Gabriel Torres Espinoza
Los desafíos que enfrenta México para ampliar la cobertura en la educación superior, necesariamente transitan por la insuficiencia de recursos financieros de las universidades, las políticas inclusivas y sostenibles, y estrategias efectivas para integrar a más jóvenes en el sistema educativo, respondiendo así al derecho a la educación para todas las personas, según lo ha proyectado el gobierno de la República. Se advierte la necesidad de que los gobiernos emprendan una revisión profunda de las políticas de financiamiento y la implementación de un modelo que asegure suficiencia y certeza financiera para las instituciones de educación superior públicas, en consonancia con las recientes reformas constitucionales y las demandas de la sociedad por mayor cobertura.
El presupuesto de educación superior en México acusa varios puntos clave que son profundamente problemáticos, relacionados con la formulación, negociación y aprobación del presupuesto, marcado por características inéditas, en el contexto de polarización política y austeridad pública, que contrastan con las demandas de mayor cobertura. Las universidades públicas han estado sujetas, afortunadamente, a un escrutinio intenso respecto a la gestión de sus recursos, las medidas de austeridad y los retos financieros.
La iniciativa de ‘presupuesto constitucional’ para la universidad pública de Jalisco, corrobora la necesidad de innovar en el modelo de financiamiento de la educación superior, con una iniciativa inédita, que coloca a Jalisco a la vanguardia, para asegurar suficiencia y certeza financiera, en respuesta a los desafíos manifiestos por las demandas de crecimiento de la matrícula, ampliación de la infraestructura, la modernización tecnológica y la investigación científica.
El presupuesto para la Máxima Casa de Estudios, garantizado en la Constitución de Jalisco, conlleva un decidido enfoque en redefinir prioridades hacia la inclusión social y la educación, asegurando para ello un ‘presupuesto constitucional’, con lo que se robustece la autonomía y sostenibilidad financiera de la U de G. La iniciativa presentada por el gobierno de Jalisco significa un elemento crucial para el futuro de la educación superior en México, debido al precedente que asienta.
