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Salvador Guerrero Chiprés*

En Guerra y Paz, Tolstoi escribe que “hay que creer en la posibilidad de la felicidad para ser feliz”. Podemos recordarlo para sujetar nuestra inclinación, orillada por la pandemia, presionada por la matizada inseguridad y acentuada por la incertidumbre económica, al interés colectivo de la esperanza de recuperación de progreso.

Permitir opciones de futuro y cómo las construimos debería ser la agenda de los partidos en este proceso electoral sordamente iniciado. Hace 39 años la Asamblea General de la ONU instauró el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz en un llamado para que los países estrecharan lazos y reforzaran principios básicos como convivencia, orden y armonía. El mensaje es interno e internacional.

¿Ha tenido este día algún resultado tangible para la sociedad global? Afirmativamente puede demostrarse que la celebración ha sido acompañada de esfuerzos enormes, sin que todos ellos hayan sido exitosos.

En cada entidad —y específicamente en la CDMX—, la sociedad civil junto a líderes de opinión, empresarios y autoridades suman esfuerzos para definir a las ciudades como urbes de soluciones post COVID. Destaca que en la capital nacional se modelen y apliquen políticas públicas sociales e innovación pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum: el tema es también la recuperación de la paz.

En estos casi dos años como jefa de Gobierno, Sheinbaum y su equipo han presentado a las políticas sociales, la movilidad, la lucha contra la corrupción la disminución de la impunidad y la operación anticrimen apoyada en inteligencia policial, como parte de la recuperación de la paz.

Pese a las reacciones violentas de algunos grupos delictivos, todos los cuales han sido combatidos en lo que va de este año, con la detención de más de 150 de sus integrantes, la sociedad y las autoridades se mantienen en el énfasis de cultura de la legalidad, en promoción cívica de la lucha contra la impunidad y el arribo a sentencias que formalicen la ejemplaridad en el castigo a culpables de los delitos.

En la CDMX, la preocupación por temas relacionados con la paz y la convivencia social ha llevado a la creación de programas como el de embajadores sociales y deportivos del Consejo Ciudadano. Éste apela por un modelo de convergencia ciudadana, empresarial y deportiva para la prevención del delito, el fomento a la cultura cívica y la resolución de conflictos.

Contribuye a ello el detalle del informe de Sheinbaum, con base en los datos que las propias organizaciones de la sociedad civil conocen, especialmente los relativos a homicidios dolosos, por ejemplo, en los que destaca la disminución de 50 por ciento en los delitos de alto impacto. Falta todavía, y ha empezado un trabajo con resultados medibles, para contener la vulnerabilidad familiar y de género. La paz no debe ser una elección, así como lo es la guerra. La paz es necesidad y conveniencia de todos al permitir una vida productiva y libre.

@guerrerochipres

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Carlos Ramírez

Indicador Político- Coahuila e Hidalgo, atípicos para PRI; pero ayudó el caos en Morena

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Carlos Ramírez*

La resistencia a la evolución política en Hidalgo y Coahuila ha obedecido a la existencia de cacicazgos políticos priístas locales, pero en medio de una incapacidad del PRD para extenderse en esas zonas y justo en el centro del caos en el partido Morena por la rebatinga de la presidencia y secretaría general.

En el PRI no hay secretos ni formulas mágicas: el cacicazgo de los Moreira en Coahuila y de las familias priístas en los últimos cincuenta años en Hidalgo es similar al que existe en el Grupo Atlacomulco que domina el Estado de México, donde el PRI ha sido zarandeado con severidad, pero no han logrado tumbarlo.

El resultado electoral local en Coahuila e Hidalgo era previsible por esas razones; las expectativas electorales de Morena en algunas encuestas reflejaban sólo eso: expectativas; a la hora del voto, los viejos mecanismos de compra de sufragios y de movilización de votantes por la estructura territorial del viejo PRI dieron los resultadosesperados.

A pesar de las cifras priístas, Coahuila e Hidalgo no prefiguran el regreso del PRI en las elecciones federales legislativas de junio del 2021 ni en la casi imposible victoria en gubernaturas. Y centrado en una lucha de facciones en Ciudad de México, las dirigencias anterior y actual de Morena se han olvidado de las plazas locales, no han construido estructura territorial y tampoco han sabido aprovechar el peso político favorable del presidente López Obrador.

Más por incapacidad de las élites que por intención presidencial, Morena puede decirse que no existe en algunas entidades, aunque en votaciones federales o de gobernador vaya a ganar con candidatos visibles. El PRI, en cambio, no saldrá de algunas –repito: sólo algunas– plazas locales donde existen estructuras caciquiles políticas de los grupos dominantes. La clave en las organizaciones partidistas no es el discurso, ni la cercanía presidencial, ni el gasto social desordenado, sino la existencia de estructuras territoriales de organización. Los Moreira en Coahuila y la élite hidalguense –el gobernador Omar Fayad es una pieza menor en la estructura– han logrado sostener al PRI como redes de poder con conexiones directas con el electorado.

El PRI nacional quiere colgarse la medallita de los resultados electorales legislativos y municipales locales, pero en realidad nada hizo la dirigencia federal del partido. Y tampoco existen condiciones para señalar que Coahuila e Hidalgo anuncien el regreso del PRI al poder. En las quince gubernaturas en disputa para junio de 2020 el PRI carece de expectativas en alguna y en realidad los escenarios estarían beneficiando a Morena como partido aun sinconsiderar nombres de candidatos.

En los hechos, el PRI perdió su estructura territorial desde los tiempos del Pronasol de Carlos Salinas de Gortari como presidente y Luis Donaldo Colosio como líder del PRI, salvo los casos en los que los gobernadores priístas se negaron a sustituir sus seccionales por los comités Pronasol. Morena no ha construido estructuras territoriales en los estados de la república, pero sí ha sabido aprovechar la imagen del presidente López Obrador.

Coahuila e Hidalgo han sido un laboratorio político para el PRI y un aviso para que Morena ponga orden interno y no llegue a junio del 2021 con el caos actual.

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 EE. UU. a quince días de las elecciones. Aunque muchos dan ya por derrotado a Donald Trump, en realidad los resultados siguen siendo inciertos. El cálculo del establishment liberal se basa en el voto popular, pero nadie asegura las tendencias de los 538 votos de colegios electorales que eligen presidente. Por lo pronto, el gran debate al cierre del proceso se localiza en la prensa liberal que ha entrado en la zona de histeria informativa para insultar a Trump, para censurar informaciones negativas sobre Joe Biden y para pedir de manera directa el voto contra la reelección. De nueva cuenta, en la guerra política en los EE. UU. la primera víctima será la verdad y los grandes medios favorables a Biden ya perdieron credibilidad.

 

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Política para dummies: La política debe saber leer la realidad.

 

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Carlos Ramírez

Indicador Político- Caso Cienfuegos: ejército, clave en lucha antinarco y EU quiere el control

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Carlos Ramírez*

Si algún dato pudiera ilustrar el papel determinante del ejército en el combate al crimen organizado en su variante de narcotráfico desde 2006, las cifras hablan por sí mismas: el 80% de los capos están arrestados, extraditados o muertos y el resto vive a salto de mata.

En este sentido, la estridencia estadunidense en el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda –divisionario en activo porque los exsecretarios de la Defensa Nacional nunca pasan a retiro– debe también leerse en función de los intereses reales de la estrategia de los EE. UU. contra el narco: no terminarlo porque entonces los 30 millones de adictos y los quizá 90 millones de consumidores se quedarían sin droga y la violencia estallaría en las calles; controlar el flujo, los precios y sobre todo el lavado de dinero que mantiene en operación a miles de bancos americanos; y centralizar el mando de fuerzas armadas de otros países en lucha anti cárteles.

Por ello, el caso Cienfuegos debe leerse en función del estilo perverso de la justicia estadunidense que busca sólo el control y no el fin del narcotráfico mexicano, sobre todo ahora que la venta al menudeo de droga en más de tresmil ciudades estadunidenses está controlada por entre siete y nueve cárteles mexicanos, desplazando a las bandas locales de hispanos y afroamericanos siempre controlados por las policías.

Ahí es donde salta uno de los datos más extraños del caso: acusan al exsecretario de la Defensa de asociarse con el grupo H-2, que no llegó nunca a ser un verdadero cártel, que no aparece en el radar de las evaluaciones anuales de la propia DEA y que conformaba quizá una banda pequeña de traficantes, cuyo líder H-2 fue abatido en una operación con helicóptero y armas de alto poder que no se han usado contra otros capos. Para saber más del asunto, entonces habría que revisar las razones del ataque de la Marina contra el H-2, sobre todo en momentos en que la alianza ejército-Marina era más que sobresaliente.

Pero el tema central radica en el hecho de que el ejército en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto descabezó los principales cárteles y no deshizo a los grupos criminales porque esa era tarea de la policía federal, de la Secretaría calderonista de Seguridad y de la Secretaría peñista de Gobernación. Que lo hayan hecho o no, en realidad se trata de un complemento del expediente del caso Cienfuegos. Por lo pronto, el ejército cumplió y de todos los capos siguen en activo sólo Ismael El Mayo Zambada como padrino del Cártel del Chapo, presuntamente Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y sus sucesores en el Cártel Jalisco Nueva Generación y Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, requerido con insistencia por los EE. UU.

En los sexenios de Calderón y Peña Nieto hubo una lucha burocrática de alto nivel entre México y los EE. UU. para el control de la lucha contra el narcotráfico; México ha estado por la aniquilación de cárteles y la destrucción de siembra y distribución, en tanto que los EE. UU: sólo buscan el control del proceso para atender a sus adictos y consumidores en calles y oficinas. Además, siempre ha existido la intención estadunidense de apropiarse del dinero del narcotráfico, varios cientos de miles de millones de dólares, sobre todo por su influencia en el sistema bancario estadunidense.

Los designios estadunidenses en materia de narcotráfico se han ido ajustando a las nuevas necesidades. La legalización del consumo lúdico de la marihuana en varios estados de los EE. UU. ha distorsionado las tareas antinarcóticos, porque existe la previsión de que pronto también se legalice el consumo de drogas fuertes. Y a los EE. UU. les ha llegado la maldición de las drogas químicas sin control que se ha convertido en la principal causa de muerte de consumidores.

En este sentido, el caso Cienfuegos tiene el efecto de influir en el control estadunidense de la lucha militar contra el narcotráfico en México para subordinarlo a las directrices del Pentágono. Y ahí el general Cienfuegos fue muy reacio y resistente a entregar a los EE. UU. la política militar contra los cárteles.

 

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Política para dummies: La política militar, establece Machiavelli en El Arte de la Guerra, es eje de la soberanía y la sobrevivencia de los principados y de las repúblicas.

 

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Nacional

Contra la extorsión, desde todos los frentes

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Salvador Guerrero Chiprés*

En la capital nacional existe una mayor resiliencia contra la extorsión telefónica si se asume que 4% de los intentos delictivos son exitosos contra 7% de las tentativas a nivel nacional, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización 2018, y con base en los del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, analizados hasta esta semana.

Con todo ello, sin embargo, existen más de 400 mil actos individuales de extorsión por año en la CDMX. En el país, el número total se acerca a los 6 millones, incluyendo los intentos de actos extorsivos de 2 mil y hasta 12 mil pesos, rango promedio que concentra 80% de los eventos.

Necesitamos una apuesta mucho más asertiva contra la extorsión.

Ésta solamente puede surgir de formas de coordinación con el C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la ADIP, la Fiscalía General de Justicia y los organismos ciudadanos y empresariales dispuestos a promover cultura de la denuncia, recopilar datos y proponer ajustes a la política pública al respecto y en completo ánimo colaborativo y eficaz para aminorar este delito.

La coordinación ejecutiva ocurre en el gobierno de Claudia Sheinbaum. También hay intentos en Zacatecas, Hidalgo, Sonora, Baja California y Nuevo León, de acuerdo a un foro temático de este jueves en el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Ciudadano robusteció su app No Más Extorsiones, disponible para iOS y Android. Tiene más de 346 mil descargas a la fecha.

Necesitamos usar aplicaciones semejantes para contrarrestar mediante bloqueo telefónico los números celulares que en cantidad de 170 mil hemos identificado desde la CDMX.

Este delito se fundamenta en la vulnerabilidad surgida del temor y la sorpresa. Se realiza en forma directa contra un ciudadano masivamente necesitado de información preventiva pertinente.

Se avanza en varios frentes. Uno de ellos lo constituye el Poder Legislativo, en el que la Cámara de Diputados aprobó reformas para incorporar la extorsión al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Los diputados dieron a la extorsión el estatus de delincuencia organizada para quienes en grupos de tres o más personas realicen en forma reiterada las conductas que tipifican el delito.

Se aprobó el aumento de sanciones si el extorsionador es sujeto activo de una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado, pues se ha identificado ese tipo de vínculos para cometer el delito.

Personas o familias enteras se convierten en el primer eslabón de actos extorsivos que descarrilan su serenidad, derecho a la seguridad y envenenan la confianza en el flujo de la comunicación afectando al consumo y a las empresas formales.

Además de la app, el Consejo tiene disponible la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza, 55 55335533, que funcionan las 24/7. Nuestra tarea es contribuir con la denuncia para reducir este delito.

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