? ¿MC, podrá ser opción para los que rechazan a Morena? ¿Qué partidos podrán articular un discurso y propuesta, para estos electores inconformes?

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