Por Amaury Sánchez G.
En Jalisco tenemos una joya de ironía: la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), ese organismo que debería ser guardián de la legalidad y el buen uso de los recursos públicos, anda en boca de todos no por su eficiencia, sino por sus escándalos. Ya no se sabe si es oficina fiscalizadora o agencia de colocación de aviadores.
Al frente está Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, un auditor que parece más político que técnico, porque ha sobrevivido más años que el chile en nogada en las mesas de septiembre. Pero la novedad es que su casa comienza a oler a pólvora: denuncias internas señalan a una de sus funcionarias favoritas —adscrita a la Dirección Jurídica— de operar prácticas dignas del archivo negro de la burocracia mexicana:
Aviadores de nómina que cobran sin presentarse.
Trabajadores extorsionados con “moches” para que les paguen lo que tribunales ya les reconocieron.
Incapacidades falsas del IMSS usadas como salvoconducto para no ir a trabajar, pagadas con dinero público.
Nada nuevo bajo el sol, pero aquí la gracia es que ocurre en la Auditoría, la que se supone debería sancionar a otros por lo mismo. Es como descubrir que el nutriólogo tiene acciones en Sabritas o que el padrecito administra un table dance.
La funcionaria en cuestión no es improvisada: su historial ya incluye aventuras en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, donde formó parte de un grupo conocido como “El Clan Trevi” (seguro no cantaban “Pelo Suelto”, pero sí sabían cobrar la tarifa). También dejó huella en la Fiscalía, donde los empleados la acusaron de pedirles una parte del sueldo para mantener la plaza. En pocas palabras, la señora tiene más antecedentes que un libro de historia de secundaria.
Lo grave no es sólo que haya sobrevivido a todo esto, sino que hoy goce de la protección directa del auditor, con la sospechosa cereza en el pastel: su cercanía sentimental con un familiar del jefe. Con razón en la ASEJ nadie se atreve a moverle un pelo.
Y mientras tanto, el Congreso del Estado, ese que debería ponerle lupa al auditor, guarda un silencio sepulcral. ¿Por complicidad? ¿Por flojera? ¿Por temor a perder el pase VIP en la repartición de favores? Usted escoja la opción que más le convenza.
Lo mismo la Fiscalía Anticorrupción, que ya debería estar frotándose las manos para entrar en acción. Pero en estos casos suele aplicar la fórmula de siempre: o se hace la desentendida, o actúa con un entusiasmo equivalente al de un burócrata en viernes a las dos de la tarde.
La paradoja es deliciosa y terrible a la vez: la institución que debe vigilar la transparencia está bajo sospecha de ser un muladar. ¿Quién audita al auditor? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién le dice al lobo que se limpie la sangre del hocico antes de posar para la foto con las ovejas?
Este escándalo no es un simple chisme de pasillo. Es un espejo del sistema político jalisciense, donde las instituciones se reparten entre grupos, se administran las complicidades y la rendición de cuentas es un show de utilería. Lo que ocurre en la ASEJ podría pasar —y pasa— en muchos otros órganos “autónomos” que funcionan como cotos de poder disfrazados de oficinas técnicas.
Lo mínimo que cabría esperar es que el Congreso saque las manos del bolsillo y llame al auditor a cuentas. Que la Fiscalía Anticorrupción deje de ser oficina de papel y meta expedientes en serio. Que los ciudadanos, hartos de tanto simulacro, exijan resultados.
Pero, si todo sigue como hasta ahora, preparemos las palomitas. Porque la ASEJ no está dando un espectáculo de fiscalización: está montando una tragicomedia donde los auditores son los auditados, y la corrupción es la actriz principal.
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