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1.- El apagón productivo como medida para interrumpir los contagios del coronavirus se hizo sin ningún sentido económico ni productivo; por ello, la reactivación solo prendiendo el switch no está resolviendo el gravísimo problema del empleo y de la producción.

La economía productiva es lo suficientemente gigantesca como para haber tenido un programa estratégico de desconexión, sobre todo por el problema de las cadenas productivas nacionales y extranjeras. La interrupción de actividades fue fácil, pero está siendo complicada en la reanudación de actividades aún con muchas restricciones sanitarias de seguridad para evitar un rebrote de la epidemia.

La economía mexicana enfrentó dos escenarios de cadenas productivas: el de la economía local y la derivada del Tratado de Comercio Libre. Y las dos están enfrentando problemas porque los funcionarios responsables de la economía se están encontrando con la sorpresa de que muchas empresas inmersas en cadenas productivas tuvieron que cerrar sus actividades por la epidemia sin contar con atención gubernamental y ahora no existen para reactivar la economía. Y el dilema es serio: o crear de manera urgente nuevas empresas con las dificultades de capital y trabajo o ceder el espacio a empresas extranjeras con mayor experiencia productiva.

Las autoridades del gobierno actual carecen de experiencia productiva, no le han dedicado atención personal a atender las necesidades de las empresas y sus trabajadores y sus funciones se reducen a decisiones de autoridad en materia de supervisión y permisos. Las cadenas productivas internas son más complejas y diversificadas en millones de pequeñas empresas entrelazadas y entre todas han atendido muy mal la demanda, con el grave problema de que esa mala integración afecta al consumidor por precios finales que pagan la ineficiencia. Y las cadenas productivas internacionales son más competitivas y debieron requerir de atención y subsidios que nunca llegaron.

De ahí que la mala reactivación productiva vaya a darse con inflación y con el desplazamiento de empresas mexicanas por extranjeras más eficientes.

2.- Entre los sectores que lograron saltar el obstáculo del coronavirus se localiza la industria minera, con 670 mil empleos directos y 2.2 millones indirectos. Aunque su localización está en zonas rurales alejadas de núcleos de población, de todos modos, hubo contaminación indirecta y por ello hubo de cerrar actividades. Pero tanto en el cierre como en la reapertura hubo un detalle importante: la presencia personal en las zonas mineras del subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández, mientras en otros sectores los funcionarios se dedicaron solo a transmitir las ordenes de suspensión de actividades productivas.

La supervisión directa sobre las 200 minas grandes y cientos de medianas y pequeñas logró, como en casi ningún otro sector productivo, el acuerdo con gobernadores estatales –no la institución sino con sus titulares–, los sindicatos del ramo y los empresarios. La minería no sólo se dedica a metales preciosos, sino que configura la producción de metales diversos para la producción industrial y tiene especial intervención en las cadenas productivas del Tratado de Comercio Libre de Norteamérica.

El modelo de supervisión directa y de articulación de sectores involucrados ha sido el único eficaz para haber suspendido actividades sin romper compromisos laborales y empresariales, con la expectativa de que la reactivación podría recuperar en poco tiempo lo perdido. Otros sectores fueron abandonados a su suerte y ahora no saben como meterlos de nuevo a las cadenas productivas.

El involucramiento directo del subsecretario Quiroga Fernández en la actividad de su sector ha ido avanzando en otro problema grave del país: la inseguridad en minas, pero no la del trabajo, sino la actividad de la delincuenciaorganizada. Ahí también el subsecretario Quiroga ha jalado a las zonas mineras a miembros del gabinete de seguridad por la presencia activa de los cárteles en robos y extorsiones. La minería ha sido integrada a la seguridad pública en la república, con especial actividad de la Guardia Nacional. Al final, el poder de seguridad del Estado sigue siendo muy superior al de las organizaciones delictivas.

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Política para dummies: La política es la habilidad de gobierno para prevenir, no para lamentar.

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Lista de los 667: intelectuales, exfuncionarios y algunos más

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Carlos Ramírez*

Vista en conjunto y apellidos conocidos, la lista de presuntos 667 intelectuales puede impresionar. Pero en una revisión de primera mano se pueden encontrar funcionarios recientemente despedidos, exfuncionarios de gobiernos cuyos presidentes quieren ser juzgados en la plaza pública y… algunos otros.

El otro detalle de la lista refiere la existencia de un filtro insalvable: para estar en ella se necesita compartir de manera acrítica el repudio a decisiones del gobierno del presidente López Obrador; por lo tanto, no defiende la libertad de crítica, sino el enfoque antilopezobradorista.

De entrada, nada se dice del principal problema de la censura: los empresarios que son dueños de los medios impresos, radiofónicos y televisivos y deciden a los que aceptan en sus filas y a los que rechazan; algunos de los censurados fueron despedidos por los dueños, aunque hubiera habido de por medio alguna solicitud oficial. Cuando menos dos dueños de medios —Excelsior y TV Azteca– tienen contratos con obras del gobierno actual. Y el 90% de los dueños de medios son empresarios que viven de la publicidad oficial.

Y en la lista hay investigadores que escriben en medios sin tener carrera periodística y que han sido afectados en sus ingresos por recortes en sus instituciones académicas u oficiales como el CIDE, el Conacyt y otros.

De la lista destacan algunos:

–Arturo Sánchez Gutiérrez no es intelectual, escribe de vez en cuando y fue consejero del INE.

Claudio X. González, promotor de organizaciones civiles dedicadas a la observación critica de oficinas del sector público, sin que tenga ninguna tarea que lo pudiera haber convertido en intelectual.

–Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, ha tenido más actividad política que de articulista en medios. Los Zavala y los Calderón han sido acosados por el nuevo gobierno por cargos referidos a sus tareas públicas en el sexenio 2006-2012 y sobre todo a las presuntas irregularidades electorales en las elecciones presidenciales del 2006.

–Julio Frenk, investigador médico, fue secretario de Salud del gobierno de Fox; escribe ensayos de su especialidad que se publican en la revista Nexos.

–María Elena Morera es articulista de El Universal a partir de su papel dirigente de organizaciones sociales dedicadas a la observación de políticas de seguridad, pero estuvo vinculada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en los EE. UU. por relaciones con el narcotráfico.

–María Amparo Casar, académica del CIDE, pero con cargo público en desarrollo político de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox; salta de ONG a ONG. Y es articulista en Excelsior.

–Jesús Reyes Heroles González-Garza fue director de Banobras, secretario de Energía, embajador en los EE. UU. y director de Pemex en gobiernos del PRI y del PAN y escribe en El Universal sin ser periodista.

–Mauricio Merino fue consejero del INE y escribe en El Universal, además de encabezar una ONG.

–Otto Granados Roldán fue director de Comunicación social del gobierno de Salinas, es politólogo y fue secretario de Educación Pública al final del gobierno de Peña Nieto. Escribe de manera irregular en medios.

–Raúl Padilla es el cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara donde fue rector y maneja la Feria Internacional del Libro como un gran negocio. No escribe ni tiene producción intelectual.

–Pedro Salazar Ugarte es articulista, pero fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la catedral jurídica del PRI.

–Rolando Cordera Campos, que viene de la izquierda universitaria, trabajó de manera directa con el presidente Salinas de Gortari para promover el neoliberalismo y es funcionario editorial de la revista Nexos y escribe en La Jornada.

–Rubén Aguilar Valenzuela fue jefe de prensa del presidente Fox y su tarea fue aclarar lo que el presidente quería decir.

–Sergio García Ramírez es jurista de amplia y larga carrera, articulista en El Universal y la revista Siempre, exprecandidato presidencial priísta en 1987, ex procurador de la república.

–Santiago Levy, funcionario del gobierno de Zedillo.

Son, éstos, algunos de los que aparecen como intelectuales en la lista de los 667 denunciando censura de prensa.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Dilema de la 4T: ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación

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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- México: juicio penal o simbólico al neoliberalismo

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Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

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