La opinión de Horacio Villaseñor
Recientemente, en el Congreso de Jalisco, se presentó una nueva iniciativa para obligar por ley a la ciudadanía a separar la basura en casa. Nos siguen educando bajo el dogma moral de que el problema de los residuos se resuelve con buena voluntad, decretos y disciplina doméstica. La propuesta asume erróneamente que la gestión de residuos es un problema de conducta individual y no de arquitectura sistémica. Nos piden doblar el cartón, enjuagar el plástico y depositar cada residuo en su contenedor de colores, creyendo que el colapso ecológico de nuestra metrópolis es una falla exclusivamente doméstica. Nada más falso. Esta visión superficial ignora la realidad técnica y económica que aprendí desde muy joven. Lo supe cuando asumí la dirección de Ecología Municipal de Guadalajara a los 25 años. Fue en aquellos años cuando iniciamos la transformación local de los tiraderos a cielo abierto hacia los rellenos sanitarios; sin embargo, aquello solo era una medida provisional y emergente que debió evolucionar hacia incineradores modernos mientras se transformaba la administración pública, por la complejidad contemporánea, cosa que quedo suspendida a la llegada, con la alternancia, de personajes sin experiencia en la función pública. Años más tarde, desde mi paso por el Congreso como titular del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos, quedó aún más claro que las ocurrencias normativas de escritorio ignoran por completo la raíz sistémica del problema. La prueba más contundente de esta falacia institucional se reduce a una pregunta inevitable: si no hay mercado suficiente, ¿para qué separas todo? Desde una perspectiva sistémica, el reciclaje no es un acto moral en su origen, sino una transacción económica. Si un material recuperado no tiene un precio competitivo frente a la materia prima virgen, o si su transporte y procesamiento industrial superan su valor comercial, deja de ser un recurso y se convierte en un pasivo. Obligar por decreto a separar fracciones sin demanda real no es política pública; es una simulación administrativa que culmina, inevitablemente, en el mismo camión recolector. Este absurdo se vuelve todavía más evidente con la fracción orgánica, que constituye hasta la mitad de la basura municipal. Se promueve con ligereza la composta urbana bajo la premisa de que todo debe reciclarse de manera local. Sin embargo, si en el entorno inmediato no existe un sector agrícola o paisajístico que demande ese volumen, la composta se acumula, se descompone y acidifica. Transportar toneladas de residuos húmedos desde la ciudad densa hacia centros lejanos consume más energía y genera más emisiones de las que devuelve al suelo. Sin demanda local, el sistema colapsa por inviabilidad económica y espacial. Nuestras ciudades continúan operando como parásitos lineales: extraen, consumen y arrojan. Los ciclos metabólicos están rotos por ignorancia, la gestión se ha delegado a ocurrencias sexenales y contratos de concesión obsoletos que premian el enterramiento en rellenos sanitarios. Una gestión verdaderamente metropolitana exige entender los residuos como insumos de un proceso productivo, articulando cadenas de valor regionales y diseñando puntos de inervación metabólica. Frente a esto, una ciudad densa articulada en torno a edificios y bosques urbanos que el ayuntamiento debe construir adquiriendo manzanas, permitiría crear mercados locales de materiales e instalar incineradores modernos de barrio, unidades de termovalorización a microescala que procesen exclusivamente lo invendible, cerrando los ciclos energéticos locales y eliminando el costoso transporte hacia periferias lejanas. Separar por separar, impulsando leyes sin mercado ni tejido industrial, es un ejercicio estéril y demagógico. La basura dejará de ser una crisis cuando dejemos de tratarla como un asunto de conciencia individual y comencemos a gobernarla como lo que es: el síntoma de un metabolismo urbano roto. ¡No sean mensos!
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