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Carlos Ramírez

Como sigue siendo un misterio conocer a ciencia cierta las motivaciones presidenciales para adelantar dos años el proceso de sucesión presidencial, entonces queda un terreno propicio para la especulación y el análisis.

En este sentido, estos dos años previos a la verdadera madre de todas las batallas que se dará a mediados del 2023 podrían servirle al presidente saliente para calar y calibrar el compromiso de los precandidatos con el proyecto transexenal lopezobradorista de la Cuarta Transformación.

En el pasado, los precandidatos se movían fuera de la observación real presidencial y los presidentes salientes nolograban tener un panorama claro sobre el involucramiento de los aspirantes con el proyecto presidencial en turno. Y una vez iniciado de manera formal el proceso el año anterior a las elecciones, pocoselementos tenían los presidentes salientes para pulsar el compromiso de los aspirantes con el proyecto en vigencia.

Los precandidatos reales, ficticios y patiños tendrán cuanto menos año y medio para comenzar a moverse en los espacios sucesorios, pero encarando en sus cargos y en sus planes compromisos formales y estructurales con la 4ª-T que se ofrece como un modelo más allá de un sexenio.

En el pasado los presidentes salientes y los precandidatos fundamentaban sus posibilidades en lealtades personales, pero el modelo salinista del tratado transexenal de comercio libre marcó las sucesiones presidenciales de 1994 al 2012, a pesar de que no pudo haber una continuidad personal del presidente Salinas de Gortari. Hoy existen indicios de que el proyecto de la 4ª-T buscaría como mínimo tressexenios –igual el salinato– con o sin la figura dominante de López Obrador.

En este contexto, la decisiónsucesoria se dará en la pinza de la herencia y el legado. La primera –la herencia– tendrá que ver con la situación política económica, social e internacional del país en medio de la persistencia de crisis no resueltas y crecientes de manera previsible: el crecimiento económico de no más de 2% promedio anual, la carga del empobrecimiento por la crisis pandémica, el agudizamiento de los problemas de seguridad cuyos indicios se perciben en estos días, el gran dilema del presupuesto federal entre ingreso y gasto y la falta de un modelo de desarrollo diferente para aprovechar la fase 2.0 del tratado comercial con Estados Unidos.

Nada se percibe en el corto plazo  para suponer que el escenario nacional pueda superar en dos años el colapso general provocado por la pandemia, sobre todo si no se perciben ajustes estructurales a la política de desarrollo del gobierno actual. En este sentido, la continuidadsucesoria tendrá que ver si los aspirantes ajustan sus propuestas personales a las líneas generales de transexualidad de la 4ª-T.

El legado podría dibujar otro punto de referencia para tomar la decisión sobre el sucesor o la sucesora. En la sucesión de 1993, todos los precandidatos a la candidatura priísta tuvieron que dejar muy en claro qué pensaban hacer con la figura y la personalidad del presidente saliente Salinas de Gortari. El legado de los presidentes es el conjunto de comportamientos y resultados que todo presidente quiere que sirva como referente histórico a la hora devaluar su gestión sexenal.

Todos los indicios hasta ahora conocidos sobre el proceso de la sucesión presidencial 2024 señalan que no habrá ninguna sorpresa a los ya conocidos porque el funcionamiento político del sistema en los tiempos del gobierno actual no ha querido cambiar reglas, protocolos y resortes del funcionamiento de la política.

De ahí que el presidente López Obrador va a tener mínimo dos años –la mitad del 2021, todo 2022 y la primera mitad del 2023– para evaluar el comportamiento de los aspirantes presidenciales vis a vis lo que puede considerarse como el lopezobradorismo. Cuando menos, esta sería una de las explicaciones racionales para tratar de comprender o cuando menos entender las razones presidenciales para adelantar la agenda sucesoria, con el dato fundamental de que el proyecto de lopezobradorista nopudo aprovechar la primera mitad del sexenio para consolidarse por culpa de la pandemia y tendrá poco tiempo de la segunda mitad para avanzar hacia la consolidación de las bases del cambio de modelo político de gobierno.

 

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Política para dummies: la política se nutre más de las deslealtades que de las lealtades.

Novedad editorial: adquiera el libro El shock neoliberal en México, Editorial Indicador Político, escrito por Carlos Ramírez, Samuel Schmidt y Ruby Rivera; disponible en Amazon en versión eBook digital o impresa: https://www.amazon.com/dp/B09919C13V

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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país. Autor de la columna; Indicador Político Twitter: @carlosramirezh Página Web: http://indicadorpolitico.mx

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Telmex y Línea 12, dos dardos envenenados de AMLO a Slim

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Carlos Ramírez

Identificado como prototipo empresarial del proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim Helú tuvo la estrategia y la suerte de transitar por dos gobiernos panistas. Y sin una revisión de ese pasado político escabroso, logró colocarse en los ánimos –que no los afectos– del presidente López Obrador.

Sin embargo, no hay estrellas que brillen por siempre. El presidente ha enviado dos severos avisos de que la suerte del empresario de origen libanés podría haberse apagado:

1.- En el contexto de la revelacióndel periodista José Martínez Mendoza de que la renovación de la concesión de Telmex para 2026-2056 que ya había sido aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una maniobra del 2006 del presidente Peña Nieto para blindar a sus aliados y que el gobierno actual tiene aún la última palabra, el presidente López Obrador sacó a colación una equiparación entre el fraude tramado para privatizar funciones de la Comisión Federal de Electricidad y la forma en que Salinas decidió en 1990 privatizar una de las empresas más ricas propiedad del Estado.

En una conferencia matutina, López Obrador reveló la existencia de un modelode desprestigio de la empresa pública para propiciar su privatización: la CFE en el escenario de la reforma del 2013 dentro del Pacto por México PRI-PAN-PRD. El fraseoutilizado por el presidente dejó entrever algunos indicios que preocuparon a Slim:

“A nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, que representaba la privatización de una empresa pública; no se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México y se fue preparandoel terreno y se entregó la empresa pública (Telmex) porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica”.

Al equiparar la privatización de Telmex con la privatización de áreas del sector eléctrico, el mensaje dirigido a la concesión de Telmex de que puede ser revocada por la autoridad presidencial en marzo del 2023 quedó como indicio de que podría regresarse la telefónica a manos del Estado.

2.- El otro mensaje fue de apenas el pasado jueves 14 de octubre: el dictamenfinal de la Fiscalía de Ciudad de México determinó culpabilidad y responsabilidad de las empresas constructoras, entre ellas el grupo Carso de Slim Helú. Previo al informe judicial, se había dado una especie de perdón anticipado a Carso y en los hechos se había obligado a Slim a cubrir el costo de la reparación de la infraestructura destruida con el desplome de dos trenes con cargo económico a la propia empresa.

Se supuso en su momento que allí había terminado toda la investigación. Sin embargo, la Fiscalía reconstruyó el proceso desde el punto de vista de la investigación penal y determinó también posibilidades de castigos judiciales, solo que con la posibilidad de lo que se conoce como justicia retributiva-restaurativa y que implica el pago del daño para evitar consecuencias penales. La responsabilidad de Carso afectará su credibilidad como empresa constructora que tiene contratos con otras grandes obras de la 4ª-T y desde luego que minará la riqueza y la credibilidad del empresario.

Slim saltó a la fama y el poder económico con la privatización de la empresa Teléfonos de México que cubrió con todos los mecanismos legales previsibles entonces, pero que dejó la decisión final a la voluntad del presidente Salinas de Gortari. La complicidadSalinas-Slim quedó fijada en el imaginario popular con la referencia a Carlos & Charlie con relación al nombre propio de los dos personajes.

El imperio económico de Slim Helú –alrededor de más de 60,000 millones de dólares, aproximadamente un billón de pesos, algo así como el 15% del presupuesto federal o 3.5% del PIB– se construyó a partir de Teléfonos de México, pero incumpliendo con uno de los principios formales de la privatización: mantener el servicio a favor del público yno para construir una fortuna personal-familiar que quiere extenderse otros cincuenta años más.

En este escenario, los dos mensajes presidenciales hacia Slim Helú y su imperio empresarial estarían revelando la reflexión, cuando menos, al interior del gobierno lopezobradorista de que se podría rescatara Telmex como empresa de servicio público de la misma manera que la CFE.

 

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Política para dummies: La política es el instante del poder para tomar decisiones de Estado.

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Por qué la crisis de drogas en EU no tiene solución

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Carlos Ramírez

La reciente cumbre de seguridad México-Estados Unidos aportó, por lo que no se dijo y sí se percibió, los datos importantes que permiten concluir que la crisis de consumo de drogas y narcotráfico en la zona norteamericana no tiene solución y que todos los acuerdos se están conformando con la administración de los conflictos derivados del flagelo de la drogadicción.

El problema se reduce a dos universos: el consumo de drogas en Estados Unidos y el papel de proveedor de México y Colombia. Las adicciones se han convertido en el peor flagelo de la salud estadounidense y los cárteles del crimen organizado han acrecentado su poder.

Y no hay solución por dos razones: Estados Unidos enfoca el consumo como un problema de garantías individuales y toda su estrategia se centra en el área de salud; la DEA ha reconocido en sus reportes del 2005 al 2020 que los cártelesmexicanos han aumentado su actividad dentro de Estados Unidos y controlan el tráfico y venta al menudeo de droga en las calles. Y a pesar de esos datos, ninguna oficina gubernamental ha definido con seriedad algún programa para combatir de manera directa a las estructuras del crimen organizado.

Los cárteles de la droga nacieron en Colombia en los años sesenta y en México a partir de mediados de los años ochenta; comenzaron en México como pequeñas bandas organizadas para traficar droga rumbo a Estados Unidos con la complicidad de las autoridades mexicanas y fueron derivando en verdaderas estructuras de producción-tráfico-lavado con grupos armados con suministros de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos y sus controles laxos en producción y comercio de armas. Hoy en México existen alrededor de doce carteles que dominan porciones territoriales de la soberanía del Estado y tienen capacidad de acción armada superior a la policiaca e inferior a la militar.

Estados Unidos se la pasa quejándose de que los cárteles mexicanos no combaten la producción y el tráfico y México se desgasta señalando que la droga está determinada por la demanda de los adictos estadounidenses. Como esta fórmula implica la asunción de responsabilidades políticas y de seguridad que nadie quiere reconocer, entonces todas las reuniones bilaterales son sesiones de quejas mutuas.

El gobierno de Obama, en franca violación del derecho internacional, definió el criterio de “crimen organizado trasnacional” para referirse a los cártelesmexicanos que operan con creciente influencia dentro de Estados Unidos y determinó una estrategia de extraterritorialidad para atacar a esos carteles en sus países de origen –la doctrina de las madrigueras que definió Bush Jr. en el tema del terrorismo–, eludiendo cualquier responsabilidad al permitir el funcionamiento de esos cártelesdentro de Estados Unidos.

Antes de la cumbre de seguridad, a finales del año pasado, México dio un severo golpe nacionalista al imperialismo de seguridad estadounidense: estableció reglas legales para que todos los agentes de las oficinas que tienen que ver con el narco en Estados Unidos y sus operativos sean registrados con anticipación ante autoridades mexicanas para obtener visas. A partir de entonces, la DEA no ha podido funcionar en México, primero porque se negó a registrar agentes y operativos y luego porque el gobierno mexicano, en uso de sus facultades, ha estado retrasando el registro de visas como una forma de obligar a Estados Unidos a ser menos arrogante.

El principio generador del problema del narcotráfico en Estados Unidos y la región latinoamericana y caribeña tiene que ver con el consumo. El gobierno no ha podido definir políticas contra las adicciones ni instrumentos de seguridad para controlar a las bandas de narcos. Los cártelesmexicanos del crimen organizado parecen tener más derechos de existencia y movilidad en Estados Unidos que en México. Desde 2005, las evaluaciones anuales de la DEA reconocen que los cárteles mexicanos tienen el control del narco al menudeo en Estados Unidos.

Pero el problema es mayor por otra razón que tampoco la Casa Blanca quiere reconocer: los cárteles mexicanos, en efecto, controlan el mercado al menudeo de droga dentro de Estados Unidos, pero la droga ha cruzado la frontera y se ha desparramado por todo el país sólo con la complicidad de autoridades estadounidenses; y los cárteles funcionan también por la aprobación gubernamental interna.

De nada servirá que el gobierno estadounidense haya fijado, en decisiones que recuerdan la lucha de los cowboys en el viejo oeste, recompensas de millones de dólares en México para atrapar los jefes de los grupos delictivos, ya sea vivos o muertos; sin embargo, nada hace para perseguir a los cárteles dentro de Estados Unidos. El aumento en las cifras de consumo de droga estadounidense se explica en función de la facilidad para contrabandear droga y venderla en las calles.

Mientras Estados Unidos no decida centralizar su política antidrogas en el consumo y en tanto no acepte que la droga circula por la corrupción de sus funcionarios y fuerzas de seguridad, el narcotráfico seguirá de fiesta dentro de Estados Unidos, aún si México descabezara por segunda ocasión a los grupos delictivos.

La existencia de cárteles y el flujo de droga, pues, solo se explica en tanto exista la demanda de estupefacientes por consumidores norteamericanos.

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Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa- Diálogo México-EU: Otro monólogo de la Casa Blanca

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Por Carlos Ramírez

De entre los muchos datos importantes para evaluar la realización y los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre seguridad México-Estados Unidos, el punto más inexplicable se localiza en el título del documento final: “Entendimiento Bicentenario”. Se podría tratar de una concesión demagógica de la Casa Blanca hacia el ambiente político actual del espíritu del bicentenario de la independencia mexicana, pero sin nada que ver con la conflictiva relación bilateral bicentenaria que tampoco en esta ocasión encontró respuestas ni cauces.

Los puntos centrales de cada uno de los países quedaron dibujados en los escarceos diplomáticos previos:

1.- Estados Unidos quiere seguir manteniendo la impunidad, la extraterritorialidad y el dominio de los operativos de sus organismos de inteligencia y seguridad nacional dentro de México y sin cumplir con ningún requisito legal de registro de agentes de operaciones.

2.- México, en cambio, insistió en el expediente qué título “El narco en EU” y dejó en claro que la dinámica productiva y de trasiego de droga que viene de América Latina o sale de México hacia territorio estadounidense es producto de la demanda de los adictos que requieren droga en Estados Unidos. Y junto con ello, México ha señalado que el gobierno americano nada hace para combatir el contrabando ni para atacar a los cárteles mexicanos que dominan la compra-venta de droga en las calles de más de 3,000 ciudades.

El documento final define con claridad tres objetivos concretos:

1.- Proteger a nuestra gente, invirtiendo en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto.

2.- Prevenir la delincuencia transfronteriza asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas.

3.- Desmantelar las redes criminales, persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos y fortaleciendo los sectores de la seguridad y la justicia.

Los desagregados añadieron compromisos formales que buscarían enfrentar a los cárteles en ambos lados de la frontera, disminuir el tráfico de drogas y encarcelar a los principales líderes de los cárteles. Estos puntos, por cierto, han sido incluidos en todos los acuerdos, compromisos, intenciones, entendimientos e iniciativas, pero ninguna de ellas ha sido operativa ni ha llegado a disminuir el tráfico de drogas.

Estados Unidos ha dejado claro, al margen de iniciativas y entendimientos hoy bicentenarios, que no va a instrumentar mecanismos internos de persecución agresiva ni disminución sustantiva de drogas en las calles, debido al hecho concreto de que los millones de adictos requieren de droga para mantener la tranquilidad social y que una disminución del flujo y precios más o menos aceptables llevaría a violencia callejera generalizada.

En el caso de México, la estrategia de construcción de la paz no busca desactivar a los cárteles de la droga, sino que se basa en el objetivo de disminuir la violencia del Estado y convencer a los delincuentes a incorporarse a la economía productiva, rompiendo con la estrategia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto de mantener una guerra violenta a balazos en las calles para desmantelar a las bandas delincuenciales.

El uso de la palabra “entendimiento” revela la falta de estrategias operativas de corto plazo y mete las políticas de seguridad de ambos países en las dinámicas administrativas locales y en los caminos sinuosos de la burocracia. Y como para ilustrar el escenario real del conflicto, Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre México para obtener aprobaciones a nuevos agentes y operaciones clandestinas de la DEA en México contra cárteles mexicanos, sin que esa misma agencia antinarcóticos haya definido algún plan concreto para perseguir y desmantelar a los cárteles mexicanos que están asentados en territorio estadounidense.

El Entendimiento Bicentenariobilateral pareció ser una salida diplomática que evitara el conflicto en la reunión del Diálogo de Alto Nivel; las agendas reales seguirán latentes y en situaciones de conflictos diplomáticos y avanzarán en términos que puedan destrabar los dos gobiernos. Pero en el fondo, la cumbre binacional de seguridad mostró que la crisis migratoria y de narcotráfico carece en Estados Unidos de dirección estratégica real y que el desplazamiento de la agenda que estaba en manos de la vicepresidenta Kamala Harris dejará la negociación en un burócrata, agobiado y desbordado secretario de Estado, Antony Blinken, que perdió margen de maniobra en el fracaso del retiro de tropas de Afganistán.

Se ha insistido mucho y hay que subrayarlo: el consumo de drogas en Estados Unidos es el motor que define a las estructuras de oferta. Si no hubiera consumidores americanos, el problema sería menor porque la droga habría perdido interés como negocio. Pero desde la Operación Intercepción de septiembre de 1969 en la frontera californiana México-EU ha aumentado de manera sustancial el consumo de drogas y por lo tanto los proveedores han tenido que crecer.

La crisis de migración no legal, de contrabando de drogas y de consumo de estupefacientes criminales es más grave en la Casa Blanca que en Palacio Nacional. Y no habrá un principio de solución si el gobierno de Estados Unidos no asume que el problema central es el consumo.

 

Zona Zero

·       El gobierno estadounidense carece de una estrategia migratoria de emergencia para resistir la presión de las caravanas de migrantes que buscan ingresar por la fuerza a Estados Unidos. Entre los criterios para otorgar asilo de emergencia, no existe el concepto de asilo por pobreza y la argumentación de asilo por violencia implica un proceso muy largo de negociación. La crisis de la migración haitiana revela el fracaso del sistema capitalista estadounidense en Haití y ahora los haitianos quieren que Estados Unidos los reciba como corresponsables de su miseria. Eso sí, EU está preparado para recibir a 100,000 refugiados afganos que fueron colaboracionistas hoy perseguidos por los talibanes, aunque en realidad esa cifra debiera multiplicarse por diez.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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