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Carlos Ramírez

Si la 4T lopezobradorista quiere avanzar en la anulación del modelo neoliberal salinista y construir una nueva economía de bienestar social, tendrá que entrarle de lleno a la reforma al artículo 25 constitucional que definió De la Madrid en 1983 y que tuvo tres objetivos neoliberales: regresar la economía mixta que quebró la expropiación de la banca, sentar las bases para la privatización de empresas públicas y darle rango constitucional a la empresa privada que vive de las utilidades especulativas y no del servicio social.

La reforma del 25 constitucional –fortalecida con las reformas a los artículos 26, 27 y 28– fue el pivote que hizo virar al Estado de la Revolución Mexicana a un Estado neoliberal de mercado. Por cierto, la reforma se hizo al vapor en el congreso y fue promulgada el 3 de febrero de 1983, a escasos 65 días de haber tomado posesión. El operador de la reforma desde el gabinete presidencial sobre el legislativo y cuya firma consta al calce de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación fue Manuel Bartlett Díaz en su carácter de secretario de Gobernación del gabinete delamadridista, por lo que le toca algo de la responsabilidad de haber instaurado el neoliberalismo hoy maldecido.

Esa reforma permitió la privatización de la banca, la venta de empresas públicas que conformaban el sector paraestatal, la privatización del ejido, la constitucionalización de los empresarios, el Tratado de Comercio Libre con los EE. UU., entre otros sectores que dejaron de ser del Estado de la Revolución Mexicana. En este sentido, De la Madrid y Salinas construyeron el Estado ecualizador, es decir, el Estado que estabilizaba la relación con los empresarios como sector equiparable a las funciones sociales de los sectores publico y social. Con este ascenso de los empresarios a rango constitucional, su papel en la economía dejó de ser utilitaria, aunque en los hechos, de 1983 al 2018, los empresarios siguieron rigiéndose por la tasa de utilidad y no por el servicio social, como lo revelan las cifras de distribución inequitativa de la riqueza social.

La clave de las reformas de De la Madrid facilitaron al gobierno de Salinas de Gortari la privatización de empresas públicas para construir una nueva clase empresarial desde el seno del Estado, como lo ejemplifica el caso toral de la entrega de Teléfonos de México al empresario salinista Carlos Slim Helú para convertirlo en el hombre más rico de México y entre los mas ricos del mundo. Lo mismo ocurrió con las empresas siderúrgicas, bancarias, aéreas y turísticas que eran del Estado y se cedieron al sector privado, todas ellas, por cierto, con un papel clave en el modelo de desarrollo, aunque acreditadas en las reformas como “no estratégicas ni prioritarias”.

Para revertir el modelo neoliberal construido al amparo de las reformas de los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari se requiere la reforma del artículo 25 constitucional para regresar al dominio del Estado sobre el desarrollo, ya no como rector pasivo sino como eje de un modelo de economía social-publica. El modelo de economía mixta a nivel constitucional obliga al Estado a incluir en la planeación del desarrollo al sector privado, pero reconociendo que los empresarios no son órdenes religiosas que vivan para hacer el bien, sino que constituyen unidades de producción que requieren de utilidades para la reinversión.

El caso más sensible de la disputa por la rectoría del modelo de desarrollo fue el sector financiero, cuyos bancos fueron expropiados en 1982 por causa de utilidad pública y para dotar al Estado del preciado mecanismo de financiamiento del desarrollo, alejando a los bancos de su modelo especulativo para el enriquecimiento de una casta. Sin embargo, el gobierno de De la Madrid dejó que se pudriera el modelo de banca del Estado sin supervisiones estrictas y los banqueros-funcionarios resultados más gastadores que los privados. Con ese pretexto, Salinas de Gortari privatizó la banca y construyó una nueva plutocracia que hoy domina el financiamiento del desarrollo basado en utilidades bancarias.

La 4T del presidente López Obrador depende de la reforma a las reformas constitucionales de De la Madrid y Salinas de Gortari para liquidar al Estado neoliberal y reconstruir el Estado social. Sin este Estado social, la 4T no podrá alcanzar sus objetivos.

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Política para dummies: La política es el arte de entender el pasado para construir el futuro.

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Muñoz Ledo quiere a Morena como un PRI neolombardista y diazordacista

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Carlos Ramírez*

 Aunque a nadie parece preocuparle, el destino de Morena en este cambio de dirigente podría cerrar el círculo abierto en 1986-1989 por la Corriente Democrática pos-neo-cardenista convirtiendo al movimiento lopezobradorista en un nuevo PRI diazordacista-echeverrista-lopezportillista de 1976.

Sólo que ahora con un toque del tipo del Partido Comunista soviético: el plan con maña de Porfirio Muñoz Ledo buscar mover el eje político de la presidencia de la república al partido y presidencializar desde el apparátchikpartidista anulando al líder López Obrador.

Fue lo que quiso hacer Muñoz Ledo en 1975-1976 cuando el presidente Echeverría le negó la candidatura presidencial y le dio el partido como premio de consolación. Desde el PRI, Muñoz Ledo se alió con el caciquesindical Fidel Velázquez para intentar la reconstrucción del movimiento obrero como una organización de masas que le impusiera condiciones al presidente López Portillo. Con astucia, Fidel lo abanicó y Muñoz Ledo se quedó en el gabinete causando estropicios hasta que lo echaron.

Morena podría ser el punto final del movimiento de protesta nacido en el PRI en la segunda mitad de 1986 para intentar meterse en la sucesión presidencial de 1988: la Corriente Democrática formó el Frente Democrático Nacional de la elección presidencial de 1988, el Frente se transformó en PRD en 1989, los caudillismos de Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador lo destruyeron, agonizó hasta que López Obrador creó su estructura Morena para su candidatura presidencial exitosa en 2018 y no será necesario para el 2024 porque el modelo sucesorio lopezobradorista no considera a un partido como eje dinamizador de la próxima nominación, sino que el candidato tendrá que depender de una coalición de muchos partidos pequeños.

Muñoz Ledo siempre quiso ser el Perón mexicano. Desde la Secretaría del Trabajo 1972-1975 construyó un acuerdo con el movimiento obrero priísta controlado por Fidel Velázquez y aplastó con represión al sindicalismo independiente de entonces, sindicatos industriales pequeños y sobre todo la Tendencia Democrática de Rafael Galván. Sin embargo, Muñoz Ledo ignoró que la lógica del sistema había fortalecido a Fidel para servir a la élite gobernante y no para constituirse en poder autónomo.

La estrategia de movimiento obrero apuntalado por el gobierno y política de bienestar no le alcanzó a Muñoz Ledo para obtener la candidatura presidencial. Muñoz Ledo presume sus lecturas de Duverger como presunto primer teórico de los partidos, pero medio siglo antes del francés fue el alemán Robert Michels el que definió en 1915 a los partidos políticos en la lógica de Muñoz Ledo: oligarquías dirigentes que imponen voluntades personales, lo que llamó “la ley de hierro de la oligarquía”.

De la Secretaría del Trabajo como Ministerio de Bienestar Social peronista, Muñoz Ledo pasó al PRI a operar la campaña de López Portillo y por su cuenta definir al PRI como “el partido de los trabajadores”, aunque su base obrera fuera la controlada, corrupta y lobotomizada de Fidel Velázquez. En su presidencia en el PRD quedó atrapado entre el liderazgo de Cárdenas y el dinamismo de López Obrador y por eso pactó en secreto con Vicente Fox su declinación como candidato presidencial del PARM en el 2000. Y de ahí, una carrera llena de traiciones, expulsiones, corruptelas y acomodos políticos.

Ahora aparece en Morena y se presenta como candidato de unidad, pero ya con una lista estaliniana de expulsados del paraíso partidista. En términos ideológicos, intelectuales, politológicos y de calidad moral, Muñoz Ledo siempre se topó con Manuel Camacho Solís y de ahí su odio político al camachista Marcelo Ebrard. La arrogancia intelectual de Muñoz Ledo está haciendo estragos en Morena y aún sin haber llegado a la presidencia del partido, con la amenaza directa de que meterá en cintura al propio presidente López Obrador y su estrategia política de liderazgo social.

Al final, Muñoz Ledo sigue arrastrando su diazordacismo como la personalidad autoritaria que define.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Lista de los 667: intelectuales, exfuncionarios y algunos más

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Carlos Ramírez*

Vista en conjunto y apellidos conocidos, la lista de presuntos 667 intelectuales puede impresionar. Pero en una revisión de primera mano se pueden encontrar funcionarios recientemente despedidos, exfuncionarios de gobiernos cuyos presidentes quieren ser juzgados en la plaza pública y… algunos otros.

El otro detalle de la lista refiere la existencia de un filtro insalvable: para estar en ella se necesita compartir de manera acrítica el repudio a decisiones del gobierno del presidente López Obrador; por lo tanto, no defiende la libertad de crítica, sino el enfoque antilopezobradorista.

De entrada, nada se dice del principal problema de la censura: los empresarios que son dueños de los medios impresos, radiofónicos y televisivos y deciden a los que aceptan en sus filas y a los que rechazan; algunos de los censurados fueron despedidos por los dueños, aunque hubiera habido de por medio alguna solicitud oficial. Cuando menos dos dueños de medios —Excelsior y TV Azteca– tienen contratos con obras del gobierno actual. Y el 90% de los dueños de medios son empresarios que viven de la publicidad oficial.

Y en la lista hay investigadores que escriben en medios sin tener carrera periodística y que han sido afectados en sus ingresos por recortes en sus instituciones académicas u oficiales como el CIDE, el Conacyt y otros.

De la lista destacan algunos:

–Arturo Sánchez Gutiérrez no es intelectual, escribe de vez en cuando y fue consejero del INE.

Claudio X. González, promotor de organizaciones civiles dedicadas a la observación critica de oficinas del sector público, sin que tenga ninguna tarea que lo pudiera haber convertido en intelectual.

–Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, ha tenido más actividad política que de articulista en medios. Los Zavala y los Calderón han sido acosados por el nuevo gobierno por cargos referidos a sus tareas públicas en el sexenio 2006-2012 y sobre todo a las presuntas irregularidades electorales en las elecciones presidenciales del 2006.

–Julio Frenk, investigador médico, fue secretario de Salud del gobierno de Fox; escribe ensayos de su especialidad que se publican en la revista Nexos.

–María Elena Morera es articulista de El Universal a partir de su papel dirigente de organizaciones sociales dedicadas a la observación de políticas de seguridad, pero estuvo vinculada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en los EE. UU. por relaciones con el narcotráfico.

–María Amparo Casar, académica del CIDE, pero con cargo público en desarrollo político de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox; salta de ONG a ONG. Y es articulista en Excelsior.

–Jesús Reyes Heroles González-Garza fue director de Banobras, secretario de Energía, embajador en los EE. UU. y director de Pemex en gobiernos del PRI y del PAN y escribe en El Universal sin ser periodista.

–Mauricio Merino fue consejero del INE y escribe en El Universal, además de encabezar una ONG.

–Otto Granados Roldán fue director de Comunicación social del gobierno de Salinas, es politólogo y fue secretario de Educación Pública al final del gobierno de Peña Nieto. Escribe de manera irregular en medios.

–Raúl Padilla es el cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara donde fue rector y maneja la Feria Internacional del Libro como un gran negocio. No escribe ni tiene producción intelectual.

–Pedro Salazar Ugarte es articulista, pero fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la catedral jurídica del PRI.

–Rolando Cordera Campos, que viene de la izquierda universitaria, trabajó de manera directa con el presidente Salinas de Gortari para promover el neoliberalismo y es funcionario editorial de la revista Nexos y escribe en La Jornada.

–Rubén Aguilar Valenzuela fue jefe de prensa del presidente Fox y su tarea fue aclarar lo que el presidente quería decir.

–Sergio García Ramírez es jurista de amplia y larga carrera, articulista en El Universal y la revista Siempre, exprecandidato presidencial priísta en 1987, ex procurador de la república.

–Santiago Levy, funcionario del gobierno de Zedillo.

Son, éstos, algunos de los que aparecen como intelectuales en la lista de los 667 denunciando censura de prensa.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Dilema de la 4T: ruptura real con el pasado priísta o sólo sanación

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Carlos Ramírez*

El tono en que está redactada la carta del presidente López Obrador solicitando al Senado y a la Suprema Corte una consulta sobre las conductas económicas presuntamente delictivas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pudiera llevar a una rupturasistémica de lo que parece ser sólo una transición dentro de una transición.

Por el contenido del texto, López Obrador está marcando un deslindamiento histórico. No se trata sólo de acusaciones que refieran modelos de política económica, sino acusaciones que estarían tipificando delitos concretos contenidos en el código penal. Por lo tanto, la única forma de legalizar ese proceso sería con una ley de ruptura histórica o, como ocurre en países que construyeron democracias sobre las cenizas de dictaduras, una ley de memoria histórica.

Ahora mismo, por ejemplo, la alianza en España entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos y como acompañantes los resabios del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y La Pasionaria, están terminando de destruir las ruinas del franquismo –el Valle de los Caídos y la Fundación de Franco– para transformar a posteriori la transición española en una ruptura revolucionaria que se eludió en la transición pactada de 1978.

Las acusaciones del presidente López Obrador a cinco expresidentes de la república –tres del PRI y dos del PAN, los cinco articulados por una misma política económica– son lo suficientemente válidas como para crear ya una ley de memoria histórica que señale responsabilidades legales a quienes llevaron al país al hoyo de la gran crisis neoliberal 1983-2018.

La victoria presidencial del PAN en julio del 2000 no fue producto de algún modelo de transición pactada a la democracia, sino resultado del desmoronamiento del PRI, de la pérdida priísta del control procesal de las elecciones y del hartazgo ciudadano. Sin embargo, el PAN en la presidencia 2000-2012 careció de un esquema de ruptura con el sistema/régimen/Estado priísta y esos dos sexenios fueron, en los hechos, una continuidad del sistema-PRI.

El dilema y desafío de López Obrador, Morena y la 4-T radica en fijar, ahora sí, una ruptura con el modelo sistémico priísta para desarrollar una transformación de estructuras o deslindarse sólo de discurso del viejo régimen, pero mantener las variables priístas. Hasta ahora, la 4-T sólo se asume como posneoliberal, pero sin fijar nuevas relaciones sociales de producción que definan los objetivos de creación y distribución social de la riqueza más allá del camino fácil de los dardos verbales que en nada modifican la estructura neoliberal.

La carta presidencial para juzgar a los cinco últimos presidentes de la república hermanados por un mismo modelo neoliberal de gobierno podría ser el comienzo de una ruptura histórica de proyectos de nación o se quedará en mero planteamiento retórico. López Obrador ha sido muy certero en establecer efectos sociales negativos de presuntos delitos económicos y productivos, como alguna vez los planteó en una demanda en la antigua PGR.

A la carta le falta incluir al presidente Miguel De la Madrid –ya fallecido–, porque fue el responsable directo de las reformas constitucionales para pasar –en el razonamiento ideológico conservador de Carlos Salinas de Gortari en julio de 1985– del Estado social posrevolucionario al Estado autónomo de compromisos sociales que ha sido la esencia del ciclo neoliberal 1983-2018. Ese tránsito hubo de tener la principal ruptura interna en el PRI con la salida de la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas a la que se sumó López Obrador en 1988 al aceptar la candidatura frentista a gobernador de Tabasco en 1988.

El presidente López Obrador tiene elementos suficientes para fijar una ruptura real con el neoliberalismo. El juicio a expresidentes podría ser el primer paso o quedarse sólo en un acuerdo de sanación.

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 Política para dummies: La política es el campo de las grandes decisiones históricas o el territorio de los engaños.

 

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