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Por Carlos Ramírez*
La fórmula de la felicidad del pueblo sería la siguiente:

Felicidad= PIB+impuestos+gasto social-corrupción

80% población

El problema de la desigualdad social no tiene que ver con su medición, sobre todo si en México hay datos certeros sobre la concentración de la riqueza, el ingreso, el bienestar en el 20% de las personas más ricas.

En diferentes ensayos sobre la distribución del ingreso se tienen registro de la distribución del ingreso en 10 grupos de familias conocidos como deciles. Esta distribución del ingreso ha sido retomada por la Encuesta Ingreso-Gasto que realiza el INEGI con bastante precisión.

La cifra oficial de concentración del ingreso en la encuesta de 2018 es muy explícita: el 20% de las familias más ricas tiene el 49.4% del ingreso, en tanto que el 80% restante se reparte el 50.6% restante del ingreso. Como dato comparativo: en 1958, hace 60 años, el 10% de las familias más ricas acaparaba el 49.3% del ingreso nacional, contra 50.3% del 80% de la población.

Los mecanismos de distribución de la riqueza fueron de 1934 a 2018, populistas, aún en el largo ciclo del neoliberalismo 1083-2018; el decir, el Estado y su política fiscal asumieron la tarea de dotar a las personas de bienestar asistencialista. Pero la disminución de ingresos fiscales, la burocratización y la corrupción fueron disminuyendo la disponibilidad de recursos para las políticas sociales.

En economía se cuantifica el bienestar o la situación de necesidades satisfechas aún de manera mínima en cinco indicadores básicos: vivienda, salud, educación, alimentación y salarios. Pero el gobierno castigaba salarios en aras de bajar presiones inflacionarias y convertía subsidios básicos en salario no-monetario atado a los intereses de los funcionarios sexenales del Estado que buscaban la dependencia social.

La clave del bienestar está en control inflacionario, salarios remuneradores sin subsidios y posibilidades de ascenso social. Las políticas asistencialistas cubren necesidades muy-muy indispensables, otorgan como subsidios algunos beneficios también mínimos y no garantizan el escalafón social.

La felicidad es un estado de ánimo no cuantificable, porque hay pobres muy felices y ricos muy infelices. Y las condiciones de felicidad no tienen más que una forma de resumirse: políticas de bienestar del Estado financiadas con impuestos. El Estado acota la riqueza acumulada y aumenta el bienestar en los pobres.

Más que infeliz, México es un país con polarización social: 80% de mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales y 12 personas con una riqueza de más del 12% del PIB. Esta concentración de la riqueza ha sido aprobada y estimulada por el Estado con una política fiscal que no graba la riqueza.

El país más feliz del mundo es Finlandia. Una nota del sitio web El Confidencial revela que los finlandeses más ricos llegan a pagar el 53% de impuestos sobre su riqueza, lo que permite que el Estado tenga los servicios sociales más amplios del mundo. La fórmula es sencilla: el Estado es la única instancia que puede equilibrar el bienestar y requiere de tres condiciones: impuestos cobrados a los ricos y a los productores, infraestructura social integral e ingresos fiscales suficientes, todo ello garantizada por la tasa mas baja de corrupción. La carga fiscal en Finlandia es de 42.3% en tanto que en México es de 17%; y Finlandia tiene apenas 5.5 millones de habitantes y México se acerca a 130 millones.

El estado económico de la felicidad –en caso de existir– sería producto del modelo Pareto: 80% de personas sin restricciones sociales y 20% de marginados; hoy México está el revés. El modelo de PIF –Producto Interno de Felicidad– dependerá de los mecanismos de distribución de la riqueza para evitar la concentración de la riqueza en el 20% de las familias y para modular la riqueza excesiva vía políticas fiscales.

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Minería. Con acuerdos firmes de atención a la emergencia sanitaria, la minería regresa a la producción, luego de un acuerdo del subsecretario federal de Minería con las principales agrupaciones de trabajadores mineros. La minería proporciona casi tres millones de empleos directos e indirectos, representa casi el 4% del PIB nacional y el 8% del PIB industrial. Los lideres sindicales Ismael Leija, Javier Villarreal y Carlos Pavón pivotearon el compromiso y la urgencia de regresar a la producción con normas estrictas de seguridad sanitaria.

Política para dummies: La política es el lenguaje que dice una cosa y quiere decir otra.

 

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@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Replanteamiento de la estrategia de seguridad; cárteles rechazan abrazos

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Carlos Ramírez*

El decreto presidencial del 11 de mayo para enviar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública en grado de seguridad interior inició una serie de ajustes-desajustes y modificaciones circunstanciales de la estrategia gubernamental de “abrazos, no balazos” ante las ofensivas de grupos delictivos contra posiciones del Estado.

No se trata de modificar la estrategia de no-persecución de capos, pero sí de iniciativas contra organizaciones y jefes criminales que se han negado a ajustarse a las condiciones de pacificación virtual. La estrategia gubernamental de paz se ha encontrado con el principal problema criminal: las bandas no pueden quedarse quietas, la disputa por territorios carece de voluntades y cada organización está esperando que otra u otras bajenintensidad a sus actividades para ocupar esos territorios.

Lo que la estrategia de seguridad no ha podido usar como variable no dependiente es que las bandas, por razones de sus actividades, viven una permanente guerra de posiciones propia de la economía suma cero (Lester Thurow): lo que pierde un grupo lo gana, casi en automático, otro. Y la estrategia no ha podido, sin contaminarse, lograr un acuerdo no formal ni pactado de las organizaciones criminales para disminuir la violencia para bajar la respuesta autoritaria del Estado.

Los sobresaltos a la estrategia de seguridad han sido varios:

–El decreto del 11 de mayo para enviar militares a seguridad pública.

–El arresto de los padres de José Antonio Yépez El Marro y las amenazas del capo de usar terrorismo contra el Estado.

–La Operación Python de los EE UU para perseguir al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, aún dentro de territorio mexicano.

–El encuentro y saludo del presidente López Obrador con la mamá de El Chapo Guzmán en territorio del Cártel de Sinaloa.

–El atentado brutal contra el secretario de Seguridad del gobierno de CDMX en la capital de la república y las amenazas posteriores contra otros altos funcionarios del gobierno de López Obrador, cruzando la línea de violencia de resistencia a la de violencia de ofensiva contra el Estado.

–El ambiente en la reunión AMLO-Trump respecto a los temas de seguridad que las autoridades de ambos países han intensificado para obligar a México a dejar la defensiva y pasar a la ofensiva contra los cárteles.

–Algunas técnicas de la guerrilla que han comenzado a usar algunos cárteles en su escalada de violencia.

–La presencia en México de agentes de inteligencia y seguridad nacional de los EE UU como parte de la Operación Python y las presiones a México para arrestar y extraditar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapoy nieto de María Consuelo Loera Pérez.

–El retraso en la capacitación de policías locales por desidia o interés negativo de gobernadores y alcaldes por algunas economías estatales y municipales que viven del dinero del narco.

–Y la visita del presidente López Obrador, esta semana, a tres de los principales, hoy, entidades corroídas por el crimen, el narco y los cárteles: Guanajuato, Jalisco y Colima.

–La controversia constitucional presentada en la suprema Corte por la oposición en la Cámara de Diputados para bloquear, por enésima ocasión, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior en zonas territoriales de la soberanía del Estado hoy en poder de grupos criminales. Al retirar por orden de la Corte a fuerzas armadas de zonas del narco, los grupos criminales habrán ganado la batalla jurídica de seguridad contra el crimen organizado. Las policías locales y la Guardia Nacional carecen hoy de capacidad de fuego y entrenamiento para responder a la fuerza violenta y criminal de los cárteles. Las fuerzas armadas estarán en seguridad pública en grado de seguridad interior hasta que la Guardia Nacional sea ya una fuerza armadas capaz de enfrentar la violencia criminal.

–Y el retraso en la construcción de un Sistema Nacional de Inteligencia que dote al Estado de la capacidad de percepción del grado de cooptación criminal de instituciones y funcionarios del Estado.

La lista, aún incompleta, de escenarios conflictivos apenas dibuja la guerra de posiciones de los grupos criminales para acotar al Estado y quedarse con manos libres en el control criminal de zonas territoriales de la soberanía del Estado.

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Política para dummies: La política es el instrumento del Estado para gobernar.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Sin programa emergente de apoyos a empresas no habrá PIB en 2021-2024

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Carlos Ramírez

Si el 2020 es ya insalvable del efecto recesivo del frenón económico de dos meses y el PIB oscilara entre -12% a –14%, comparable sólo con el -14% de 1932 de la gran depresión, la posibilidad de que el 2021 pueda lograrse un PIB positivo de 0% a 2% depende de un programa emergente de reactivación económica con apoyos fiscales, crediticios y directos a la planta productiva y el empleo.

Pero como el gobierno federal ha decidido no rescatar ni reactivar la economía, entonces la salida de la crisis se pospondrá hasta 2023 o 2024. Sin apoyo económico, la reactivación de las empresas pasará antes por una reestructuración salvaje de cierre de plantas y despidos de trabajadores y el subempleo no alcanzará a generar actividad económica.

Las cifras son contundentes:

–Tomando 2018 como base 100 del PIB, el crecimiento ofrecido por el gobierno federal de 2% en 2019 y 2% en 2020 llevaría el índice a 104% en 2020.

–Pero como oficialmente el PIB de 2019 fue de -0.1% y el de 2020 sería, en el mejor de los casos, de -10%, entonces el índice real de PIB al terminar 2020 sería de 89.9.

–Creciendo a una nueva meta oficial de 2.5% anual de 2021 a 2024, los cuatro años que faltan del sexenio, el índice de PIB al terminar 2024 sería de 99.2. Esto quiere decir que en el primer trimestre de 2025 se tendría el PIB igual al que se tenía en 2018, por lo tanto, sería un sexenio perdido porque sería un sexenio de crecimiento económico real anual de 0%, cifra igual al del sexenio de Miguel de la Madrid que tuvo dos caídas del PIB: -3.5% en 1983 y -3.1% en 1986. El PIB de 1989 fue igual al de 1982.

–Para cumplir con el compromiso del presidente López Obrador de un crecimiento promedio anual del PIB de 4% en sus seis años de gobierno, entonces el PIB de 2021 a 2024 tendría que crecer 7% anual, cifra imposible.

–El problema del PIB radica en que tiene un techo estabilizador: no puede crecer más de 2.5% porque generaría cuellos de botella inflacionarios y por lo tanto devaluatorios. En consecuencia, una tasa promedio de PIB de 2% a partir de 2021 recuperaría el PIB de 2018 hasta 2025.

El otro problema radica en la capacidad de la planta productiva de reactivar su ritmo de crecimiento en el corto plazo. SI el crack de la bolsa de Nueva York llevó al PIB mexicano a un hoyo recesivo de –14%, en 1933 se puso en marcha todo el apoyo del Estado para reactivar la economía y el PIB de 1933 –obvio: sobre la cifra de 1932– fue de 10.5%positivo.

En México no existe hoy ningún programa emergente de reactivación económica que haga que el Estado apoye a las empresas y a los salarios –por tres vías: fiscal, crediticia y directa–; el gobierno federal, además, ha anunciado que no habrá condonaciones fiscales, ni apoyos crediticios, ni ayudas salariales para salvar a las empresas, entonces la planta productiva y el empleo por mismas no podrán reactivar la economía.

El costo de un programa emergente de reactivación económica implicaría la decisión de romper con el compromiso neoliberal de estabilidad macroeconómica basada en déficit presupuestal de 0% a -2%, cero endeudamientos públicos, ninguna concesión fiscal. Sin embargo, las autoridades de Hacienda tienen instrucciones presidenciales estrictas de no romper por ninguna razón la estabilidad macroeconómica heredada del viejo neoliberalismo.

Además de las cifras negativas del PIB, otros dos indicadores sociales van a completar el panorama de una gravísima crisis social del régimen: el desempleo formal e informal y el aumento de la pobreza con indicios de hambruna en zonas abandonadas de la geografía nacional y expresiones de falta de alimentación en los cinturones de miseria de las ciudades. Millones de mexicanos perdieron su empleo y no encontraron apoyos gubernamentales para resistir la pandemia.

La última expectativa depende del Tratado de Comercio Libre puesto en marcha en su fase 2.0 el 1 de julio, pero con la circunstancia agravante de que muchas cadenas productivas mexicanas se rompieron y no hay empresas de relevo

El dilema económico de la pandemia fue salvar las finanzas públicas o ayudar la mitad del país que sobrevive con apoyos del Estado. Y se resolvió a favor de la estabilidad macroeconómica neoliberal.

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Política para dummies: La política radica en la sensibilidad moral para salvar a los que menos o nada tienen.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Fracaso de Inversión Extranjera con TCL; no respetan Estado de derecho

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Carlos Ramírez* 

Ante la caída de las inversiones mexicanas por el desdén hacia los empresarios no afines, la expectativa en la visita presidencial a Washington giró hacia la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, la principal exigencia de inversionistas extranjeros no tuvo respuesta: el respeto al Estado de derecho.

En la cena con inversionistas ocurrió un suceso que se ha difundido poco. Gretchen Walkins, presidente de Shell, y Jeffrey Martín, director de Sempra Energy, le dijeron al presidente López Obrador que deseaban invertir en México como parte del Tratado, pero que necesitaban confianza y certidumbre jurídica, algo de lo que ya había polemizado el embajador de los EE. UU. en México, Christopher Landau. El presidente mexicano dijo que él lo vería y le pidió al canciller Marcelo Ebrard y al asesor Alfonso Romo que atendieran el asunto.

Pero en la mesa también estaba Don Dignes, presidente de Cabot Oil & Gas, quien comentó en voz alta que el presidente mexicano dijera si había o no Estado de derecho, pero la respuesta fue un silencio tenso. Lo menos que quieren los inversionistas es que el presidente de México se involucre en persona en la garantía del Estado de derecho, porque distorsionan el papel de las instituciones y las leyes y canalizan las decisiones al presidencialismo centralista.

Pero el problema afecta no sólo a las empresas extranjeras que invierten en México, sino en las empresas mexicanas que no encuentran condiciones en México por el intervencionismo gubernamental y de funcionarios, la corrupción y el cambio sorpresivo de reglas y han preferido ir a invertir a otros países. Las cifras son contundentes de 2006 a 2019 la inversión mexicana que ha salido a invertir a otros países sumó 42,709 millones de dólares, alrededor de un billón de pesos en total, porque en México se carece del Estado de derecho para garantizar funcionamiento productivo. Sólo en 2019 salieron capitales mexicanos a invertir a otros países por 10,228 millones de dólares, algo así como 250,000 millones de pesos, el 0.4% del presupuesto de egresos de la federación de ese año o el 31% de la IED que ingresó en ese mismo año.

Para 2020 la IED caerá debido a la pandemia, a los problemas jurídicos de algunas empresas extranjeras, a la marcha atrás a apertura de sectores a la IED y con la falta de seguridad jurídica que señaló el embajador Landau y que conoció en directo el presidente López Obrador en su gira a Washington.

En un análisis de las cifras de IED en los años del TCL, el investigador Arnulfo R. Gómez concluyó que en el 2019 México quedó en el bajo lugar 19 como destino preferido y el porcentaje de captación descendió 2.14%. La razón es “consecuencia de la imposibilidad de lograr una integración comercial y productiva con sus socios, pues ninguno de los otros objetivos (del TCL) se alcanzó, ya que no hubo una estrategia que permitiera aprovechar las ventajas comparativas, lo que se tradujo en decreciente competitividad, por lo que México perdió atractivo para los inversionistas extranjeros”.

La crisis de la IED en México no sólo se percibe en las cifras y sectores de interés, sino en el hecho de que por falta de estrategias y políticas han salido del país más de 900 maquiladoras y se fueron a Asia.

En cifras consolidadas, la crisis de la IED en México se percibe con claridad en dos temas resaltados por Arnulfo R. Gómez:

–Como consecuencia de los retrocesos económicos de México durante la vigencia del TLCAN y particularmente a partir de 2001 en que entraron, además, en vigor los TCL con otros 54 países y los APPRIS con 33 países, México cayó de la posición 8 en la economía mundial a la 15, el valor agregado nacional en las exportaciones disminuyó de 59% a 37% y el PIB per cápita bajó del lugar 42 al 72.

–En las cifras, México tuvo mejor posición con la IED sin Tratado que con Tratado. De 1980 a 1993 la participación de México en la captación del IED fue de 2.37% y sin TCL ni APPRIS, en tanto que en los años del TCL 1994-2019 esa participación bajó a 2.12%.

Después de la Cumbre de Washington México debe decidir si necesita o no a la IED.

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Política para dummies: La política es la facilitación de la economía para responder a las demandas sociales que el Estado por sí solo no puede satisfacer.

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@carlosramirezh

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