Por Violeta Moreno Haro
Hay instituciones que se explican desde sus leyes, organigramas y presupuestos. Otras sólo pueden comprenderse cuando se escucha a quienes han pasado buena parte de su vida dentro de ellas.
Álvaro Cervantes López es abogado desde 1995 y prácticamente toda su trayectoria profesional ha estado vinculada con la procuración de justicia. Ha sido agente del Ministerio Público, coordinador del área de delitos patrimoniales y actualmente se desempeña como coordinador de división en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
El pasado 12 de julio recibió en Ensenada, Baja California, un reconocimiento por su trayectoria en la impartición de justicia en Jalisco, otorgado en el marco de la conmemoración nacional del Día del Abogado por la INCDA.
El reconocimiento permite también hablar de algo que Cervantes plantea con claridad: una Fiscalía no se fortalece únicamente con nuevas estrategias de seguridad, tecnología o reformas administrativas. También necesita cuidar a las personas que la sostienen todos los días.
La procuración de justicia implica un enorme desgaste. Ministerios públicos, policías investigadores, peritos y personal administrativo trabajan durante años expuestos a violencia, víctimas, presión y jornadas difíciles. Por eso resulta indispensable hablar de estabilidad laboral, capacitación, especialización y salud mental.
Uno de los errores frecuentes en las instituciones públicas es mover permanentemente al personal sin tomar en cuenta la experiencia acumulada. Una persona capacitada durante años en determinada área no debería ser trasladada simplemente porque cambió un jefe o una estructura administrativa. El Estado invierte tiempo y recursos formando servidores públicos para después, muchas veces, desperdiciar ese conocimiento.
Cervantes señala además un problema menos visible: trabajadores que permanecen durante años con nombramientos temporales y sujetos a renovaciones periódicas. La incertidumbre laboral termina generando funcionarios preocupados por conservar el empleo cuando deberían poder concentrarse plenamente en procurar justicia.
Existe ahí una contradicción evidente: el propio gobierno que debe pugnar por los derechos laborales de los ciudadanos tendría que comenzar garantizando condiciones dignas para quienes trabajan dentro de sus instituciones.
También la capacitación debería ser una política institucional y no una recompensa discrecional determinada por cada jefe. Los mejores perfiles necesitan oportunidades para crecer, especializarse y permanecer donde su experiencia resulte útil.
Hay, además, una vieja equivocación en buena parte de la administración pública mexicana: algunos mandos prefieren rodearse de personas que consideran manejables antes que de quienes poseen mayor preparación o criterio.
Es exactamente al revés.
Un funcionario inteligente no debería temer a la gente brillante. Debería buscarla. Rodearse de buenos perfiles no disminuye a quien dirige: eleva a toda la institución y termina haciendo mejor también al jefe.
Cervantes habla desde el agradecimiento hacia la Fiscalía en la que ha desarrollado buena parte de su vida profesional. Reconoce que el actual fiscal conoce la institución y tiene experiencia, pero precisamente por ello considera importante vigilar también cómo trabajan los mandos y cómo tratan a su personal.
Una institución fuerte necesita estrategia, presupuesto y autoridad. Pero necesita algo todavía más elemental: personas preparadas que sepan que su experiencia tiene valor y que el Estado que les exige cuidar a los demás también está dispuesto a cuidarlas.
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