!Síguenos!
Avatar

Publicado

el


Carlos Ramírez

 Cuando el presidente Felipe Calderón decidió enviar a las fuerzas armadas en apoyo de la seguridad pública en diciembre de 2006 por el alto grado de violencia criminal, su argumentación fue la facultad constitucional de la seguridad interior. Desde entonces se sigue debatiendo la participación castrense en seguridad pública sin atender el enfoque deseguridad interior.

En el fondo los debates son procedimentales, de derechos humanos, de daños colaterales; hasta ahora no ha habido ninguna queja de que las fuerzas armadas hayan atacado de manera intencionada a movimientos sociales de protesta. La Ley de SeguridadInterior de 2017 fue bloqueada en la Suprema Corte en 2018, pero sin entrarle al puntocentral: el papel de las fuerzas armadas en la estabilidad social, política y económica del Estado ante los ataques de los grupos criminales nacionales y locales a la seguridad interior.

Más que acercarse las policías civiles a las doctrinas militares por el contacto cotidiano en operativos, el fenómeno ha sido al revés: los militares han tenido que asumir los valores civiles de la seguridad; imperio de la ley, respeto a los derechos humanos, tribunales civiles en casos de exceso de fuerza y acatamiento de la existencia y movilidad de los movimientos de protestas sociales civiles.

El decreto del 11 de mayo que autoriza a las fuerzas armadas a apoyar labores de seguridad, el Cuatro Transitorio constitucional que lo permite y el incumplimiento del Séptimo Transitorio que obliga a gobernadores y alcaldes a profesionalizar sus cuerpos de seguridad, aunado al activismo impune de los cárteles del crimen organizado —El MarroEl Mencho y Ovidio–, crean las condiciones de una nueva fase de crisis de la seguridad interior porque el Estado ha dejado de funcionar en las zonas dominadas por esos grupos.

Y, de paso, hay ya presiones de seguridad nacional por la ofensiva de las agencias de seguridad de los Estados Unidos en su país y en México en contra de esos tres líderes criminales, en tanto que el presidente Trump ha ordenado perseguirlos en México.

Por lo tanto, el escenario estratégico, de seguridad interior y nacional y de presiones internacionales obliga a la revisión del decreto en función de las doctrinas de seguridad del Estado y de la sociedad. Los militares no han llegado a la seguridad pública con la consigna de matar, sino a cumplir con su función de garantizar la soberanía, la independencia y la seguridad del Estado, de la sociedad, del desarrollo económico ante el fracaso de las policías civiles.

Lo interesante del caso es que políticos, partidos, oposición, legisladores, abogados y hasta ministros de la Corte siguen preguntándose qué rayos es la seguridad interior que avala la participación de las fuerzas aradas en situaciones de emergencia del Estado, la sociedad y el desarrollo, cuando viene desde la Constitución de Cádiz de 1812. Durante catorce años se ha debatido el papel de los militares en seguridad pública, excluyendo la seguridad interior. Ahora parece que nos enfilamos al mismo debate inútil de la militarización de la seguridad pública cuando leyes, reglamentos, vigilancias y protocolos son civiles, aunque sean operados por militares.

Y queda al final de cuentas la percepción de que las fuerzas armadas son la garantía de defensa de la libertad, la soberanía y la estabilidad para el desarrollo y no han abusado de su fuerza y que los casos excepcionales han sido investigados y castigados por tribunales civiles.

El problema de fondo parte de premisas equivocadas: el problema no son los militares, sino los funcionarios, policías, organizaciones sociales –todas ellas civiles— que no han podido con el problema de la seguridad y que su ineficacia ha llevado a la decisión de convocar a las fuerzas armadas a defender al Estado y a la sociedad del avance impune de los criminales, con el apoyo de las corrupciones civiles en seguridad y política.

Si las fuerzas armadas son la última línea de defensa del Estado, la soberanía y la sociedad, entonces quitarlos de labores en la que han fracasado políticos, gobernantes, ministros y abogados significaría cederles la plaza a los delincuentes. Si gobernadores y alcaldes se niegan a profesionalizar sus policías y con ello impulsar al alza los delitos de furo común, entonces quién defenderá a la sociedad.

Política para dummies: La política es la continuación de la guerra por otros medios, con el permiso de Clausewitz para una lectura de su tesis.

 

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

Advertisement
Click para comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carlos Ramírez

Indicador Político- AMLO-EU: del nacionalismo defensivo al pragmatismo sin agenda estratégica

Avatar

Publicado

el


Por Carlos Ramírez*

El error en el análisis sobre la reunión del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump no radica en lo obvio: el uso que le dará el anfitrión dentro de su campaña electoral. Lo más importante radica en el hecho de que por primera vez México carece de una agenda estratégica con los EE UU.

La falta de esa agenda estratégica y la laguna de enfoque geopolítico en la diplomacia tribal del canciller Marcelo Ebrard Casaubón llevaron al error de pedir el apoyo de Trump en la pandemia –ventiladores–, cuando la agendaestratégica exigía una sana distancia del imperios ante la agenda real: migración, la Guardia Nacional resguardando los intereses de Washington en las fronteras mexicanas, la falta de iniciativas en las correcciones del Tratado de Comercio, el intervencionismo de las agencias de inteligencia y seguridad nacional en el narco en México y las presiones para mantener negocios dentro del Tratado.

En los más de doscientos años de relaciones bilaterales –primero como posición española y luego como república–, México definió sus relaciones con la Casa Blanca con tres principios: el conflicto histórico por la perdida de la mitad del territorio en la invasión de 1847, la vecindad imperial basada en la frontera estadunidense con el sur latinoamericano en el Suchiate y no en el Bravo y la desconfianza.

México pasó del nacionalismo activo hasta principios del Siglo XX al nacionalismo defensivo –concepto de Lorenzo Meyer– y de ahí saltó el entreguismo totalizador que exigió el Tratado de Comercio libre firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y ratificado en sus términos formales –comercio– y en sus términos estratégicos —geopolítica del imperialismo estadunidense– por los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador.

El Tratado en sus dos versiones –el firmado por Bush-Clinton y el revisado por Peña-López Obrador– se basó en el Memorándum (Proceso 758) del embajador estadunidenses en México en 1991 John Dimitri Negroponte –el más poderoso jefe de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca–, en el que se fijó el parámetro estratégico del comercio como eje de la dominación imperial:

Desde una perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”.

Y así fue. El sometimiento de la histórica política exterior mexicana con principios estratégicos de seguridad nacional en función de los intereses mexicanos se enterró a finales de 1989, iniciadas ya las negociaciones del Tratado, con el apoyo de México a la invasión de los EE UU de Panamá para arrestar al jefe del ejército panameño –paradójicamente agente de la CIA durante el año en que George Bush Sr. dirigió la agencia–, violando la soberanía panameña.

El Tratado que rige la totalidad de las relaciones bilaterales –en lo económico y en seguridad nacional– se firmó en función de las propuestas de la Comisión Binacional México-EE UU que concluyó en 1987 que México debería cambiar sus enfoques históricos y educativos sobre los EE UU desde la educación. Los gobiernos de De la Madrid y Salinas cumplieron con esa recomendación.

Y ha querido la realidad exhibir el desdén estadunidense a los enfoques de vecindad del Tratado con una política migratoria militarizada, agresiva y racista que México, hasta ahora, no se ha atrevido a condenar. En plena revisión del Tratado Trump se dedicó a insultar, criminalizar y deportar a mexicanos sólo por consideraciones sociales, sin que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador pudieran o quisieran impedirlo o cuando menos disminuir su agresividad.

El Tratado salinista anuló la agenda estratégica de la política exterior mexicana y el gobierno de Trump ha definido la suya con criterios racistas, de explotación de recursos y de desdén.

El nuevo gobierno del presidente López Obrador y del canciller Ebrard debió de haberle dado prioridad a la definición de su agenda estratégica con los EE UU, inclusive sin agresividad ni confrontación, pero sí con la ratificación de los principios históricos reales de la diplomacia de colaboración-resistencia-defensiva.

Esta semana, sin esa agenda estratégica mexicana, se dará la reunión de López Obrador con Trump.

-0-

Política para dummies: La política es la estrategia de defensa ante las agresiones de adversarios y conquistadores.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

 

Seguir leyendo...

Carlos Ramírez

Indicador Político- CJNG: droga o narco-Estado como las FARC; El Mencho sólo es un matón

Avatar

Publicado

el


Carlos Ramírez*

Las amenazas del presidente Donald Trump de caracterizar cárteles mexicanos del crimen organizado como terroristas ha tenido detrás un expediente de inteligencia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y contra el Cártel de El Chapo. Estas organizaciones criminales transnacionales mexicanas que operan de manera masiva dentro de los EE UU estarían llegando a ser grupos con propósitos políticos como la narcoguerrilla de las FARC colombianas.

La Operación Python de la DEA en marzo arrestó a más de 600 efectivos del CJNG, pero esa ofensiva antinarcóticos ya cruzó la frontera sur y está en México. Algunos expertos en análisis de seguridad señalan que en los EE UU tienen la impresión de que la estrategia mexicana de seguridad publica –que ya no busca desmantelar y descabezarlos principales cárteles— ha permitido la expansión del narco hacia territorio estadunidense.

Los expedientes sobre el CJNG y su líder Nemesio Oseguera Cervantes están acotados y se carece de información de inteligencia sobre su evolución y reforzamiento directivo. La versión de que El Mencho está enfermo, retirado o muerto no ha sido corroborada, tampoco se tienen datos de la reorganización de la élite dirigente del grupo, salvo algunos nombres más o menos conocidos.

La versión no oficial es que hay nuevas cabezas dirigentes en el cártel y con mayor capacidad de análisis político.

A pesar de esa presunta debilidad del CJNG por la falta de atención de tiempo completo por parte de El Mencho, el cártel no ha detenido su fase de expansión violenta en toda la república y en los EE UU. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el uso de algunas técnicas de violencia que se salen del marco de referencia de una banda delictiva que lucha por control de plazas territoriales. No es lo mismo atentar contra un jefe policiaco local que se niega a colaborar en un espacio territorial menor, que intentar asesinar al secretario de Seguridad de la capital de la república gobernada por una de las preferidas políticas del presiente López Obrador o amenazar el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sólo por “no estar jalando”, como si el poder de fuerza del CJNG necesitara de tan altos funcionarios en zonas donde los nervios del grupo en realidad operan sin freno y extendiéndose. Es decir, no necesitan de un pacto con esas altas autoridades. Por tanto, amenazas y agresiones tienen otro objetivo.

Las tácticas del atentado contra el jefe Omar García Harfuch o las amenazas contra el gobernador Alfaro y varios miembros del gabinete son propias de organizaciones políticas, no criminales. El cumplimiento de las amenazas contra esos dos altos funcionarios hubiera conducido a una operación gubernamental de exterminio contra el grupo criminal. Y si bien la capacidad de fuego del CJNG es superior a las policías locales, la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas podría casi aplastarlo como respuesta.

El atentado contra el jefe policiaco del gobierno de CDMX alertó más a las organizaciones estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional, porque en los EE UU hay una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho. En la comunidad de inteligencia de Washington no les preocupa Harfuch porque no es un cuadro que hayan entrenado ni que participe en los enlaces bilaterales, sino que llamó su atención que el CJNG haya pasado a técnicas de guerra que también pudiera aplicar dentro del territorio estadunidense donde el cártel de El Mencho está siendo acotado por la policía.

La presión estadunidense sobre el gobierno mexicano por el CJNG El Mencho va a seguir creciendo porque esa organización criminal pudiera llevar su guerraa las calles de los EE UU. En la lógica analítica estadunidense están procesando la información del CJNG con elementos de un reacomodo en la dirección operativa del grupo criminal a partir de sus operaciones: pasar de lucha contra cárteles menores locales a provocaciones contra el Estado amenazando a secretarios del gabinete presidencial y atentando contra el jefe de la policía de la capital de la república. La dimensión de esos operativos contra figuras del Estado en su primer nivel rebasa la capacidad de El Mencho y conduce a decisiones de disputas por el poder con el Estado que requerirían de reflexiones más de guerrilla anti Estado que de criminales.

-0-

Política para dummies: La política en esencia es actividad de pensamiento estratégico y enfoques de inteligencia.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Seguir leyendo...

Carlos Ramírez

Indicador Político- Y de repente, México como Colombia por narcoviolencia

Avatar

Publicado

el

Por Carlos Ramírez*

Las diferentes plataformas de televisión en México se han llenado en los últimos años de series referidas a las bandas de narcotraficantes. Y en la pantalla estalla la violencia, los atentados, los balazos. Pero, bueno… es ficción, aunque sea basada en hechos reales.

Lo malo se percibe cuando la realidad rebasa a la ficción. El viernes 26 a las 6.38 de la mañana hora local en la elegante calle de Paseo de la Reforma estallaron miles de balazos en un atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México, capital de la república. Se usaron armas de altocalibre. Y dicen las referencias posteriores que la idea era romper el cristal de la camioneta con blindaje 5 para tirar una bomba incendiaria contra el jefe policiaco, por cierto,nieto del secretario de la Defensa Nacional en el sexenio 1964-1970 e hijo del prestigiado político y experto en seguridad Javier García Paniagua, precandidato a la presidencia de la república en 1981.

El escenario estratégico involucró un contexto complejo: el encuentro en los próximos días del presidente López Obrador con el presidente Trump en la Casa Blanca, la aprobación de Trump de la Operación Python contra el Cartel Jalisco Nueva Generación –señalado como autor del atentado contra el jefe policiaco–, el arresto y luego liberación de los padres del capo conocido como El Marro, jefe del Cártel Santa Rosa de Lima que se dedica al millonario negocio de extracción clandestina de gasolinas de los ductos oficiales, la orden de extradición ya firmada para capturar y enviar a los EEUU a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ya preso de por vida en una prisión estadunidense y la orden presidencial para enviar de nueva cuenta a las fuerzas armadas a combatir a los cárteles.

Hasta ahora, la violencia del crimen organizado estaba localizada en unas diez ciudades del interior de la república, lejos de los estados de ánimo de los capitalinos. Pero el viernes 26 la violencia del tableteo de las ametralladoras Barret despertaron a una ciudad ajena a esa violencia. En julio del año pasado hubo un asesinato artero en un restaurante lujoso en el también lujoso centro comercial Artz del sur de la ciudad.

Las cifras oficiales han registrado aumento en la violencia criminal. El año de 2019 contabilizó 32,582 homicidios dolosos o violentos, una media de 90 diarios en todo el país. Para 2020 se prevé que la cifra sea mayor. Y en una revisión de cifras de diciembre de 2006 –año en que el presidente Calderón autorizó la participación de las fuerzas armadas en labres de apoyo a la seguridad– a finales de 2019 se han contabilizado más de 322,000 homicidiosviolentos en México, una media de 23 mil al año.

De diciembre de 2006 a noviembre de 2018, la estrategia fue perseguir delincuentes, confrontar cárteles y liquidar jefes criminales de las principales organizaciones. El saldo fue aceptable: el 85% de los capos fueron muertos, arrestados o extraditados, pero las estructuras siguieron vigentes. El presidente López Obrador cambió la estrategia: no perseguir capos y crear condiciones para recuperar la paz, incluyendo el cambio de giro de algunos delincuentes. Suestrategia se denominó “construcción de la paz”, reducida a su propia frase de “abrazos, no balazos”.

El atentado contra el jefe de policía de la capital de la república modificó el escenario simbólico: presuntamente el cártel número 1, el Jalisco Nueva Generación, habría atentado contra el funcionario. El asunto grave es que una semana después del incidente no hay una versión oficial que incrimine al CJNG y todo se reduce a un tuit del propio jefe agredido, minutos después del ataque, dijo que el Jalisco Nueva Generación era el responsable. Por cierto, ese mismo cártel se acreditó el asesinato de dos judíos en la Plaza Artz a mediados del año pasado.

Los datos están dispersos, la información oficial es cuantitativa, las valoraciones oficiales son muy optimistas y el ambiente de temor sube ante la escalada de violencia. Las sociedades en las zonas de conflicto aumentan miedos, muchas zonas territoriales del país siguen controladas por cárteles, la fuerza del Estado siempre mayor a la de los criminales ha sido acotada por la estrategia de no perseguircapos. Las agresiones de cárteles contra partidas federales de seguridad son crecientes y la respuesta sólo es de autodefensa. La capacidad económica del Estado es menor a los requerimientos para ofrecerles alternativas productivas a los delincuentes.

El atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México fue un punto de inflexión en el activismo criminal. La audacia de llenar el ambiente matutino con el tableteo de las metralletas Barret fue el aviso ruidoso de que los cártelesestán escalando la violencia en la capital de la república, dejando un cuádruple mensaje: es la sede del presidente de la república, las armas son superiores a las de los policías, la jefa de gobierno local es una de las preferidas del presidenteLópez Obrador para sucederlo en el cargo en 2024 y ningún ciudadano estará tranquilo si el jefe de la policía es enviado al hospital con varias balas en el cuerpo.

Las tres agendas de la crisis del gobierno actual siguen escalando negativos: la salud del coronavirus seguirá hasta octubre y se unirá a la crisis de influenza hasta marzo del año próximo, la economía decrecerá -14% en este año y tardará en reactivarse y ahora la inseguridad llegó hasta la capital de la república y tocó nada menos que al jefe de la policía.

México ha entrado en una zona de tensión, incertidumbre y decrecimiento económico que estaráagitando los tiempos políticos; elecciones de cámara de diputados en julio del 2021 y votación por revocación del mandato presidencial en marzo de 2022. Y en 2024 se votará presidente para el sexenio 2024-2030.

http://indicadorpolitico.mx

indicadorpoliticomx@gmail.com

@carlosramirezh

Seguir leyendo...
Advertisement


Tendencia