La opinión del Doctor Gabriel Torres Espinoza
Jalisco construyó un sistema para fotografiar placas, generar adeudos inexplicables y cobrar cientos de millones de pesosmás a la gente. Lo que no lograron es la evidencia técnica y jurídica que demuestre que cada sanción fue legal, que el dinero recaudado mejoró la seguridad vial y, sobre todo, que las fotomultas evitaron muertes. Sí operan los cobros; pero la política para ‘salvar vidas’ no se acredita.
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable registró un millón 999 mil 47 fotoinfracciones en 2023. Está documentado. Lo que no está demostrado es que la fotomulta modifique sustancialmente las conductas peligrosas. El indicador oficial MIDE registró 534 defunciones por accidentes de tráfico de vehículo de motor en 2024 y 624 en 2025. Según esa medición, las muertes aumentaron aproximadamente ¡17 por ciento en un año!
La recaudación por fotoinfracciones pasó de 307.8 millones de pesos en 2018 a 442.5 millones en 2022. Solamente entre enero y octubre de 2023 habría alcanzado 404.2 millones. El Gobierno sabe cuántas multas genera y cuánto cobra por ellas, pero no puede demostrar que “salva vidas”. Afirmar esto es sólo propaganda para justificar una decisiónpuramente recaudatoria.
Además, es ilegal. Desde el amparo 2794/2011, resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, quedó expuesto un problema elemental. Una empresa puede instalar equipos y procesar imágenes, pero no puede ejercer la potestad sancionadora que corresponde exclusivamente a la autoridad.
Las fotomultas se vuelven jurídicamente anulables cuando la autoridad no acredita la existencia del acto, la competencia de quien sanciona, la motivación individualizada, la autenticidad de la evidencia y la notificación que permitadefenderse.
El contrato vigente asigna hoy al ‘proveedor’ privado tareas de ‘procesamiento, validación de evidencias, generación de infracciones, integración de paquetes de sanciones y envío de avisos’. La autoridad sólo aparece mediante una firma electrónica, es decir, únicamente presta su firma a una decisión producida por ‘el sistema’ en manos de un particular.
La cámara puede detectar una posible infracción, pero nopuede reemplazar el juicio de la autoridad. Si la empresa detecta, procesa y genera la sanción, mientras el servidor público sólo presta su firma electrónica al final, el gobiernono ejerce su potestad. Sólo convalida la decisión de un particular.
Los radares fotografían placas, no identifican a quienesconducen. La multa traslada al propietario del vehículo las consecuencias de una conducta que pudo haber realizado otra persona. No sanciona al conductor identificado, sino al dueño del vehículo. La ley puede establecer responsabilidades para el propietario, pero no cancelar su derecho de defensa ni sustituir la identificación del infractor con una presunción automática.
Diversas fotoinfracciones han sido anuladas porque cuando el ciudadano niega conocerlas, la autoridad no logra exhibir la cédula correspondiente, ni demostrar su debida emisión y notificación. No basta con que un adeudo aparezca en una pantalla gubernamental. Debe existir un acto administrativo escrito, fundado, motivado, firmado por una autoridad competente y notificado conforme a derecho.
Los propietarios descubren las deudas al pagar el refrendo, cuando los descuentos desaparecieron, los recargos aumentaron y su defensa oportuna quedó indebidamente obstaculizada.
Una sanción económica tiene sentido cuando modifica la conducta que pretende inhibir. Si las multas aumentan, la recaudación crece y las muertes vuelven a subir, el Gobierno debe explicar qué está corrigiendo realmente. Porque si después de millones de infracciones el comportamiento peligroso persiste, entonces la fotomulta fracasó como medida preventiva, aunque prospere espectacularmente como mecanismo de cobro.
La cámara puede registrar una placa, pero no sustituir a la autoridad, identificar por arte de magia al conductor ni cancelar el derecho de defensa. Jalisco ha desarrollado un sistema ingenioso para sacarle cada vez más dinero a la gente, mismo que es incapaz de demostrar con la mínima evidencia que ‘salva vidas’. Efectivamente, pueden imponerhoy las fotomultas ilegítimas. Mañana, los ciudadanos podrán dictar sentencia en las urnas.
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