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Carlos Ramírez*

En una de las características que debieran tener los intelectuales, el poeta y ensayista Gabriel Zaid incluyó una infaltable: tener calidad moral. Los salinistas Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda contaminan, pervierteny restan calidad moral a las propuestas de los desplegados, entre ellos el del jueves 16 de julio.

Con habilidad propia de la tenebra intelectual en modo de asamblea de prepa universitaria, Aguilar Camín y el racista antiindigenista Castañeda aparecen –para colmo: por razón de apellido– entre los primeros del desplegado “Contra la deriva autoritaria…” que propuso –ahora sí– una BOA –Bloque Opositor Amplio– para las elecciones legislativas federales de junio del 2021.

La presencia de Camín y Castañeda contaminó la buena voluntad de otros intelectuales –algunos de ellos ex funcionarios que probaron el veneno del poder– en modo de activismo anti AMLO y de críticos de modelo político lopezobradorista, Los dos vienen –y el modelo de hoy es el mismo de entonces– del Grupo San Angel de 1994 que quiso poner un presidente interino ante el “choque de trenes” en las presidenciales de ese año, afectadas por el alzamiento zapatista, los secuestros de empresarios y el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio.

Al fracasar en su intento de apoderarse en aquel año de una presidencia interina con un proyecto difuso de “transición a la democracia”, Castañeda se reunió en 1996 con el expresidente Carlos Salinas de Gortari en Irlanda y a su regreso a México planteó –¿consejo de Salinas?– la renuncia del presidente Zedillo.

La relación de Aguilar Camín con Salinas fue ideológica, de proyecto de modernización, política, de amistad, de contratos sin control, de dinero en negro y de complicidades, así como de rupturas delatoras y, por qué no, de reconciliaciones porque donde hubo fuego, cenizas quedan.

Camín y Castañeda pervirtieron el sentido político del desplegado del jueves 16 de julio, porque muchos de sus otros firmantes han estado comprometidos en una lucha abierta y sin intereses turbios por la democracia. Castañeda fue canciller del gobierno de Fox, pero renunció cuando no vio posibilidades de ser candidato presidencial. De todos modos, anunció su precandidatura para las elecciones del 2006, pero se vio nada más apoyado por Camín y prefirió marcharse al extranjero.

El desplegado de los intelectuales provocó una carta y un mensaje en redes del presidente López Obrador, pero, como siempre, los intelectuales siguen leyendo al revés al presidente de la república. Lo acusaron de persecución, de temor ante temible la alianza opositora para 2021 y ¡de hacerles caso! Sin embargo, con malicia hasta perversa, López Obrador respondió en público al desplegado para jalar la atención social al documento y obligar a partidos y firmantes a un posicionamiento más serio que fue, obvio, negativo.

Si bien en la lista de firmantes existe un buen caudal de posibles candidatos a diputados federales, los partidos de oposición se están moviendo en escenarios de pactos de partido, sin dejarse seducir por nombres de figuras. Y todos ya marcaron su raya respecto a Camín y Castañeda por su altísimo grado de conflictividad personalista, toxicidad salinista y su tendencia a no terminar nada.

Con su desplegado y sus respuestas al presidente, los intelectuales están demostrando que pueden tener muchas ideas, pero saben nada de política práctica. No pueden lanzar una confrontación contra el presidente de la república y luego acusarlo de intimidación en su respuesta. Y no han entendido que López Obrador tiene un alto grado de malicia dentro de su dureza política.

En política no se deben confundir los tiempos y circunstancias. El desplegado fue redactado en el escenario del BOA denunciado también por el propio presidente de la república hace semanas. Los intelectuales probaron que sí existe el proyecto BOA, aunque en realidad no existe; así de juego de espejos y reflejos es la política práctica que no han entendido los intelectuales.

Es posible que el expresidente Salinas de Gortari sea ajeno al desplegado, pero la presencia de Castañeda deja muchas pistas para policías chinos. En 1994 Castañeda redactó y circuló un documento para instruir a la clase política sobre qué hacer cuando Zedillo perdiera y no tomara posesión de la presidencia. Ese documento existe y está en poder de algunos de los miembros del Grupo San Angel. Ahora Castañeda vuelve a las andadas.

El desplegado nació contaminado por infección del virus Camín-Castañeda.

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Política para dummies: La política no es una charla en una estética.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- COVID-19 en Palacio, una crisis de seguridad nacional que no se evitó

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Carlos Ramírez*

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

La infección del presidente de la república con el virus del COVID-19, en consecuencia, siempre fue un asunto de seguridad nacional del Estado; sin embargo, en las esferas que tienen que ver con la seguridad nacional nunca pudo permear el hecho de que había que proteger al jefe del Estado y del gobierno del contagio, porque, en el mejor de los casos, una contaminación presidencial iba a minar las bases de las certezas políticas nacionales con el tejido social de la estabilidad.

Y si bien el presidente López Obrador no fue un funcionario cooperativo con los enfoques de seguridad, en su entorno debieron ejercerse las funciones de autoridad institucional que siempre existen por encima del poder absolutista de la presidencia de la república. El secretario de Salud, el subsecretario de Salud y la secretaría de Gobernación carecieron de enfoques, decisión, autoridad y principios institucionales para someter al presidente a una disciplina sanitaria indispensable a su alto cargo.

La imagen del presidente López Obrador invulnerable al virus cuando aparecía sin cubrebocas en lugares aglomerados fue, en política, un factor de certeza social ante una población afectada por los casi dos millones de infectados y los casi 150,000 muertos; era, en sí misma, una imagen de confianza en una sociedad dependiente de los símbolos esotéricos del poder. El razonamiento era sencillo: si el presidente de la república era ajeno a la infección, entonces no todo estaba perdido.

Ahora viene el mensaje contrario. Sin conocerse a fondo los efectos reales de la infección en el cuerpo del presidente de la república, la sociedad va a mirar, con espanto, que nadieestá ajeno y que se hacen necesarias, ahora sí, decisiones de autoridad real: confinamiento, toque de queda, apoyos económicos a la planta productiva y el empleo. Asumir, en realidad, que el COVID-19 es una plaga que está destruyendo las bases institucionales, sociales y políticas del Estado y de la sociedad, lo que cualquier principiante de estudios de seguridad nacional podría ofrecer como primer corte sobre el virus.

Ahora debe venir un análisis severo de los funcionarios de segundo nivel que fallaron: la jefa de gobierno de la CDMX, los gobernadores y las autoridades del gabinete que no supieron, no pudieron o no lograron convencer al presidente de la república que el virus obligaba a un confinamiento institucional total y a un esfuerzo del Estado para apoyar con recursos presupuestales a los afectados. No se suspendieron labores económicas porque Hacienda nosupo fijar una narrativa de emergencia para ayudar a la planta productiva y el empleo y el funcionamiento irresponsable de las actividades económicas, sociales y productivas convirtieron una epidemia en una verdadera plaga sin control.

La falta de una agenda de riesgos para identificar posibles afectaciones a la seguridad nacional y la estabilidad social de la república y la carencia de instrumentos de autoridad –el congreso es una oficina no sólo irresponsable, sino inútil— para crear las circunstancias de un aparato de Estado que no dependa del presidente de la república han llevado al país a la orilla de un abismo inesperado, aunque de muchos modos previsto.

El problema no radicará en que la afectación del presidente de la república sea leve y en un par de días se vea de regreso a las conferencias matutinas, sino que queda instalado en la estructura desarticulada de un Estado presidencialista que de manera paradójica tampoco tiene mecanismos de emergencia para funcionar sin el presidente en turno. Ante la afectación de la salud presidencial el menor de los problemas era conducir las conferencias de prensa, sino crear mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado.

La crisis del Estado mexicano por el virus en la salud del presidente de la república se exhibe en la ausencia de una estructura institucional para seguir operando la república. A dos años de gobierno el Centro Nacional de Inteligencia está desaparecido, la agenda de riesgos no existe y el virus como un elemento distorsionador de la estabilidad nacional carece de razonamientos de emergencia institucional.

 

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Política para dummies: La política, al final, siempre termina con el “se los dijeron”.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Agenda México-EE. UU. (1): narco como seguridad nacional y soberanía

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Carlos Ramírez*

 

A Jorge Suárez Vélez y

a la memoria de la tía Tere

Si en el gobierno del presidente Joseph Biden van a regresar los viejos halcones de la política de inteligencia, seguridad nacional y espionaje, entonces el narcotráfico será en los próximos cuatro años el problema número uno en las relaciones de la Casa Blanca con Palacio Nacional.

Los otros temas de la agenda –cambio climático, comercio internacional, migración centroamericana y mexicana, inestabilidad geopolítica en América Latina y el Caribe, penetración de China, Irán, Rusia y Corea del Norte en la región y el ciclo populista– pasarán a segundo término. En esa agenda la Casa Blanca suele no negociar con los países involucrados.

En las primeras semanas podrían conocerse los marcos de referencia de las agencias de seguridad en el sistema de toma de decisiones de la Casa Blanca y el margen de maniobra del Consejo de Seguridad Nacional. A nivel de gobierno operan las estructuras de alta burocracia en el área de inteligencia, seguridad nacional y defensa.

Los responsables de esas áreas regresarán a recuperar el espacio de reflexión, inteligencia y acción que les negó el presidente Trump por desconfianza y porque sólo saben operan en lógicas intervencionistas y bélicas, en tanto que él como empresario prefería el campo de batalla del comercio y la economía. En los cuatro años de gobierno Trump tuvo a cinco jefes de inteligencia nacional –la oficina que coordina y de manera supuesta controla a las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares– y cuando consejeros de seguridad nacional, ambas dependientes de manera directa de la Casa Blanca.

La agenda de narcotráfico EE. UU.-México se mueve en tres parámetros: la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente en turno, la Estrategia de Combate a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Estrategia de Control de la Frontera Sur. Las tres son injerencistas. Y el presidente Biden envío ya un mensaje codificado; la designación de la embajadora Roberta Jacobson –el último año de Obama y los dos primeros de Trump– como czar de la frontera México-EE. UU., aunque adscrita a la oficina de asuntos latinoamericanos del Consejo de Seguridad Nacional. La primera clave se localiza en la función no policiaca sino estratégica-política de la funcionaria.

La estrategia de la Casa Blanca en el tema del narco tiene dos puntos fundamentales: el combate a las adicciones dentro de los EE. UU. y la persecución de los cárteles en sus madrigueras de sus países de origen. En este escenario se deben analizar las relaciones de seguridad de Washington con Ciudad de México: el papel de la DEA dentro de México, ahora mismo en operaciones oficiales y secretas para atrapar y llevarse a los EE. UU. al Mencho, presunto jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo y responsable en el Cártel de Sinaloa del área de drogas sintéticas de fentanilo que están matando a consumidores estadunidenses.

De ahí que buena parte de las relaciones bilaterales se vayan a redefinir en el tema del narco en dos campos: el de la cooperación mexicana para permitir el funcionamiento de la DEA sin restricciones –aunque cuidando no cometer errores como el del general Salvador Cienfuegos Zepeda– y el de las nuevas relaciones entre los ejércitos de los dos países y ahora con el dato mayor de que el secretario de Defensa de la Casa Blanca es un general que tuvo hasta hace poco mandos operativos en Irak y Afganistán y con poca experiencia en el manejo de la burocracia civil y sobre todo legislativa.

Si los EE. UU. han otorgado al tema del naco un rango de seguridad nacional estratégica, en México el tema del crimen organizado se mira como policiaco. Sin embargo, el impulso desde la Cancillería mexicana a reformas a la Ley de Seguridad Nacional para meter en cintura a los agentes antinarcóticos estadounidenses significó un salto cualitativo al asumir las relaciones de seguridad con nuevos marcos referenciales de una doctrina de seguridad nacional estratégica de México para salirse del paraguas condicionante de la seguridad nacional de los EE. UU.

En este sentido, las nuevas relaciones México.EE. UU. en la agenda López Obrador-Biden son más estratégicas que policiacas, tienen que ver con la soberanía y por primera vez involucran las doctrinas de Estado en defensa nacional, autonomía militar y, sobre todo, control estricto sobre la soberanía ante los abusos de las agencias de espionaje de Washington.

 

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Política para dummies: La política es un juego del gato y el ratón, donde la clave está en el perro.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- En el capitolio, ruptura del consenso imperial

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Carlos Ramírez* 

Ya habíamos aprendido, en relecturas de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso de hace casi 2,500 años, que las grandes potencias crecen cuando hay unidad interna de objetivos y se derrumban cuando comienzan las divisiones en la sociedad. Ahora se calificó la protesta del 6 de enero como “terrorismo doméstico” y los demócratas preparan leyes para criminalizar el disentimiento.

Los EE. UU. se cimbraron en 1967-1972 con las protestas internas contra la guerra de Vietnam, aunque en 2001 Bush Jr. encontró la salida de unidad del consenso interno al convertir al terrorismo radical islámico como el gran enemigo histórico del imperio. Hoy el presidente Donald Trump le ha dado sentido irreconciliable y conflictivo al modelo bipartidista que ha promediado 60% demócratas y 40% republicanos, con periodos de republicanos en la presidencia.

Pero lo que era un modelo pendular –oscilando presidencias demócratas y republicanas– se descompuso en la confrontación violenta. El asalto de hordas de la ultraderecha al Capitolio fue operado con el objetivo de provocar una crisis constitucional al impedir el proceso de votación de colegios electorales para convertir de manera oficial al demócrata Joseph Biden en presidente electo. Ahí reventó el modelo conciliatorio bipartidista de democracia representativa dominada por los lobbies de poder real.

La peor crisis de protestas sociales contra la guerra en Vietnam ocurrió en dos tiempos. En 1967 miles de jóvenes irrumpieron en las instalaciones centrales del Pentágono en Washington –entonces con poca vigilancia restrictiva–, llegó al colapso con el bonzo que se prendió fuego en el estacionamiento principal de esas oficinas y en 1968 con las protestas contra la convención presidencial demócrata en Chicago en 1968 y el arresto de siete dirigentes juveniles que fueron juzgados, hecho acaba de revivir en la película “El juicio contra los siete de Chicago”. La protesta juvenil fue el punto de inflexión que mostró que la participación estadunidense se enfilaba a un fracaso y la salida nada elegante de las tropas en 1973.

Los comportamientos de los seguidores de Trump no inventaron alguna forma nueva de protesta; sólo dejaron asentado que no eran de exhibición. sino que buscaron crear una crisis constitucional al impedir la consolidación de los tiempos legales de la victoria de Biden.

Detrás de las protestas no hubo sólo el enojo de los seguidores de Trump y la reacción esperada al discurso del presidente azuzando a la turbamulta, sino la expresión de signos de ruptura. No se necesita invocar indicios de una latente guerra civil –que algunos han hecho–, ni advertir que esa violencia en el Capitolio mostró la ineficacia de las reglas institucionales de la democracia, ni ver en directo el agotamiento de la vieja cortesía en la que el candidato derrotado “concedía” la victoria a su adversario, inclusive en aquel incidente que pudo haber llevado a la ruptura en el 2000 cuando la elección llegó a la Corte Suprema y el demócrata Al Gore hubo de aceptar, sin convencimiento, su derrota para evitar las fracturas al régimen político.

Ahora hemos visto el choque interno entre masas armadas con los representantes del modelo de democracia de lobbies. Y la respuesta demócrata alimento los indicios de quiebra del acuerdo fundador de la nación: el juicio contra Trump sin aportar investigaciones o procedimientos político-judiciales, sino sólo con informes periodísticos y enojos de la líder demócrata Nancy Pelosi.

Lo de menos será la imposibilidad práctica, por tiempos políticos, para completar un verdadero procedimiento de impeachment legal, sino con el afán de bloquear por anticipado cualquier posible intento de Trump por querer regresar a alguna estructura de poder por la inhabilitación del juicio político. Nada más antidemocrático que usar las leyes políticas para cerrar el espacio a la competencia y participación entre diferentes posiciones políticas e ideológicas.

Si el sistema político estadounidense se declara, en los hechos, incapaz de resistir otra participación directa de Trump, entonces ese régimen carece de legitimidad. Y de nada servirá que el presidente en funciones Biden, a partir de hoy 20 de enero, trate de bloquear el juicio contra Trump, aunque no por voluntad democrática sino para sentar las bases de una unidad nacional que quedó inservible el pasado 6 de enero.

La imagen de la catedral simbólica de la democracia estadunidense, el Capitolio donde se cocinan las grandes intervenciones, guerras y avales para derrocar otros gobiernos, siendo asaltada por turbas violentas sin sentido de guerra civil quedará para las argumentaciones externas cuando la Casa Blanca quiera intervenir en procesos políticos en otros países. Los EE. UU. como faro de la democracia perdieron valor y presencia, porque el colapso provocado por Trump seguirá un tiempo más si acaso Pelosi quiere ir hasta el fondo con la inhabilitación o si Trump quiere regresar a la política de manera atrabancada.

La fuerza política en el exterior de los EE. UU. estaba en el consenso interno, aún de los sectores progresistas que a veces con rubor rechazaban la exacción de recursos de otras naciones o las decisiones para derrocar gobiernos o los casos de líderes políticos asesinados en aras de una estabilidad autoritaria. Esos sectores progresistas, en el poder, disfrazaban radicalismo con reformas sociales populares y sociales, aunque siguieran explotando a naciones pobres para consolidad su american way of life.

La crisis del 6 de enero fue una quiebra del consenso interno y no se ve en el corto plazo algún liderazgo que logre pegar los pedazos rotos en el Capitolio.

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