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Staff A Fondo.- Resulta importante realizar ciertas aclaraciones pues es “preocupante” el desvío de la realidad o la desinformación de diversos grupos de poder que con el fin de defender sus intereses presentan “opiniones” repletas de falacias respecto de lo que “en su opinión” se está perpetrando.

En ese sentido abordamos sólo algunos de los puntos que han causado mayor revuelo en los medios de comunicación quienes no han escatimado en “azuzar” las llamas de la polémica con tal de abonar al conflicto (pues esto les asegura mayores recursos económicos).

De lo anterior abunda en su mayoría la DESINFORMACIÓN a la sociedad civil, quien ante su desconocimiento cree verdad las “posturas” presentadas por los “opinólogos” y favorece al desconcierto.

El primer punto es referente a la eliminación de los honorarios del Comité de Participación Social del Sistema (CPS) Estatal Anticorrupción. En este tema en primer lugar debemos aclarar que el CPS no nace en el Sistema Anticorrupción (SAE) como un “contrapeso” más bien nace como un “vínculo” con las organizaciones civiles, si se quiere con la ciudadanía, pero son dos situaciones epistemológicas distintas, mientras que la primera requiere “tensión”, “fricción” o “conflicto”; la segunda favorece a la “coordinación” y a la “colaboración”.

En otras palabras, el CPS no se genera para ser un contrapeso de las demás instancias del sistema Anticorrupción -que es importante mencionar- todas son autoridades.

Sino que se integra a esta iniciativa como órgano ciudadano para aportar esta perspectiva al “diseño de las políticas anticorrupción” del país. Pues ese es a grandes rasgos el objeto de la creación del Sistema Anticorrupción que las autoridades inmersas o con encargo constitucional y legal en materia de transparencia, rendición de cuentas, persecución del delito y de resolución de casos de corrupción y de responsabilidades que en conjunto engloba la lucha contra la corrupción, se pongan de acuerdo en la forma en la que cada una, desde su ámbito de competencia, abonarán para la disminución de la corrupción en el país.

En este sentido el CPS no nace como un contrapeso al gobierno, ni es su función ser una “piedra en el zapato” de ninguna autoridad, esa función la asumieron quienes desean figurar en la opinión pública y quienes aspiran a los reflectores, pues tienen intereses de otro tipo.

Obviamente los medios de comunicación potenciarán este tipo de actitudes pues el conflicto vende más que su alternativa.

Tampoco es una función del CPS ser un representante de la sociedad, no son votados por la misma, sino son colaboradores con una perspectiva ciudadana para un fin estatal (en el más amplio sentido de esta palabra en donde el pueblo es parte del Estado) que es la lucha contra la corrupción a través de un “sistema” diseñado con la idea de que todos sus integrantes se pongan de acuerdo y colaboren entre sí.

La idea de que es un contrapeso en lugar de un vínculo corrompe su objeto original, pues este ente (CPS) no cuenta con las herramientas ni la estructura idónea para ser un contrapeso al poder.

Recordemos el rezo del principio democrático y constitucional de la división de poderes, “solo un poder puede limitar a otro poder”.

Considerar que el CPS es una instancia concebida para limitar el poder público no solo es una aberración respecto de su esencia sino una necedad, pues en ningún momento tienen la posibilidad estos cinco ciudadanos de poder competir con el Estado, mucho menos de restringirlo o limitarlo.

Más allá de las políticas públicas que por su función dentro del sistema y acorde a los procesos ahí establecidos puedan integrar en la política anticorrupción.

Ahora bien, tampoco es que ellos sean los únicos que aportan políticas anticorrupción dentro del sistema; pues si se analiza la integración y atribuciones de los integrantes del SAE se puede determinar que quien está mayormente obligada a presentar insumos técnicos al Comité Ejecutivo (integrado por miembros del CPS) y luego al Comité Coordinador (presidido por un miembro del CPS) es la Secretaría Ejecutiva del Sistema, luego entonces, la función esencial de presentar anteproyectos e insumos técnicos no es del CPS.

Ya respecto de estos proyectos se pronunciara el CPS enriqueciendo las propuestas con su perspectiva ciudadana que además integra un perfil de especialista en alguno de los temas en materia anticorrupción. Pero nada más.

No es función del CPS investigar hechos aislados de corrupción como si fueran ministerio público, pues esa es función de la fiscalía y en su caso, de la fiscalía anticorrupción que también es integrante del SAE y para eso se creó.

Tampoco es su función realizar evaluaciones de perfiles para puestos públicos, pues su opinión técnica, aunque si abona a la búsqueda de un mejor perfil, ni siquiera es vinculante.

Pues no es la función del sistema Anticorrupción elegir funcionarios para algún ente público en particular.

Ya las disposiciones respecto a los titulares de los Órganos Internos de Control se incluyen en los textos constitucionales y legales.

Resulta preocupante que se mencione que el sueldo exorbitante se justifica porque previene la corrupción y el soborno. Pues quién querrá sobornar a un ciudadano cuya única función es colaborar con diversas autoridades en el diseño y evaluación de las políticas anticorrupción. Ahora si fuese así, todos los servidores públicos deberían contar con sueldos mayores a 50 mil pesos y así terminaríamos con la corrupción.  La falacia radica en presentar un argumento como si fuera válido sacando de contexto las funciones y el objeto del CPS.

Más allá del contexto nacional y del trato que originalmente se le ha dado a nivel nacional. El que un ciudadano reciba sueldo por su colaboración en un proceso gubernamental inhibe un poco su esencia “ciudadana” y lo asemeja más a un proveedor de servicios.

De lo contrario me pregunto; ¿por qué los ciudadanos que colaboran en otros consejos ciudadanos como el de participación ciudadana son cargos honoríficos? Es realmente un acierto dar a un ciudadano el trato de un asesor o proveedor de servicios profesionales.

Asimismo, se dice que se les impide su “mínimo vital” pues la desinformación presentada dice que se les prohíbe trabajar en otras cosas, lo cual es una aseveración lejana a la verdad, pues el texto que alude a la prohibición está recogido del texto vigente que integra la Ley estatal en materia anticorrupción. Y si existiera esta prohibición porque la mayoría de los integrantes del CPS tienen otros trabajos como investigadores, maestros, en programas de televisión, columnistas, en empresas. No existe en la actualidad esa prohibición como tampoco lo implica el texto del dictamen aprobado. Sí existe la prohibición de que laboren en cargos de gobiernos municipales, estatales o federal, pero esto obedece a la calidad necesaria de su perfil que es que deben ser “ciudadanos” no servidores públicos o funcionarios.

Otra falacia es obviar que existen disposiciones específicas en la Ley General para los sistemas locales y municipales y pretender que deben tener todas las instancias ciudadanas el mismo trato que las referidas al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional lo que es, notoriamente, un exceso.

De ahí entonces, la constitucionalidad de lo aprobado por los diputados deberá ser resuelta en tribunales pues tampoco es muy claro en la norma general qué aspectos del sistema nacional deben ser replicados en los sistemas locales en equivalencia y cuáles aspectos no. Pero eso no implica que la disposición sea un golpe letal al sistema. Pues la independencia de pensamiento del ciudadano integrante del CPS no depende de su aspecto salarial sino de su calidad de ciudadano comprometido con la lucha contra la corrupción. Por cierto en mi opinión la Ley general buscó privilegiar la independencia de los miembros del CPS por medio de contratos de prestaciones precisamente para evitar se les diera un trato de servidores públicos. Pues con ello perderían por completo su perspectiva ciudadana, pero el pagar sus contratos de prestación de servicios por medio de recursos públicos no es, precisamente, una forma de equipararlos. De ahí que la única forma de asegurar que se mantengan ajenos a esta forma de manipulación por pago de servicios no sería, por ende, hacerlos cargos honoríficos.

Ahora bien respecto de las propuestas en las que se buscaba que la Secretaria Ejecutiva funcionara como Secretario Técnico también del CPS es también ajena a lo que dispone el modelo nacional y el organismo público descentralizado debería contar entonces con mayor estructura para llevarse a cabo. Aunque debe anotarse que la Secretaría Ejecutiva del Sistema colabora y brinda los insumos técnicos y recursos necesarios cuando fungen como Comité Ejecutivo y Comité Coordinador respectivamente.

En lo que toca a la integración de los Comités de Adquisiciones siempre me ha parecido un tema de conflicto de interés que estén cámaras empresariales u organismos de este tipo con voz y voto. Pues solo se traslada la posibilidad de corrupción de la autoridad al ente de la iniciativa privada.  Y precisamente contra ese tipo de corrupción hacen falta aún mecanismos eficaces dentro del sistema Anticorrupción. Pues es más difícil de detectar y perseguir.

Esto es, el sistema Anticorrupción está plagado de mecanismos para prevenir la corrupción en los procesos de compras y de prevenir, investigar y sancionar las responsabilidades de los servidores públicos que fungen como autoridad en estos procesos gubernamentales. Pero es muy complicado garantizar la investigación y sanción de casos de corrupción si estos se dan en el seno de las cámaras empresariales que participan en los procesos de compras.

¿Cómo aseguras que no exista competencia desleal entre los diversos proveedores que participan en los concursos si es un miembro precisamente del giro empresarial el que tiene voz y voto sobre uno u otro proveedor?

En este sentido, no sólo deberían disminuir los consejos o cámaras empresariales con voz y voto en los Comités de Adquisiciones sino deberían recobrar esa perspectiva de solo testigo social para evitar conflicto de interés y prevenir y sancionar acto de de corrupción.

(Imagen tomada de El Rumbo internet)

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Desnuda ooooootra vez Mural al corrupto Gómez Álvarez y socios

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Por Iván García Medina


De notables a sin vergüenzas y cínicos pasan los auto considerados impolutos miembros del Comité de Participación Social de Jalisco (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado que fueron exhibidos en la prensa local.

Hoy sábado, Mural en una nota del agudo reportero Francisco de Anda publica lo siguiente: Cobran en la UdeG miembros del CPS
“Cuatro de los cinco integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cobran también en la UdeG, aunque rechazan que, por ser un ente fiscalizable, incurran en conflicto de interés.
“La información se desprendió de las declaraciones patrimoniales que los integrantes del CPS hicieron públicas el jueves en el apartado de transparencia proactiva del portal del organismo”.
Nooo buenooo, y se quedaron cortos, porque sacando cuentas, son esos tres sueldos, más el pago del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, más la consultoría de David Gómez Álvarez (Transversal), más el dinero público que recibió del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para un programa fantasma de observadores electorales. Más el Contrato en el ITEI Jalisco…más lo que se le ocurra esta semana.
Estos paladines de la honestidad ganan, sumadas todas sus chambas, mucho más que el presidente y se atrevieron a defender a David Gómez Álvarez cuando lo iban a cesar y procesar por ladrón.
¿Es legal y legítimo fingir que se está de tiempo completo en tantos lugares?
¿Esos son los que combaten la corrupción de dobleteros y tripleteros?
Deje usted de lo legal, ¿es moralmente decente que los supuestos representantes de la sociedad civil para el combate a la corrupción finjan que trabajan en varios sitios a la vez y cobren dinero público a sabiendas que no se puede hacer todo a la vez?
Vamos, bajo el sentido común de las cosas estimado lector, ¿se puede chiflar y comer pinole?
Tiene mucha razón el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, estos 4 cínicos que superan los 150 mil pesos mensuales tienen nombre y apellido; Annel Vázquez Anderson, Nancy García Vázquez, David Gómez Álvarez Pérez, Pedro Vicente Viveros Reyes. 

Aquí dejo el link de la nota para los suscriptores de Mural: https://www.mural.com.mx/cobran-en-la-udeg-miembros-del-cps/ar2260848

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Persiguen desde Casa Jalisco a Armando García Estrada; imputan delitos inexistentes

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No cabe duda: todo indica que la persecución que se hace desde el Congreso del Estado al Magistrado Armando García Estrada viene ordenado desde Casa Jalisco aunque los diputados locales  podrían estar cometiendo un delito al conceder los apetitos de venganza que tiene el Ejecutivo.
Es sabido que el Magistrado Armando García Estrada tiene un amplio conocimiento del derecho y por ende hará una gran defensa de su inverosímil caso, pero vamos por partes: Al Magistrado le están acusando -‘ojo’- de hechos que no cometió, la controversia es por juicio contra una construcción de un edificio en Providencia, del cual, los permisos y licencias los otorgó el ayuntamiento, y la habitabilidad fue entregada por la actual administración que está por concluir ya que presentaron un juicio de lesividad contra sus propias autorizaciones y perdieron todas las instancias.
Por otro lado, un vecino demandó la reparación del daño en la vía civil y también perdió.
Por lo tanto el Magistrado no emitió sentencia alguna sobre el caso y eso sin duda meterá en aprietos a los congresistas que al parecer no están bien informados.
Lo que sucedió está muy claro, el Ayuntamiento intentó clausurar, por las licencias que ellos mismos emitieron, sin sentencia de por medio, es decir que actuaron motu propio  y a pesar de eso la autoridad buscó clausurar. El constructor presentó una Demanda de Nulidad y la Cuarta Sala emitió una suspensión para efectos que se respetaran las licencias vigentes que repito, ellos mismos emitieron. 
Y de paso, el juicio no llegó a sentencia, es decir, al juicio nunca se llegó porque los constructores se desistieron.
¿Entonces cuál es la ilegalidad? Por eso insisto; que bien harían los actuales legisladores en estudiar bien el caso porque fabricar y enjuiciar con pura ‘saliva’ estaría significando un abuso de autoridad y por lo tanto ahí cabe la defensa y el revés que el Magistrado aplicaría y de ser así, los congresistas deberán estar preparados porque como se ve, no habrá patrimonio que les alcance para la reparación del daño moral que le causen a García Estrada. El gobernador no puede disponer todo en todo: ni López Obrador ni ‘Obama’
Al tiempo. 
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Enrachado Enrique Alfaro con su ‘guillotina’; quiere otra magistratura y va sobre Armando García Estrada

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A punto de concluir la actual legislatura local que se ha caracterizado por su total falta de credibilidad, y por ejecutar venganzas de última hora, se ha convertido en la penosa guillotina del sexenio actual, o salvadora de actores políticos señalados aquí o allá, por esto o por aquello, se comporta como un Congreso del Estado a la carta, para cumplir y satisfacer los ‘apetitos’ del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y titular del Poder Ejecutivo de Jalisco. Hoy quieren la magistratura de Armando García Estrada, -quien además vive amenazado por los alfaroboes-, y ello suena a largo juicio porque el juez no se va a dejar de unos legisladores pillos.
Hoy jueves 16 de septiembre de 2021, Mural en su edición impresa y versión on line, publica una entrevista al Magistrado de la Cuarta Sala de TAE, Armando García Estrada, que exhibe la realidad y lo bajo que han caído los actuales diputados locales, leamos: Denuncia persecución el Magistrado García Estrada
“Para el Magistrado Armando García Estrada, el juicio político que inició en su contra el Congreso del Estado es un acto de persecución, por lo que advirtió que se defenderá por la vía legal.
“Como fue en su momento el asunto de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), hay abuso y persecución ex lege política en contra de mi trabajo porque no soy un Magistrado a modo, que obedezca y que se arrodille”, dijo.
“No lo soy y nunca lo seré, aunque me cueste la vida, que ya me tienen amenazado, así que otra vez reitero que si me llega a suceder algo a mí o a mi familia, están identificados quiénes pueden ser”.
El 9 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó iniciar un procedimiento de juicio político en contra de García Estrada bajo el argumento de que “se excedió en atribuciones y afectó la impartición de justicia”.
En este caso, es vergonzosa la forma en que el Poder Ejecutivo del Estado esté metiendo tanto la mano en el Poder Legislativo, y de forma tan abierta: primero actuó perjudicando con el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, luego para afectar al SEA, luego para destituir al Magistrado Adrián Joaquín Miranda y ahora permitiendo el juicio político al Magistrado Armando García Estrada.
No puede haber tanta intromisión, ¿porqué entonces no hay juicio político a los que ya han acusado anteriormente? ¿Por qué los diputados lacayos no juzgan a otros que tienen juicio de responsabilidades planteado en el Congreso?
(Congreso del estado, cumple antojos del gobernador Enrique Alfaro…)
Si los Magistrados y jueces son como son, todo el Poder Judicial es así, no hay buenos o malos, lo malo repito, es que se actúe para cumplir antojos y caprichos y se actúe para perseguir casos personales. A ver que quiten a todos y una vez hecho esto, que pongan a puro lacayo miembro de la familia feliz.
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