Gabriel Torres Espinoza
De manera sigilosa opera un poderoso ‘órgano’ en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal): el Comité de Inversiones. Es, en efecto, ‘la mano que mece la cuna’ de los negocios ‘al estilo Jalisco’. Esos que son ejecutados, con premeditación, alevosía y ventaja, en contra del dinero que los trabajadores aportan para su jubilación. Hoy, este grupo que no rinde cuentas a nadie, conduce a la quiebra a Ipejal.
De acuerdo con el primer párrafo, del artículo 158, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, inscrito en el Capítulo IV, “de las Reservas e Inversiones”, se destaca que: “Los recursos del Instituto se invertirán en la forma y condiciones que establezca el Consejo Directivo”. Recuérdese, además, que el Consejo Directivo del Ipejal se encuentra integrado por: I) dos representantes nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo; II) un representante por el alcalde de Guadalajara; III) el secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado; IV) un representante de la Sección 47 del SNTE; y V) el director general del Ipejal.
No obstante, el párrafo tercero del artículo 158 de esta Ley, sostiene: “Con la finalidad de incrementar el rendimiento de las reservas, se podrán efectuar inversiones reales y financieras, nacionales e internacionales, (…) incluida la constitución de fideicomisos, que ofrezcan condiciones de seguridad y rentabilidad, conforme al reglamento de ‘Políticas de Inversión en Mercados Financieros’ aprobadas por el Consejo Directivo”.
Aquí, precisamente, está el quid de toda la corrupción, debido a que: I) la reforma hecha, en 2009, al Ipejal, le impidió al Congreso del Estado la atribución de decidir sobre las inversiones del Instituto, lo que eliminó este importantísimo control a cargo del Legislativo; II) si bien es cierto, la Ley del Ipejal, aprobada por el Congreso, le otorga al Consejo Directivo este poder, es el Consejo Directivo quien extrañamente delega esta atribución al ‘Comité de Inversiones’, pero -OJO- a través de un instrumento legal que no requiere la aprobación del Congreso Local (como sí tendría que ocurrir con la Ley del Ipejal), sino que deriva de la ‘facultad reglamentaria’ del propio Instituto [siendo este instrumento las ‘Políticas de Inversión en Mercados Financieros’]; III) es a través de estas ‘Políticas de Inversión’, aprobadas eso sí, por el Consejo Directivo, las que facultan al Comité de Inversiones a “ser el órgano autorizado para la toma de decisiones de las inversiones del Instituto en el sistema financiero” (art. 8.5.1); y IV).
A la vista de los quebrantos, fraudes y excesos cometidos, la reforma que requiere promover el Congreso Local, es para recuperar las facultades en materia inversiones del Ipejal, a efectos de evitar que continúe el despilfarro grotesco y corrupto que está a punto de llevar a la quiebra a Ipejal, mismo que sucede desde 2009, fecha en que perdió este importantísimo poder de control y se cedió el poder a ‘coyotes’; hoy, eufemísticamente llamados ‘asesores financieros’ del portafolio de inversiones. Mismos que realmente son los ‘facilitadores’ de todo tipo de ‘negocios’ donde el dinero de los pensionados se pierde, para que ganen los vivales que amasan fortunas al amparo del poder.
