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Frente a una población mundial superior a 7.7 mil millones de personas, el saldo hasta ahora de afectados por el coronavirus es poco: 5.5 millones de infectados y 350 mil muertos…, y contando, más se han perdido en las guerras de devastación. La economía mundial podría quedar en -2.5% y la iberoamericana se hundiría a -6%… o más.

Poco antes del virus se había generado en el planeta un cargo de conciencia por la destrucción del medio ambiente. Hace poco se había lanzado la advertencia de que íbamos a la catástrofe como raza y algunos sacaron la bandera del un nuevo acuerdo verde mundial —global green new deal— que sonaba bonito, audaz, con cargos de conciencia.

Había que modificar patrones de producción, uso de energías limpias, modelos de consumo, esquemas más justos de distribución de la riqueza, una toma de conciencia de la realidad desde un nuevo enfoque educativo; sí, claro, por qué no. El planeta es de todos, hay que cuidarlo, se tienen que hacer sacrificios.

La pandemia nos enfrentó a la realidad: el primer paso se dio: encerrarse en casa, abjurar del confort que ha ido destruyendo el planeta, comenzar a cambiar la conciencia ecológica, sí, todos cooperaremos, encerrados para leer. Y vino el encierro. Y en México ocurrió lo impensable: primero la negación, luego salir a la calles a como dé lugar a enfrentar la adversidad, el sentido mexicano que se juega la vida en un volado –moneda al aire, a cara o cruz, o, más bien, a águila o sol, águila guerrera o pirámide del sol, las doscaras de las monedas mexicanas de mediados del siglo pasado– y terminar con el grito pidiendo la última cerveza del estadio porque por ley se prohibió la venta de bebidas alcohólicas como previsión a la violencia intrafamiliar por el confinamiento. La suerte en una moneda que dice Ricardo López Méndez en su poema México, creo en ti:

México, creo en ti,

Porque escribes tu nombre con la X

Que algo tiene de cruz y de calvario:

Porque el águila brava de tu escudo

Se divierte jugando a los volados:

Con la vida y, a veces, con la muerte.

Ahora se trata de salir de la prisión oficial, de las ciudades-cárcel, del confinamiento obligatorio para vérselas con uno mismo, del conocimiento de la soledad, lejos de aquel verso de Lope de Vega de que “para andar conmigo me bastan mis pensamientos”, no, la verdad es que necesitamos el bar, la cantina, la playa donde ir a embriagarse, a recuperar el equilibrio del cuerpo al que le hace falta el vaso de licor que encontrar el punto medio en medio de la rotación de la Tierra.

Y de nueva cuenta el planeta comienza a ser ocupado, a ser destruido, sin ningún prurito de arrepentimiento, lo estamos viendo en las playas atiborradas de gente, espacios de arena vuelta a aplanar por la inconciencia de la aglomeración. De regreso a usar los combustibles que sean, fósiles o nuevo, al fin y al cabo que lo que necesitamos es movernos en manada sin sentido de la conservación.

No hay maldiciones divinas, pero el planeta como organismo vivo siempre ha mandado mensajes a los habitantes. Cuando el mundo ha avanzado no sólo en el control de plagas, sino en la construcción de amas químicas, el planeta encuentra formas de advertir que las cosas no andan bien. Nadie quiere hoy saber qué ocurrió o qué puede volver a ocurrir, sino que desea romper el confinamiento y preparar formas de control de enfermedades que no vuelvan a encerrar a las personas en sus cuevas primitivas con aire acondicionado, redes sociales y conexiones infinitas de cadenas de televisión y cientos de libros que nadie quiso realmente leer.

El ser humano es un superviviente que no tiene conciencia de su buena suerte. Los que volvieron a salir corrieron el riesgo de un nuevo flujo de infecciones, pero, como decimos en México, lo bailado nadie se lo quita. Una cerveza en una terraza es como la última gota de agua en un desierto: la vida. Y ya con velocidad, lo que quedó atrás a nadie le importa. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas; lo que pasa en el planeta Tierra se queda en el planeta Tierra.

Y aquí estamos de regreso a nuestra normalidad, no “la” normalidad, de nuevo en la realidad que dejamos pendientes para ir a encerrarnos en nuestras casas mientras el virus de una décima de una milésima de milímetro pasaba de frente y no nos veía en su camino de destrucción. Y nuestra normalidad es el sometimiento del planeta a nuestras comodidades, a nuestras necesidades destructivas del equilibrio ecológico.

Costará trabajo retomar las banderas de la ecología, de los acuerdos verdes, de los cargos de conciencia tecnológica. El virus, señala la versión más manejada, aunque no necesariamente la real, no fue producto de la modernidad, sino, oh sorpresa, de las prácticas antiguas, de la forma de sobrevivencia en la muerte de animales para nuestra alimentación: el cruce de alguna forma entre un murciélago y un cerdo, como se alimentaban nuestros ancestros cuando no había siquiera fuego.

Y si se prueba que el virus salió de un laboratorio, entonces habrá que enlistar el coronavirus o COVID-19 como algo que bien podría ser el adelanto descontrolado de un arma de destrucción masiva para las guerras que vienen y que con la pandemia nos dieron una demostración de su capacidad dañina.

En fin, ya estamos de regreso a nuestra tarea de destruir el planeta. Bienvenidos de regreso a nuestra pesadilla.

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México: juicio penal o simbólico al neoliberalismo

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Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO y la memoria histórica: iniciar con Bartlett, Slim, Salinas Pliego y el PRI

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Carlos Ramírez*

Aunque le falta mucho para cumplir su compromiso desde 1988, la carta del presidente López Obrador al Senado para convocar a una consulta para investigar a cinco expresidentes de la república debería ser la base de una ley de la memoria histórica que fije el deslindamiento del ciclo neoliberal 1979-2018.

Pero a partir del contenido del documento que señala el inicio del ciclo neoliberal depredador y de alto costo social en el gobierno de Salinas de Gortari, entonces el gobierno de la 4-T podría comenzar antes que decida la Corte con la investigación penal de dos de los episodios más visibles del autoritarismo salinista: los fraudes electorales que entronizaron el neoliberalismo en el poder y sobre todo el de 1988 y la privatización de las empresas propiedad de la nación para construir un empresariado funcional a los intereses neoliberales del salinismo.

Ahí saltan los tres principales nombres de funcionarios o beneficiarios salinistas hoy incrustados en la 4-T lopezobradorista: Manuel Bartlett Díaz fue operador del fraude electoral de 1988 –además del de 1986 que ilustró hace días el propio presidente López Obrador– que permitió la construcción del salinismo y su proyecto económico autoritario; Carlos Slim Helú recibió por dedazo Teléfonos de México para iniciar la construcción de la plutocracia que sigue enquistada en la empresa y el poder y simboliza la riqueza ofensiva; y Ricardo Salinas Pliego recogió TV Azteca del presidente Salinas de Gortari y la pagó con dinero prestado por Raúl Salinas de Gortari, en un acto de tráfico abusivo de poder y de conflicto de intereses.

Si la carta para juzgar expresidentes se asume como principio de una ley de memoria histórica, entonces el gobierno actual tiene la obligación moral de deslindarse de los miembros de la élite del neoliberalismo que resultó beneficiaria por todos los expresidentes que quieren ser sometidos a juicio. De centrar el juicio sólo en los extitulares del ejecutivo federal, entonces sí podrían analizarse sus resultados como fracaso.

La obligación política y moral del presidente López Obrador con el deslindamiento de su proyecto respecto del pasado neoliberal 1979-2018 se sustenta en que su oferta de campaña y de gobierno fue una Cuarta Transformación de la vida pública, pero para ello necesita liquidar, de manera política y penal, con la 3.1 que fue la posrevolución en fase neoliberal.

En efecto, el neoliberalismo no ha sido nunca, ni aquí ni donde se ha aplicado, un modelo simple de política económica de mercado, sino que ha necesitado –y Chile con Milton Friedman y Arnold Harberger como asesores han sido el ejemplo de que se requirió de una dictadura militar represiva– del apoyo de gobiernos autoritarios en la orilla de la dictadura. El sistema político que avaló el neoliberalismo mexicano que depredo la economía y la sociedad fue posible por el PRI, por lo que se tendría que debatir si el PRI debiera ser proscrito como partido por su responsabilidad histórica en la dictadura neoliberal que empobreció al 75% de los mexicanos en actos conocidos y razonados ya como de “crímenes económicos”.

La puerta que abrió el presidente López Obrador con su consulta fue, aunque se critique, un acto de congruenciapersonal porque siempre dijo que así lo haría. Pero habría una obligación histórica para no dejarlo en mero acto de propaganda electoral para las elecciones legislativas del 2021, porque existe el riesgo de que ese neoliberalismo pueda regresar al poder por la vía electoral en 2024, después de una campaña de desprestigio personal contra el presidente López Obrador que ya está en marcha.

Mientras llega la respuesta positiva o negativa de la Corte a la consulta, el paso político debe ser una ley de la memoria histórica.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El fraude de 86 en Chihuahua contado por AMLO es la versión de Krauze

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Carlos Ramírez*

El “fraude patriótico” en las elecciones de gobernador en Chihuahua en 1986 que contó y desglosó el presidente López Obrador en una reciente conferencia matutina fue centralizado en la historia negra del sistema político priísta por Enrique Krauze en 1997 en su libro La presidencia imperial. Auge y caída del sistema político mexicano (1940-1996), hasta ahora la narrativa más completa del sistema-PRI.

En medio de la polémica por las revelaciones presidenciales sobre la publicidad gubernamental en las revistas Nexos y Letras Libres, el propio presidente rescató el papel de Krauze como historiador de la debacle del PRI. El fraude en Chihuahua, operado por Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y por la maestra Elba Esther Gordillo como lideresa del SNTE precipitó, fue, en efecto, el principio de la caída del PRI-sistema porque fue un elemento que impulsó la creación de la Corriente Democrática del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas a las que se sumaron Porfirio Muñoz Ledo y el propio López Obrador.

El fraude en Chihuahua en 1986 fue el hundimiento de la promesa aperturista del presidente Miguel de la Madrid e involucro la sucesión presidencial de 1988 que se resolvió en 1987: Bartlett operó el fraude para De la Madrid y su candidato Salinas de Gortari y prefiguró el fraude electoral también operado por Bartlett de 1988 contra la candidatura presidencial de Cárdenas y en ese año también contra la elección local de gobernador en Tabasco contra López Obrador, candidato cardenista del Frente Democrático Nacional.

Una crisis local poselectoral logró la construcción de un bloque crítico que hizo el milagro de la confluencia en un desplegado de intelectuales de todos los grupos para exigir la anulación de las elecciones. Pero Bartlett, a pesar de reconocer que había habido un fraude, se negó a aceptar anulación por el significado histórico de Chihuahua para el PRI.

En una cena con intelectuales firmantes, entre ellos, Krauze y Aguilar Camín, Bartlett explicó las razones noelectorales por las cuales el PRI no podía “soltar” la gubernatura de Chihuahua: el simbolismo de esa entidad en la historia priísta de la Revolución Mexicana y porque el triunfo del PAN “abría las puertas a tres enemigos históricos de México: la iglesia, los Estados Unidos y los empresarios”.

Krauze termina así la parte de Chihuahua:

“Bartlett –que en su juventud había sido un colaborador y ardiente partidario de Carlos Madrazo– escuchó los argumentos y no movió un ápice su posición. Al final de la cena sugirió que se había cometido un fraude, pero era un fraude patriótico. Cualquier disturbio, advirtió, se toparía con la fuerza pública”.

Presente en la conferencia presidencial donde López Obrador recordó hace días ese fraude chihuahuense, Bartlett guardó silencio. El final histórico fue diferente: el Salinas beneficiario del fraude patriótico en 1986 cedió como presidente de la república la gubernatura al PAN en 1992, año en que Bartlett esperaba que el PRI, vía la operación política del superasesor salinista Joseph-Marie Córdoba Montoya, lo hiciera gobernador de Puebla, como pago de lealtades.

En este sentido, en el análisis de Krauze, el “fraude patriótico” de Bartlett a favor del viejo PRI fue el detonadorde la ofensiva de Cárdenas en el PRI para exigir una elección interna del candidato presidencial, impulso la creación de la Corriente Democrática del PRI que fue aplastada por Salinas y Bartlett en la XIII asamblea nacional de 1987 y lanzó el ciclo salinista neoliberal en 1988.

El “fraude patriótico” de Bartlett a favor del PRI fue el principio de la debacle priísta que terminó en julio de 2018 con la victoria de López Obrador, pero con el dato sobresaliente de que el responsable de ese fraude –y otros simbólicos para el PRI– hoy es miembro del gabinete presidencial ampliado del presidente López Obrador.

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 Política para dummies: La memoria es el veneno de los políticos.

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