En un grave aprieto está metido el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, y algunos de sus funcionarios.
Hoy martes 29 de marzo de 2022, el medio digital Despertador Americano, publica una nota en seguimiento al caso del arrendamiento de Patrullas que el Ayuntamiento tapatío adquirió a sobreprecio, de acuerdo a datos que el Doctor Carlos Lomelí Bolaños exhibió a los medios de comunicación. Leamos parte de la nota: “La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan la renta a sobreprecio de las patrullas en el municipio de Guadalajara.
“La Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP dirigió un oficio a Asuntos Jurídicos de la misma dependencia para que se “inicien las investigaciones correspondientes” para determinar si existen delitos y, en su caso, formular la denuncias correspondiente ante la FGR.
“En el mismo oficio se menciona que el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí entregó un escrito el pasado 15 de febrero, en el cual informa que denunció ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara presuntas irregularidades en la adjudicación por 762.2 millones de pesos a la arrendadora Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V.
“La empresa arrendará durante tres años 763 vehículos, incluidas 290 patrullas, pero de acuerdo con Lomelí existe un sobreprecio de 332 millones de pesos.
“El regidor también expuso en su escrito entregado a la SFP que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus cometió desacato, puesto que existía una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que prohibía se dictara el fallo de la licitación ante irregularidades en el proceso.
“En tanto la FGR, pidió al Juez Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, un informe y copias certificadas que se llevan dentro del juicio de amparo 2524/2021”.
Cabe mencionar que la actual contralora municipal Cynthia Cantero Pacheco, se ha tardado en emitir su informe de este caso que a todas luces se ha visto como un caso de corrupción, pues contraviene el espíritu por el cual se instalaron los Comités de Adquisiciones de buscar calidad a menor precio y en este caso es todo lo contrario.
Cynthia Cantero Pacheco, como “contralora” -je- es la funcionaria responsable de vigilar que los procesos de las compras y/o licitaciones se ejecuten apegados a los lineamientos y si sigue dando largas al tema, podría estar incurriendo en encubrimiento, una falta grave que amerita inhabilitación para ejercer el servicio público.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice en su: “Artículo 62.
Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”
Aquí hay gato encerrado. Sin duda. Y saldrá todo a la luz en su momento porque con eso van a descarrilar al voraz Pablíto Lemus en su loca carrera a la gubernatura. Mientras, la FGR y la Secretaría de la Función Pública están cocinando a Lemus.
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