Por Laura Gutiérrez Franco
El pretexto de la persecución judicial suele vestirse de leguleyadas y acuerdos institucionales, pero la realidad de fondo no cambia: cuando el poder público utiliza el aparato punitivo para sofocar la crítica, la democracia entera entra en terreno minado. El reciente caso que involucra a Mónica Calles Miramontes —quien denunció penalmente la aperturación de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Instituto Nacional Electoral (INE)— expone con crudeza la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de garantías cuando deciden señalar los abusos cometidos desde las cúpulas del Estado.
Mónica no solo es una abogada electoral y constitucionalista de impecable trayectoria técnica, sino también una periodista muy destacada tanto en medios nacionales como en La Voz de Jalisco, donde sus análisis jurídicos y sociales son leídos, respetados y admirados por su lucidez. A lo largo de su carrera ha mantenido una lucha frontal y firme contra el abuso de poder, defendiendo a compañeros periodistas y encabezando causas complejas en favor de ciudadanos que de otro modo quedarían indefensos.
El origen de este litigio se remonta al pasado 20 de agosto, fecha en la que Calles acudió a una diligencia en las instalaciones del propio órgano electoral. En dicho acto, la litigante y comunicadora encaró y documentó las faltas procedimentales y los deslices de legalidad cometidos por diversos servidores públicos que operaban sin la debida acreditación ni expediente de por medio. La exhibición pública de estas arbitrariedades en plataformas digitales desató una inmediata respuesta institucional: la notificación, fechada el 31 de agosto, de un expediente penal en su contra acompañado de medidas cautelares promovidas a favor de una «víctima de identidad reservada», ordenándole abstenerse de emitir expresiones que la denigren o molesten.
Resulta indispensable detenerse en la desproporción y velocidad con la que las autoridades ministeriales activaron sus recursos. Mientras miles de carpetas de investigación por delitos de alto impacto languidecen en la burocracia judicial, el aparato persecutor demostró una celeridad inusitada para amedrentar a una especialista que ejercía la defensa de derechos, la libertad de prensa y la observancia del marco constitucional. Someter la labor periodística y la defensa técnica al yugo de la amenaza penal no solo vulnera el debido proceso de la afectada, sino que envía una señal inhibitoria al gremio jurídico, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.
Este atropello tiene implicaciones humanas y laborales devastadoras. Si las autoridades insisten en encarcelar o acallar a Mónica Calles, dejarán en la absoluta indefensión a numerosos trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente mediante acusaciones anónimas y ocultas de violencia de género, dejando en claro cómo se manipulan los mecanismos institucionales para fabricar culpables y despojar de sus derechos a quienes no tienen voz.
Ante esta flagrante arbitrariedad, el Foro Nacional de Periodistas —con el respaldo explícito de su delegación en Jalisco, encabezada por Rubén Íñiguez— ha manifestado públicamente su apoyo total a Mónica Calles Miramontes, cerrando filas en defensa de su labor informativa y de su integridad profesional.
La defensa de la legalidad no puede catalogarse como un delito. Instrumentar medidas cautelares bajo pretextos difusos para acallar a quienes cuestionan el actuar de las autoridades electorales erosiona los contrapesos democráticos en vísperas de futuros procesos decisivos para el país.
Habría que preguntarle directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum si así es como se van a conducir los próximos procesos electorales, con un INE convertido en un mero títere del gobierno y utilizado como garrote político. Ante el uso punitivo de las instituciones, la luz pública, la solidaridad del gremio y el rigor constitucional siguen siendo las herramientas más legítimas para combatir la impunidad y garantizar que el ejercicio profesional del derecho y del periodismo no se pague con el hostigamiento del Estado.
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