A Fondo Jalisco
Image default
La Aldea

Las denuncias, en la congeladora

Análisis

La Fiscalía Anticorrupción dio señales de vida, a un año y medio de haber sido creada… Milenio Jalisco reportó ayer que “por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, y fraude, en una compra de medicamentos realizada por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), seis personas fueron vinculadas a proceso”. De forma que el Juez José Luis Álvarez Pulido, finalmente vinculó a proceso al otrora director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; a la ex directora Administrativa, así como al ex jefe de Recursos Materiales y Servicios del IPEJAL. Aún falta que esté debidamente sustentada la averiguación y que se puedan superar los amparos, para que los acusados puedan recibir el respectivo castigo. Eso, está por verse.

Este es uno de esos muchos casos donde el dinero que aportan los trabajadores al servicio del estado para su pensión y jubilación, fue utilizado para esos ‘negocios al estilo Jalisco’, a cargo de quienes entonces dirigieron esta institución, debido al régimen de discrecionalidad y la ausencia de controles internos en el Ipejal. En junio de 2018, un “informe interno de revisión” practicado al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL-DAS-LPL-016/2016) por el contrato (apenas un caso) de adquisición y prestación de servicios con Abastecedora de Insumos para la Salud S. A. de C. V. (ABISALUD), detectó la corrupción entre autoridades de IPEJAL y sus proveedores de insumos y servicios médicos. De la revisión de la parte técnica y económica de la licitación pública (IPEJAL-DAS-LPL-016/2016) para adquirir medicamentos (análisis del clausulado y cumplimiento contractual), se concluyó que “se localizaron 31 claves médicas con sobre precio, por un valor total de 29 millones, 340 mil, 746 pesos. De esta revisión minuciosa, el informe oficial señaló que la Dirección de Servicios Médicos de IPEJAL incumplió nueve puntos. El mismo informe interno de revisión a IPEJAL detectó “121 claves médicas que rebasan el tope especificado en el contrato”, por lo que sólo por ese concepto “se generó un pago indebido [ojo] por 89 millones 806 mil 773 pesos”.

Pero este es apenas uno de los muchos casos en que, finalmente, logró salir de la congeladora donde se enfrían los sonados asuntos detectados por los medios o por los órganos responsables de la fiscalización. Por ejemplo, de las 13 querellas interpuestas por la Contraloría del Estado en contra de funcionarios de los dos últimos gobiernos estatales, ¡apenas una ha derivado en cárcel!. El resto de las denuncias están ‘en curso’ (en el limbo), no prosperan por falta de elementos (deliberadamente no se investigan) o se encuentran en apelación. En el caso, por ejemplo, de la denuncia que se interpuso por la compra de 39 motoconformadoras de origen chino, por más de seis millones de dólares, cuyas especificaciones técnicas eran diferentes a las solicitadas en la anterior administración estatal, la acción penal prescribió. El asunto fue apelado por el Ministerio Público adscrito al Juzgado. Ahora con carpetazo mediante un acuerdo entre autoridades y empresa, obvio, donde quien pierde es el erario público.

También hubo tres denuncias por la contratación irregular de empresas por adjudicación directa en la Comisión Estatal del Agua (CEA), y en todos los casos se decretaron autos de libertad. Uno de los expedientes volvió al juzgado, otro se encuentra en apelación y uno más tiene pendiente un Amparo directo del organismo. En la querella que promovió el Gobierno de Aristóteles Sandoval por contrataciones y adjudicaciones directas indebidas en obra pública y otorgamiento de anticipos superiores al 25 por ciento autorizado en el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece), el Poder Judicial confirmó la sentencia absolutoria. En el caso del cobro indebido de 193 servicios médicos no realizados, pagados vía el Seguro Popular, y de otros 4 mil 33 intentos de cobro, siguen en proceso de investigación en la Fiscalía General del Estado, sin resultados aparentes.

La única sentencia condenatoria que ha resultado de las querellas interpuestas por Contraloría es la relacionada con la venta irregular de boletos para eventos culturales y artísticos en el Teatro Degollado…

 

Temas relacionados

Del ataque con drones, a la tragedia en Moscú

Gabriel Torres Espinoza

Caminos hacia la diversidad: la televisión pública en América

Gabriel Torres Espinoza

Retórica de violencia y polarización

Gabriel Torres Espinoza

Deja un comentario

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más

Política de privacidad y cookies