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Gabriel Torres Espinoza

El ‘Santo Grial’ al momento de crear una vacuna, no es precisamente la generación científica de anticuerpos frente a una enfermedad, sino que esta sea ‘efectiva’(que, al menos, 60 de cada 100 vacunados generen anticuerpos] y que sea, sobre todo, ‘segura’ [amainar al máximo sus efectos adversos). Respecto de la vacunación, deben advertirse algunos puntos que, hasta ahora, han sido obviados. En principio, el primer escollo que deberá sortear la vacuna del Covid-19 tiene que ver con afianzar la ‘inmunidad rebaño’, es decir, que al menos el 70 por ciento de la población adquiera anticuerpos para hacer frente al coronavirus. No obstante, hasta ahora, todas las encuestas indican una considerable renuencia de la población a ser vacunada en contra del SARS-CoV-2 -una tendencia que persiste en países desarrollados como subdesarrollados-. Como botón de muestra, recientes sondeos de opinión en Alemania, Estados Unidos y México, por citar tan sólo algunos ejemplos, advierten que apenas un porcentaje de la población que ronda el 55 por ciento estaría dispuesta a vacunarse contra el coronavirus. Con independencia de absurdas ‘teorías conspiracionistas’, existen elementos de juicio entre quienes se muestran renuentes a vacunarse: el desconocimiento de sus efectos adversos, que deriva de dudas razonables basadas en la espontaneidad de su escueto periodo de creación. Aunque, desde luego, inminentes efectos secundarios surgirán -algunos graves-, y eso indudablemente abonará al temor y la negativa de vacunarse. Por otro lado, no deben ‘echarse campanas al vuelo’. La vacuna generará anticuerpos para hacer frente, de manera más eficaz, a una terrible enfermedad, evitando, en la mayoría de los casos, el desarrollo más crítico de ella: requerir una unidad de cuidados intensivos (intubación). Lo cierto es que la ‘inmunidad’ (entendida como invulnerabilidad) no es lo que se asegura, sino la generación de anticuerpos en las personas -condición misma que dependería de la ‘efectividad’ de la vacuna: en algunas, la ‘efectividad’ es del 95 por ciento (que 95 de cada 100 desarrollarán anticuerpos)-. Muchos de los ahora infectados -que podría decirse obtuvieron una vacuna ‘natural’ porque ya generaron anticuerpos después de haberla superado- han registrado clínicamente más de dos contagios (no son ‘inmunes’), e incluso muerte en su segundo contagio: se sabe que, al menos, un 10 por ciento de los infectados en Wuhan, se han vuelto a contagiar de Covid-19. En México, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, se prevé que, al cierre del 2021, se encuentre vacunado el 75 por ciento de la población mayor a 16 años. No obstante, la constante es que el gobierno, emanado del partido que sea, nunca cumple sus plazos y metas. Por otro lado, iniciado el 2022, deberá iniciarse de nueva cuenta la vacunación de aquellos que fueron vacunados a inicios de 2021 -para suspenderse la vacunación en todos sectores etarios faltantes de 2021-. De forma que la ‘inmunidad rebaño’ se observaría aun más complicada, por el incomensurable número de personas que seguirán rechazando la vacuna… Lo anterior, sin contar el surgimiento de nuevas cepas del Covid-19 más contagiosas, y para las que la vacuna pudiera no ser efectiva. gabtorre@hotmail.com

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

¿Qué busca el segundo impeachment a Trump?

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Gabriel Torres Espinoza*

El día de ayer, la Cámara de Representantes de EE. UU. -erigida en Jurado de Acusación- aprobó por 232 votos, frente a 197 tantos, el inicio de impeachment al presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense pasó a convertirse en el único presidente, en la historia, que ha sido dos veces sometido a este proceso de enjuiciamiento. Conviene señalar que, antes de él, sólo los expresidentes Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) se les había instaurado este mecanismo de responsabilidad [Nixon renunció antes de ser sometido a él]. De forma que, durante tan sólo en un periodo de mandato, Trump igualó la marca prevaleciente en 232 años.

Pero ¿qué sentido tiene instaurarle impeachment a Trump a tan sólo una semana de que termine su gestión? Aunado al temor fundado en lo impredecible de su carácter, que no es poca cosa cuando se tiene acceso a los códigos nucleares del país más poderoso del Mundo, la razón de esta medida tiene que ver con el objetivo de inhabilitarlo políticamente, para que no pueda volver a postularse a un cargo.

Es importante destacar que el proceso de impeachment podría seguir su curso, incluso cuando Trump pierda su investidura, al dejar el cargo. En 1876, la Cámara sometió a juicio político al secretario de Guerra del presidente Ulysses S. Grant, después de que este renunciara a su cargo. Esto adquiere mayor sentido toda vez que el líder republicano del Senado, McConnell, ha señalado que no convocará a la Cámara Alta antes del 19 de enero. Al parecer, los republicanos temen que los demócratas logren sumar a los 17 senadores republicanos que les hacen falta para alcanzar una mayoría de 2/3 para poder condenarlo, sabedores de que ya lograron tener el respaldo de 10 congresistas en la Cámara de Representantes, para el inicio de su 2do impeachment.

Respecto de la inhabilitación, por vía del impeachment, habría que precisar lo siguiente. Si el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, aprueba declarar culpable y condenar a Trump por el cargo oficial que se le imputa (incitación a la insurrección), la inhabilitación resulta un asunto mucho más sencillo para la bancada demócrata -que es lo que verdaderamente persigue-, pues únicamente requeriría ‘mayoría simple’ en la Cámara Alta para poder inhabilitarlo -siempre y cuando antes le sean aprobados los cargos que se le imputan en el impeachment-.

La Constitución de los EE. UU. no establece una ‘mayoría calificada’ (2/3) para tales efectos. También existen antecedentes de ello. En toda su historia, únicamente en tres ocasiones el impeachment ha concluido de manera aprobatoria en ambas Cámaras -los tres eran jueces federales-, y para su inhabilitación sólo se requirió de ‘mayoría simple’. Desde luego, es previsible que esta batalla concluya en tribunales -como indican algunos especialistas norteamericanos-.

Pero le quedaría otro ‘as bajo la manga’ a los demócratas. Inhabilitar a Trump invocando la XIV Enmienda que señala: “Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o de funcionarios de los Estados Unidos (…) [que] hubieran participado de una insurrección (…) [no podrán] ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos”.

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Gabriel Torres Espinoza

INAI: una conquista social

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Gabriel Torres Espinoza*

El derecho de acceso a la información pública en México no podría entenderse sin el extendido proceso de transición democrática en nuestro país. Tampoco la alternancia partidista. La Reforma Política de 1977, que representó la génesis de este importantísimo proceso político de transformación, adicionó a la parte final del artículo 6to constitucional “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Ello dio lugar a un amplio proceso de discusión sobre este derecho (que inició en 1978), que tomó mayor fuerza y definición con la articulación de un robusto número de ciudadanos, defensores de este derecho, a través del surgimiento del denominado ‘Grupo Oaxaca’ en el año 2000.

De esta manera, el 23 y 24 de mayo de 2001, en la ciudad de Oaxaca, se celebró el seminario ‘Derecho a la Información y Reforma Democrática’, convocado por académicos, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y 70 editores de medios de comunicación impresos (nacionales y estatales). Los consensos logrados auspiciaron la ‘Declaración de Oaxaca’ que advertía los cimientos generales del derecho de acceso a la información, su reglamentación constitucional y legal, y la creación de un órgano constitucionalmente autónomo.

Entre sus signatarios destacaban los nombres de Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva Villanueva, Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Álvarez del Castillo, Alejandro Junco de la Vega, y un largo etcétera. Este acontecimiento fue la base social que propició, en 2002, la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública y la creación del otrora órgano garante IFAI -hoy INAI-. A finales de 2001, Jalisco -y posteriormente Sinaloa- se había(n) adelantado a la Federación con la creación de la primera ley de Transparencia a nivel nacional.

De forma que la legislación del derecho de acceso a la información, así como su Órgano Constitucionalmente Autónomo, representaron una lucha y una conquista social, antes que una concesión del gobierno federal. Son un factor crucial de la transición democrática.

Los Órganos Constitucionalmente Autónomos, son la consecuencia de consensos que fundan y motivan su existencia: I) la despartidización de ciertas funciones de Estado; II) la pérdida de legitimidad y confianza en la administración de ciertas materias, por parte de los poderes del gobierno; III) afianzar la profesionalización y especialización del cuerpo burocrático en órganos técnicos; y IV) la fiscalización de los poderes constituidos. Órganos constitucionalmente autónomos (OCA’s) como el INAI, el IFT, el INE y el Banco de México encuentran justificación en todas ellas.

Que las elecciones en México regresaran a ser organizadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo y autocalificadas por los propios diputados electos, resulta de un absurdo total. De igual forma resulta un despropósito que la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, volviera a ser competencia del gobierno, que es precisamente el principal sujeto obligado de esta ley. Como lo señala Carbonell: “La división de poderes se ha enriquecido con los ‘órganos constitucionales autónomos’”, que son parte fundamental de nuestro andamiaje constitucional y democrático.

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Gabriel Torres Espinoza

Trump, la “insurrección”

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Gabriel Torres Espinoza

Lo ocurrido el día de ayer en el Capitolio de los EE. UU., evidencia cómo una democracia, altamente institucionalizada, puede rápidamente erosionarse en manos de un mandatario profundamente antidemocrático. Se trata, incluso, del más importante ‘defecto’ y paradoja que acusa todo sistema democrático: que un líder político, a través de medios democráticos, se hace del poder político y anula o corrompe la democracia. El único país que ha atajado este problema es Alemania, a través de su ‘cláusula de eternidad’, establecida en su Ley Fundamental, que prohíbe este tipo acontecimientos dotando de amplios poderes a su Tribunal Constitucional para restablecer el orden democrático. Lo acontecido ayer no es menor. Estados Unidos logró consagrarse, en el siglo XX, como el referente internacional de la libertad y la democracia. Y aunque hoy, para rankings mundiales sobre democracia, como el que realiza anualmente The Economist, se categorizaba a la norteamericana como una ‘democracia defectuosa’ [frente a las ‘democracias plenas’, presentes sobre todo en países escandinavos y nórdicos], EE. UU. seguía siendo un referente del rule of law (Estado de Derecho o Imperio de la Ley) y los checks and balances (pesos y contrapesos). Pero ayer eso también quedó en entredicho. Existen dos mecanismos constitucionales para sortear una crisis de tal magnitud: el impeachment y la ‘declaratoria de incapacidad’, dispuesta en la Enmienda 25, que es propuesta y ratificada por la mayoría de los principales secretarios de Estado y el vicepresidente, para que este último asuma la Presidencia, la cual nunca ha sido utilizada, y probablemente no lo será durante el mandato de Trump, a pesar de contar con causales suficientes después de lo ocurrido.  Los más eficaces ‘controles’ han devenido de los medios de comunicación convencionales (la censura de sus mensajes denunciando fraude electoral sin pruebas) y medios digitales: Twitter -como en otras tantas ocasiones- amenazó con suspender permanentemente la cuenta de Donald Trump (que por el momento bloqueó por 12 horas), por supuesta incitación a la violencia, además de retirarle un video con simpatizantes y ordenó eliminar tres tuits que violaban sus normas.  Se trata de un trágico deja vú que nos retrotrae al 24 de agosto de 1814, la última ocasión en que el Capitolio (y la Casa Blanca) fueron tomadas y ardieron en llamas derivado de un ataque inglés en el marco de la guerra anglo-estadounidense. Debe tenerse en consideración que la no aceptabilidad de la derrota, y la impugnación de las elecciones presidenciales, generaron una Guerra Civil en 1860, después de que Lincoln resultara electo.  El presidente electo, Joe Biden, conceptualizó correctamente lo sucedido el día de ayer como una “insurrección”. Anoche, el Congreso de EE. UU. retomó su sesión para certificar los resultados enviados por el Colegio Electoral, donde Biden resultó abrumadoramente ganador. Se trata de un proceso meramente formal y ceremonial, que no tiene facultades de revertir los resultados, sino que, antes bien, de ‘objetarlos’, siempre y cuando la mayoría en ambas Cámaras así lo disponga -lo que se antoja aún más difícil toda vez que los demócratas tienen mayoría en la de Representantes-.

gabriel.torres.espinoza@gmail.com

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