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Carlos Ramírez*

En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.

El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.

El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.

La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.

La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.

El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.

Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.

Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.

Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.

Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.

López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.

 

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Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Bárcena vs. Ebrard por línea de diplomacia estratégica ante EU

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Carlos Ramírez*

En las últimas horas se desató una guerra burocrática por el control de la línea estratégica de la política exterior y de seguridad nacional mexicana hacia los EE. UU. en la coyuntura de los intereses de geopolíticos de la Casa Blanca ante las elecciones del 3 de noviembre.

Además de reacomodos de grupos de poder en el gobierno mexicano, el trasfondo real es la visión nacionalistadel presidente López Obrador que desarrolla el canciller Marcelo Ebrard y los intereses de Washington y la comunidad de servicios de inteligencia de la Casa Blanca que parecen estar detrás de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.

El campo de acción ha sido el caso Cienfuegos. Ebrard se movió con excesivo cuidado y en función de los estilos pausados del presidente de la república, en tanto que la embajadora ha dado por supuestos los cargos y ha pedido un aumento en la “colaboración” mexicana en materia de seguridad que hasta ahora no sólo ha beneficiado a Washington, sino que le ha dado carta blanca para desarrollar operativos de espionaje en México. En el caso Cienfuegos ha sido evidente: las agencias de inteligencia de los EE. UU. espiaron a mexicanos dentro de México.

En este sentido, el caso Cienfuegos ha llevado al debate justo el tema de la colaboración, que para funcionarios como Bárcena quieren ser colaboracionismo en función de los intereses los EE. UU. y sin respetar la soberanía mexicana y los intereses nacionales de instituciones como las fuerzas armadas. Para las agencias estadunidenses, “cooperación” quiere decir subordinación, en tanto que el presidente López Obrador y algunos mandos militares plantean la exigencia de que México desarrolle sus propias estrategias y políticas.

El punto clave radica en lo que Kissinger, en los sesenta, señaló como la definición de las políticas exteriores: los “intereses nacionales”. Y resulta que los intereses nacionales de los EE. UU. no son los mismos que los intereses nacionales de México. El caso Cienfuegos debe entenderse como una forma de presión de los EE. UU. para obligar a México a regresar a la guerra criminal contra el narcotráfico que sembró al país de muertos, en tanto que el presidente López Obrador está comprometido con el modelo de construcción de la paz que implica enfoques contrarios a los estadunidenses.

El asunto Cienfuegos ha puesto al descubierto los dos enfoques contradictorios en materia de seguridad nacional y soberanía mexicana frente a la seguridad nacional y la soberanía extendida imperial de la Casa Blanca. El enfoque de la embajadora Bárcena no pone en entredicho los intereses perversos de la estrategia de seguridad estadunidense y justifica las acciones de espionaje, operativos de la DEA dentro de México que violan los acuerdos y la soberanía mexicana y aconseja atender las preocupaciones estadunidenses.

Ebrard, en cambio, se ha ajustado al enfoque nacional del presidente López Obrador y su estilo a veces incomprendido de trato con el presidente Trump para eludir confrontaciones inútiles con el imperio. Ebrard operó por instrucciones presidenciales la visita de López Obrador a Trump en Washington y la embajadora Bárcena se dedicó a bombardearla.

El cargo de secretario de Relaciones Exteriores ha pasado, en los tiempos del PRI y el PAN, por la embajada de México en Washington porque ahí se asumen las presiones e intereses estadunidenses. Ebrard viene del equipo central de López Obrador desde el 2000, fue sucesor designado en la jefatura de gobierno del DF y tiene asignadas tareas adicionales a las relaciones exteriores por el grado de confianza presidencial, además de mantener aceitadas relaciones con los grupos de Trump y del demócrata Joe Biden.

Por esas razones se da la disputa por la cancillería mexicana.

 

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TV Indicador. Domingo 23 a las 10.30 de la mañana habrá mesa de “Comunicación y Política” de Samuel Schmidt y Carlos Ramírez con el politólogo Víctor Alarcón sobre el tema de la crisis en el sistema de partidos, vía zoom. Inscripciones con Ana Karina Sánchez en anakarinasl@hotmail.com y en WhatsApp 55-1058-6460.

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 Política para dummies: La política es el juego palaciego de intereses.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- El cártel del H2 no existía para la DEA en su evaluación de 2019

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Carlos Ramírez*

El ahora famoso y calificado como el “más peligroso y criminal” cártel del H2 en Nayarit en realidad era desconocido para la DEA. En su reporte National Drug Threat Assessment de diciembre de 2019 ese grupo nopintaba ni estaba en el radar. En ese documento sólo registró la dispersión de la “Organización de los Beltrán-Leyva”, de manera supuesta el venero, en varios grupos no detectados en cuatro entidades de la república.

Es cierto que esos documentos son engañosos porque dicen lo que la DEA quiere decir y ocultan lo que esa agencia operativa quiere esconder. Pero por obligación tiene que entregar información de inteligencia a la Dirección de Inteligencia Nacional que coordina y centraliza operaciones de las dieciséis y ahí tampoco se encuentran datos duros sobre el cártel involucrado en el caso Cienfuegos.

La referencia de la DEA al desarticulado Cártel de los Beltrán-Leyva es escueta:

 

Organización Beltrán-Leyva (BLO) – La BLO afirmó su independencia después de que los hermanos Beltrán-Leyva y sus asociados se separaran del Cartel de Sinaloa en 2008. Si bien todos los hermanos Beltrán-Leyva ahora han sido asesinados o encarcelados, grupos escindidos y restos de su organización continúan operando en diversas partes de México, incluidos los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa. Los grupos escindidos, aunque en general todavía se consideran bajo el paraguas de la BLO, están afirmando una mayor independencia e influencia. Los dos más prominentes de estos grupos disidentes, Los Rojos y Los Guerreros Unidos, operan de forma independiente debido en parte a su papel en el comercio de heroína. Los grupos disidentes de la BLO dependen de sus alianzas flexibles con el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), el Cártel de Juárez y Los Zetas para acceder a los corredores de tráfico de drogas a lo largo del SWB (frontera suroeste de los EE. UU.). Los miembros de la BLO trafican principalmente marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, y mantienen centros de distribución en Phoenix, Los Ángeles y Chicago”.

 

La evaluación 2019 de la DEA enlista a las seis más importantes “organizaciones criminales trasnacionales” (TCO) que operan con intensidad dentro de los EE. UU.: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, lo que queda de la Organización de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas. Dentro de territorio estadunidense estos cárteles se mueven para ingresar, comercializar y lavar los recursos de la venta drogas entre los consumidores estadunidenses que dependen de la disponibilidad de estupefacientes, además de que se esconden dentro de las zonas comunitarias de mayoría de origen mexicano.

Para la DEA, los principales son los grupos de Sinaloa y Jalisco: “De acuerdo con años anteriores, el Cártel de Sinaloa mantiene la influencia nacional más amplia, con sus posiciones más dominantes a lo largo de la Costa Oeste, en el Medio Oeste y en el Noreste. El CJNG continúa siendo el TCO mexicano con la segunda influencia nacional más extendida. Las actividades de BLO siguen estando más dispersas en los Estados Unidos, con concentraciones más elevadas en áreas con grandes mercados de heroína.”

De ahí que el hoy sobrestimado cártel de Nayarit haya sido mencionado sin información real por la DEA y sinaportar datos de sus dirigencias. Y queda otro dato del reporte de la DEA: las actividades de la organización de los Beltrán-Leyva están bajo la supervisión de las oficinas antinarcóticos de Miami y no de Los Angeles, donde se desahogó el caso Cienfuegos.

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 La Corte, bien. En medio de las secuelas por el voto por la consulta para juzgar a expresidentes de la república, la Suprema Corte decidió apoyar la iniciativa de la ministra Margarita Ríos Farjat a favor de personas con discapacidades, en el caso de un niño con discapacidad en las piernas. La decisión obligará a las empresas y comercios y sobre todo a las escuelas a construir accesos adecuados para sectores vulnerables. La propuesta de la ministra sacudió la modorra de la Corte y le entró en tareas pendientes a favor de la población vulnerable, olvidada en la realidad y agobiada en los discursos.

 

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Política para dummies: La política es como el espionaje: se opera en la oscuridad, la información interpretada y las malas intenciones son la motivación.

 

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Indicador Político- DEA: crisis y desorden en la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de EU

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Carlos Ramírez*

Como no se había visto desde la crisis del caso Enrique Camarena Salazar en 1985, la agencia antinarcóticos de los EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ha asumido una autonomía de acción que ha comprometido la estrategia de inteligencia y seguridad nacional civil y militar de la Casa Blanca. El operativo contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda se salió de la lógica de la estructurada comunidad de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca.

En 1985 la DEA realizó su propia investigación, se alió a la CIA en México y al embajador John Gavin y determinó responsables del secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos, aunque por entonces sospechoso de colaborar con los narcos. Además de abrir juicios latentes en Los Angeles contra funcionarios mexicanos que van a ser arrestados apenas pisen suelo estadunidense, la DEA secuestró en México al doctor Alvarez Machain como responsable de las torturas, lo llevó en secreto a los EE. UU. y lo encarceló, aunque después un juez determinó ilegalidades y fue regresado a México.

El paquete de información del caso Cienfuegos ha sido integrado por la DEA, pero lo importante es que la DEA es una de las dieciséis agencias de inteligencia que existen en el gobierno estadunidense y que se coordinan, de manera supuesta, por la Dirección de Inteligencia Nacional que depende del presidente Trump. De esa oficina, sólo la DEA es la que se mueve con autonomía e impunidad con sus propias agendas, sin cumplir con los requisitos de coordinación que establece la National Intelligence Strategy 2019 de los EE. UU.

El problema radica en el desorden, desconfianzas, insubordinaciones y autonomía funcionales de las agencias, ante la falta de una dirección de Estado de la Casa Blanca. Hasta ahora, en menos de cuatro años de gobierno, Trump ha tenido nada menos que cinco directores de Inteligencia Nacional –un cargo creado como consecuencia de los ataques islámicos del 9/11 de 2001 y la falta de una coordinación entre agencias–, dos de ellos corridos –en lenguaje mexicano– por la furia presidencial porque estaban investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y posible en 2020,

En un reportaje publicado por Robert Draper en The New York Times Magazine el 9 de agosto pasado se revelan los berrinches, ironías, descuidos y formas que operan las agencias de inteligencia engañando al presidente Trump para que firme directrices sin saber y autorice operativos que no entiende. Por primera vez los EE. UU. carecen de un sólido escudo de inteligencia y seguridad nacional civil y militar por la incapacidad del presidente Trump para entender la seguridad nacional.

En un acto sin precedente y violatorio de las reglas democráticas, el 24 de septiembre 489 funcionarios y exfuncionarios civiles y militares del área de inteligencia y seguridad nacional acusaron al presidente Trump de incompetencia en el tema y pidieron votar por el candidato demócrata Joe Biden, aunque con la intención secretade regresar a los tiempos de la seguridad nacional imperial que somete, asesina, derroca y manipula gobiernos extranjeros.

En este contexto la DEA lanzó su propio operativo contra el ejército mexicano y lo hizo muy al estilo Trump: atrabancado, sin procedimientos legales, manipulando pruebas y tribunales e interviniendo en asuntos internos en otros países y rompiendo compromisos de colaboración de seguridad nacional e inteligencia militar.

Como en 1985, la DEA desarticula las relaciones bilaterales México-EE. UU. para ayudar a la campaña de Trump.

 

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EE. UU. a catorce días de las elecciones. De acuerdo con un resumen de encuestas de Real Clear Politics, la brecha en estados decisivos se estrecha porque Trump ha subido y Biden ha bajado; está en 4.1 puntos de diferencia, con un margen de error de 2.5 puntos. Trump está en mejor posición que en el 2016 contra Hillary Clinton.

Y el más desesperado por la persistencia de Trump y la pasividad de Dormilón Biden es el expresidente Obama, quien usa videos para atacar a su antecesor, el mismo que llegó como repudio a la presidencia obamista.

 

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Política para dummies: La política la determina el que toma la iniciativa, porque los de adelante corren mucho y los de atrás se quedaran.

 

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